TIJUANA, NOVIEMBRE 8, 2026.- Tijuana concentra el 65.58% del personal ocupado del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en Baja California, además de 572 de los 884 establecimientos manufactureros activos y el 49.52% de los ingresos provenientes del mercado extranjero en el estado.

Lo anterior informó el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI), espacio de información económica del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), con base en las cifras de agosto de 2026 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro del estado, Mexicali reúne el 23.66% del personal ocupado, Ensenada el 5.61% y Tecate el 5.16%. Por establecimientos, después de Tijuana (que incluye Rosarito) siguen Mexicali con 151, Tecate con 99 y Ensenada con 62. En ingresos, Tecate ocupa el segundo lugar con 27.36%, seguido de Mexicali con 19.32% y Ensenada con 3.80%.

A nivel nacional, el personal ocupado en el programa disminuyó 0.01% respecto al mes anterior y 0.25% en comparación anual. Nuevo León concentra la mayor proporción, con 14.67%, seguido de Chihuahua. Baja California ocupa el tercer lugar, con 11.91% del total nacional, y registró una disminución de 0.56% mensual y de 2.81% anual.

En agosto había 5,165 establecimientos activos en el país, 46 menos que el mes anterior y 95 menos que un año antes. Baja California concentra el 17.12% del total, con 884 unidades, la mayor proporción del país, aunque con una disminución de 2.96% mensual y de 6.16% anual. Le siguen Nuevo León con 748 establecimientos y Chihuahua con 493.

Los ingresos provenientes del mercado extranjero sumaron 379,049 millones de pesos a nivel nacional. Esto representa una disminución de 2.47% mensual y un crecimiento de 3.18% respecto a agosto de 2025. Nuevo León concentra el 19.53% y Coahuila el 12.25%.

Baja California ocupa el cuarto lugar con 31,255 millones de pesos, el 8.25% del total nacional, 7.84% menos que el mes anterior. De enero a agosto de 2026, el estado acumuló 245,485 millones de pesos, 4.24% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Para el Lic. Gabriel Camarena Salinas, líder del Eje de Economía del CDT, la concentración de establecimientos y personal ocupado en Tijuana confirma la relevancia de la ciudad dentro de la industria manufacturera de exportación; sin embargo, destacó la importancia de fortalecer las condiciones que permitan mantener su competitividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

“Los indicadores de IMMEX muestran el peso que tiene Tijuana en la manufactura de exportación de Baja California, pero también nos señalan los retos que debemos atender para sostener esta actividad. Es fundamental fortalecer la infraestructura, garantizar la disponibilidad de agua y energía, e impulsar la formación de talento especializado.

Asimismo, debemos trabajar en el desarrollo de proveedores locales para que más empresas de la región puedan integrarse a las cadenas de suministro y participar en procesos de mayor valor agregado”, señaló.

El análisis reconoce que el programa enfrenta un entorno de presiones externas, como la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la desaceleración de la demanda en algunos sectores.

Esto se refleja en la disminución anual de establecimientos y personal ocupado en el estado. También identifica retos internos que siguen en la agenda, como la disponibilidad de infraestructura, agua, energía y talento especializado, condiciones necesarias para sostener la competitividad de la región.

El CEMDI recomienda fortalecer los programas de desarrollo de proveeduría local para que más empresas tijuanenses puedan integrarse a las cadenas de suministro de la industria IMMEX, así como alinear la oferta educativa técnica y universitaria con los perfiles que demandan los procesos de mayor valor agregado.

En este sentido, el CDT dará seguimiento a estos indicadores como parte de su agenda de desarrollo económico, promoviendo acciones que contribuyan a fortalecer la infraestructura, impulsar el talento especializado y consolidar la competitividad de Tijuana.

Sinaloa necesitará al menos 10 años de estrategias económicas para recuperar el daño estructural que enfrenta su economía, deteriorada por la pérdida de dinamismo de años anteriores y acentuada por la crisis de inseguridad que comenzó hace dos años, consideró Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

El economista señaló que el deterioro se refleja principalmente en el cierre de negocios, la disminución de las ventas y la pérdida de fuentes de empleo.

Explicó que la problemática comenzó a concentrarse en Culiacán, pero posteriormente se extendió a municipios como Navolato y Salvador Alvarado, mientras que actualmente Mazatlán también enfrenta una situación similar.

“Yo siempre he sostenido en mis conversaciones que Sinaloa va a necesitar cuando menos 10 años de buenas estrategias económicas para poder recuperar el daño que ha tenido la economía de Sinaloa”, expresó.

La pérdida de empleos también se refleja en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores asegurados, 19 mil 726 menos que en el mismo mes de 2024, cuando comenzó la crisis de violencia. Además, entre enero y septiembre de este año, la entidad registró una disminución de 2 mil 271 patrones afiliados al Seguro Social, de acuerdo con cifras del Instituto.

Ante este panorama, Aarón Sánchez consideró que la prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico mediante apoyos emergentes para las empresas que continúan operando, con el propósito de evitar más cierres.

Entre las propuestas del Colegio de Economistas se encuentran otorgar estímulos fiscales, reducir hasta en 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina y facilitar el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social.

También planteó recuperar la inversión privada y pública, pues aseguró que proyectos que estaban previstos para Sinaloa se han cancelado o detenido, mientras que otros no han podido concluirse.

Esta falta de inversión, dijo, agudiza el deterioro económico y contribuye a que continúe la pérdida de empleos.

“Se necesita toda una estrategia para evitar la mortandad de un mayor número de empresas, pero, por otra parte, también se necesita atraer inversión. La inversión se ha ausentado de Sinaloa”.

Sostuvo que la recuperación económica no puede plantearse de manera separada de la seguridad pública, pues ambas condiciones están relacionadas y deben atenderse simultáneamente.

“No podemos aspirar al progreso económico en un contexto de violencia. Necesitamos abatir la violencia y una forma de abatir la violencia al mismo tiempo es, pues, haciendo crecer la economía”, manifestó.

Por ello, insistió en que Sinaloa necesita trabajar tanto en el fortalecimiento de la seguridad como en la reactivación de las empresas y la generación de empleos, con una estrategia sostenida que permita revertir el deterioro acumulado y recuperar el dinamismo económico de la entidad.

MAZATLÁN._ Un presupuesto extraordinario para enfrentar las afectaciones económicas y de seguridad que vive Sinaloa reclamó la Senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos, quien acusó que la propuesta de gasto del Gobierno federal no responde a las condiciones que enfrentan los empresarios y los sectores productivos de la entidad.

Durante un encuentro con empresarios en Mazatlán, Sánchez Ramos sostuvo que la recuperación para el puerto y la entidad requiere recursos públicos, apoyos para los negocios afectados y medidas fiscales que permitan sostener la actividad económica.

“¿Qué se necesita para reactivar la economía? Recursos. Recursos para implementar que los recursos se queden en Mazatlán, que los recursos bajen para que nos ayuden con los apoyos para esos negocios que hemos cerrado”, comentó.

