La paz no se construye solamente combatiendo la violencia, sino también evitando que las armas se encuentren en las comunidades, por ello se impulsa el Programa de Desarme Voluntario en todo el País, manifestó el Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza.

En su mensaje en las Jornadas de Paz y la Campaña de Desarme Voluntario que se realizó este jueves en la cancha de fútbol de la Colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, agregó ante decenas de asistentes que pocas decisiones expresan con tanta claridad la virtud de una sociedad como aquella de renunciar voluntariamente a un instrumento de violencia para privar de la vida.

Recalcó que bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, México avanza mediante una Estrategia Nacional de Seguridad sustentada en cuatro ejes fundamentales, el primer es la Atención a las Causas, el segundo es la Consolidación de la Guardia Nacional, el tercero la Inteligencia y la Investigación y sobre todo la Coordinación entre las instituciones de seguridad.

“En cuanto al primer eje, en Atención a las Causas, tenemos una convicción clara: la paz no se construye solamente combatiendo la violencia, sino se hace evitando que (las armas) se encuentren en un lugar de nuestras comunidades, por eso impulsamos el Programa de Desarme Voluntario mediante el cual la ciudadanía ha entregado más de 378 mil armas de fuego en todo el País”, recalcó Torruco Garza.

“Solamente aquí en Mazatlán se han entregado 10 mil armas de fuego, miles de riesgos han sido retirados de nuestros hogares, miles de oportunidades para evitar tragedias y proteger nuestras vidas”.

En el evento que también fue presidido por la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, entre otras autoridades civiles y militares, expresó que por parte de las instituciones de seguridad, mediante la inteligencia, la investigación y los operativos coordinados contra grupos delincuenciales se han asegurado alrededor de 40 mil armas de fuego.

“Son dos responsabilidades complementarias por parte del Estado Mexicano: combatir a quienes ejercen la violencia, pero también prevenir que las armas arrebaten la vida de nuestros vecinos y sobre todo de los hombres inocentes y las mujeres inocentes”.

Dijo que se sabe también que muchas armas provienen del tráfico ilícito y que la posesión no autorizada de armamento es de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas, sin embargo, mediante el desarme voluntario pueden entregarlos anónimamente sin interrogación y sobre todo para que la puedan intercambiar por una remuneración económica.

“Aquí en Mazatlán estamos haciendo estas Jornadas de Paz con instituciones del Estado Mexicano, con miembros también de las Fuerzas Armadas; la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sobre todo la coordinación de las vecinas y los vecinos”, expresó.

Recalcó que las Jornadas de Paz se realizan por instrucción de la Presidenta de la República para ir directamente a los hogares, de casa en casa y de corazón en corazón para atender a las familias.

“Para atender directamente a ustedes, las vecinas y los vecinos y de manera directa podamos ayudar a solucionar cualquier tipo de problemática”.

Dijo que estar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un honor, sobre todo en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, porque es el lado humano y social que está atendiendo directamente las causas de la violencia, un eje fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Gracias a los esfuerzos de este gran operativo se han hecho a un lado de las casas 478 mil artefactos y se han destruido.

“Si ustedes conocen a una vecina, a un vecino, a una amiga, a un amigo que tenga un arma de fuego en casa pueden venir aquí de manera anónima, venir al stand de Desarme Voluntario, entregan esas armas, no se les cuestiona nada, se les da una remuneración económica a cambio”, continuó.

“Y sobre todo ustedes se dan la paz de que esa arma no generará violencia, no provocará ninguna muerte, ni una desgracia y que esa desgracia puede cambiarle la vida a nuestros jóvenes, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras familias aquí en Sinaloa”.

Durante el recorrido por los diferentes stands de información y servicios, las autoridades presenciaron la entrega voluntaria de un arma de fuego larga y la destrucción de la misma por parte de personal del Ejército Mexicano y al donante se le dio a cambio 32 mil 960 pesos.

Podría ser en enero cuando se inaugure el Centro Comunitario “México Imparable” de Mazatlán, el cual tendría capacidad de atender gratuitamente a cerca de mil jóvenes al día mediante actividades deportivas, culturales y servicios de atención a la salud mental.

El Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, detalló en su visita a Mazatlán que la construcción del espacio se encuentra próxima a concluir y forma parte de las acciones de atención a las causas contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Tenemos el Centro Comunitario México Imparable, que ya debe de estar por consumarse la construcción y lo deberemos estar inaugurando el próximo mes de enero aproximadamente”, comentó.

