Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron este viernes en las instalaciones de la dependencia en Culiacán, aprovechando el 89 aniversario de su fundación, para exigir que se respeten sus pensiones, que habrían sido afectadas tras una reforma constitucional.

Luis Alberto Valencia Cañas, ingeniero electricista jubilado de la CFE, señaló que los trabajadores retirados obtuvieron sus pensiones conforme a los contratos colectivos de trabajo y que, en muchos casos, dedicaron alrededor de 30 años de su vida laboral a la institución.

Explicó que el 10 de abril de 2026 se publicó una reforma al artículo 127 constitucional que estableció un límite para las pensiones de trabajadores de confianza de la CFE, Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Banca de Desarrollo.

“Este salario era parte de nuestro patrimonio, era algo ya ganado”, sostuvo.

Los jubilados consideraron que la medida fue injusta al aplicarse a personas que ya habían adquirido el derecho a una pensión.

Valencia Cañas aclaró que no se oponen a que sean revisadas las llamadas “pensiones doradas”, pero pidieron que no se afecte a quienes obtuvieron sus prestaciones después de años de servicio.

“Las pensiones que ganamos nosotros por 30 años de trabajo queremos que nos la respeten”, expresó.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 300 jubilados de CFE y Pemex participan este viernes en movilizaciones en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, como parte de una protesta que se realiza también en otras ciudades del país.

Ada García, jubilada de la CFE, explicó que posteriormente hubo una rectificación por parte del Gobierno federal debido a una contradicción en el propio artículo 127, ya que mientras un apartado establecía un límite del 100 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo federal, otro señalaba un tope de 50 por ciento.

Señaló que, tras esa revisión, entre 80 y 85 por ciento de los jubilados afectados ya estaría recibiendo nuevamente sus pensiones completas, aunque todavía existen personas pendientes.

Sin embargo, advirtió que la restitución de los pagos no representa una solución definitiva, debido a que la modificación aún no ha quedado plasmada en la legislación.

“Seguimos expuestos a una nueva revisión, un cambio político o una decisión administrativa”, afirmó.

Los jubilados señalaron que existen iniciativas en el Congreso de la Unión, promovidas por distintas fuerzas políticas, para corregir el artículo 127 y establecer que la reforma no tenga efectos retroactivos.

García cuestionó además que la modificación haya afectado a jubilados de confianza, mientras que otros sectores, como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y trabajadores sindicalizados, quedaron excluidos.

Por ello, los manifestantes exigieron que se respete el principio de no retroactividad de las leyes y que los derechos adquiridos después de años de trabajo no puedan ser modificados posteriormente.

“De eso se trata que los derechos adquiridos se respeten y que la retroactividad se corrija”.

Integrantes de diversos colectivos feministas se manifestaron este lunes en Palacio de Gobierno para exigir una respuesta efectiva de las autoridades ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en Sinaloa, así como una estrategia de seguridad con perspectiva de género.

La protesta fue encabezada por integrantes de los colectivos Amapas del Norte, Pitaya Árida, Vivisibles y Ruido Femenino, quienes colocaron mensajes y nombraron a víctimas de violencia feminicida para visibilizar la problemática.

Laura Rojo Medrano, integrante de Amapas del Norte, señaló que la movilización surge luego de que Sinaloa se colocara como la entidad con más feminicidios registrados durante la primera mitad de 2026.

“Para las mujeres sigue siendo lo mismo. La lucha y la protección de la vida de las mujeres sigue siendo nula”, expresó.

La activista cuestionó las cifras oficiales al asegurar que los colectivos documentan un número mayor de feminicidios que el reportado por la Fiscalía General del Estado, debido a que algunos casos son clasificados como homicidios dolosos y no como feminicidios.

“Tenemos más casos. No sabemos exactamente por qué no los contabilizan como feminicidios, pero sí son más de los que la Fiscalía está informando”, afirmó.

Rojo Medrano sostuvo que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido desde septiembre de 2024 y aseguró que las integrantes de los colectivos realizan su labor con temor ante el contexto de inseguridad.

