A propósito de aspirantes a aparecer en la boleta electoral del 6 de junio del próximo año y que se apresuran a hacer deslindes en su relación con el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quizá la única que no pertenece al grupo político con el rótulo del “rochismo” es la Senadora Imelda Castro Castro quien ha llevado una trayectoria con rumbo propio en la izquierda sinaloense. Sin embargo llama la atención el hecho de que las demarcaciones que ella omite, las implementan otros morenistas que al pintar raya ponen a la vista ingratitudes muy cercanas a la traición.

En los casos de la Legisladora nacida en Agua Caliente de Cebada, Municipio de Sinaloa, y del Mandatario estatal oriundo de Batequitas, Badiraguato, ambos tienen razón en decir “no soy rochista” la primera y “no soy imeldista” el segundo sin averiar ninguno la convergencia en ciertos episodios de la actividad política o la amistad que los une al margen de puestos otorgados mediante la voluntad popular.

Imelda Castro inició su trayectoria en la izquierda desde que en 1989 decidió militar en el Partido de la Revolución Democrática que dirigió en Sinaloa de 2005 a 2008 y en 2000 fue candidata a Senadora sin lograr los votos suficientes, en 2001 y 2013 fue Diputada del Congreso del Estado. Hasta agosto de 2017 dejó el perredismo para afiliarse a Morena. Realmente la coincidencia política con Rocha Moya es a partir de que en 2018 Andrés Manuel López Obrador los postuló a ambos como fórmula de Sinaloa al Senado, escaños que obtuvieron por mayoría de votos.

Por su parte, la carrera política de Rocha Moya empezó en 1968 como Secretario General de la Federación Estudiantes Campesinos Socialistas de México, luego como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección académicos a partir de 1980; fue Diputado local en 1983 por el Partido Socialista Unificado de México, así como candidato a Gobernador en 1986 por el Movimiento Popular Sinaloense, en 1998 por el PRD que dirigía en el País Andrés Manuel López Obrador, y en 2021 ganó ese cargo como abanderado de Morena.

Es decir, han ido separados cíclica y programáticamente pues cada cual ha ascendido en la política por esfuerzo y méritos propios. Inclusive “sin querer queriendo”, esta frase que inmortalizó Chespirito con uno de sus personajes para validar lo que se dice sin mediar la prudencia, Rocha Moya declaró en marzo que Imelda Castro no es su candidata a la titularidad del Ejecutivo estatal, y enseguida enmendó que ni ella ni cualquier otro pretenso lo son.

En la víspera, una ex integrante del Gabinete del Gobernador, que es María Inés Pérez Corral quien se desempeñó como Secretaria del Bienestar, manifestó en sus redes sociales el aviso de “a todos los que hemos declarado que estamos con Imelda Castro, nos han estado difamando, espero que no haya muertes por ello. Somos gente de paz”, lo que tal vez significó un primer intento por romper el binomio Rocha-Castro en la política sinaloense.

Si bien es cierto que Imelda Castro se ha abstenido de hacer su propio deslinde respecto al estatus de su relación con Rocha, todo indica que lo hace cuidando no caer en la tentación de moda que en privado o en público ha motivado a otros a desvincularse del rochismo. Es una mujer sensata que difícilmente hará coro con aquellos que creen que el árbol está caído y proceden a hacer leña.

Al contrario, en lo referente a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador y nueve funcionarios en activo o ex, la sinaloíta se ha ceñido a la estrategia de defensa de la soberanía que ayer refrendó la Presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar dos años desde que fue electa para ocupar el cargo, exigiendo las pruebas que sustenten las imputaciones y rechazo a la injerencia extranjera en asuntos que sólo competen resolver a los mexicanos.

En el lado opuesto está la posición que clarificó la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, quien al inicio del sexenio de Rocha se desempeñó como Secretaria de Educación Pública y Cultura pero el reciente 23 de mayo determinó utilizar el guinda de Morena para difuminar la marca rochista. Manifestó que “yo me sigo considerando morenista, integrante de la izquierda por muchos años. Yo me autodenomino de izquierda, siempre no de hoy sino desde que yo decidí en 1998 participar, siempre lo hice en esta ruta de la izquierda”.