“Tiene la capacidad para atender a mil jóvenes diariamente, tendrá tres ejes fundamentales, que es el deporte, la cultura y la atención a la salud mental”, agregó.

Torruco Garza señaló que el proyecto, que se desarrolla en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sección 5, busca ofrecer a la juventud un espacio de atención con tres áreas de trabajo, como parte de las medidas de prevención que se impulsan en la entidad.

En este sentido, indicó que actualmente se trabaja en dos centros comunitarios de este tipo en Sinaloa, uno en Mazatlán y otro en Culiacán, con una inversión de 10 millones de pesos por cada espacio.

Asimismo, mencionó que a estos proyectos se sumaría la construcción de nueve centros adicionales, por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura de atención gratuita a jóvenes en otros municipios del estado.

“La Presidenta también ya dio la indicación de que hagamos nueve centros comunitarios más, en total van a ser alrededor de 12, o uno más, uno menos, de los cuales, cada centro comunitario tiene una inversión de 10 millones de pesos”, dijo.

De esta forma, el funcionario expresó que a partir de enero del 2027, se buscarán terrenos en coordinación con el Gobierno de Sinaloa, para determinar donde puedan desarrollarse estos nuevos espacios.

“A partir de enero ya estamos buscando terrenos junto con la Gobernadora (Graciela Domínguez Nava), para poder implementar esos nueve centros comunitarios extras, para que atiendan a mil jóvenes cada centro comunitario de manera gratuita. Es muy importante mencionarlo”, manifestó.

Torruco Garza precisó que los municipios que recibirían estos proyectos todavía están por definirse.

Y detalló que se analizan las condiciones de violencia para determinar dónde se requiere fortalecer la atención a la juventud.

“Se está analizando, derivado también con el Sistema Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para identificar los municipios que tengan cierto índice de violencia, cierta percepción de violencia, para atender directamente las causas con la juventud”, puntualizó.

El Subsecretario de Prevención de las Violencias mencionó que los centros comunitarios se complementan con las Jornadas de Paz, mediante las cuales se realizan visitas casa por casa para identificar necesidades y canalizar a jóvenes y familias a servicios educativos, médicos y de otras instituciones.

Aproximadamente 10 mil 500 artefactos han sido destruidos en Mazatlán mediante el programa de Desarme Voluntario y las Jornadas de Paz, en el que se han ejercido alrededor de 850 mil pesos en incentivos económicos para la población que entrega armamento.

Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias, expresó que esta estrategia busca retirar armas de los hogares para reducir el riesgo de situaciones de violencia que puedan afectar a jóvenes y familias.

“El día de hoy estamos aquí en la Jornada de Paz para promover sobre todo un desarme voluntario. En Mazatlán solamente llevamos aproximadamente 10 mil 500 artefactos destruidos y un dato muy importante es que se han ejercido aquí alrededor de 850 mil pesos en cuanto al intercambio armamentístico”, comentó.

“¿Qué quiere decir el desarme voluntario? La misma población es la que entrega de manera anónima armas, se destruyen en ese preciso momento y se les da un recurso económico a cambio”, agregó.

Torruco Garza detalló que las personas pueden entregar las armas de manera anónima y recibir a cambio un recurso económico, donde el armamento se destruye en ese momento.

“La misma población es la que entrega de manera anónima armas, se destruyen en ese preciso momento y se les da un recurso económico a cambio”, dijo.

En lo que respecta a los municipios en Sinaloa con mayor entrega de armamento, el funcionario identificó a Culiacán como uno de los principales puntos de captación, aunque resaltó que el reporte de Mazatlán se daría a conocer al concluir estas jornadas.

“Pues Culiacán, y ahorita aquí en Mazatlán ya les daremos el reporte más saliente cuando termine la jornada”, dijo.

En este sentido, Torruco Garza sostuvo que retirar armamento de las viviendas puede evitar que una situación de tensión derive en una agresión, particularmente cuando jóvenes u otros integrantes de una familia tienen acceso a un arma.

El Subsecretario de Prevención de las Violencias también aseguró que el 80 por ciento de las armas que llegan a México provienen de Estados Unidos y el resto de Europa y otras partes del mundo.

“El 80 por ciento viene de Estados Unidos, el 20 por ciento de Europa y otras partes del mundo”, declaró.

El funcionario ubicó el desarme voluntario dentro del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con las Jornadas de Paz y los centros comunitarios México Imparable, señalándolo como un éxito al contar con un importante alcance preventivo, al considerar que cada arma retirada puede cambiar el destino de una familia.