“Nos sentimos muy inseguras. Hacemos lo que podemos desde donde podemos, pero con miedo”, dijo.

Las manifestantes también reprocharon las declaraciones de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, quien ha rechazado que exista un fracaso en la estrategia de seguridad pese al incremento de feminicidios.

“Que diga que no hay fallas es completamente equivocado. Los feminicidios siguen aumentando y la impunidad sigue siendo muy alta”, sostuvo la activista.

Durante la protesta, los colectivos exigieron que el Gobierno del Estado fortalezca las acciones de prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, además de reconocer la dimensión del problema y garantizar investigaciones con perspectiva de género.

Integrantes de la Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para exigir una solución definitiva a los constantes cortes en el suministro de agua que, aseguran, han afectado gravemente sus actividades comerciales.

El presidente de la organización, Óscar Sánchez Beltrán, informó que algunos negocios acumulan hasta cuatro días sin servicio de agua potable, situación que calificó como inaceptable y que, dijo, evidencia las deficiencias por parte de la paramunicipal.

Señaló que tan solo en el primer cuadro de la ciudad son alrededor de 3 mil comercios los afectados por la falta de agua, mientras que en todo el municipio de Culiacán estimó que más de 20 mil unidades han resentido las interrupciones en el suministro.

Como parte de la protesta, los manifestantes colocaron cinta amarilla en el acceso principal de las instalaciones de la Japac y advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta recibir una respuesta concreta y una solución al problema.

Respecto a las explicaciones brindadas por la Japac, Sánchez Beltrán comentó que la dependencia ha atribuido las fallas a la acumulación de basura en las plantas potabilizadoras derivada de las recientes lluvias; sin embargo, consideró que el verdadero origen del problema es la falta de inversión e infraestructura para garantizar un servicio eficiente.

“Este no es un problema temporal, es un problema crónico. Tenemos una Japac con deficiencias en mantenimiento, infraestructura y falta de inversión. Que no nos engañen a nadie; la población de Culiacán sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Es una situación que hemos venido denunciando y exigiendo que se atienda desde hace dos años”, expresó.

El dirigente afirmó que la crisis del agua no afecta únicamente a los comerciantes del Centro, sino también a numerosas colonias de la ciudad, por lo que hizo un llamado a las autoridades para atender de manera urgente la problemática.

Asimismo, acusó a la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, de no atender las demandas de los ciudadanos.

Añadió que los problemas con el suministro de agua no son recientes, pues recordó que desde la administración del ahora Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil ya se registraban constantes interrupciones del servicio.

“Nosotros nos dimos cuenta de que el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez dejó al frente de la Japac a personas que no estaban capacitadas, y ese es uno de los ingredientes por los que hoy el organismo no está funcionando de manera adecuada. La intención de esta protesta no es afectar a más ciudadanos, no es agregar problemas a la situación; se trata de una manifestación temporal, lo que buscamos es visibilizar el problema que estamos padeciendo todos los comerciantes”, señaló.

Óscar Sánchez reiteró que los comerciantes no cesarán las protestas hasta obtener una respuesta oportuna y una solución definitiva. También criticó los altos cobros por el servicio de agua, al considerar que no corresponden con la calidad del suministro que reciben.

Durante la manifestación participaron decenas de comerciantes, quienes exigieron a las autoridades atender de inmediato la falta de agua y garantizar un servicio eficiente para la población y el sector productivo.

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Pável Calderón Sosa, afirmó que la movilización realizada este lunes hacia Palacio de Gobierno responde a la falta de atención a demandas de vivienda, infraestructura básica y regularización de asentamientos, las cuales, aseguró, permanecen sin resolverse desde el inicio de la administración estatal.

Calderón Sosa rechazó que la protesta tenga un trasfondo político u oportunista y sostuvo que es consecuencia de la falta de respuesta del Gobierno del Estado.

“La principal demanda es que se vendan lotes a bajo costo para que las familias puedan construir una vivienda. No estamos pidiendo que se regalen, salvo en el caso de personas desplazadas por la violencia”, señaló.