Lo mismo sucede con otros integrantes de la administración pública estatal que una vez que RRM salió por unos días de su despacho del tercer piso de Palacio de Gobierno se apresuran a declararse ajenos al rochismo y adoptan el “inzunzismo” como coartada, pasando por alto que Enrique Inzunza Cázarez y Rubén Rocha representan el mismo proyecto cuatroteísta en Sinaloa. Tal digresión interfiere en la compactación que tendría que presentar el equipo que Yeraldine Bonilla Valverde preside de manera interina, unidad que no admite la desbandada, simulación o transfiguración de quienes hace unas semanas se juraban leales al Gobernador.

En su enésima transformación,

y por apetitos obsoletos,

rochistas hacen la acotación.

de ir juntos pero no revueltos.

Igual que en todo el País, en Sinaloa la Cuarta Transformación mostró ayer la unidad que contra viento y marea prevalece en torno al proyecto de Nación que en 2018 inició Andrés Manuel López Obrador y hoy continúa la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dígase lo que se diga, en Culiacán respaldada en la muchedumbre concentrada en la explanada de Palacio de Gobierno, la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se mostró firme en el timón sinaloense al parafrasear a la Mandataria federal: “La soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece”.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocó, por segunda ocasión, una resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa relacionada con las denuncias presentadas contra la Senadora de Morena Imelda Castro Castro por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos.

La nueva resolución fue aprobada, por mayoría, este jueves 21 de mayo, luego de que PAN y Movimiento Ciudadano impugnaran nuevamente el fallo emitido por el IEES el pasado 27 de abril, en el que el organismo electoral reiteró que no existían elementos para acreditar infracciones por parte de la legisladora.

El caso deriva de una primera resolución emitida por el TEESIN el 10 de abril, cuando el Tribunal revocó por primera vez el acuerdo del Instituto Electoral al considerar que no había realizado una investigación exhaustiva ni analizado completamente el material probatorio presentado por los partidos denunciantes.

En aquella ocasión, los magistrados señalaron que el IEES omitió pronunciarse sobre 444 fotografías, 21 videos y diversas publicaciones relacionadas con eventos y bardas vinculadas a la senadora, además de no profundizar en las investigaciones sobre el presunto uso de recursos públicos.

Tras esa sentencia, el Tribunal dio al IEES un plazo de 10 días hábiles para emitir una nueva resolución.

Posteriormente, el 27 de abril, el Instituto volvió a concluir que no existían actos anticipados de campaña ni promoción personalizada, argumentando que en las publicaciones analizadas no había llamados al voto ni referencias directas a un proceso electoral.

Sin embargo, durante la sesión de este jueves, el TEESIN concluyó que nuevamente el Instituto se limitó a acreditar la existencia de bardas, videos, ligas electrónicas y publicaciones, pero sin analizar de fondo el contenido de las pruebas ni valorar adecuadamente los elementos denunciados.

La Magistrada Aída Inzunza Cázares recordó además que la Sala Regional Guadalajara confirmó recientemente la sentencia emitida el 10 de abril, coincidiendo en que el IEES había sido omiso en el estudio completo del expediente.

“El Instituto, efectivamente, lo único que hizo el instituto fue meterse a los links y acreditarlos: ‘sí existe, si existen los videos, si existe todo lo que me dicen’ y párale de contar”.

“En esa parte, no únicamente se lo ordenamos que describieran los elementos, motivos de la denuncia, sino que se pronunciara, porque se supone que eso que tú encuentras en la investigación es lo que va vas a resolver. No sé cómo emitieron la resolución, si no hubo ni siquiera un pronunciamiento de lo que viene en las fotografías que efectivamente dice el PAN”.

“Definitivamente no fue exhaustivo, nada más acreditó, pero no se pronunció respecto de lo que le habían pedido y pues mucho menos hubo una valoración probatoria, porque ninguna prueba, sin excepción, ninguna prueba fue valorada, no se calificó”, agregó.

