Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregaron expedientes médicos y evaluaciones psicológicas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para documentar afectaciones que denuncian por los descuentos aplicados a sus pensiones desde enero, como parte de la reingeniería financiera de la institución.

Rubén Darío Rivera Montoya, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Adquiridos, explicó que la documentación fue presentada a solicitud del organismo, que se comprometió a concluir la revisión de sus planteamientos y emitir una respuesta.

Entre los documentos entregados se encuentran certificados médicos y hojas de servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, actas de nacimiento y evaluaciones psicológicas de los jubilados que cuentan con ellas.

También proporcionaron información sobre los integrantes del movimiento que han fallecido desde que comenzaron las protestas contra las medidas financieras de la UAS.

“Hay varios compañeros que tenemos examen psicológico en virtud de la afectación que nos ha causado esta medida de la Universidad”, señaló Rivera Montoya.

El representante explicó que un día antes habían sostenido una reunión con Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, quien los atendió y solicitó los documentos complementarios para continuar con la revisión de sus casos.

“Nos pidieron unos documentos complementarios para efecto de ellos darle por ahí el resultado final, que no sabemos cuál vaya a ser este”, comentó.

Los jubilados buscan que la Comisión considere las condiciones de salud y vulnerabilidad en las que se encuentran, pues aseguran que las retenciones reducen los recursos disponibles para atender sus necesidades médicas.

La reingeniería financiera de la UAS comenzó a aplicarse en enero de 2026 e incluye descuentos escalonados a las pensiones de los trabajadores retirados.

Los inconformes sostienen que las medidas afectan sus derechos adquiridos y han recurrido a instancias laborales para intentar detener las retenciones.

Rivera Montoya expresó que, aunque esperan una resolución favorable de la Comisión, mantienen dudas sobre el alcance de su intervención.

“Esperamos nosotros que realmente la Comisión haga lo que tenga que hacer, pero no estamos seguros de ello porque nos explicaban que tiene limitaciones por el mismo estatuto, por los mismos principios que tienen como Comisión de Derechos Humanos”, manifestó.

El integrante del Frente reiteró que su exigencia es que se respeten sus derechos humanos, considerando que las medidas implementadas por la Universidad afectan a personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

“Estamos en esta lucha en la intención de poder lograr el respeto a nuestros derechos humanos como adultos mayores en estado de vulnerabilidad”, expresó.

Tras las actividades frente a la Comisión, los jubilados se trasladarían al crucero de las avenidas Álvaro Obregón y Zapata, donde realizaban sus manifestaciones frente a Catedral.

Existe una gran preocupación de que todavía haya trabajadores de algunas universidades del País ganando por debajo del salario mínimo constitucional, con lo que se violenta la Constitución del País y la Ley Federal del Trabajo, manifestó el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios, José de Jesús Becerra Santiago.

“Venimos a debatir sobre las problemáticas principales que enfrenta el sector de manera particular y una de ellas tiene que ver con una gran preocupación que tenemos el hecho de que existan todavía al día de hoy trabajadores universitarios ganando por debajo del mínimo constitucional”, añadió Becerra Santiago al informar que este miércoles se realizará en Mazatlán la Asamblea General Extraordinaria de la Ansau.

“Existen trabajadores universitarios, de los que yo tengo conocimiento de la Universidad Veracruzana, en la Universidad de Morelos, en la Universidad de Guanajuato ganando por debajo del salario mínimo constitucional, somos el único sector público-privado del País que tiene trabajadores ganando por debajo del salario mínimo y lo cual nos parece que es una de nuestras principales demandas debido a que se está violentando de manera muy clara la Constitución y la Ley Federal del Trabajo”.

En conferencia de prensa, recalcó que por este concepto la Federación tiene un adeudo importante con las universidades públicas, porque si bien es cierto que las universidades en mención en la práctica y en los hechos tienen trabajadores ganando por debajo del salario mínimo, la verdad es que en las demás universidades las rectoras y rectores han hecho un gran esfuerzo para que eso no venga pasando, pero generalmente con recursos generados por las propias instituciones.