“El éxito ya se puede ver porque ya estamos hablando de, al menos aquí en Mazatlán, 10 mil artefactos, 10 mil armas destruidas, son armas que le pueden cambiar el destino a una familia, a un joven”, señaló.

Torruco Garza detalló que el Desarme Voluntario forma parte de las acciones de atención a las causas que se impulsan en Sinaloa, junto con las Jornadas de Paz y los centros comunitarios México Imparable.

Asimismo, señaló que estas medidas buscan prevenir la violencia mediante el retiro de armamento de los hogares y la atención a las necesidades educativas, de salud y de desarrollo de los jóvenes.

La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México y modificar los mecanismos de adquisición de materiales electorales, luego de los señalamientos sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante décadas en el Instituto Nacional Electoral y organismos electorales estatales.

A través de un video publicado en redes sociales este jueves, la Mandataria estatal retomó los señalamientos expuestos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE.

“27 años operando la corrupción al interior del INE, como lo ha explicado la Presidenta Claudia Sheinbaum. La corrupción en el INE venía funcionando desde hace décadas con el conocimiento de las altas autoridades del propio Instituto Electoral, es decir, la corrupción tiene historia”, expresó.

Domínguez Nava también cuestionó que algunos de los personajes presuntamente relacionados con esta red de corrupción actualmente aparezcan en la conformación de una nueva fuerza política.

“Resulta revelador constatar lo que hoy nos informó en la Mañanera, a partir de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cómo operaba esta red de corrupción a partir de personajes que casualmente hoy aparecen formando una nueva fuerza política, son quienes hoy se quieren colocar como los paladines de la democracia y están obligados a rendir cuentas”, manifestó.

La Gobernadora expresó su respaldo a la propuesta de Sheinbaum para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público encargado de producir boletas electorales, con el propósito de que tenga mayor capacidad para elaborar materiales utilizados en los procesos electorales y reducir posibles irregularidades en las contrataciones.

“Por eso nuestro respaldo a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México, una empresa pública que deberá elaborar los materiales electorales y con ello cerrarle el paso a tentaciones de corrupción”, señaló.

La propuesta de la Presidenta contempla modificar la integración del Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, incorporar a más dependencias federales y sumar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora, así como a representantes de instituciones académicas.

También plantea establecer mecanismos de contratación más transparentes y reducir la participación de intermediarios en la adquisición de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas.

Domínguez Nava sostuvo que la democracia no debe utilizarse para obtener beneficios económicos ni proteger privilegios.

“La democracia no debe ser utilizada como un negocio, no debe ser utilizada para proteger privilegios. Desde los gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos defendiendo nuestra democracia, nuestros derechos conquistados por el pueblo de México y de Sinaloa. Defenderemos nuestra democracia siempre con transparencia, honestidad y rendición de cuentas”, concluyó.

Johan tiene 9 años y sabe que no todos los lugares de su escuela son seguros. Ha aprendido a identificar amenazas, reconocer zonas de riesgo y distinguir los espacios donde puede resguardarse ante una emergencia. Vive en una comunidad de Chiapas donde las lluvias intensas y los huracanes forman parte de las amenazas del entorno. Su escuela está cerca de un río que ya se ha desbordado y ha causado daños en las instalaciones.

Cuando le preguntan qué es lo más importante de lo que ha aprendido, su respuesta es contundente: “Lo importante es prevenir muertes y accidentes”.

Johan participa junto con su padre en el Club de Escuelas Seguras, una iniciativa que impulsamos junto con Volvo. A través de juegos y actividades participativas, hemos acompañado a niñas, niños y sus familias para fortalecer sus conocimientos sobre los riesgos de su entorno, reconocer zonas seguras y comprender cómo actuar ante distintas amenazas. Lo que podría parecer un ejercicio sencillo, como dibujar un mapa de la escuela, se convierte en una oportunidad para mirar el entorno de otra manera y reconocer riesgos que antes podían pasar inadvertidos.

Su experiencia nos recuerda algo fundamental: aunque no podemos anticipar todas las emergencias ni evitar todos los fenómenos naturales, sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias. Y esa preparación no debe comenzar cuando suenan las alarmas, sino mucho antes.

