Un aumento salarial que corresponda a las actividades que desempeñan y mejores condiciones laborales son parte de las demandas de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que este lunes se sumaron al paro nacional de labores.

Laura López, colaboradora del módulo de atención ciudadana ubicado sobre la Avenida Vicente Riva Palacio, a un costado del Hospital Pediátrico de Sinaloa, explicó que la inconformidad se debe a que cada año, cuando se autorizan incrementos salariales para los trabajadores a nivel nacional, el personal del INE recibe aumentos menores.

Señaló que la mayoría de los empleados percibe un salario mínimo, por lo que mediante esta manifestación buscan que sus demandas sean escuchadas y se les garanticen condiciones laborales dignas.

“Como se han enterado, nuestro salario es el mínimo. Podríamos decir que antes teníamos un mejor sueldo, pero como a nosotros no nos aumentan en la misma proporción que al salario mínimo, nos vamos quedando por debajo”, expresó.

Indicó que la suspensión de actividades está contemplada únicamente para este lunes; sin embargo, una vez que sus compañeros informen sobre los resultados de las gestiones que realizan en la Ciudad de México, analizarán si continúan con el paro.

Laura López también mencionó que tiene conocimiento de que algunos trabajadores han recibido amenazas relacionadas con la protesta y que existe la posibilidad de que se les descuente el día de salario por no presentarse a laborar.

No obstante, consideró que esta manifestación es necesaria para visibilizar la situación que enfrenta el personal y buscar una respuesta a sus exigencias.

“La versión es que a muchos compañeros los han amenazado, pero a nosotros no nos han informado nada. También está el rumor de que podrían descontarnos el día; sin embargo, creemos que, si queremos conseguir algo, también tenemos que sacrificar algo”, mencionó.

Silvia Herrera, trabajadora del módulo correspondiente al Distrito 5, ubicado en la salida hacia la carretera Navolato, señaló que el personal recibe incrementos salariales de apenas 50 pesos al año, por lo que aseguró que continuarán manifestándose hasta conseguir mejores ingresos.

Explicó que uno de los motivos que los llevó a sumarse al paro fue la inconformidad ante lo que consideran una falta de congruencia entre los recursos que se destinan a contratos millonarios a nivel nacional y las condiciones laborales que enfrenta el personal del INE.

“La gota que derramó el vaso fue ver que en México se despachan con la cuchara grande; nos dicen que no tenemos para darles, pero sí tienen para contratos millonarios. Esto fue lo que nos unió a todos. Tenemos quejas, pero no hemos sido escuchados”.

Laura López ofreció una disculpa a los ciudadanos por los inconvenientes que la suspensión pueda ocasionar en sus trámites y los invitó a acudir este martes a los módulos, cuando se prevé que se reanude la atención.

Asimismo, pidió comprensión, al señalar que los trabajadores también tienen derecho a manifestarse y defender sus demandas laborales.

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa se sumaron este lunes al paro nacional de labores, con la suspensión de actividades en 17 de los 23 Módulos de Atención Ciudadana que operan en la entidad, como parte de una protesta en la que exigen salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el reporte estatal, cinco módulos mantienen sus actividades de manera normal y uno más opera parcialmente, por lo que la atención a los ciudadanos se encuentra limitada en distintos puntos del estado.

En Culiacán, uno de los módulos que permanece cerrado es el ubicado en la Colonia Gabriel Leyva, donde los trabajadores colocaron cartulinas con distintos mensajes para expresar su inconformidad con el incremento salarial del 6 por ciento que les ofrece el órgano electoral a nivel nacional, al considerar que no responde a sus demandas laborales.

El paro se mantiene a nivel nacional pese a que, durante este fin de semana, el INE ofreció un incremento salarial del 6 por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana y operadores de equipo tecnológico, que entraría en vigor a partir de enero de 2027.

Sin embargo, los trabajadores no aceptaron esta propuesta y mantienen sus exigencias, entre ellas establecer un salario mayor para el personal y garantizar condiciones laborales dignas.

A través de redes sociales se difundió la convocatoria para suspender actividades este lunes, luego de que los empleados entregaran un pliego petitorio a las autoridades electorales.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Culiacán se manifestaron este lunes en rechazo al Acuerdo General 25/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen evaluaciones al personal que, de acuerdo con los inconformes, podrían derivar en la separación de sus empleos.

La protesta fue encabezada por empleados de los juzgados de distrito, tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, quienes señalaron que no están en contra de someterse a evaluaciones ni de recibir capacitación, sino de que los resultados puedan utilizarse como argumento para terminar su relación laboral.

