Empresarios de Sinaloa exigieron al Diputado federal por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar llevar a la Presidenta Claudia Sheinbaum la preocupación por la crisis de seguridad y el deterioro económico que enfrenta el Estado, solicitando un diálogo directo para presentar propuestas de solución ante la situación.

Integrantes del Consejo Sinaloense de Empresarios sostuvieron el 5 de agosto una reunión privada con el Legislador.

En el encuentro, se expresó la urgencia de una respuesta del Gobierno federal al reto de la actividad criminal en Sinaloa.

En un posicionamiento sobre el encuentro sostenido con el legislador, detallaron sobre la situación compleja que se vive en la entidad, con el impacto en la población y en el desarrollo económico.

“La respuesta de los tres niveles de Gobierno ha sido insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva”, expresó el Consejo Sinaloense de Empresarios durante la reunión con el diputado federal, según el desplegado.

Los empresarios exigieron el restablecimiento del orden, seguridad y procuración de justicia.

Además, demandaron más inversión en policía estatal y acciones efectivas para detener y procesar a delincuentes.

Asimismo, manifestaron su interés en sostener un diálogo directo con la Presidenta Sheinbaum para exponer la situación del Estado y presentar propuestas de solución.

El Consejo Sinaloense de Empresarios presentó datos que muestran el impacto de la crisis de violencia en la entidad.

Indicaron que, aunque algunos delitos como homicidios dolosos, robo de vehículo, desapariciones y robo a comercio disminuyeron en el primer semestre de 2026 respecto a 2025, cinco indicadores permanecieron por encima de los registros del mismo periodo de 2024.

Los integrantes del Consejo expusieron las consecuencias que esta situación ha dejado en las familias y comunidades. Mencionaron personas asesinadas y desaparecidas, la pérdida de patrimonio familiar, familias desintegradas en duelo, negocios afectados o cerrados, y la pérdida de empleos.

También señalaron la migración forzada de personas, secuestros, extorsiones, robos a comercios, hogares y vehículos, así como traumas sociales y el confinamiento de la población. Esto ha provocado un deterioro generalizado de la confianza en las instituciones.

En materia económica, el Consejo Sinaloense de Empresarios advirtió un daño significativo a la base empresarial y laboral de Sinaloa.

Entre junio de 2024 y junio de 2026, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyeron en 4 mil 812.

Esta cifra representa una caída de 11.2 por ciento en los registros. En el mismo periodo se perdieron 17 mil 871 empleos formales.

Por su parte, añadieron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 59 mil 714 personas menos ocupadas en Sinaloa en este lapso, lo cual calificaron como alarmante.

Los miembros del Consejo expresaron al Diputado que el apoyo federal para la entidad ha sido insignificante.

Señalaron una falta de solidaridad, empatía, atención y sensibilidad hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan esta adversidad de condiciones como nunca antes.

Demandaron una respuesta extraordinaria del Gobierno y de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante esta situación, el Consejo Sinaloense de Empresarios propuso impulsar de manera urgente una Declaratoria de Emergencia Económica para Sinaloa.

Esta se entiende como un paquete inmediato de medidas extraordinarias para sostener con vida a las empresas y preservar fuentes de empleo.

El planteamiento incluyó la solicitud de apoyos, créditos, facilidades fiscales y esquemas especiales de pago. Estos estarían dirigidos particularmente a personas físicas y a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis.

Los empresarios señalaron que la presencia de las fuerzas federales en Sinaloa debe traducirse en resultados verificables y contundentes para la población.

“La recuperación del Estado requiere acciones efectivas en seguridad, justicia, impunidad, actividad económica y confianza institucional”, asentaron.

Y como propuestas específicas señalan la de reconocer la gravedad de la crisis de seguridad, económica e institucional que enfrenta Sinaloa.

También, obtener mejores resultados en seguridad, procuración de justicia y combate a la impunidad, buscando el restablecimiento de la tranquilidad y el orden.

Además, lograr que el despliegue de fuerzas federales se traduzca en resultados verificables a la población, no solo con patrullajes, sino también con mayor investigación y procesamiento de responsables de la violencia.

Asimismo, propusieron impulsar una Declaratoria de Emergencia Económica con apoyos, créditos, descuentos, facilidades y ampliación de plazos, demostrando empatía y apoyo a los afectados.