“No hay un plan real desde el Gobierno federal”.

La legisladora señaló que las propuestas que ha impulsado recogen solicitudes de empresarios con quienes se ha reunido, entre ellas que los recursos permanezcan en Mazatlán, que existan apoyos para los establecimientos afectados y que se consideren mecanismos de alivio en el pago de impuestos.

Sin embargo, afirmó que estos planteamientos no han prosperado ante el predominio de Morena en el Senado de la República y cuestionó que no exista, desde su perspectiva, un plan federal suficiente para atender la crisis.

Asimismo, mencionó que especialistas habían planteado la necesidad de asignar 8 mil millones de pesos adicionales a Sinaloa para enfrentar tanto la inseguridad como sus consecuencias económicas, aunque durante su intervención no identificó a los autores de esa estimación ni detalló cómo se distribuirían los recursos.

“Dicen los expertos en Sinaloa que se necesitaba un presupuesto extra de 8 mil millones de pesos para atender la crisis, extra de lo que ya estaban proponiendo. Nos tratan como un estado, como si viviéramos en una normalidad. No vivimos en una normalidad, tenemos dos años no viviendo en una normalidad”, dijo.

La Senadora consideró que las condiciones de la entidad requieren un tratamiento presupuestario extraordinario y acusó a las autoridades de minimizar las afectaciones que enfrentan quienes mantienen negocios y generan empleos.

“La verdad es que se necesitaba un presupuesto realmente extraordinario. Los especialistas decían que debía venir un presupuesto ahí extraordinario. No viene contemplado, no se logró y tampoco veo un interés”.

Sánchez Ramos también mencionó que entre los empresarios percibió un sentimiento de abandono, relacionado con la falta de presencia de las autoridades y de apoyos suficientes para sostener sus actividades.

“Pues yo creo que el sector empresarial está muy golpeado en estos momentos, veo un sentir de todos como el abandono, el no estar presentes, el que creen que no hay los apoyos suficientes para el sector empresarial, que lo comparto y estoy de acuerdo en eso porque creo que no es una prioridad para el Gobierno federal ni para el Gobierno estatal”, manifestó.

Además, cuestionó el destino de los recursos obtenidos mediante préstamos estatales y sostuvo que la construcción de infraestructura no representa, por sí sola, una respuesta suficiente a las necesidades de recuperación.

“¿Qué refleja este presupuesto? Que no aman a Sinaloa como tanto dicen. Al contrario, yo creo que el amor al estado se demostraría con recursos”, comentó.

Finalmente, la legisladora planteó que la atención económica debe incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al campo, la pesca y los demás sectores productivos afectados.

“Aparte de los empresarios pequeños y medianos, micros, también hablas del campo, hablas de la pesca y hablas de todos los sectores productivos. Son los temas que más duelen ahorita, son los temas que urgen ahorita y que estoy segura que la oposición organizada se van a poner de acuerdo y vamos a llevar la propuesta”, puntualizó.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que las finanzas estatales no se encuentran en buenas condiciones debido a los adeudos que arrastra el Gobierno desde administraciones anteriores.

Entre esos compromisos están las deudas fiscales y los pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, algunos de los cuales han obligado a la administración de Rubén Rocha Moya a contratar créditos para hacerles frente.

“Es claro que no están las finanzas bien, hemos arrastrado esa deuda y que no solo es la deuda que se estableció a través del SAT, sino también la deuda al IPES, que venimos arrastrando desde el gobierno de Malova”, declaró.

La funcionaria hizo referencia a los adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de irregularidades fiscales de administraciones anteriores, así como a las retenciones que gobiernos pasados dejaron de entregar al IPES.

El problema financiero fue reconocido desde el inicio del Gobierno de Rocha Moya. En diciembre de 2025, el entonces Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, informó que la administración recibió compromisos financieros heredados por 17 mil 141 millones de pesos, principalmente de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

De ese monto, 11 mil 890 millones correspondían a retenciones y aportaciones no enteradas, mientras que 5 mil 251 millones eran deuda de largo plazo, según el funcionario.

Pese a reconocer las dificultades, Domínguez Nava sostuvo que los compromisos financieros no han detenido la operación del Gobierno estatal ni la atención de las demandas ciudadanas.

“Por supuesto que hay problemas, pero no nos llevan a paralizar, a dar respuesta a las necesidades más apremiantes para la ciudadanía”, afirmó.

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava entregó 275 equipos productivos a 86 beneficiarios del programa Equipa Sinaloa en Juan José Ríos.

La Mandataria señaló que la iniciativa siembra sueños, fortalece el espíritu emprendedor y enriquece historias personales y familiares en la comunidad.

Con una inversión superior a los 417 mil pesos, esta acción busca fortalecer la actividad económica y la generación de empleos en Juan José Ríos, permitiendo a los emprendedores ampliar sus oportunidades comerciales y proyectar el crecimiento de sus actividades. La entrega incluyó modalidades como Nuestro Tianguis.

Juan José Ríos es el onceavo municipio donde se realiza la entrega de equipamiento productivo de los programas Equipa Sinaloa, Estiliza, Atienda, Saber Hacer y Nuestro Tianguis.

Estas herramientas son esenciales para el crecimiento de diversas actividades productivas fundamentales en la economía local.

El Gobierno estatal busca con estas acciones apoyar a micro y pequeños negocios en todo el estado.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava, acompañada por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, la Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón, y el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, indicó que los pequeños negocios son la base de la economía de sus comunidades y de Sinaloa.

El equipamiento recibido contribuye a mejorar los negocios y llegar a más clientes.

Domínguez Nava expresó que el Gobierno está presente, cercano, para dar impulso con una inversión de más de 400 mil pesos a pequeños negocios y emprendimientos que han germinado y dan mayor prosperidad a las localidades de Juan José Ríos, Tres Garantías, Cerro Cabezón y Goros Viejos y a los tianguis del Centro, La Cero y El Estero.

Apuntó que, con acciones humanistas, el Gobierno apoya a los micro y pequeños negocios con herramientas que les permiten crecer y alcanzar un mejor futuro para ellos y sus familias.

La Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón agradeció los apoyos entregados.

Afirmó que el equipo representa una cercanía y acompañamiento del gobierno para consolidar proyectos de vida y estabilidad financiera.

Llanes Carreón precisó que impulsar el desarrollo económico de Juan José Ríos empieza por acompañar a quienes emprenden.

Cuando un pequeño negocio crece, dijo, también se mueve el comercio de la comunidad y se abren más oportunidades.

El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en lo que va del año se han invertido más de 21 millones de pesos en apoyos.

Estos permiten el crecimiento de micro y pequeños comerciantes en todos los rubros económicos. Destacó que seis de cada diez equipos se entregan a mujeres.

Aguerrebere Espitia recalcó que estos programas son la base de la economía que se hace con las manos.

Subrayó que los beneficiarios son los protagonistas de la recuperación y el crecimiento.

