El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa teme por la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral federal de 2027, por lo que planea implementar una estrategia especial para prevenir y atender posibles agresiones, aseguró su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Señaló que el organismo mantiene la alerta debido a que, históricamente, las agresiones contra ambos sectores aumentan durante los procesos políticos.

“Todavía estamos en alerta, tememos por la protección, la seguridad de periodistas y defensores, por lo que se viene el año político, donde sabemos que el incremento de agresiones tristemente se da. Estamos generando un programa para hacer frente a este tipo de cuestiones y estar muy al pendiente de la situación, tanto en el centro, norte y sur del Estado”, expresó.

Explicó que el programa consistirá en acciones de coordinación con instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, así como con dependencias encargadas de la protección y atención de víctimas.

“Son acciones de coordinación y despliegue de personal. Así lo hemos hecho en otras oportunidades... con instancias de seguridad pública tanto municipal, estatal y también nacional... la coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, y todas las instancias internas que pudiéramos nosotros requerir para dar una atención lo más rápido posible, desde Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, indicó.

Agregó que el instituto desplegará personal en las principales regiones de Sinaloa para fortalecer la atención durante el desarrollo de las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recientemente aprobó el calendario del proceso electoral federal 2026-2027, el cual iniciará formalmente el 10 de septiembre de este año y concluirá con la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales.

La elección coincidirá con comicios locales en las 32 entidades del País, donde estarán en disputa más de 19 mil cargos públicos, incluidas 17 gubernaturas.

Al igual que en otras ciudades del estado, este lunes se realizó una manifestación frente al Registro Civil en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Mazatlán ante las trabas que sufrió un matrimonio igualitario para registrar a su hija en este puerto.

La integrante de la Colectiva Feminista Perlas del Pacífico, Frida Izaguirre, expresó que a nombre de 16 colectivos y organizaciones civiles a nivel estatal y nacional decidieron manifestarse de manera simultánea en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Guasave denunciando uno de los actos de discriminación cometidos por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Sinaloa y por parte de su personal en contra de una pareja de mujeres legalmente casadas y de su hija recién nacida.

“La familia a la que se le negó el registro de su hija por dos madres en el Registro Civil en dos ocasiones, la primera fue el 17 de julio y la segunda el 23 de julio, pese a que acudieron con acompañamiento institucional de la Secretaría de Mujeres”, añadió Frida Izaguirre.

“Durante el primer intento del trámite el personal les negó el derecho y les exigió presentar un expediente médico de reproducción asistida, un requerimiento que no se pide por ley a matrimonios y que jamás se solicita a parejas heterosexuales, incluso se les sugirió registrar a la niña únicamente con una de sus madres, desconociendo los efectos jurídicos del matrimonio igualitario que desde el 2021 en nuestro estado es igualitario”.

Precisó que fue hasta el 27 de julio cuando la niña obtuvo su acta de nacimiento gracias al acompañamiento de colectivas, organizaciones de la sociedad civil, la presión social, la intervención de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, por lo que se celebra que se hayan garantizado los derechos de dicho matrimonio.

Entre varios puntos de un pronunciamiento dado a conocer públicamente en la manifestación que comenzó cerca de las 9:00 horas, se le exigió a la Gobernadora del estado, Yerandine Bonilla Valverde, que se investigue la responsabilidad administrativa de la Directora General del Registro Civil y se valore su permanencia en el cargo.

“Que se investigue y se sancione a todas las personas servidoras públicas involucradas en estos actos. Tres: que el Gobierno del estado reconozca públicamente que estos hechos constituyeron un acto de discriminación y una violación de los derechos humanos”, continuó.

“Cuatro: que ninguna Oficialía del Registro Civil vuelva a exigir requisitos que la ley no contempla. Cinco: que se emita un protocolo estatal para el reconocimiento de la filiación de las familias de la diversidad sexual y de género”.

Además exigieron que se garantice el reconocimiento inmediato de la afiliación de las hijas e hijos de matrimonios conformados por parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones como indica la ley, así como que el Gobierno del estado establezca una mesa permanente de trabajo con el Congreso del Estado de Sinaloa, Organizaciones de la Sociedad Civil y personas especialistas de la diversidad sexual y de género para impulsar la armonización del marco jurídico y estatal.

También se exigió respaldar la aprobación de la reforma en materia de filiación voluntaria a fin de garantizar el reconocimiento pleno de comaternidades, copaternidades y demás formas de familias diversas y mientras esas reformas se aprueban que se adopten medidas que brinden certeza jurídica a las familias de la diversidad que viven en concubinato o fuera del matrimonio, entre otros puntos.

Hasta junio de 2026, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa documentó 45 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, informó su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Detalló que, de los 45 casos registrados durante el primer semestre del año, 27 corresponden a personas defensoras de derechos humanos, 17 a periodistas y uno a un familiar.

Para atender estas situaciones, señaló, el Instituto otorgó 239 medidas de protección.

“Hemos tenido 45 casos de agresiones de ellas, 27 son defensoras de derechos humanos, 17 periodistas y un familiar de uno u otro”, apuntó.

Bernal Arellano explicó que las amenazas de muerte fueron la agresión más recurrente, con 21 casos, seguidas por el robo de equipos de trabajo, actos de intimidación mediante persecución vehicular, descalificación de la labor periodística, intimidaciones en domicilios, amenazas con arma de fuego, censura y obstaculización del ejercicio periodístico, además de agresiones físicas, daños a equipo de trabajo y otros hechos.

“La principal agresión son las amenazas de muerte en 21 oportunidades, sustracción de sus equipos de trabajo en tres oportunidades, actos de intimidación mediante persecución vehicular”.

“Actos de intimidación en domicilio en dos oportunidades; amenaza con arma de fuego en dos oportunidades; privación de la libertad personal de familiar, en dos oportunidades; censura, dos casos; obstaculización de la labor periodística, dos casos: descalificación de la labor de defensa de derechos humanos en una oportunidad y en una oportunidad ataques a defensores con armas de fuego”, explicó.

En cuanto a los presuntos responsables, indicó que en 19 casos se señaló a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales; 16 a particulares sin ese vínculo; tres a servidores públicos estatales; dos a municipales; tres a federales y ocho a personas armadas.

Aunque señaló que este año las cifras son ligeramente menores que las registradas en el mismo periodo de 2025.

“Este 2026 ha sido un poquito más reservado, pero estamos muy cerca de lo que vivió 2025”, dijo.

Añadió que el Instituto ha detectado un repunte de agresiones contra periodistas independientes, principalmente entre quienes cubren nota roja, realizan crítica política o publican información relacionada con el crimen organizado.

“Hay un repunte a periodistas independientes y sobre todo a periodistas de nota roja... de crítica política también y sobre todo compañeros que escriben sobre el crimen organizado”.

Como antecedente, informó que tras la reciente agresión contra un domicilio vinculado al director general de Adiscusión, César Millán Lafarga, el Instituto se puso en contacto con él para brindarle medidas de protección y orientarlo sobre las instancias competentes para la investigación del caso.