Otro punto es implementar medidas extraordinarias del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, proteger empresas y fuentes de empleo frente al deterioro económico, y llevar estos planteamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum para transmitirle el interés del Consejo Sinaloense de Empresarios en establecer un diálogo directo con ella.

El Consejo Sinaloense de Empresarios consideró valioso dialogar con actores políticos con responsabilidad pública y capacidad de interlocución, independientemente de su filiación partidista.

Estas acciones han sido y seguirán siendo la postura del Consejo, buscando resolver los problemas del estado y el desarrollo de Sinaloa y sus familias.

Ciudadanos, Sociedad Civil e iniciativa privada realizarán una segunda marcha por la paz, en Culiacán, con motivo de los dos años de la crisis de seguridad en Sinaloa.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, y una de las impulsoras de la manifestación, confirmó que la marcha se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 horas, cuyo punto de partida aún lo están definiendo.

Aseguró que esta nueva movilización pretende medir cuánto ha crecido el cansancio de la población ante una violencia que, aunque ha tenido cambios en su intensidad y zonas de mayor impacto, continúa afectando a Sinaloa.

“El termómetro va a ser la marcha. La marcha que por cierto ya los vamos vamos a convocar para el 13 de septiembre va a ser el domingo 13, va a ser como el termómetro para ver el hartazgo de los ciudadanos”, afirmó.

La empresaria señaló que el objetivo será exigir paz y reclamar por los derechos que han sido afectados durante los últimos dos años.

“Por la paz, por exigir nuestros derechos que han sido violentados desde hace dos años”, dijo.

La movilización sería un símil a la realizada el 7 de septiembre de 2025, cuando miles de personas recorrieron las calles de Culiacán desde La Lomita hasta Catedral para exigir el alto a la violencia.

La convocatoria reunió a más de 36 organizaciones y fue planteada como un movimiento ciudadano y apartidista.

Aquella marcha se realizó a unos días de cumplirse un año del inicio de los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado, el 9 de septiembre de 2024 que habría dejado decenas de asesinatos, desapariciones y robo de vehículos derivados de la crisis de seguridad.

Reyes Zazueta adelantó que buscarán que la movilización tenga nuevamente un carácter ciudadano y que se sumen distintas asociaciones.

También lanzó una invitación a los aspirantes de Morena que actualmente realizan actividades relacionadas con la defensa de su partido.

“Invitamos a esos defensores de los votos que aparezcan en la marcha. Los invitamos a que aparezca para que nos digan a qué se comprometen con nosotros. A los aspirantes a la coordinación. Que vayan también ellos.”

La presidenta de Coparmex insistió en que la marcha no busca ser propiedad de un partido político, sino reunir a ciudadanos y organizaciones con una exigencia común.

“Van a ver que el flyer que tenemos va a aparecer apropiándose muchas asociaciones y porque lo queremos hacer netamente ciudadano”.

La primera movilización de septiembre de 2025 tuvo una participación multitudinaria. Distintas estimaciones situaron la asistencia entre decenas de miles de personas, quienes caminaron vestidas de blanco y con pancartas que exigían paz, justicia y el regreso de la tranquilidad a las calles.

Para la nueva convocatoria, los organizadores buscan repetir ese carácter ciudadano y convertir nuevamente las calles de Culiacán en un espacio de protesta frente a la inseguridad que ha marcado al estado desde septiembre de 2024.

La Secretaría de Economía de Sinaloa aseguró que no hay registro de empresas nacionales o extranjeras que hayan decidido retirarse o desistir de invertir en el Estado debido a la situación de violencia, y que en cambio, hay nuevos proyectos de inversión en proceso.

El titular de la dependencia, Diego Armando Aguerrebere Espitia, afirmó que una de las tareas de la dependencia es promover las condiciones que ofrece Sinaloa para atraer nuevas inversiones, entre ellas infraestructura logística, capital humano y una población con formación profesional.

“No tenemos noticia de nadie que se quiera ir, una empresa extranjera o nacional, por lo que haya sucedido, y trabajamos nosotros precisamente pues para que vengan más. Tenemos varios proyectos en puerta. Varios y muy significativos”, aseguró este miércoles tras ser cuestionado.

Mencionó que algunos de estos proyectos serán anunciados próximamente por el Gobierno del Estado, pero entre ellos se encuentra la nueva planta industrial en Escuinapa, Sinaloa, que corresponde a la empresa de arneses automotrices ATR-Sumitomo, de origen japonés.

Así como una empresa minera canadiense Torex Gold Resources Inc. que se instalará en Cosalá.

