La Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán inició un procedimiento administrativo correspondiente contra Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos”, por dejar de presentarse a laborar desde hace casi dos semanas, informó el titular de la dependencia Ricardo Arturo Sainz López.

Explicó que, al detectar las inasistencias del trabajador, levantaron un acta circunstanciada y posteriormente notificaron a Recursos Humanos, quien será el área encargada de determinar la situación laboral del empleado.

Detalló que Ojeda Avilés tenía aproximadamente un año trabajando en la dependencia como personal de confianza y estaba asignado al área de Medio Ambiente.

“En términos de recursos humanos se hizo un levantamiento de un acta circunstancial donde con testigos ahí se da fe de que la persona no fue a trabajar y se le dio aviso a Recursos Humanos y procedió allá a lo correspondiente que seguramente va a ser la baja, ellos van a seguir como Recursos Humanos”, indicó Sainz López.

“No sé si se le dio baja todavía, seguramente sí, pero nosotros cumplimos con un acto circunstancial donde informamos a Recursos Humanos que la persona no ha asistido”.

De acuerdo con la Alcaldesa interina de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal, el empleado habría dejado de presentarse a trabajar un día antes de la acusación del Departamento del Tesorero de Estados Unidos, el pasado 22 de mayo.

El Gobierno de Estados Unidos identificó a Ojeda Avilés como presunto integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, también estaría relacionado con operaciones para movilizar recursos obtenidos del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Sainz agregó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha sido requerido por ninguna autoridad para proporcionar información relacionada con el caso.

Señaló además que, según lo informado por Recursos Humanos, el trabajador cumplió con la documentación solicitada para su contratación, incluida la carta de no antecedentes penales emitida por la Fiscalía General del Estado.

“Lo mismo que dijo la Alcaldesa: no fuimos requeridos por alguna instancia externa en el Ayuntamiento o el mismo Ayuntamiento sobre información sobre este chavo. Incluso, lo que me comenta Recursos Humanos es que en su integración del expediente para darlo de alta cumplía con el requisito de no antecedentes penales... entonces no había indicios de que pasara algo”, expresó.

Respecto a una posible baja inmediata tras conocerse los señalamientos, indicó que esa decisión corresponde a las áreas administrativas, mientras que como jefe inmediato lo que procedía era documentar las inasistencias y reportarlas conforme al procedimiento establecido.

“Yo no soy el administrativo en el tema de las altas y las bajas, pero lo que nosotros hicimos es que la persona no se presentó a trabajar. Eso es lo que sí nos corresponde como Secretaría de Desarrollo Urbano y como jefe inmediato”, dijo.

Cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir entrevistas ministeriales dentro de una investigación abierta en México.

Entre quienes confirmaron públicamente su comparecencia se encuentran el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, que renunció a su fuero, Enrique Inzunza Cazárez; el vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; y el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza.

Además, durante la jornada también trascendió la presunta presentación del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aunque el político no fue visto por la prensa apostada afuera de las instalaciones federales ni ha emitido algún posicionamiento público al respecto.

Las comparecencias ocurren luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. De manera paralela, la FGR mantiene una investigación propia en México, la cual, de acuerdo con los propios comparecientes, no está coordinada con la investigación estadounidense, aunque deriva de los mismos señalamientos.

El primero en declarar públicamente fue Dámaso Castro Saavedra, ofreciendo atención presencial a la prensa en la que negó cualquier relación con “Los Chapitos”.

“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.

El ex vicefiscal sostuvo además que mantiene confianza en las instituciones encargadas de las investigaciones.

“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, declaró.

Minutos después, Rubén Rocha Moya informó mediante redes sociales que ya había comparecido ante una agente del Ministerio Público Federal y posteriormente se retiró de las instalaciones.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.

El mandatario estatal aseguró que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y afirmó confiar en el sistema judicial mexicano y en las instituciones de justicia del país.

Además, manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional. Cabe destacar que Rocha Moya no fue visto a las afueras de las instalaciones de la FGR.

Por su parte, Marco Antonio Almanza rechazó cualquier posibilidad de acogerse a la figura de testigo protegido y afirmó que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró al arribar a la FGR.