A nombre de los beneficiarios, Ramona García Escareño, quien recibió un congelador de alimentos, señaló que el equipo será de utilidad para su desayunador campirano. Su familia lo mantiene abierto desde hace cinco años.

García Escareño puntualizó que agradece el apoyo a quienes, con trabajo y esfuerzo, buscan salir adelante. Detrás de cada emprendimiento hay una historia, una familia y sueños por cumplir.

Acompañaron a la Gobernadora en la entrega de equipos Saúl Hiram Bandala, de la Octava Región Naval; Alejandro López Ayón, del 89 Batallón de Infantería; Aurelio Roy Navarrete, director de Protección Civil; y José Ángel López Fierro, subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento. También estuvieron presentes regidores municipales y beneficiarios del programa.

TIJUANA, OCTUBRE 28, 2026.- En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostenemos que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, la competitividad y la generación de empleos. Sin seguridad no hay condiciones para crecer, invertir ni generar confianza. Particularmente, la seguridad en las carreteras es fundamental para garantizar la operación de las cadenas de suministro, proteger la integridad y la vida de miles de operadores, y asegurar el traslado oportuno de mercancías e insumos en todo el país.

Reconocemos la importancia de las demandas del sector transportista y consideramos indispensable que sean atendidas con seriedad, mediante mecanismos efectivos de diálogo, coordinación institucional y seguimiento puntual a los compromisos asumidos por las autoridades. No deberíamos llegar a escenarios de paro que afecten la movilidad, el abasto de mercancías, la actividad productiva y los derechos de terceros.

La inseguridad carretera no solo pone en riesgo la vida y el patrimonio de quienes trabajan en el transporte de carga; también impacta directamente en la logística, los costos operativos, la competitividad de las empresas y el funcionamiento de las cadenas de proveeduría que abastecen a las fábricas, los comercios y las familias mexicanas.

Por ello, desde COPARMEX insistimos en la urgencia de fortalecer la seguridad en las carreteras y atender de fondo los problemas que enfrenta el sector transportista. Es indispensable que las autoridades y los representantes del sector productivo construyan soluciones conjuntas, con acuerdos concretos, responsabilidades definidas, resultados verificables y mecanismos de seguimiento.

Nuestro llamado es a privilegiar el diálogo y la coordinación para alcanzar soluciones eficaces que respondan a las legítimas preocupaciones del sector, eviten afectaciones a terceros y garanticen la continuidad de las actividades económicas.

En otro posicionamiento, ante el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), COPARMEX sostiene que la separación del cargo no sustituye la obligación de esclarecer los señalamientos de presunta corrupción ni debe convertirse en el cierre de las investigaciones.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, que llegue hasta las últimas consecuencias legales. Los elementos difundidos públicamente deben ser examinados con rigor para determinar responsabilidades y, de acreditarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La investigación no debe limitarse a quien encabezó el Instituto. Debe abarcar las áreas administrativas, contrataciones, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas, incluidos los funcionarios designados durante su gestión. Es indispensable esclarecer si existieron redes de complicidad, conflictos de interés, encubrimiento u omisiones. Ningún nombramiento ni vínculo jerárquico debe servir como protección frente a la rendición de cuentas.

Asimismo, demandamos que las autoridades responsables de la sucesión actúen con urgencia, transparencia y estricto apego al marco constitucional. La prontitud debe acompañarse de una evaluación pública y rigurosa de los perfiles, sin cuotas partidistas ni acuerdos que comprometan la autonomía del organismo.

México requiere al frente del INE a una persona de honestidad acreditada, capacidad técnica, experiencia electoral y talento para conducir una institución fundamental para nuestra democracia. Su independencia e imparcialidad deben ser demostrables y ofrecer garantías a todas las fuerzas políticas y, sobre todo, a la ciudadanía.

De cara a las elecciones de 2027, resulta indispensable asegurar la continuidad institucional y una organización electoral profesional, confiable y ajena a intereses particulares. Las y los ciudadanos deben tener la certeza de que su voto será respetado, contado correctamente y reflejado fielmente en los resultados.

Desde COPARMEX defendemos un INE autónomo, íntegro y sólido. Exigir cuentas a quienes lo conducen contribuye a protegerlo y a recuperar la confianza ciudadana. La renuncia no debe cerrar el caso. La verdad, la justicia y la imparcialidad electoral deben marcar el siguiente paso.

En COPARMEX reiteramos que la seguridad y la certeza logística son pilares fundamentales para la inversión, el empleo y el crecimiento económico de México. Fortalecerlas es una responsabilidad compartida y una condición necesaria para construir la confianza que nuestro país requiere para competir, desarrollarse y generar mayores oportunidades para todos.

La seguridad en las carreteras no puede esperar: es una prioridad para proteger la vida, garantizar el abasto y fortalecer la competitividad de México.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hogares de Baja California Sur continúan enfrentando problemas por robos, ya que durante septiembre se denunciaron 48 casos de robo a casa habitación, lo que equivale a cerca de 1.6 hechos diarios. Además, en el conjunto de los delitos de robo registrados en la entidad se contabilizaron 299 denuncias durante ese mes, es decir, casi 10 casos por día, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Las estadísticas muestran que entre enero y septiembre de 2026 se acumularon 618 denuncias por robo a vivienda en la entidad. De ese total, 580 ocurrieron sin violencia y 38 involucraron algún tipo de agresión o intimidación contra las víctimas. La mayoría de los casos correspondieron a robos cometidos cuando no hubo confrontación directa con los habitantes. 

Aunque septiembre registró uno de los niveles más bajos del año en este delito, con 48 denuncias, la problemática sigue presente en distintos municipios del estado. Meses anteriores, como enero y mayo, alcanzaron 77 reportes cada uno, mientras que julio cerró con 72 casos y agosto con 67. 

Los datos también reflejan que el robo en general continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en Baja California Sur. Entre enero y septiembre se iniciaron 3,200 carpetas de investigación por distintos tipos de robo, incluyendo afectaciones a viviendas, vehículos y motocicletas. 

En materia de vehículos, se contabilizaron 241 robos de automóviles de cuatro ruedas y 184 de motocicletas durante los primeros nueve meses del año. En ambos casos predominó la modalidad sin violencia. Por otra parte, los delitos contra el patrimonio sumaron 7,049 denuncias en el periodo analizado. 

Las cifras evidencian que, pese a variaciones mensuales, los robos siguen representando una preocupación para las familias sudcalifornianas. Los registros oficiales muestran que este tipo de delito mantiene una presencia constante en la entidad, especialmente en lo que respecta a las afectaciones al patrimonio de los hogares. 

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Jóvenes emprendedores sinaloenses expusieron sus necesidades en materia de financiamiento, adquisición de equipamiento y capacitación empresarial durante una reunión de trabajo celebrada con autoridades de la Secretaría de Economía del Estado.

El encuentro fue promovido en coordinación con la presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, Karina Isabel Franco Meza, y el director del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), Saúl Meza López.