En México, más de 11 millones de niñas, niños y adolescentes viven en municipios con alto riesgo de inundaciones. El dato fue compartido durante el foro “Protección integral a la niñez y adolescencia en contexto de emergencias e impacto del cambio climático”, un espacio en el que participamos junto con instituciones como Sipinna, Cenapred y Unicef para poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención y la protección de la niñez frente a las emergencias.

Estar expuestos a una amenaza no significa que el desastre sea inevitable. Las consecuencias dependen también de las condiciones de los entornos, las vulnerabilidades existentes y las capacidades para prevenir y responder. Por eso, hablar de reducción del riesgo implica ir más allá de la reacción inmediata: requiere identificar peligros, preparar a las comunidades, fortalecer las capacidades locales y establecer medidas para proteger a quienes enfrentan mayores barreras para ponerse a salvo.

Esta conversación adquiere especial relevancia camino a la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Mientras los países discuten cómo avanzar en la acción climática, la adaptación y la resiliencia, debemos recordar que estos compromisos también tienen una dimensión cotidiana: qué tan preparadas están nuestras escuelas y comunidades para proteger a la niñez ante los riesgos que ya enfrentan.

Esta urgencia también se refleja en el ámbito educativo. Según el informe Learning Interrupted, publicado en enero de 2025, al menos 242 millones de estudiantes de 85 países y territorios tuvieron interrupciones en su escolarización debido a fenómenos climáticos extremos durante 2024, entre ellos olas de calor, ciclones, tormentas, inundaciones y sequías

No se trata únicamente de suspender clases por unos días. Los fenómenos extremos pueden dañar instalaciones, dificultar el traslado a las escuelas y comprometer las condiciones necesarias para aprender. Cuando una emergencia obliga a cerrar un plantel, el desafío consiste en proteger la integridad de las niñas y los niños y, al mismo tiempo, encontrar alternativas para que su educación continúe.

Por eso, la reducción del riesgo de desastres y la continuidad educativa deben pensarse de manera conjunta. La prevención no solo implica responder mejor: también significa proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de una emergencia.

En Save the Children trabajamos para fortalecer la seguridad escolar desde una perspectiva participativa, en la que niñas, niños, docentes y familias puedan reconocer los riesgos de su entorno y desarrollar herramientas para afrontarlos. En el Club de Escuelas Seguras, el aprendizaje no se limita a transmitir información: buscamos que las personas participantes puedan relacionarla con situaciones concretas de su vida cotidiana.

Johan recuerda que una de sus primeras actividades consistió en elaborar un mapa de su escuela para identificar riesgos y zonas seguras. También ha participado en juegos como “El gato y el ratón”, en los que una persona representa una amenaza y otra debe encontrar un lugar seguro. A través de estas dinámicas, conceptos como peligro, vulnerabilidad y prevención dejan de ser palabras abstractas y adquieren sentido en la experiencia.

Este enfoque importa porque reconocer un riesgo exige observar, preguntar y tomar decisiones. Un punto de reunión no necesariamente es seguro si hay árboles u objetos que pueden caer. Un espacio conocido no siempre ofrece protección ante todas las amenazas. Aprender a distinguir estas situaciones permite desarrollar criterios que pueden aplicarse dentro y fuera de la escuela.

Pero la prevención no puede recaer exclusivamente en las niñas y los niños. Por eso, involucramos también a madres, padres, personas cuidadoras y docentes. Trabajamos en la identificación de riesgos, la preparación de planes escolares de emergencia y el desarrollo de herramientas para que las comunidades sepan cómo actuar y puedan organizarse ante una situación crítica. La coordinación con actores como Protección Civil también permite complementar los conocimientos disponibles en la comunidad.

La participación de las familias es especialmente importante. Herbert, el padre de Johan, ha compartido con nuestro equipo que estos aprendizajes le permiten reconocer peligros que antes podía pasar por alto y sentir mayor tranquilidad al dejar a su hijo en la escuela. También destaca que Johan podrá recurrir a lo aprendido incluso cuando él no esté presente.

Esa posibilidad revela uno de los alcances más valiosos de la educación para la prevención: el conocimiento puede circular entre la escuela, el hogar y la comunidad. Las niñas y los niños no son únicamente quienes necesitan protección; también pueden compartir lo aprendido, formular preguntas, identificar problemas y participar en las decisiones que afectan su seguridad.

Preparar una comunidad escolar implica mucho más que saber dónde resguardarse durante una tormenta o un sismo. También requiere contar con planes que permitan organizar la respuesta, identificar responsabilidades y prever cómo continuar las actividades educativas si una emergencia impide utilizar las instalaciones habituales.