Indicó que la organización representa a alrededor de mil 500 familias, muchas de las cuales actualmente pagan renta o viven hacinadas con familiares.

Explicó que, como primera etapa, solicitan la asignación de 500 lotes distribuidos entre Culiacán, Guamúchil y Los Mochis.

Según el dirigente, la organización incluso ha propuesto predios con un costo aproximado de 350 pesos por metro cuadrado y ha mostrado esas opciones a la Comisión de Vivienda del Estado, sin obtener una respuesta favorable.

Además de vivienda, Antorcha Campesina exige obras de pavimentación, drenaje, agua potable, energía eléctrica, equipamiento para escuelas y la regularización de diversos asentamientos.

También denunció que unas 600 familias de comunidades rurales de Culiacán entregaron expedientes para acceder a programas de mejoramiento de vivienda, como construcción de techos y pisos, pero dichos apoyos nunca se concretaron.

Calderón Sosa señaló que han solicitado en repetidas ocasiones una reunión con la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, sin que hasta ahora haya sido posible concretarla.

Precisó que únicamente han sostenido acercamientos con funcionarios como el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Bedoya , y el subsecretario Rodolfo Jiménez.

Informó que, previo al inicio de la marcha, el Secretario General de Gobierno se comunicó con la organización para convocarlos a una reunión, en la que esperan se establezcan acuerdos concretos y una minuta con fechas para ejecutar obras y atender las demandas pendientes.

Advirtió que, de no cumplirse los compromisos que eventualmente se firmen, el movimiento incrementará las acciones de protesta en distintos municipios del estado.

Mientras tanto, en Los Mochis se mantienen programadas actividades como cadenas humanas, reparto de volantes y colocación de lonas para visibilizar las demandas de la organización.

Activistas de la diversidad sexual se manifestaron este lunes en la Unidad de Servicios Estatales para exigir una investigación contra funcionarios del Registro Civil de Sinaloa, luego de que una pareja de mujeres casadas enfrentara obstáculos para registrar a su hija recién nacida en Mazatlán.

La activista Nio Sainz, integrante de la colectiva Flores de Bugambilia y ex Diputada local suplente por acción afirmativa, explicó que, aunque la menor ya cuenta con su acta de nacimiento, el registro solo se concretó tras la presión ejercida por organizaciones civiles, el acompañamiento institucional y la difusión pública del caso.

“Es un retroceso para los derechos del matrimonio igualitario”, expresó al recordar que el primer intento de registro, realizado el 17 de julio en una oficialía del Registro Civil de Mazatlán, fue rechazado.

De acuerdo con la activista, a la pareja se le solicitaron requisitos que no se exigen a matrimonios heterosexuales, como presentar un expediente de fertilización asistida, además de sugerirles que únicamente una de las madres registrara a la recién nacida.

Las madres rechazaron esa propuesta al considerar que ambas tienen los mismos derechos al estar legalmente casadas y que la filiación de la menor debe reconocerse dentro del matrimonio.

Sainz señaló que, tras recibir asesoría de activistas de distintos estados y de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, realizaron un segundo intento para registrar a la niña el 23 de julio.

Sin embargo, afirmó que nuevamente encontraron resistencia por instrucciones de la directora general del Registro Civil, Margarita Villaescusa.

Aunque finalmente el trámite fue resuelto y la menor obtuvo su acta de nacimiento, las colectivas sostienen que ello ocurrió únicamente después de la movilización y la presión social.

Por ello, durante la protesta entregaron un posicionamiento dirigido a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, en el que solicitan investigar la actuación de las funcionarias involucradas y determinar posibles responsabilidades por presuntos actos de discriminación.

Las organizaciones también pidieron fortalecer la jefatura de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de las Mujeres, al considerar que brinda acompañamiento en casos donde personas de la comunidad LGBT+ enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos.

La movilización realizada en Culiacán formó parte de una jornada coordinada con manifestaciones espejo convocadas simultáneamente en Mazatlán y Los Mochis, con el propósito de visibilizar el caso y exigir que situaciones similares no vuelvan a repetirse en el Registro Civil de Sinaloa.