Por su parte, el Magistrado presidente Edgar Donato Vega Márquez sostuvo que el Instituto está obligado a realizar una investigación “real y efectiva”, valorando las pruebas y relacionándolas con los hechos denunciados.

Además, advirtió que si el caso continúa regresando al Tribunal por las mismas omisiones, eventualmente el propio TEESIN podría asumir la investigación y resolver de fondo para evitar que el procedimiento se convierta en “una cadena interminable” y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

“... probablemente en su momento este Tribunal pueda entrar en plenitud del judicción y resolver desde aquí. Eso es lo que profesionalmente pudiera hacer, pero no es algo que decidamos pronto, depende del expediente, de cómo venga la impugnación, la evaluación que se da en su momento. No sé qué vaya a suceder, por lo pronto, lo real y un efecto inmediato es, se regresa para que estudien, investiguen más conforme a las imputaciones que le hacen al Instituto respecto de que no está haciendo trabajo correspondiente conforme a la ley. En este caso no es exhaustivo”, sostuvo.

En contraste, el Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza votó en contra al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar las infracciones denunciadas.

El Tribunal volvió a ordenar al IEES emitir una nueva resolución en un plazo de 10 días hábiles, realizando una investigación exhaustiva y atendiendo todos los planteamientos hechos por los partidos denunciantes.

La Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, reanudó este fin de semana sus asambleas informativas en Sinaloa con encuentros en Culiacán y Guasave, luego de dos semanas de pausa en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios del estado.

“Venimos aquí... a una asamblea informativa como lo hemos hecho siempre. No habíamos venido... por prudencia, pausamos nuestra agenda durante 12 días, los primeros 12 días de mayo después de estos acontecimientos, pero pues la vida sigue, el gobierno sigue, la transformación sigue, las personas, los servidores públicos somos temporales”, dijo este sábado previo a su encuentro en Guasave.

Durante su gira, la legisladora aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación continuará pese al contexto político que atraviesa la entidad.

“Este movimiento de la Cuarta Transformación no lo para nadie, porque quien dirige la Cuarta Transformación es el pueblo de Sinaloa, es el pueblo de México; ustedes son los dueños de la voluntad política y entonces, hay que estar siempre organizados, informados, no hay que dejarse llevar por la información falsa que mucho corre las redes sociales“, expresó durante la asamblea realizada en Guasave.

El viernes, Imelda Castro Castro sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Nueva Galicia, en Culiacán.

Este sábado continuó su agenda en Guasave, donde desayunó con maestras y maestros y posteriormente encabezó una asamblea informativa en la colonia Ejidal, a la que asistieron más de mil personas.

En este último encuentro, afirmó que los representantes populares deben permanecer cerca de la población tanto en los momentos favorables como en los más complejos.

“Siempre hay que estar cerca de la gente, en los peores y en los mejores momentos. No se vale que cuando todo está bien los servidores públicos aparezcan, y cuando hay dificultades, se escondan”, manifestó.

La Senadora también señaló que cualquier acusación relacionada con presuntos delitos debe atenderse conforme a las leyes mexicanas y con respeto a la soberanía nacional.

“México es un país soberano y las decisiones sobre nuestra vida pública deben resolverse desde nuestras instituciones. No debe haber impunidad, pero tampoco intervenciones que vulneren nuestra Constitución”, sostuvo.

Finalmente, informó que continuará recorriendo Sinaloa para presentar los resultados de su trabajo en el Senado de la República, incluyendo reformas en materia de reducción de la jornada laboral, austeridad gubernamental, seguridad y derechos de las mujeres.

El ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos de América, y el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, deben ser extraditados para responder ante la justicia en México en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.

“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Castro Castro cuestionó que ex servidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.

“... independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que pues habiendo siendo servidores públicos mexicanos, pues por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas y se someten pues a una justicia que es a veces hasta doble o hipócrita”, manifestó.

La Senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.

“... en los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera”, aseguró.

La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el ex funcionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

“El Gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, ¿no? Pues tiene que pedir la extradición”, indicó.

Sobre versiones que señalan la presunta detención del Senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.

“No, pues no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.

Asimismo, informó que envió mensajes al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.

“...es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex secretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.