Durante la sesión, los asistentes —quienes en su mayoría desarrollan pequeños proyectos desde sus hogares o a través de plataformas digitales mientras continúan con sus estudios— manifestaron los obstáculos que enfrentan para acceder a esquemas formales de crédito, adquirir herramientas de trabajo y estructurar planes de negocio.

La diputada Franco Meza señaló la necesidad de dar seguimiento a la integración de expedientes de las y los jóvenes participantes para que puedan canalizar sus solicitudes a las convocatorias públicas vigentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Diego Aguerrebere, expuso la oferta de programas disponibles para micro y pequeños negocios, que incluyen capacitaciones mediante la plataforma Escala MX, esquemas de financiamiento, apoyo para equipamiento y trámites de servicios empresariales como el registro de marcas y códigos de barras.

Asimismo, la dependencia estatal se comprometió a dar seguimiento puntual a las solicitudes planteadas por los jóvenes para orientarlos en los procesos de vinculación comercial y digital.

MAZATLÁN._ Prórrogas en el pago de impuestos, facilidades para trámites municipales y flexibilidad para acceder a apoyos económicos fueron algunas de las solicitudes que el sector restaurantero de Mazatlán presentó durante una reunión con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, con el objetivo de mantener los negocios en operación y proteger las fuentes de empleo.

La presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, Rosa Cecilia Osuna Guerrero, señaló que del encuentro surgió el compromiso de establecer una mesa de trabajo para precisar las necesidades del sector, así como dar seguimiento a las peticiones ante las autoridades correspondientes.

“La verdad sí debo decir que escuchamos una Gobernadora muy receptiva, atendiendo desde las propuestas hasta las críticas. Se hicieron peticiones muy puntuales, tanto de orden municipal, estatal y federal, de apoyo para que los negocios de muchos de los afectados sigan operando, un poco de condescendencia en algunos trámites, algunos de ellos municipales”, comentó.

Osuna Guerrero mencionó que entre las principales solicitudes se encuentran prórrogas para cubrir el impuesto sobre la nómina, de competencia estatal, y apoyo en la gestión de facilidades relacionadas con obligaciones fiscales y patronales del ámbito federal.

En este sentido, explicó que estos pagos representan una parte importante de la carga económica de los establecimientos, por lo que buscan alternativas que les permitan cumplir sin comprometer la continuidad de sus actividades.

“Básicamente el apoyo en gestión de prórrogas. Digo, no se pide como eximir de las responsabilidades que tiene una empresa, pero sí la benevolencia en estos temas”, declaró.

En el ámbito municipal, la dirigente señaló que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó disposición para respaldar al sector con facilidades en trámites, donde las peticiones incluyen ampliaciones de horario, permisos para colocar mesas a pie de calle y asuntos relacionados con servicios como la recolección de basura y residuos.

“La Alcaldesa de forma directa me dijo que claro que sí, que se cuente de una vez ya con esos apoyos, que no son más que trámites, pero que de alguna manera tienes que invertir recurso en esos trámites”, comentó.

Osuna Guerrero destacó que mantener abiertos los establecimientos tiene implicaciones que van más allá de sus propietarios, debido a que de ellos dependen trabajadores, familias y proveedores.

“Reiteramos la importancia que tiene este sector, no nada más a nivel municipio, sino a nivel estatal, al puntualizar que cuando alguien baja la cortina no solamente es el empresario, son las familias que se sostienen de ahí y toda la cadena de proveeduría que tiene que ver con el establecimiento de alimentos y/o bebidas”, manifestó.

Con respecto al acceso a recursos económicos, la representante del sector restaurantero mencionó que se abrió una bolsa a través de la Secretaría de Economía, aunque no precisó el monto ni las características del esquema.

De tal forma, explicó que también solicitaron flexibilidad en algunos requisitos, ya que las dificultades que atraviesan los negocios limitan sus posibilidades de cumplir con todos los trámites para acceder a esos recursos.

“También se ha pedido alguna condescendencia en algunos de los trámites que, por las circunstancias, obviamente muchos de ellos no están en capacidad de cumplir con algunos requisitos”, dijo.

Como parte del seguimiento, añadió que el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia le pidió enviar de manera puntual las solicitudes expuestas durante la reunión, con el compromiso de atenderlas directamente.

Asimismo, indicó que se planteó realizar un esfuerzo extraordinario de difusión para contrarrestar la percepción negativa de Mazatlán y sostener un encuentro posterior para revisar los temas del sector.

“Se comprometieron en tener una mesa de trabajo puntualizando necesidades del sector, hacer un esfuerzo extraordinario en la difusión y contrarrestar la imagen de percepción que tiene Mazatlán”, señaló.

Al hacer un balance del encuentro, Osuna Guerrero reconoció que hubo planteamientos incómodos tanto para los empresarios como para las autoridades, pero consideró necesario que cada parte asuma la responsabilidad que le corresponde para avanzar en la recuperación.

“La reunión tenía sus picos dulces, sus picos amargos. Yo creo que, como en todo, hay temas que son incómodos para el empresario, hay temas que son incómodos para el sector público, pero creo que ambas partes es hacernos responsables cada quien de lo que le toca. Nosotros trabajar y gobierno brindar las condiciones adecuadas para seguir trabajando”, puntualizó.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre autoridades y restauranteros, mediante una mesa de trabajo y reuniones de seguimiento para atender las necesidades del sector y avanzar en la recuperación de la actividad económica de Mazatlán.

De esta forma, el encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre autoridades y restauranteros, mediante una mesa de trabajo y reuniones de seguimiento para atender las necesidades del sector y avanzar en la recuperación de la actividad económica de Mazatlán.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur resolvió las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de diversos entes públicos, aprobando las del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de Comondú y de la Administración Portuaria Integral (API), mientras que rechazó las presentadas por el Ayuntamiento de Loreto y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de Comondú. 

La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria celebrada este 22 de octubre, luego de que el pleno analizara los dictámenes elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Dicho órgano legislativo es encabezado por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y cuenta con la participación de la diputada Teresita Valentín y el diputado Fernando Hoyos.  

En el caso del Ayuntamiento de Loreto, la revisión financiera derivó en 38 observaciones preliminares. Según el dictamen, únicamente tres fueron solventadas en una primera etapa. No obstante, durante los procesos posteriores de aclaración y revisión, la autoridad municipal presentó documentación que permitió justificar recursos adicionales observados por los auditores. 

Por otra parte, la auditoría practicada al Oomsapas de Comondú arrojó un total de 50 observaciones que permanecieron sin solventarse. De acuerdo con los resultados expuestos ante el Congreso, la falta de documentación comprobatoria mantiene pendientes de aclaración recursos por alrededor de 41.9 millones de pesos.  

Ante estos hallazgos, el Poder Legislativo instruyó a las autoridades competentes a continuar con los procedimientos legales correspondientes derivados de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado. Las medidas buscan determinar posibles responsabilidades administrativas o legales relacionadas con el manejo de los recursos públicos.  