En ese sentido, indicó que es de los sectores que actualmente presentan movimiento, con más de 30 proyectos mineros activos en el Estado.

Consideró que el crecimiento de la demanda mundial de minerales relacionados con nuevas tecnologías representa una oportunidad para Sinaloa, debido al desarrollo de sectores como centros de datos y la industria tecnológica.

“Todo lo que vemos en las noticias... el mercado, se están instalando muchos centros de datos y México está produciendo algunas de estas cosas que se requieren para estas tecnologías”, explicó.

Aguerrebere Espitia consideró que este escenario representa una oportunidad para el estado y una señal de lo que puede venir en materia de inversión.

“Entonces, al contrario, tenemos mucho interés de invertir en el Estado y nosotros, por supuesto, nos dedicamos a que vengan más”, afirmó.

El Secretario destacó que una de las tareas de la dependencia es promover las condiciones que ofrece Sinaloa para atraer nuevas inversiones, entre ellas infraestructura logística, capital humano y una población con formación profesional.

Explicó que el Estado cuenta con dos puertos, carreteras, universidades, hospitales y una importante cantidad de jóvenes que estudian carreras de ingeniería, elementos que forman parte de la oferta que se presenta a posibles inversionistas.

“El Estado tiene oferta logística. Tenemos dos puertos, tenemos carreteras, tiene oferta de capital humano. Tenemos una población joven, tenemos una población alta en ingenierías”, explicó.

La Diputada Elizabeth Montoya, sobreviviente de un atentado que sufrió junto al también Legislador Sergio Torres Félix, publicó un video en el que lanzó un discurso crítico contra los gobiernos y la violencia.

A través de sus cuentas de redes sociales, la representante del Movimiento Ciudadano difundió este llamado de casi tres minutos, en el que busca la empatía de una sociedad sinaloense, al recordar su caso y explicar cómo ha sido su recuperación.

“El pasado 28 de enero mi vida cambió para siempre, la violencia me alcanzó abruptamente; perdí un ojo y esto no significa únicamente que perdí parcialmente la visión, esto significa que debo aprender a vivir con una realidad distinta y con las secuelas que un acto de violencia deja en la vida de una persona y de toda su familia”, dijo.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix se trasladaban en una camioneta por el Malecón Niños Héroes de Culiacán cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados y fueron atacados a balazos; los dos resultaron heridos, y mientras ella perdió un ojo, Sergio se llevó la peor parte con disparos en la cabeza que lo han dejado con secuelas muy negativas.

Montoya Ojeda recalcó cómo ha sido enfrentar un proceso de recuperación física y emocional que aún no termina.

“No ha sido fácil, pero encontré en esa experiencia la fuerza para seguir adelante con un propósito; no me doblegué, no me quedé en el miedo, porque el miedo paraliza y Sinaloa no puede permitirse seguir paralizado”, arenga en el video.

Dijo que comparte la indignación de miles de familiares que también han perdido mucho en esta guerra entre facciones.

“Por eso decidí volver a la vida pública, para no convertirme en una estadística más”, señala.

“Volví para recordarles que la paz no es un favor que se nos concede, sino un derecho que debemos exigir y defender”.

“Hoy levanto la voz por mí, por mi familia y por todas aquellas personas que han visto su vida afectada por la violencia, por quienes han sido víctimas de un sistema que ha fallado en protegernos, que ha normalizado la impunidad y que ha sido incapaz de garantizar la paz que merecemos. Yo no me rindo y ustedes tampoco deberían”.

Cuando pensamos en el impacto de la violencia en nuestras comunidades, la tendencia general es enfocar la atención en las cifras inmediatas (el recuento de homicidios, los titulares del día o las pérdidas materiales tras un brote de inseguridad). Sin embargo, las heridas más profundas son las que se cuelan en nuestra rutina, alteran el organismo y van desgastando, de manera silenciosa pero drástica, la vida en comunidad.

En nuestro estudio longitudinal recién publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health (https://doi.org/10.3390/ijerph23081029), nos propusimos analizar con rigor científico un fenómeno que los sinaloenses conocemos de primera mano, el modo en que una sociedad pasa del susto o la alarma inicial a un estado permanente de adaptación biopsicosocial.