Ramiro de León Cantú, secretario de juzgado y uno de los trabajadores que participó en la manifestación, explicó que el personal ya cuenta con mecanismos de evaluación y capacitación para acceder a determinados cargos dentro del Poder Judicial.

“Nosotros nunca le hemos temido a las evaluaciones ni a la capacitación. Incluso la mayoría, yo como secretario de juzgado para acceder al cargo, tuve que presentar un examen de oposición y después un curso que duró todo un año”, expuso.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo establece la posibilidad de separar del empleo a quienes no acrediten las evaluaciones, lo que consideró una amenaza para la estabilidad laboral de quienes cuentan con una base sindical o nombramientos indefinidos.

“Eso va a una controversia clara en contra de la estabilidad laboral que ya tenemos aquellas personas que ya gozamos de base, una base sindical, o los compañeros que son de confianza, ya cuando tienen el nombramiento indefinido equivale como a una base”, manifestó.

De León Cantú señaló que, aunque representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial sostuvieron una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Órgano de Administración Judicial y magistrados, y se informó sobre un acuerdo para retirar del documento las referencias a la separación del cargo, consideran que esto no resuelve el problema de fondo.

Explicó que el artículo 35, fracción cuarta, de la Ley de Carrera Judicial contempla como causa de separación del empleo no acreditar las evaluaciones que realice el Órgano de Administración Judicial.

“De ahí que solamente nosotros sentimos que son palabras para apaciguar el movimiento y para meternos a laborar”, sostuvo.

Por ello, los trabajadores demandan que se modifique la legislación para eliminar la posibilidad de que reprobar una evaluación sea motivo de terminación laboral.

“Nosotros lo que decimos, ok, si dejan las evaluaciones o no, tenemos ningún problema, pero queremos que se suprima todo aquel indicio de que pueda llegarse a una terminación laboral por causa de esas evaluaciones”, afirmó.

Otro de los aspectos que genera preocupación entre los empleados son los criterios considerados subjetivos, pues parte de la calificación dependerá de la evaluación de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.

El secretario de juzgado explicó que, en el caso de quienes ocupan ese cargo, serán evaluados por jueces o magistrados, pero también por sus pares, incluso mediante comparaciones de productividad entre trabajadores que pueden tener funciones distintas.

“Tus compañeros, tus otros siete secretarios también te van a evaluar y te van a hacer una comparativa en productividad con los demás compañeros, siendo que a veces por las formas de organización todos tienen distintas funciones”, señaló.

Agregó que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación podría abrir espacio a decisiones influenciadas por conflictos personales o diferencias con los superiores jerárquicos.

“Si llega a haber alguna cuestión personal que sea ajena a las labores, pues puede influir en esos resultados”, advirtió.

Sobre la continuidad de la protesta en Culiacán, De León Cantú indicó que los trabajadores decidieron mediante una consulta interna mantener el paro de labores, aunque reconoció que otras sedes del País optaron por no continuar debido a las presiones que enfrentan.

Precisó que los empleados permanecerán en sus centros de trabajo, pero concentrarán sus actividades en hacer visible su inconformidad desde el exterior de las instalaciones.

“Nosotros vamos a estar aquí en el centro de trabajo, atendiendo, dependiendo ya cada órgano jurisdiccional, van a dar sus indicaciones, pero la narrativa principal es estar aquí afuera, haciendo visible nuestra protesta”, explicó.

Señaló que la inconformidad alcanza a trabajadores sindicalizados y de confianza, pues estimó que entre 50 mil y 54 mil empleados del Poder Judicial de la Federación podrían estar sujetos a estas evaluaciones a nivel nacional.

“Esto es por un mejor Poder Judicial que exige que vuelva a retomar el profesionalismo que existía antes de la reforma judicial”, expresó.

Choferes del transporte urbano se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir una revisión del esquema de descuento estudiantil, al considerar que la tarifa preferencial actual afecta sus ingresos y los de los concesionarios.

Los trabajadores se concentraron inicialmente en la Catedral de Culiacán y posteriormente se movilizaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde expusieron sus inconformidades.

Flavio Rolando Ibarra Hernández, líder del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, explicó que desde 1992, luego de una lucha encabezada por estudiantes, se consiguió un descuento del 50 por ciento en el transporte urbano. Sin embargo, señaló que entre 2010 y 2012 se estableció mediante un decreto una tarifa preferencial de 3.50 pesos, la cual, afirmó, ha permanecido sin modificaciones durante aproximadamente 12 o 14 años.