Finalmente, el Congreso estatal reiteró que estas resoluciones forman parte de los mecanismos de fiscalización destinados a garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la transparencia gubernamental y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. 

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Duplicar el presupuesto de Seguridad Pública para 2027, otorgar facilidades fiscales a las empresas y atender las necesidades de infraestructura y turismo fueron parte de las propuestas que Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán presentó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, durante una reunión celebrada este sábado 24 de octubre en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, explicó que los planteamientos buscan fortalecer la seguridad y la economía, mediante una agenda de colaboración con el Gobierno Estatal que también contempla compromisos del sector productivo.

“No solamente venimos a esta reunión con un punto de pedir, venimos también a decirle que queremos trabajar de la mano con ustedes. Estas son nuestras peticiones, pero también estos son nuestros compromisos de cómo podemos sumarnos a que esto se pueda llevar a cabo”, comentó.

De acuerdo con la información proporcionada por Coparmex, la solicitud de duplicar los recursos destinados a Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2027 busca fortalecer a las policías estatales y municipales con mejores salarios, equipamiento, capacitación, tecnología y contratación de elementos.

En este sentido, el organismo expuso, con datos atribuidos a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que Sinaloa ocupa el lugar 21 nacional en gasto total en seguridad y justicia, mientras que Sonora se encuentra en el décimo puesto.

Estrada Osuna señaló que el incremento también debe beneficiar a las instituciones encargadas de investigar los delitos, para mejorar su capacidad de atención y respuesta.

“Desde luego también que una buena parte de esa inversión se vaya a tener fiscalías y ministerios públicos con más personal, con más tecnologías, con más capacidad para resolver todos los actos delictivos que se están denunciando y que se están manejando por parte de ellos”, declaró.

En materia económica, Coparmex pidió medidas extraordinarias para preservar las empresas y proteger el empleo formal, entre ellas priorizar los pagos del Gobierno estatal a proveedores locales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas sinaloenses.

Asimismo, planteó gestionar facilidades para el pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, promover créditos empresariales con tasas cercanas al 10 por ciento anual e implementar un programa temporal de condonación o reducción de multas y recargos de impuestos estatales, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Según las cifras de Codesin compartidas por el organismo empresarial, entre enero y septiembre de 2026, Sinaloa registró una disminución promedio anual de 12 mil 521 empleos formales respecto al mismo periodo de 2025, equivalente al 2.1 por ciento, donde además, el número de patrones registrados ante el IMSS cayó 5.6 por ciento.

“Una de las que se les está pidiendo en especial es que en lo que son impuestos locales y estatales se pueda hacer una eliminación de multas y recargos, y se están pidiendo prórrogas para hacer los pagos”, manifestó Estrada Osuna.

La dirigente mencionó los impuestos sobre nómina y hospedaje entre los conceptos abordados, aunque aclaró que todavía no existen plazos definidos para las prórrogas ni acuerdos específicos sobre el alcance de las facilidades solicitadas.

Además, como parte de sus compromisos, el Centro Patronal anunció que realizará una campaña entre el empresariado de Mazatlán para favorecer la contratación de proveedores locales e invitar a la ciudadanía a comprar en las tiendas de barrio.

En materia de turismo, Estrada Osuna señaló que se solicitó el respaldo de la Gobernadora a una iniciativa para que el 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto sobre Hospedaje en Mazatlán se destine al propio municipio

Dicha propuesta contempla administrar esos recursos mediante un fideicomiso municipal, con un comité técnico integrado por representantes del Gobierno estatal, Ayuntamiento, Congreso del Estado y sector empresarial turístico, con mecanismos de rendición de cuentas y auditorías.

Asimismo, pidió apoyar una iniciativa que presentará al Congreso la próxima semana para fortalecer la regulación de las plataformas digitales y promover el cumplimiento fiscal y condiciones equitativas de competencia. A ello sumó una estrategia de reposicionamiento de la marca Sinaloa para recuperar la confianza y destacar las oportunidades de inversión.

En temas de infraestructura, la dirigente empresarial explicó que se planteó elaborar un proyecto ejecutivo integral para la reconstrucción y modernización del malecón de Mazatlán, sustentado en un diagnóstico técnico, presupuesto y calendario de ejecución.

También se solicitó un proyecto para modernizar las redes de agua potable y drenaje, así como una auditoría externa técnica y administrativa a la Junta Municipal de Agua Potable, que permita transparentar los recursos, identificar áreas de mejora y establecer acciones correctivas.

“Sabemos que la seguridad es prioridad, pero también sabemos que no es el único tema que tenemos que resolver para nuestra ciudad”, dijo.

Al finalizar el encuentro, ambas partes acordaron iniciar mesas de trabajo la próxima semana para analizar los planteamientos, dándole seguimiento al tema a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo.

Finalmente, Estrada Osuna señaló la apertura de Domínguez Nava y su equipo, destacando que la continuidad de las reuniones será fundamental para avanzar hacia acuerdos concretos.

“Lo más importante es que no es una única reunión. Ya ahorita estamos, antes de salir de aquí, ya tenemos una fecha para una próxima reunión con parte de su equipo”, señaló.

“Entendemos que no en todas vamos a estar con ella porque ella también tiene otras actividades, pero sí a su equipo lo instruyó para que nos atienda y para que sigamos con la mesa de trabajo”, puntualizó.

La demanda de minerales vinculada al desarrollo tecnológico y la construcción de centros de datos abre perspectivas de crecimiento para la industria minera en Sinaloa, actividad que podría consolidarse como uno de los principales motores económicos del estado durante los próximos 10 a 15 años, señaló el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

Señaló que actualmente, el sector atraviesa una etapa favorable y que las proyecciones de las empresas permiten anticipar oportunidades para nuevas inversiones, generación de empleos y beneficios para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

En este sentido, explicó que estas expectativas están relacionadas con el rumbo de la economía mundial, en el que el uso de dispositivos electrónicos y la expansión de infraestructura tecnológica mantienen la necesidad de insumos provenientes de la actividad minera.

“Todos vivimos pegados al celular, porque se están construyendo muchos centros de datos, porque en esa dirección va la economía de todo el mundo. Entonces, esta tendencia se nutre de minería”, comentó.

Indicó que en Sinaloa existen más de 40 empresas mineras, en su mayoría de origen local o nacional, así como alrededor de 10 transnacionales que, por su tamaño y participación en los mercados bursátiles, mantienen información pública sobre sus operaciones.

Además, señaló que los reportes que estas compañías presentan a sus accionistas permiten conocer sus perspectivas y respaldan su valoración sobre el potencial del sector para los próximos años.

“En general, en el estado, la minería está viviendo una etapa bastante buena”, declaró.

El Secretario comentó que ha sostenido reuniones con representantes de empresas mineras y que recientemente participó en un congreso del sector, donde tuvo acercamientos para conocer sus necesidades y proyectos.

Asimismo, detalló que las compañías requieren mantener coordinación con las autoridades en asuntos como seguridad y energía, por lo que la Secretaría busca acompañarlas para facilitar las condiciones que permitan concretar sus inversiones.