Desde Save the Children promovemos la preparación escolar y la participación de las comunidades para que la prevención y la continuidad educativa formen parte de la planificación. Esto supone reconocer que cada escuela enfrenta condiciones distintas y que las medidas deben considerar las amenazas de su entorno, las características de sus instalaciones y las necesidades de quienes estudian y trabajan en ellas.

La preparación también exige escuchar a niñas y niños. Su conocimiento de los espacios que habitan, sus observaciones y sus preguntas pueden contribuir a una mejor planificación de las medidas de seguridad. Incorporar sus voces no es un gesto simbólico: es reconocer su derecho a participar en las decisiones que les afectan y aprovechar su capacidad para contribuir a entornos más seguros.

Necesitamos que la conversación sobre adaptación climática y resiliencia se traduzca en acciones que alcancen a las comunidades escolares. Los compromisos internacionales son indispensables, pero su relevancia también debe reflejarse en la prevención cotidiana, la preparación ante emergencias y las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos incluso cuando ocurre un desastre.

La experiencia de Johan nos muestra que prepararse es un aprendizaje que puede comenzar desde la infancia y extenderse a toda una comunidad. Un mapa de riesgos, una conversación familiar, un plan de emergencia o un juego pueden parecer acciones pequeñas frente a la magnitud de los desafíos climáticos. Sin embargo, forman parte de una tarea colectiva mucho más amplia: construir entornos capaces de anticipar peligros y reducir vulnerabilidades.

No podemos prometer que una emergencia no ocurrirá. Pero sí podemos trabajar para que nos encuentre mejor preparados. Porque proteger a la niñez no consiste únicamente en responder cuando el daño ya está hecho: también significa actuar antes, escuchar sus voces y crear las condiciones para que su vida, su seguridad y su educación no queden a merced de una emergencia.

–

Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo.

El 8 de octubre, las autoridades recurrieron al apoyo de fuerzas federales y estatales para recuperar el control del Penal El Castillo, en Mazatlán. Una riña con armas de fuego al interior del presidio dejó 10 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años que se encontraba de visita familiar. Otros 16 internos resultaron lesionados. Al día siguiente, dos internos más fueron asesinados durante otro enfrentamiento. En menos de 48 horas, la violencia había cobrado 12 vidas dentro de una instalación bajo custodia del Estado.

Mazatlán es el episodio más reciente de una crisis que lleva años manifestándose en distintas prisiones del País.

En diciembre de 2019, una riña en Cieneguillas, Zacatecas, dejó 16 internos muertos. En enero de 2023, un ataque al Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivó en 17 asesinatos, incluidos los de 10 custodios, y permitió la fuga de 25 reclusos. En marzo de 2024, un motín en La Pila, San Luis Potosí, terminó con dos policías y un interno muertos. En agosto de 2025, nueve personas fallecieron durante un motín en Tuxpan, Veracruz.

En todos estos acontecimientos, grupos de internos han conseguido disputar espacios, resistir decisiones institucionales y ejercer violencia dentro de instalaciones donde las autoridades deberían garantizar el orden.

Los motines son la expresión más visible de una crisis institucional en el funcionamiento cotidiano de las prisiones. Los censos penitenciarios del Inegi permiten identificar tres problemas: la persistencia de incidentes que alteran el orden interno, la sobrepoblación y las limitaciones para garantizar una vigilancia adecuada.

Sobre el primer problema, entre 2021 y 2025 se registraron 12 mil 744 incidentes en centros federales, estatales y especializados. De ellos, aproximadamente dos de cada tres (8 mil 548) ocurrieron en instalaciones estatales y especializadas. Tan solo en 2025, estos últimos establecimientos reportaron mil 579 incidentes, incluidas 893 riñas y cuatro motines, un incremento de 41.7 por ciento respecto de 2024. La frecuencia de estas alteraciones revela dificultades de las autoridades para prevenir conflictos y garantizar el orden dentro de instalaciones bajo su responsabilidad.

El segundo problema, la sobrepoblación, dificulta la separación de internos según sus perfiles de riesgo, incrementa las exigencias de vigilancia y presiona los servicios penitenciarios. Estas condiciones pueden favorecer los conflictos y reducir la capacidad de las autoridades para prevenirlos.

En 2021, los centros estatales y especializados alojaban 106.7 personas por cada 100 espacios disponibles; para 2025, la relación alcanzó 119.2. En contraste, los centros federales registraron una ocupación de 72.4 personas por cada 100 espacios en 2025. Esta comparación debe considerar que el último censo no incluyó las prisiones para adultos de Ciudad de México.