“De hace años, de 1992, los estudiantes lucharon por un descuento a la tarifa del transporte urbano, la cual se logró. Ellos estaban pidiendo el 50 por ciento, el cual se obtuvo desde ese tiempo”, recordó.

Ibarra Hernández sostuvo que el esquema actual ha reducido las ganancias de los choferes y ha afectado la capacidad de los concesionarios para adquirir unidades nuevas.

“Los choferes pierden su ganancia a causa de esto. No alcanza el dinero para comprar unidad nueva”, expresó.

El dirigente sindical señaló que no buscan eliminar el descuento estudiantil, sino que se aplique el porcentaje que, aseguran, establece la legislación estatal.

“No estamos queriendo que se aumente el 100 por ciento, que aumente lo que dice la ley nada más, el 50 por ciento; el 50 por ciento, pues serían siete pesos con 50 centavos”, manifestó.

Explicó que, de acuerdo con sus cálculos, un chofer debería recibir el 20 por ciento de los 15 pesos que cuesta actualmente el pasaje completo, equivalente a tres pesos por usuario; sin embargo, aseguró que actualmente obtiene entre 70 y 80 centavos por usuario.

“El chofer debe ganar el 20 por ciento, ¿no? El 20 por ciento de 15 pesos son tres pesos. Él ahorita solamente gana 70 centavos, 80 centavos”, afirmó.

Añadió que esta diferencia representa una pérdida de entre 2.20 y 2.30 pesos por pasajero y que, al acumularse durante el mes, puede significar cerca de 10 mil pesos menos para cada trabajador.

También cuestionó que las decisiones sobre las tarifas se tomen únicamente entre autoridades y concesionarios, sin considerar la opinión de los choferes.

“Los concesionarios es una cosa y los choferes son otra. Los choferes son los que andan dando la espalda, subiendo al pasaje, peleando con ellos allí y no los toman en cuenta”, reclamó.

Ibarra Hernández indicó que ya tuvo comunicación con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien, según su versión, le respondió que analizaría la situación.

“La Gobernadora ya da contestación, dice que ella va a analizar esta situación. Ya me comuniqué con ella, ya le dije lo que está pasando y me dijo que estaba bien, que ella lo va a analizar”, comentó.

Los trabajadores adelantaron que entregarían escritos en el Ayuntamiento de Culiacán y en Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades y una respuesta a sus demandas.

Ofrecieron disculpas a los usuarios que pudieran sentirse afectados por la manifestación y reiteraron que no buscan retirar el beneficio a los estudiantes.

“También le decimos a la ciudadanía que no estamos diciendo que nosotros queremos quitarles el descuento. No es quitarle el descuento, es lo que marca la ley y eso debemos de entender”, puntualizó.

Choferes del transporte urbano de Culiacán marcharán el próximo lunes para exigir al Gobierno de Sinaloa que subsidie los descuentos que se otorgan a estudiantes y adultos mayores, cuyo costo recae sobre sus ingresos y de los permisionarios.

Flavio Rolando Ibarra, dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, anunció que la movilización será desde la Catedral de Culiacán hacia Palacio de Gobierno, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, dependencia encargada de tramitar las tarjetas inteligentes para estudiantes que permiten acceder a tarifas preferenciales en el transporte público.

Aseguró que no están en contra de que estos sectores de la población reciba descuentos, sino de que sean los propios operadores quienes absorban parte del costo sin recibir una compensación por ello.

“Lo único que queremos es que el Gobierno sea el responsable y que asuma que él está otorgando el descuento, cuando los que estamos otorgando el descuento somos nosotros, que no estamos cobrando directamente”, expresó Flavio Ibarra.

Explicó que actualmente el pasaje general cuesta 15 pesos, mientras que los estudiantes pagan 3.50 pesos, lo que representa un descuento de 11.50 pesos.

Sin embargo, señalaron que de esa diferencia los choferes únicamente reciben 35 centavos, por lo que consideran que pierden ingresos por cada estudiante que trasladan.

Indicó que de acuerdo con sus cálculos, un conductor que transporta alrededor de 200 estudiantes al día deja de percibir aproximadamente 530 pesos diarios y estimó que las pérdidas podrían alcanzar los 108 mil pesos anuales por trabajador y, considerando a unos 700 choferes, sumar alrededor de 68 millones de pesos.

“El chofer está perdiendo de estos descuentos, están perdiendo de ganar su comisión”, afirmó.