“Tienen solicitudes y tienen la necesidad de tener una relación con el Gobierno por razones obvias: por temas de seguridad, por temas de energía, pero también por temas bastante buenos, que son los que nos interesan”, señaló.

Aguerrebere Espitia explicó que, además de atender los requerimientos empresariales, la dependencia plantea a las mineras compromisos con las localidades donde se establecen, particularmente en contratación de trabajadores, salarios y cuidado del entorno.

“¿Qué les pedimos nosotros a las mineras?, que contraten a las zonas donde están, paguen buenos sueldos, que lo hacen”, manifestó.

En materia ambiental, sostuvo que el carácter extractivo de la industria obliga a procurar que sus operaciones sean sustentables y mantengan un respeto completo al medio ambiente.

“La minería es una industria extractiva, entonces tú necesitas que sea sustentable, o sea, que tengan un respeto completo y total al medio ambiente. También eso se los pedimos”, dijo.

El funcionario añadió que los beneficios para las comunidades deben ir más allá de los puestos de trabajo, mediante programas sociales que acompañen el desarrollo de los proyectos.

“Que en la comunidad donde se desarrollen tengan programas de beneficio social, es decir, no exclusivamente los empleos”, mencionó.

De acuerdo con el Secretario, todas las compañías que cuentan con proyectos en preparación o en operación mantienen iniciativas de este tipo, lo que consideró una oportunidad para que el crecimiento de la industria tenga efectos adicionales en las localidades.

“Prácticamente todas las mineras que tienen un proyecto en ciernes o que ya están trabajando en un proyecto tienen programas de este tipo, lo cual me da mucho gusto porque, si el sector va a crecer en el estado, pues van a tener estos beneficios adicionales”, afirmó.

Sobre las perspectivas de largo plazo, reiteró que los informes dirigidos a los accionistas de las compañías muestran un panorama favorable para la actividad durante los próximos 15 años.

Con respecto a posibles cierres de operaciones mineras, Aguerrebere Espitia señaló que la Secretaría no tiene identificados casos, aunque reconoció que podría existir alguna situación particular de la que no tenga conocimiento.

“Yo no detecto cierres en minería, pero puede que haya por ahí algún caso en específico que no traigo en el radar, pero no, al contrario, la minería en el estado está siendo uno de los motores y va a ser uno de los motores más importantes para los próximos 10, 15 años”, puntualizó.

El regreso de la Denominación de Origen del Mezcal a Sinaloa abre la posibilidad de reconstruir la industria agavera del sur del Estado, donde el reto será recuperar plantaciones, impulsar nuevas siembras y fortalecer la comercialización, señalaron representantes de la Secretaría de Economía y del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía del Estado, señaló que en Sinaloa se trabajan alrededor de 6 mil 500 hectáreas en la siembra de agave, de las cuales cerca de 902 están certificadas para producir mezcal.

Destacó que la incorporación de cuatro municipios sinaloenses a la denominación permite avanzar en la planeación productiva y el desarrollo de marcas, actividades que estaban limitadas por la incertidumbre legal.

“Era uno de los pendientes de la Secretaría, se le estaba dando seguimiento y se hizo un procedimiento legal, porque parecería que es nada más gestiones, pero al final, estamos muy contentos porque ahora tenemos ya cuatro municipios de Sinaloa donde se va a poder tener mezcal”, comentó.

La Denominación de Origen del Mezcal, recayó específicamente para cuatro municipios del sur, siendo estos San Ignacio, Mazatlán, Concordia y El Rosario, abriendo la puerta de la producción, comercialización y exportación de este producto.

Tobías Lozano Solorza, presidente de Codesin en la zona sur, destacó que es aprovechar esta oportunidad también requiere recuperar la actividad agrícola que distinguió a esta región.

“La realidad es volver a reconstruir la industria. El sur de Sinaloa era una zona muy agavera. Hay vestigios de lo que fue el agave y subsisten algunas empresas y algunos que producen de manera profesional”, dijo.

Lozano Solorza explicó que la falta de certeza sobre la denominación de origen había frenado iniciativas para desarrollar el sector.

Incluso, al preparar su plan operativo anual el año pasado, Codesin retiró un proyecto relacionado con la industria del agave debido a esa limitante, por lo que existen condiciones para plantear una iniciativa de mayor alcance en el próximo programa de trabajo del organismo.

“Yo considero que ahora se dan las condiciones para que en nuestro próximo plan operativo anual podamos incluir un proyecto de mayor envergadura en relación al tema del agave”, declaró.

Además de la superficie que ya se cultiva en el Estado, el dirigente planteó identificar las posibilidades agrícolas de la región y conocer cuántas hectáreas están disponibles para ampliar esta actividad.

En este sentido, recordó que durante un recorrido realizado hace aproximadamente dos años por Cacalotán y Palos Blancos, en el municipio de Rosario, observó plantaciones que habían dejado de recibir atención ante la incertidumbre sobre el futuro del sector.

“Ahí ves que todavía hay plantas de agave que los dueños ya no las han cuidado porque no se sabía qué iba a pasar, había cierta incertidumbre. Entonces tienes que volver a ver esto”, manifestó.

Además, advirtió que uno de los principales obstáculos para atraer agricultores, es el tiempo que transcurre desde la siembra hasta el aprovechamiento del agave, que ubicó entre siete y ocho años, por lo que propuso programas de fomento de la Secretaría de Economía que ayuden a los productores a sostener la primera etapa del cultivo.

“Una vez que arranca, pues va renovando, pero digamos la espera inicial es donde tendría que haber programas de fomento por parte de la Secretaría de Economía para fomentar que los agricultores hagan la siembra inicial y aguanten esos ocho años”, expresó.

El dirigente también vinculó esta actividad con las posibilidades de diversificación agrícola, señalando que algunos productores buscan alternativas ante los problemas de precio y floración del mango, y consideró que las presas pueden contribuir a ampliar las opciones de cultivo en la región.

Aguerrebere Espitia coincidió en que el agave representa una oportunidad para comunidades con condiciones que dificultan otras actividades agrícolas.

“Hay espacio para mucho en zonas donde se requiere diversificar un poquito lo que sucede, zonas serranas, zonas muy áridas, zonas que no tienen acceso al riego, es un mercado que está en ciernes, que tiene mucho potencial de crecimiento”, mencionó.

“Queremos aprovechar esto porque de repente las barreras legales son importantes y brincamos una barrera legal”, añadió.

El Secretario explicó que la incorporación a la denominación de origen fue resultado de un procedimiento legal al que la dependencia daba seguimiento, y reconoció que existe resistencia de regiones donde tradicionalmente se produce mezcal.

Además, admitió la posibilidad de nuevas impugnaciones, aunque expresó su expectativa de que no ocurran, al considerar que el proceso ha agotado instancias y argumentos.