El ex jefe de la Policía de Investigación confirmó que acudió en calidad de testigo dentro de la investigación que desarrolla la autoridad federal mexicana y reiteró que colaborará tanto con autoridades nacionales como estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, insistió.

El último en pronunciarse públicamente fue Enrique Inzunza Cazárez, quien informó a través de redes sociales que acudió de manera puntual al citatorio formulado el pasado 23 de mayo.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación”, publicó.

El legislador aseguró que compareció sin representación legal y como abogado de sí mismo.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.

Inzunza también sostuvo que mantendrá disposición permanente para atender cualquier requerimiento de las autoridades sin recurrir a las excepciones contempladas para legisladores federales.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, añadió.

El Senador llegó a las instalaciones federales en un vehículo particular conducido por un chofer y evitó a la prensa a su ingreso. Posteriormente abandonó el inmueble por una puerta alterna, en una salida facilitada por personal de la propia Fiscalía, sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.

Durante gran parte de la jornada, medios de comunicación permanecieron apostados en las inmediaciones de la delegación de la FGR en espera de la llegada o salida de los funcionarios señalados.

Aunque trascendió que Juan de Dios Gámez Mendívil también habría acudido a comparecer, el alcalde con licencia no fue captado por reporteros ni fotógrafos presentes en el lugar y hasta el cierre de esta edición no había confirmado públicamente su asistencia.

Desde finales de abril diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses enfrentan acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente operar una red política que favoreció al crimen organizado.

Los funcionarios señalados por Estados Unidos y que acudieron para atender el citatorio de la FGR son Rocha Moya, Gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, Senador por Morena y ex secretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, ex vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la policía de Investigación de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán.

Por su parte Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentran en Estados Unidos pues se entregaron a las autoridades a mediados de mayo.

Cabe destacar que respecto al resto de los señalados por Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’, ex jefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, ex subdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, se desconoce si recibieron citatorios por parte de la FGR ya que no lo han hecho público y no acudieron este martes a las instalaciones federales.

CULIACÁN._ Detrás de las acusaciones realizadas desde Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses existe una intención de afectar la soberanía nacional de México, afirmó la Senadora Imelda Castro Castro durante una asamblea informativa realizada este viernes en el sector Juntas de Humaya, en Culiacán.

La legisladora estuvo acompañada por los diputados locales Pedro Lobo y Serapio Vargas Ramírez. Entre los asistentes también estuvo presente Julio Duarte Apan, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

Durante su mensaje, Castro Castro acusó que el gobierno estadounidense mantiene una postura intervencionista frente a México.

“No es posible que los Estados Unidos, este gobierno, ahora de Donald Trump, sigan pensando como hace mucho tiempo de que son el policía del mundo y ellos acusan”, expresó.

La Senadora aseguró que los señalamientos contra funcionarios sinaloenses forman parte de una presión política hacia México.

“No nos quedemos con la parte del escándalo y esas cosas, sino que debemos entender que detrás de esas acusaciones en Sinaloa hay una intención de afectar nuestra soberanía nacional”, sostuvo.

“Quieren imponerle a México con sus acusaciones, le quieren decir a México, su gobierno cuándo deben castigar a tales o cuáles personas”.

Sin embargo, aclaró que cualquier acusación debe atenderse con responsabilidad y sin impunidad.

“Cualquier acusación internacional o nacional se tiene que ver con responsabilidad y no debe de haber tampoco impunidad”, afirmó.

La Senadora también reconoció la decisión del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y del Gobernador Rubén Rocha Moya de separarse temporalmente de sus cargos ante los señalamientos.

“Yo en su momento reconocí a nuestro Alcalde de Culiacán y a nuestro Gobernador que pidieran licencia. Es un reconocimiento a la responsabilidad”, comentó.

Castro Castro señaló además que los representantes populares no deben esconderse en momentos de crisis política y defendió la realización de las asambleas informativas para rendir cuentas a la ciudadanía.

“El político, el representante popular, el gobernante que se esconde cuando hay tiempos difíciles, ese no era el que ustedes querían”, comentó.

Durante el encuentro también habló sobre parte de la agenda legislativa impulsada por Morena en el Senado, entre ellas la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, medida con la que aseguró se recuperarían cerca de 5 mil millones de pesos.

