La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa acreditó violaciones al derecho de acceso a la justicia en 10 de las 12 recomendaciones que ha dirigido durante este año a la Fiscalía General del Estado, principalmente por omisiones en las investigaciones, falta de diligencias y retrasos en la integración de carpetas.

Las resoluciones documentan casos en los que las víctimas denunciaron delitos y, pese al paso de los meses o incluso años, no obtuvieron avances sustanciales en las investigaciones.

En algunos expedientes, la Comisión encontró periodos prolongados de inactividad por parte de los agentes del Ministerio Público y falta de seguimiento a las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Entre los casos documentados se encuentra el de una familia que denunció la desaparición de un hombre en diciembre de 2013, quien posteriormente fue localizado sin vida en el municipio de Elota.

La investigación permaneció durante años sin avances suficientes, pese a que sus familiares aportaron testimonios e indicios para identificar a los posibles responsables.

En su Recomendación 21/2026, la CEDH señaló que la investigación presentó diversos periodos de inactividad y que, desde diciembre de 2017 hasta 2026, transcurrieron más de ocho años sin que se realizaran diligencias que verdaderamente contribuyeran al esclarecimiento de los hechos.

Aunque durante 2026 se ejercitó acción penal y el expediente fue remitido a un juzgado, el organismo acreditó que la dilación y la deficiente integración vulneraron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Otro caso corresponde a una denuncia por fraude presentada el 26 de septiembre de 2016 ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra el Patrimonio.

Casi 10 años después, la víctima continuaba sin obtener una resolución concreta sobre su denuncia.

En la Recomendación 10/2026, la Comisión documentó que después de que la carpeta fue reasignada a otro agente del Ministerio Público, no se advirtieron nuevas diligencias de investigación.

Además, una propuesta de no ejercicio de la acción penal por prescripción, presentada en diciembre de 2022, fue declarada improcedente en agosto de 2025, por lo que se ordenó agotar los actos de investigación necesarios.

Las omisiones también alcanzaron investigaciones por discriminación, amenazas, daños dolosos, allanamiento de morada, lesiones culposas y otros hechos denunciados ante distintas agencias del Ministerio Público en Culiacán, Escuinapa y Guasave. En estos expedientes, la CEDH acreditó desde la falta de actos y técnicas de investigación hasta dilaciones en la integración de las carpetas.

En una de las recomendaciones relacionadas con una denuncia por discriminación, la Comisión encontró que transcurrieron más de dos años sin que se iniciara una investigación ni se realizaran diligencias para esclarecer los hechos. La autoridad tampoco había emitido oportunamente una determinación sobre la abstención de investigar.

Por otra parte, una de las 12 recomendaciones se relaciona con el derecho a la búsqueda y localización de personas desaparecidas y a la identificación de personas localizadas sin vida. En ese expediente, la CEDH documentó deficiencias en la coordinación y en las acciones de investigación que ocasionaron que una persona localizada sin vida en septiembre de 2022 fuera identificada hasta casi dos años después.

La recomendación restante, correspondiente al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, señala la negativa de personal de la Fiscalía a proporcionar copias certificadas de una carpeta de investigación a una persona reconocida como víctima.

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregaron expedientes médicos y evaluaciones psicológicas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para documentar afectaciones que denuncian por los descuentos aplicados a sus pensiones desde enero, como parte de la reingeniería financiera de la institución.

Rubén Darío Rivera Montoya, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Adquiridos, explicó que la documentación fue presentada a solicitud del organismo, que se comprometió a concluir la revisión de sus planteamientos y emitir una respuesta.

Entre los documentos entregados se encuentran certificados médicos y hojas de servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, actas de nacimiento y evaluaciones psicológicas de los jubilados que cuentan con ellas.

También proporcionaron información sobre los integrantes del movimiento que han fallecido desde que comenzaron las protestas contra las medidas financieras de la UAS.

“Hay varios compañeros que tenemos examen psicológico en virtud de la afectación que nos ha causado esta medida de la Universidad”, señaló Rivera Montoya.

El representante explicó que un día antes habían sostenido una reunión con Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, quien los atendió y solicitó los documentos complementarios para continuar con la revisión de sus casos.

“Nos pidieron unos documentos complementarios para efecto de ellos darle por ahí el resultado final, que no sabemos cuál vaya a ser este”, comentó.

Los jubilados buscan que la Comisión considere las condiciones de salud y vulnerabilidad en las que se encuentran, pues aseguran que las retenciones reducen los recursos disponibles para atender sus necesidades médicas.

La reingeniería financiera de la UAS comenzó a aplicarse en enero de 2026 e incluye descuentos escalonados a las pensiones de los trabajadores retirados.

Los inconformes sostienen que las medidas afectan sus derechos adquiridos y han recurrido a instancias laborales para intentar detener las retenciones.

Rivera Montoya expresó que, aunque esperan una resolución favorable de la Comisión, mantienen dudas sobre el alcance de su intervención.

“Esperamos nosotros que realmente la Comisión haga lo que tenga que hacer, pero no estamos seguros de ello porque nos explicaban que tiene limitaciones por el mismo estatuto, por los mismos principios que tienen como Comisión de Derechos Humanos”, manifestó.

El integrante del Frente reiteró que su exigencia es que se respeten sus derechos humanos, considerando que las medidas implementadas por la Universidad afectan a personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

“Estamos en esta lucha en la intención de poder lograr el respeto a nuestros derechos humanos como adultos mayores en estado de vulnerabilidad”, expresó.

Tras las actividades frente a la Comisión, los jubilados se trasladarían al crucero de las avenidas Álvaro Obregón y Zapata, donde realizaban sus manifestaciones frente a Catedral.