La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hogares de Baja California Sur continúan enfrentando problemas por robos, ya que durante septiembre se denunciaron 48 casos de robo a casa habitación, lo que equivale a cerca de 1.6 hechos diarios. Además, en el conjunto de los delitos de robo registrados en la entidad se contabilizaron 299 denuncias durante ese mes, es decir, casi 10 casos por día, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Las estadísticas muestran que entre enero y septiembre de 2026 se acumularon 618 denuncias por robo a vivienda en la entidad. De ese total, 580 ocurrieron sin violencia y 38 involucraron algún tipo de agresión o intimidación contra las víctimas. La mayoría de los casos correspondieron a robos cometidos cuando no hubo confrontación directa con los habitantes. 

Aunque septiembre registró uno de los niveles más bajos del año en este delito, con 48 denuncias, la problemática sigue presente en distintos municipios del estado. Meses anteriores, como enero y mayo, alcanzaron 77 reportes cada uno, mientras que julio cerró con 72 casos y agosto con 67. 

Los datos también reflejan que el robo en general continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en Baja California Sur. Entre enero y septiembre se iniciaron 3,200 carpetas de investigación por distintos tipos de robo, incluyendo afectaciones a viviendas, vehículos y motocicletas. 

En materia de vehículos, se contabilizaron 241 robos de automóviles de cuatro ruedas y 184 de motocicletas durante los primeros nueve meses del año. En ambos casos predominó la modalidad sin violencia. Por otra parte, los delitos contra el patrimonio sumaron 7,049 denuncias en el periodo analizado. 

Las cifras evidencian que, pese a variaciones mensuales, los robos siguen representando una preocupación para las familias sudcalifornianas. Los registros oficiales muestran que este tipo de delito mantiene una presencia constante en la entidad, especialmente en lo que respecta a las afectaciones al patrimonio de los hogares. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur resolvió las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de diversos entes públicos, aprobando las del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de Comondú y de la Administración Portuaria Integral (API), mientras que rechazó las presentadas por el Ayuntamiento de Loreto y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de Comondú. 

La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria celebrada este 22 de octubre, luego de que el pleno analizara los dictámenes elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Dicho órgano legislativo es encabezado por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y cuenta con la participación de la diputada Teresita Valentín y el diputado Fernando Hoyos.  

En el caso del Ayuntamiento de Loreto, la revisión financiera derivó en 38 observaciones preliminares. Según el dictamen, únicamente tres fueron solventadas en una primera etapa. No obstante, durante los procesos posteriores de aclaración y revisión, la autoridad municipal presentó documentación que permitió justificar recursos adicionales observados por los auditores. 

Por otra parte, la auditoría practicada al Oomsapas de Comondú arrojó un total de 50 observaciones que permanecieron sin solventarse. De acuerdo con los resultados expuestos ante el Congreso, la falta de documentación comprobatoria mantiene pendientes de aclaración recursos por alrededor de 41.9 millones de pesos.  

Ante estos hallazgos, el Poder Legislativo instruyó a las autoridades competentes a continuar con los procedimientos legales correspondientes derivados de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado. Las medidas buscan determinar posibles responsabilidades administrativas o legales relacionadas con el manejo de los recursos públicos.  

Finalmente, el Congreso estatal reiteró que estas resoluciones forman parte de los mecanismos de fiscalización destinados a garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la transparencia gubernamental y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. 

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