“Ya no más nadie va a estar teniendo una pensión de un millón de pesos”.

Asimismo, mencionó reformas relacionadas con violencia contra las mujeres y medidas de austeridad para reducir recursos destinados a congresos y órganos legislativos.

Aseguró que estas asambleas buscan no solo informar sobre el trabajo legislativo, sino escuchar directamente a la ciudadanía.

“Estamos convencidos, convencidas que al pueblo se le debe estar siempre rindiendo cuentas”, expresó.

El Director de la Policía Municipal de Culiacán, Jonathan Macedo, confirmó que Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, identificado en la acusación presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, dejó de pertenecer a la corporación desde noviembre de 2024, luego de no presentarse a laborar.

La baja del ex Comandante ocurrió en medio de la crisis de violencia derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó en septiembre de 2024 y provocó un repunte de hechos violentos en distintos municipios del Estado.

De acuerdo con Macedo, Valenzuela Millán dejó de ser elemento activo luego de no presentarse a laborar, por lo que actualmente ya no forma parte de la corporación municipal.

“No es elemento, ya no pertenece a la Policía Municipal y ya las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones”, declaró.

Al ser cuestionado sobre desde cuándo causó baja, el director explicó que la separación ocurrió desde noviembre de 2024.

“Se dio de baja porque ya no se presentó a laborar. Desde (noviembre de) 2024”, señaló.

Respecto a si la Policía Municipal ha sido requerida dentro de las investigaciones relacionadas con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, Macedo indicó que hasta el momento no han recibido solicitudes oficiales.

“No, hasta el momento no. Entonces yo creo que en su momento las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones y pedirán la documentación que requieran”, comentó.

Juan Valenzuela Millán aparece en la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos como ex Comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, dentro de una lista de funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esa misma acusación también son mencionados el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

El trabajador del Ayuntamiento de Culiacán señalado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa dejó de presentarse a laborar antes de que el caso se hiciera público, informó la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Explicó que el Ayuntamiento no recibió ninguna notificación formal relacionada con las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos”.

“Nosotros formalmente no hemos recibido ningún tipo de notificación. Tengo entendido que el trabajador desde un día antes de que salieran todas estas notas no había acudido a laborar”, declaró.

La Alcaldesa señaló que el empleado cumplió con los requisitos administrativos solicitados por el Gobierno Municipal para su contratación y aclaró que no formaba parte del personal sindicalizado.

“Incluso tenemos a todos los trabajadores como Ayuntamiento, nosotros solicitamos cartas de no antecedentes penales. En este caso, él cuenta con una carta de no antecedentes penales”, comentó.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Ojeda Avilés se desempeñaba como auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán hasta junio de 2025.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló esta semana de presuntamente encabezar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, además de participar en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.

En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.

Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.

Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.

Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.

Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.

En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.

El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.

Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.

“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.

Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.

Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.

En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.

Enrique Inzunza Cazárez, Senador de Morena por Sinaloa y parte de los funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de favorecer al crimen organizado, desmintió la versión que circula sobre su presunto arresto o entrega.

El legislador señaló que se deslinda de las imputaciones que se le han formulado y asegura que no ha contratado a un abogado.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, publicó vía X.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”

Inzunza Cázarez agregó que atenderá los señalamientos que se le han presentado conforme lo mandaten las autoridades mexicanas.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, estableció.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.

Los rumores alrededor del Senador tomaron fuerza en el contexto de las detenciones previas de otros funcionarios del círculo cercano al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con la recepción de sobornos a cambio de facilitar operaciones criminales y advertir sobre operativos policiales.

Reportes en redes sociales señalaban que Inzunza Cázarez podría ser el siguiente en entregarse a las autoridades estadounidenses en San Diego, California.

El legislador es uno de los 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión bajo el sistema judicial estadounidense.

A diferencia de Rocha Moya y del Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza Cázarez es el único de los tres principales señalados que no ha pedido licencia para separarse de su cargo, por lo que conserva el fuero constitucional.

El Senador también vinculó las acusaciones en su contra con su posicionamiento previo contra el presunto operativo conjunto entre la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la CIA.

La acusación del DOJ describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con Inzunza Cázarez como supuesto enlace entre los líderes criminales y el Gobernador Rocha Moya.