Uno de los hallazgos más reveladores fue lo que llamamos la “dinámica a dos velocidades”, una paradoja donde la conducta de la gente y la realidad objetiva se desacoplan. Cuando se desencadena una crisis de inseguridad, todos reaccionamos de inmediato ajustando la rutina (fijamos toques de queda voluntarios al anochecer, recortamos nuestras salidas, miramos con recelo el entorno y no soltamos el teléfono revisando chats y redes para ver si es seguro transitar). Lo verdaderamente alarmante para la salud pública es que, cuando las aguas se calman y las cifras oficiales bajan, nuestro chip mental no regresa al estado original.

Este desacople demuestra que la hipervigilancia deja de ser una defensa temporal para convertirse en nuestra forma habitual de vivir. No recuperamos la tranquilidad de antes; en su lugar, adoptamos un “nuevo normal” marcado por la alerta constante y el desgaste alostático, que no es más que la factura biológica que nos cobra el cuerpo por estar adaptándose a un estrés que nunca se apaga.

A nivel individual, esta tensión sostenida se traduce en trastornos del sueño, cansancio acumulado que somatizamos físicamente y un incremento en el consumo de medicamentos o sustancias para controlar la ansiedad y poder descansar. La biología humana simplemente no está diseñada para vivir en alerta perpetua sin pagar un precio en la salud.

Pero el impacto colectivo es igual de severo. El estudio demuestra cómo la amenaza continua erosiona directamente la confianza en los demás. Nos volvemos sospechosos ante el vecino, el peatón o el desconocido, provocando una pérdida paulatina de la empatía y de las redes de apoyo comunitario. Al dejar de confiar en quien nos rodea, terminamos abandonando las plazas, los parques y los espacios de convivencia. Ocurre entonces una especie de colapso en el contrato social cotidiano, la comunidad se fragmenta y la vida colectiva se reduce a estrategias aisladas donde cada familia busca cómo salir adelante por su cuenta. Con el tiempo, la suma de esta fatiga mental, la presión económica y el aislamiento social se convierte en el detonante principal de la intención de migrar; la idea de irse de la ciudad ya no nace de un evento violento puntual, sino del cansancio acumulado de no poder proyectar un futuro tranquilo en casa.

Entender esta realidad nos obliga a cambiar la forma en que concebimos la salud pública en contextos difíciles. No podemos abordar la inseguridad únicamente con más patrullas o presencia policial, ignorando que la violencia es un determinante crítico de la salud mental y colectiva. La paz de una región no se decreta sólo porque baje un indicador en la gráfica oficial.

Lo que hace a este estudio verdaderamente valioso es que no se queda en la foto del momento ni en las métricas de siempre; va al fondo para explicar cómo nos cambia la vida cuando la incertidumbre se vuelve parte del paisaje. A nivel local, nos da evidencia científica para entender que sanar como sociedad exige atender lo que nos pasó por dentro. Y a nivel internacional, aporta una lección clara sobre cómo las comunidades adaptan su mente y su conducta cuando aprenden a salir adelante en entornos complejos.

Al demostrar con evidencia que no basta con que bajen las cifras delictivas si el desgaste emocional y la desconfianza persisten, esta investigación nos invita a dar un giro conjunto. Es un llamado para que las autoridades trasciendan el patrullaje e inviertan decididamente en la salud mental y la infraestructura social. Al mismo tiempo, representa una invitación a la ciudadanía para vencer el miedo, reapropiarnos del espacio público y restaurar la confianza mutua a través de hechos y actitudes recíprocas, renovando el compromiso con el futuro y el arraigo en nuestra propia tierra.

El hallazgo de entre seis y siete bolsas negras con restos desmembrados de perros se registró durante el rescate de siete canes que se encontraban en condiciones de abandono en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, a un costado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán.

De acuerdo con Fundación Laika, ciudadanos que transitan por la zona reportaron que en el inmueble había varios perros en estado de abandono, expuestos a las altas temperaturas y sin alimento ni agua, por lo que integrantes de la organización acudieron al sitio para verificar la situación.

Rebeca Uriarte de Fundación Laika, denunció a través de las redes sociales de la organización las condiciones en las que fueron encontrados los animales.

Siete perros fueron localizados con vida y pudieron ser rescatados; sin embargo, al ingresar al lugar también encontraron condiciones insalubres y las bolsas que contenían restos de animales.

“Eran alrededor de seis o siete bolsas negras, esas pues obviamente las dejamos ahí para que acuda la autoridad”, expresó.

Los siete perros rescatados fueron trasladados a las instalaciones de Fundación Laika, donde recibirán atención y valoración.