El tercer problema corresponde a las capacidades de vigilancia y custodia.

En 2025, los sistemas estatales y centros especializados reportaron 33 mil 337 trabajadores, de los cuales 62.9 por ciento desempeñaban estas funciones. Aunque el dato no permite establecer un déficit nacional de custodios, tampoco garantiza que su distribución responda a las necesidades de cada prisión. La suficiencia del personal depende del número de internos, sus perfiles de riesgo, los turnos, la capacitación y las condiciones de trabajo. Cuando estas capacidades resultan insuficientes, se debilitan la supervisión cotidiana, la prevención de conflictos y la capacidad de respuesta ante episodios violentos.

Estos problemas ayudan a explicar la fragilidad institucional de las prisiones, pero dejan abierta una cuestión central: cómo consiguen determinados grupos criminales aprovechar esas vulnerabilidades para ejercer autoridad dentro de instalaciones que formalmente permanecen bajo control del Estado.

La respuesta a la pregunta anterior exige investigar la gobernanza criminal dentro de las cárceles.

Las organizaciones delictivas pueden construir autoridad mediante la corrupción de servidores públicos, las amenazas contra el personal y la violencia ejercida sobre otros internos.

Estos mecanismos pueden combinarse hasta producir arreglos relativamente estables. Las autoridades conservan la responsabilidad formal del establecimiento, mientras determinados grupos criminales ejercen poder sobre parte de su funcionamiento cotidiano.

La información disponible impide conocer con precisión la extensión de estas prácticas y las relaciones que las sostienen.

Hace falta determinar quién controla los espacios, cómo circulan el dinero y los objetos prohibidos, qué funcionarios facilitan esas actividades y qué amenazas enfrenta el personal penitenciario. Conocer estas relaciones es indispensable para diseñar intervenciones que debiliten las estructuras criminales de poder.

Algunos antecedentes muestran la pertinencia de esta tarea.

En La Pila, las autoridades atribuyeron el motín a la resistencia frente al traslado a otro Penal de un interno señalado por cobrar cuotas a otros reclusos.

Después de los acontecimientos de Tuxpan, tres funcionarios penitenciarios fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En Mazatlán, la presencia de armas de fuego y la violencia letal dentro del penal plantean interrogantes sobre el control efectivo de los espacios y la circulación de objetos prohibidos.

Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes y las posibles relaciones entre el poder criminal y la administración penitenciaria.

La intervención debe comenzar por identificar las redes que permiten a las organizaciones criminales ejercer autoridad dentro de las prisiones. Se necesita un mecanismo permanente de investigación de corrupción penitenciaria, coordinado entre fiscalías, autoridades de seguridad y órganos de control. Su trabajo debe incluir inteligencia financiera, investigación patrimonial, seguimiento del ingreso de armas y dinero, protección efectiva a custodios que denuncien amenazas y supervisión externa de las decisiones administrativas más sensibles.

La rotación de personal, los traslados de internos y los cambios de directivos también deben someterse a controles que permitan identificar posibles redes de protección.

La investigación penal debe acompañarse de reformas en el funcionamiento cotidiano de los centros. De poco serviría detener a funcionarios corruptos si permanecen intactos los mecanismos que permitieron sustituirlos y mantener las mismas prácticas. El objetivo debe ser desarticular las relaciones que hacen posible el gobierno criminal y evitar su reconstrucción.

Tras los hechos de Mazatlán, el Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevas cárceles, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La primera se proyecta en Sinaloa. Los establecimientos incorporarán tecnología de vigilancia, bloqueo de comunicaciones y espacios para actividades de reinserción.

La ampliación de infraestructura puede contribuir a reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de internamiento. Sin embargo, las nuevas instalaciones estarán expuestas a las mismas vulnerabilidades si no se investigan las redes de corrupción, se protege al personal y se establecen mecanismos permanentes de supervisión.

La crisis penitenciaria mexicana tiene una dimensión material que requiere inversión pública y otra relacionada con el ejercicio de la autoridad que exige desmantelar las estructuras de gobernanza criminal. Construir más cárceles puede ampliar la capacidad del Estado para encerrar personas. Recuperar el control de las que ya existen exige impedir que las organizaciones criminales sigan gobernando dentro de ellas.

–

El autor es Armando Vargas (@BaVargash), doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)