“Porque en los convenios que firma la Federación, los gobiernos de los estados y las autoridades universitarias existen más de 56 mil puestos por debajo del salario mínimo, es decir, la Federación, los gobernadores, las gobernadoras de los estados están firmando esos convenios con 56 mil puestos por debajo del salario mínimo”, recalcó.

2Nosotros estamos diciendo ante nuestras autoridades, ayer tuvimos una reunión con el secretario ejecutivo de la Anuies (Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior), que es la asociación que integra a las y los rectores de instituciones de educación superior en nuestro País, diciéndole que estaban firmando ese documento y que ese documento que firmaban violenta la Constitución y no es posible que las autoridades federales gubernamentales y universitarias lo vengan firmando de esa manera”.

Precisó que por el complemento que dan las rectoras y rectores con recursos propios de las instituciones educativas, en los hechos son cerca de 6 mil los trabajadores universitarios que ganan todavía por debajo del salario mínimo y son quienes realizan desde actividades docentes hasta administrativas.

“Entonces es una de nuestras principales demandas: que se garantice que ningún trabajador universitario debe de estar ganando por debajo del mínimo y estamos pidiendo lo que marca simplemente la Constitución”, reiteró, acompañado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sección Administrativos, Isfa Bernabé Leal Salazar, entre otros.

También reconoció el esfuerzo que han hecho algunas instituciones universitarias para reformar sus sistemas de pensiones, pues son el sector público del País que más reformas han hecho a sus modelos de pensiones y se llevan cerca de 70 reformas en las diferentes universidades de la República Mexicana, con lo que se le han ahorrado a la Federación cientos de miles de pesos de pasivo contingente.

Subrayó que ha sido un sector muy responsable; no ha sido así en otros casos del sector público donde ya gran parte de las pensiones del sector público que paga el Gobierno son una parte importante de los recursos totales a distribuir.

“Entonces pedimos reciprosiadd por parte del Gobierno federal y de los gobiernos estatales para apoyar este tipo de reformas, este tipo de esfuerzos que vienen haciando los tyrabajadores y las universidades”, asentó.

También dijo no descartar algún tipo de manifestación para exigir a la federación y a los gobiernos de los estados que amplíen su apoyo a las universidades públicas del País.

Trabajadores activos y jubilados de Pemex realizan la mañana de este lunes una manifestación pacífica frente a la Planta de Almacenamiento La Esperanza para exigir que les restituyan el derecho a la atención a la salud.

Con lonas y cartulinas se instalaron desde las 6:30 horas a cerca de las 10:00 horas frente a dichas instalaciones sin obstruir la entrada y salida del personal ni las operaciones de la planta ubicada en la Colonia Emiliano Zapata.

Dijeron que como no hay en Mazatlán y la región un hospital de Pemex, les otorgan el servicio de manera subrogado a través de clínicas y hospitales privados, pero lo han hecho de manera intermitente y durante el último año se agravó la desatención.

“Esto ya tiene varios años, pero ahora en el último año se ha recrudecido de tal manera que no tenemos nada”, dijo el trabajador jubilado Rubén Romero Ibarra.

“La exigencia es que se nos repongan los servicios médicos completos, están violando ahorita la cláusula 89 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.

Dijo que en la manifestación participan tanto trabajadores activos y jubilados tanto de la Planta de Almacenamiento La Esperanza como de la Terminal Marítima ubicada en los muelles del Canal de Navegación.

Los derechohabientes afectados suman más de mil personas tanto de trabajadores activos y jubilados y sus familiares, se dio a conocer en el lugar de la manifestación pacífica.

Precisó que en total en Mazatlán se tienen registrados 150 trabajadores jubilados y 200 activos, más sus familiares, por lo que en total suman cerca de mil derechohabientes que exigen la restitución total del servicio médico.