Ante el hallazgo de los restos, la organización hizo un llamado al Ayuntamiento de Culiacán, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen el caso y que la autoridad correspondiente realice las diligencias.

Fundación Laika pidió que se dé seguimiento al caso, debido a que hasta el momento se desconoce cómo llegaron los restos de los perros al lugar y cuáles fueron las circunstancias en las que murieron.

La organización señaló que es necesario investigar los hechos y, en su caso, identificar a los responsables.

CULIACÁN. _ El Gobierno de Sinaloa reportó este viernes “buenos resultados” del Operativo Verano Seguro 2026 y aseguró que los hechos violentos no han afectado la actividad turística en Mazatlán. Sin embargo, durante la primera semana del operativo, el puerto registró al menos 18 homicidios.

Durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, sostuvo que los incidentes registrados en los destinos turísticos han sido mínimos y presumió una ocupación hotelera del 91 por ciento en Mazatlán.

“Hay buenos resultados, se han presentado incidentes mínimos, los cuales no han afectado la visita de los turistas; tenemos información de que existe una ocupación hotelera del 91 por ciento en el puerto de Mazatlán”, puntualizó.

El balance oficial contrasta con los hechos registrados en el puerto desde el arranque del operativo vacacional, el pasado 17 de julio, cuando el Gobierno de Sinaloa anunció un despliegue de alrededor de 8 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el estado.

En aquella ocasión, Téllez López reconoció que Mazatlán ya presentaba un incremento de hechos violentos y aseguró que la estrategia contemplaba operaciones focalizadas para contener la incidencia delictiva.

Pero apenas horas después del arranque comenzaron a registrarse ataques armados en diferentes sectores de la ciudad.

Durante los primeros días fueron asesinadas personas en Infonavit Alarcón, Valle del Ejido, avenida Rafael Buelna, colonia Centro y Tierra y Libertad. También se registraron ataques armados que dejaron personas lesionadas.

La situación llevó al Ayuntamiento de Mazatlán a plantear un rediseño en la distribución de los elementos de seguridad y, posteriormente, se anunció el arribo de militares para reforzar la vigilancia en el puerto.

La violencia, sin embargo, continuó.

Un joven atacado a balazos durante una reunión en el fraccionamiento San Antonio murió posteriormente en un hospital. Durante ese mismo periodo también fueron asesinados hombres en Real Pacífico y la colonia Ferrocarrilera, donde dos cuerpos fueron localizados dentro de un automóvil.

En El Habal, una trabajadora de un restaurante murió luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del establecimiento. Tres hombres resultaron heridos.

La madrugada del jueves, tres hombres fueron atacados durante un convivio en Valles del Ejido; los tres perdieron la vida.

Horas después, otro ataque en un autolavado de Prados del Sol dejó tres hombres muertos, entre ellos un adolescente de 17 años.

La semana cerró con el hallazgo de un hombre asesinado y envuelto en una cobija a un costado de la carretera hacia El Mármol, además de un ataque a balazos contra una vivienda en Nuevo Milenio.

En total, 18 personas fueron asesinadas en Mazatlán durante la primera semana del periodo señalado, aun con el despliegue de seguridad anunciado por las autoridades.

Pese a ello, este viernes, desde la Mesa de Construcción de Paz, la Secretaría de Seguridad Pública estatal calificó como positivos los resultados del Operativo Verano Seguro y aseguró que los hechos registrados no han afectado la llegada de visitantes.

CULIACÁN. _ Sinaloa necesita un programa urgente de salvamento económico que permita reconstruir la actividad productiva, fortalecer el tejido social y devolver la confianza para invertir, reconoció el Diputado federal de Morena y vicecoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Realizó este planteamiento durante su visita a Culiacán este miércoles, a donde acudió por invitación del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para dialogar con representantes del sector empresarial sobre temas relacionados con inversión, presupuesto federal y desarrollo económico.

Al ser cuestionado sobre la situación económica del estado tras casi dos años de crisis derivada de la ola de violencia, el legislador sostuvo que la reconstrucción económica debe convertirse en una prioridad y construirse con la participación de los distintos sectores sociales y productivos.

“Tenemos que impulsar un programa de salvamento económico en el estado de Sinaloa. Se requiere con fuerza y con urgencia”, expresó.

Ramírez Cuéllar señaló que en ese esfuerzo deben participar trabajadores, empresarios, productores y organizaciones sociales para fortalecer la economía, reconstruir el tejido social y generar condiciones de confianza y certidumbre.