Tras este avance, indicó que el siguiente paso será trabajar con los productores y coordinarse con la Secretaría de Turismo, encabezada por Mireya Sosa Osuna, para definir una estrategia conjunta.

Por tal motivo, precisó que esa estrategia deberá construirse desde el sector productivo, con acompañamiento gubernamental, destacando que en materia comercial, se debe aprovechar la experiencia del tequila para impulsar las marcas sinaloenses y buscar compradores fuera del País.

“Nuestro objetivo no es competir propiamente con otros productores del país, sino que puedan producir y salir a vender en el resto del mundo. Vamos a tratar de usar estrategias ya muy conocidas en el mercado como con el tequila y trabajar así con los mezcales, es algo muy bueno”, declaró.

Asimismo, añadió que trabajan con el Gobierno de México y la Secretaría de Economía para ampliar el consumo nacional y abrir mercados internacionales, con la intención de generar oportunidades para los productores de Sinaloa y complementar la oferta de otras entidades.

También sostuvo que se buscará evitar que el crecimiento de unas empresas limite las posibilidades de producción y comercialización de otros participantes dentro del propio Estado.

A su vez, Lozano Solorza coincidió en la necesidad de fortalecer la promoción y lograr mayor presencia del mezcal en comercios, establecimientos de artesanías y espacios turísticos, como ocurre con el tequila en Jalisco y el mezcal en Oaxaca.

Aunque destacó que ya existe un consejo del agave y se realizan más eventos de promoción, consideró necesario ampliar ese trabajo para acceder a mercados de mayor alcance.

Aguerrebere Espitia, expresó que el superar la limitante legal abre la posibilidad de aprovechar toda la cadena productiva y dar mayor certidumbre a las decisiones empresariales.

“No permitía tampoco ni hacer planeaciones a futuro, ni hacer desarrollo de marca, ni entrar en una dinámica empresarial que es la adecuada para este tipo de productos, porque teníamos esta limitante. Afortunadamente ya no la tenemos”, puntualizó.

Con opciones de crédito desde 25 mil pesos y una meta de colocación de entre 40 y 50 millones de pesos, se llevó a cabo la Feria de Financiamiento +Capital en Mazatlán, la cual busca facilitar el acceso a recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas en el puerto.

Así lo dio a conocer Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía en Sinaloa, quien señaló que alrededor de 30 bancos e instituciones financieras participan en este encuentro, con productos dirigidos a atender las necesidades de los pequeños negocios, particularmente de aquellos que enfrentan dificultades para obtener financiamiento.

Aguerrebere Espitia expresó que la necesidad de ampliar el acceso al crédito fue identificada durante encuentros con representantes del sector empresarial en distintos municipios de Sinaloa, como parte de un diagnóstico sobre los principales obstáculos para el desarrollo de las empresas.

“Desde que llegué a la Secretaría, mi tarea era estar recorriendo el estado y platicando con empresarios de todos los niveles, de los más pequeñitos hasta los más grandes, y ver en qué podíamos trabajar para facilitar su trabajo. Y uno de los temas más recurrentes era el financiamiento”, comentó.

Uno de los propósitos, explicó, es cubrir un segmento del mercado en el que los empresarios requieren préstamos de entre 25 mil y 300 mil pesos, para lo cual se invitó a instituciones que ofrecen alternativas en condiciones accesibles.

“Vamos a tratar de cubrir absolutamente todos los niveles de financiamiento, desde los pequeñitos de 25 o 30 mil pesos; cubrir un vacío que normalmente se encuentra en el mercado entre los 25 y los 300 mil pesos”, declaró.

Además, sostuvo que se busca evitar que los pequeños empresarios recurran a opciones con tasas de interés excesivas ante la necesidad de conseguir recursos para sus negocios.

“No queremos ninguna financiera que haga negocio y que cobre unas tasas de interés monstruosas y que en realidad nomás esté tratando de hablar con gente muy desesperada. Al contrario, se trata de que tengan productos que sean atractivos para las Mipymes”, manifestó.

En este sentido, destacó que para quienes requieren cantidades mayores, los bancos y las financieras participantes cuentan con productos de 300 mil pesos, medio millón de pesos o más.

En lo que respecta a los resultados esperados en el puerto, el titular de Economía estatal expresó que la intención es alcanzar una colocación de entre 40 y 50 millones de pesos en créditos.

Como antecedente, mencionó que en la feria realizada en Culiacán se recibieron 532 solicitudes oficiales de financiamiento por hasta 300 millones de pesos.

Aguerrebere Espitia precisó que la convocatoria está abierta a empresas de todos los giros, entre ellas constructoras, agrícolas, productivas y comerciales, con especial interés en los negocios pequeños que participan a través de las cámaras empresariales.

Asimismo, agregó que también existen alternativas para quienes todavía no han formalizado sus negocios, mediante un programa de Red Fosin que permite atender a este sector.

“Incluso hubo empresarios que no son formales. Entonces, ahí también tenemos un programa pequeñito, pero un programa que atiende a este tipo de empresas con Red Fosin”, puntualizó.

De esta forma, con la Feria del Financiamiento, la Secretaría de Economía busca acercar a las micros, pequeñas y medianas empresas de distintos giros a las instituciones financieras, con opciones de crédito acordes con sus necesidades y capacidad de pago, además de brindar atención a negocios que aún no se encuentran formalizados mediante los programas de Red Fosin.

MAZATLÁN._ La falta de recursos de las familias mazatlecas para destinar al entretenimiento fue el motivo principal de la cancelación de la ExpoFeria Canaco Mazatlán 2026, afirmó Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, aunque al anunciar la decisión había señalado cambios en los hábitos y horarios de movilidad de la población, así como servicios que operan con horarios limitados.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán explicó que la pérdida de empleos, las dificultades de los negocios para sostener sus operaciones y la incertidumbre sobre los ingresos familiares reducen las posibilidades de que la población asista a este tipo de actividades.

Con respecto a sobre la posibilidad de reconsiderar la realización de la feria, Cázares Oliveros sostuvo que las condiciones económicas no permiten garantizar la asistencia necesaria para cumplir con las expectativas de expositores y patrocinadores.

“La verdad que este es un tema que ya lo hablamos, dijimos que es un tema de economía. Como lo sigo sosteniendo, la verdad que la población mazatleca no cuenta con una economía suficiente para estar yendo a diversiones en este momento”, expresó.

La ExpoFeria estaba programada del 12 de noviembre al 6 de diciembre, en el terreno contiguo al estacionamiento de Sam’s, junto a La Gran Plaza, por lo que su cancelación fue anunciada por el organismo empresarial después de una evaluación del comité organizador.

“Después de un proceso de evaluación serio y responsable, hemos determinado que la Expoferia Canaco Mazatlán 2026, programada del 12 de noviembre al 6 de diciembre en el terreno contiguo al estacionamiento del Sam’s, junto a la Gran Plaza, no se llevará a cabo este año”, dijo.

Durante ese anuncio, la explicación se centró en las circunstancias que habían alterado las rutinas de las familias y en la responsabilidad del comité de tomar en cuenta esos cambios antes de llevar a cabo el evento.