Cuestionaron las propuestas legislativas para ampliar los descuentos a adultos mayores, pues consideraron que antes de aumentar los beneficios debe establecerse quién cubrirá el costo para los trabajadores.

Señalaron que buscarán entregar nuevamente un planteamiento a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para que se revise el esquema de descuentos y se establezca una compensación para los choferes y permisionarios.

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregaron expedientes médicos y evaluaciones psicológicas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para documentar afectaciones que denuncian por los descuentos aplicados a sus pensiones desde enero, como parte de la reingeniería financiera de la institución.

Rubén Darío Rivera Montoya, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Adquiridos, explicó que la documentación fue presentada a solicitud del organismo, que se comprometió a concluir la revisión de sus planteamientos y emitir una respuesta.

Entre los documentos entregados se encuentran certificados médicos y hojas de servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, actas de nacimiento y evaluaciones psicológicas de los jubilados que cuentan con ellas.

También proporcionaron información sobre los integrantes del movimiento que han fallecido desde que comenzaron las protestas contra las medidas financieras de la UAS.

“Hay varios compañeros que tenemos examen psicológico en virtud de la afectación que nos ha causado esta medida de la Universidad”, señaló Rivera Montoya.

El representante explicó que un día antes habían sostenido una reunión con Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, quien los atendió y solicitó los documentos complementarios para continuar con la revisión de sus casos.

“Nos pidieron unos documentos complementarios para efecto de ellos darle por ahí el resultado final, que no sabemos cuál vaya a ser este”, comentó.

Los jubilados buscan que la Comisión considere las condiciones de salud y vulnerabilidad en las que se encuentran, pues aseguran que las retenciones reducen los recursos disponibles para atender sus necesidades médicas.

La reingeniería financiera de la UAS comenzó a aplicarse en enero de 2026 e incluye descuentos escalonados a las pensiones de los trabajadores retirados.

Los inconformes sostienen que las medidas afectan sus derechos adquiridos y han recurrido a instancias laborales para intentar detener las retenciones.

Rivera Montoya expresó que, aunque esperan una resolución favorable de la Comisión, mantienen dudas sobre el alcance de su intervención.

“Esperamos nosotros que realmente la Comisión haga lo que tenga que hacer, pero no estamos seguros de ello porque nos explicaban que tiene limitaciones por el mismo estatuto, por los mismos principios que tienen como Comisión de Derechos Humanos”, manifestó.

El integrante del Frente reiteró que su exigencia es que se respeten sus derechos humanos, considerando que las medidas implementadas por la Universidad afectan a personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

“Estamos en esta lucha en la intención de poder lograr el respeto a nuestros derechos humanos como adultos mayores en estado de vulnerabilidad”, expresó.

Tras las actividades frente a la Comisión, los jubilados se trasladarían al crucero de las avenidas Álvaro Obregón y Zapata, donde realizaban sus manifestaciones frente a Catedral.

Trabajadores activos y jubilados de Pemex realizan la mañana de este lunes una manifestación pacífica frente a la Planta de Almacenamiento La Esperanza para exigir que les restituyan el derecho a la atención a la salud.

Con lonas y cartulinas se instalaron desde las 6:30 horas a cerca de las 10:00 horas frente a dichas instalaciones sin obstruir la entrada y salida del personal ni las operaciones de la planta ubicada en la Colonia Emiliano Zapata.

Dijeron que como no hay en Mazatlán y la región un hospital de Pemex, les otorgan el servicio de manera subrogado a través de clínicas y hospitales privados, pero lo han hecho de manera intermitente y durante el último año se agravó la desatención.

“Esto ya tiene varios años, pero ahora en el último año se ha recrudecido de tal manera que no tenemos nada”, dijo el trabajador jubilado Rubén Romero Ibarra.

“La exigencia es que se nos repongan los servicios médicos completos, están violando ahorita la cláusula 89 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.

Dijo que en la manifestación participan tanto trabajadores activos y jubilados tanto de la Planta de Almacenamiento La Esperanza como de la Terminal Marítima ubicada en los muelles del Canal de Navegación.

Los derechohabientes afectados suman más de mil personas tanto de trabajadores activos y jubilados y sus familiares, se dio a conocer en el lugar de la manifestación pacífica.

Precisó que en total en Mazatlán se tienen registrados 150 trabajadores jubilados y 200 activos, más sus familiares, por lo que en total suman cerca de mil derechohabientes que exigen la restitución total del servicio médico.