“Hay que hacer concurrir a todos los sectores que tienen que ver con el trabajo y aquellos que están dedicados a la inversión. Muchísimos grupos sociales tienen que ser tomados en cuenta para garantizar un programa de reconstrucción económica y también de fortaleza del tejido social y la confianza y la certidumbre”, dijo.

Añadió que, además de la recuperación económica, el principal objetivo debe ser garantizar la seguridad de la población y de las actividades productivas.

“Lo más importante es que, independientemente de quién llegue, garantice que se va a cuidar la vida de las personas, que se van a cuidar y proteger los bienes y que se van a garantizar las posibilidades de emprendimiento y la seguridad de los negocios y la paz en nuestras colonias y en nuestras comunidades”, manifestó.

Sobre la petición de organismos empresariales para que se declare una emergencia económica en Sinaloa, ante la pérdida de empleos registrada desde el inicio de la crisis de violencia, Ramírez Cuéllar señaló que ya existen mesas de trabajo entre representantes del sector privado y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Indicó que esas conversaciones han derivado en acuerdos en materia fiscal, tributaria, de infraestructura y de apoyo al sector agrícola, por lo que consideró que comienza a abrirse una ruta para la recuperación.

“Este camino nuevo que estamos buscando es poner, a partir de esta unidad, un programa de emergencia de reconstrucción económica del estado”, afirmó.

El legislador agregó que, a nivel nacional, el Congreso también impulsa cambios para fortalecer la inversión pública y privada en infraestructura, con proyectos en energía, vivienda y carreteras, aunque estimó que el crecimiento económico esperado para el segundo semestre beneficiará al país en su conjunto y no exclusivamente a Sinaloa.

Badiraguato, en este momento, se encuentra tranquilo por lo que ‘algunos’ desplazados por la violencia decidieron regresar a sus casas y ‘otros’ decidieron retomar su vida en otro lugar, señaló el Presidente Municipal, José Paz López Elenes.

Explicó que las personas desplazadas provenían principalmente de comunidades serranas ubicadas en las sindicaturas de San Luis Gonzaga y Huixiopa, en la región del Triángulo Dorado, donde se registraron hechos violentos.

Entre las comunidades de donde salieron familias mencionó San José del Barranco, La Tuna, Arroyo Seco, Santa Gertrudis, ubicadas en la sindicatura de San Luis Gonzaga y El Chorro, en Huixiopa y otras localidades de esa región limítrofe con Durango y Chihuahua.

“Ahora, el municipio está tranquilo y eso ha generado que muchos de los que fueron desplazados, que salieron de Badiraguato... ya han regresado a sus casas.. bueno, algunos, porque otros ya decidieron tomar su vida en otro lugar”, indicó.

“Los pueblos de esas dos sindicaturas fueron los que, de alguna manera, tuvieron dificultades en su momento y salieron del municipio y son los mismos pueblos que están regresando”, afirmó.

Indicó que una parte de las personas se desplazaron a la alcaldía central, otros a Culiacán, a Guamúchil, mismos sitios donde permanecerían realizando una nueva vida.

“Algunos se quedaron en Guamúchil, otros en Culiacán, y otros en la propia alcaldía central, pero muchos han regresado a la región donde hubo algún conflicto”, apuntó.

“Estoy muy contento de que las familias estén ahora en sus casas cuidando su patrimonio, lo que tienen ahí... ya no tenemos grave problema de desplazados porque alguien regresó pero alguien decidió, de alguna manera, ya estar en otro lugar”.

El Alcalde señaló que el Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, realiza un censo para conocer cuántas familias han retornado y brindarles apoyos.

Indicó que hace aproximadamente una semana personal del DIF Municipal y de la Dirección de Bienestar acudió a las comunidades para registrar a los habitantes que regresaron.

“La idea no solo es tener un registro, la idea es generarles beneficios a esta familia para que puedan tener de alguna manera el fortalecimiento a su vivienda o a la economía que ellos están teniendo”, comentó.

López Elenes agregó que las condiciones para el retorno han mejorado debido al resguardo permanente que mantiene el Ejército en la región, además de los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico y la infraestructura dañada.

“Estamos trabajando de alguna manera el municipio, el Estado y la Federación juntos, con la ilusión de poder tener la estabilidad, la normalidad que todo ciudadano debe de tener y que de alguna manera se había perdido”, afirmó.