“Quienes formamos parte del comité de feria tenemos la responsabilidad de observar y evaluar las rutinas de las familias y nos hemos dado cuenta que esto ha cambiado”, declaró.

La dirigente mencionó que las modificaciones también alcanzaban los horarios de movilidad y la operación de diversos servicios, por lo que consideró que no existían condiciones adecuadas para realizar la feria.

“Concluimos que las circunstancias actuales no son las adecuadas para realizar la Expoferia Canaco. Dichas familias han modificado sus hábitos y horarios de movilidad. Incluso, diversos servicios operan actualmente con horarios limitados. Como organismo empresarial, no podemos ignorar el contexto que se vive actualmente”, manifestó.

Al cuestionarle si la cancelación de la ExpoFeria se debía a la inseguridad, Cázarez Oliveros negó que ese fuera el motivo y atribuyó la decisión a la falta de recursos de las familias para destinarlos al esparcimiento.

“Si se fijan en el tema de la expo, no se debió a ese tema (inseguridad), más que nada es un tema económico”, agregó.

Asimismo, explicó que el gasto en diversión queda relegado cuando las familias enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus ingresos, especialmente entre quienes han perdido su empleo y desconocen cuándo podrán incorporarse nuevamente a una actividad remunerada.

Además, agregó que incluso las personas que cuentan con recursos mantienen un consumo limitado, por lo que disponer de dinero no necesariamente se traduce en una mayor asistencia a eventos.

Por tal motivo, destacó que desde su perspectiva, ese comportamiento representa una dificultad para la organización de la ExpoFeria, ya que la participación de comerciantes y patrocinadores está vinculada con la expectativa de recibir público.

“Si no tenemos esa afluencia que nosotros les prometemos a nuestros expositores y patrocinadores, pues les vamos a quedar mal. Por eso se tomó la decisión”, explicó.

La presidenta de Canaco Servytur situó esta determinación dentro de un panorama de contracción económica en Mazatlán, donde, aseguró, las ventas no han mostrado el repunte esperado y los empresarios enfrentan dificultades para mantener sus establecimientos.

“Fíjate que desgraciadamente no han repuntado mucho las ventas. La verdad que la economía mazatleca sí está muy contraída. Quisiéramos que esto ya se terminara”, comentó.

En este sentido, señaló que el esfuerzo del sector empresarial por conservar sus operaciones está condicionado por la capacidad de cada negocio para cubrir sus compromisos, entre ellos salarios, impuestos y arrendamientos.

“No depende cien por ciento de nosotros que se pueda seguir aguantando las cargas que trae cada empresario. Cada uno decidirá hasta dónde aguanta nóminas, impuestos, rentas y todo lo que conlleva tener una empresa”, manifestó.

En materia de seguridad, Cázarez Oliveros expresó confianza en el trabajo de los tres niveles de Gobierno, luego de la información presentada al sector empresarial sobre las acciones que realizan las autoridades.

“Seguimos confiando en los tres niveles de Gobierno. La verdad que la información que nos presentaron, sí se ve el trabajo que están haciendo”, declaró.

No obstante, esa valoración no es suficiente para un anuncio de retomar la ExpoFeria, por lo que la dirigente mantuvo como argumento central la capacidad de gasto de las familias y la dificultad de asegurar la afluencia ofrecida a quienes participarían en el evento.

Mantener el pago de nóminas, impuestos y rentas representa una carga para los comercios de Mazatlán, cuya capacidad para continuar operando dependerá de la situación económica de cada empresa, advirtió Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán.

Ante la proximidad del cierre de año, Cázarez Oliveros expresó su expectativa de que los establecimientos cuenten con recursos para cubrir las prestaciones de sus trabajadores, aunque planteó buscar acuerdos con los colaboradores en aquellos casos donde existan dificultades económicas.

“No depende 100 por ciento de nosotros que se puedan seguir aguantando las cargas que trae cada empresario. Cada uno decidirá hasta dónde aguanta nóminas, impuestos, rentas y todo lo que conlleva tener una empresa. Esperemos que este proceso cambie muy pronto por el bien de todos los más afectados”, comentó.

Con respecto a condiciones de las empresas para cumplir con las prestaciones de fin de año, la líder empresaria señaló que espera que éstas puedan cubrirlas y, de no contar con los recursos, propuso dialogar con los trabajadores para buscar alternativas que permitan conservar los empleos. “Esperemos que sí. Y si no lo tienen, yo espero que puedan conveniar con los colaboradores, que sí entiendan la situación y que preferimos esperar un poquito a tener las prestaciones que debemos de tener”, declaró.

“Pero que realmente tengan una manera de seguir teniendo un sueldo, un trabajo estable, una empresa que no ha bajado cortinas. Aunque también tenemos que ser muy considerados”, añadió.

Sobre los establecimientos que han dejado de operar, la representante del sector comercial explicó que cada cierre responde a circunstancias particulares y no significa que otros negocios necesariamente vayan a tomar la misma decisión.

“El hecho de que alguien cierre su negocio no quiere decir que yo voy a cerrar mi negocio porque el otro ya lo cerró. La verdad que cada una de las empresas que ha bajado cortinas es por consideraciones únicas y exclusivas de cada empresa”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que el cierre de un establecimiento repercute en su cadena de proveedores, al reducir la demanda de productos y servicios que requiere para funcionar.

“Claro que sí, cada que se cierra una cortina, sabemos todo lo que impacta. Si consideramos que cada una de las empresas tiene alrededor de 50, 20, 15 proveedores a los que les consume, dejar de consumirle una sola empresa, pues siempre va a estar impactando”, expresó.

La dirigente empresarial reconoció que el cierre de un establecimiento genera un efecto dominó entre los negocios, pues sus proveedores dejan de recibir pedidos y ven reducidos sus ingresos, lo que extiende la afectación económica a otras empresas que dependen de esa relación comercial.

Cázarez Oliveros también señaló que no puede anticipar si habrá más cierres durante los meses restantes del año, debido a que desconoce las condiciones financieras de cada establecimiento y su capacidad para sostener los gastos.

“Quisiéramos que no. No te puedo decir si va a seguir ocurriendo porque es algo que no depende de mí. No conozco la situación económica de cada uno de los negocios como para decirte: si esto no sube o sus ingresos no son los suficientes de aquí a diciembre, van a bajar cortinas”, manifestó.

Ante estas dificultades, anunció que Canaco Servytur impulsará próximamente una campaña para fomentar el consumo local, con la intención de respaldar a los comercios y mantener la circulación del dinero en la ciudad.

Por tal motivo, la dirigente llamó a reducir las compras en línea a empresas externas y dar preferencia a los establecimientos mazatlecos, como una medida para contribuir a su permanencia.

“Pero como mazatlecos tenemos que apoyarnos a consumir en nuestras empresas locales para que la economía siga circulando y podamos seguir teniendo más empresas abiertas”, puntualizó.