De manera espeluznante cerró este domingo la jornada de noticias para nuestro equipo y para la sociedad porteña y de Sinaloa, al tenerles que informar sobre el hallazgo de una fosa clandestina en la que se encontraron seis cadáveres en la periferia de Mazatlán.

El hallazgo fue realizado tras un operativo de búsqueda de la brigada del colectivo Por las Voces sin Justicia, con apoyo de corporaciones.

El grupo de familiares de personas desaparecidas se encontraban realizando sus labores de rastreo y búsqueda de cadáveres en una zona cerca del Libramiento de Mazatlán-Villa Unión en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo.

La noticia es tan fuerte como la situación por la que en Mazatlán siguen sobreviviendo, con las jornadas de asesinatos, ataques armados y demás brotes violentos ya prácticamente en todo el municipio, tanto la zona turística, la zona urbana y serrana y rural del municipio.

La noticia prácticamente cerró la jornada, debido a que se reportó a las 18:00 horas.

Hasta el momento lo único que se ha informado es que todos los cadáveres pertenecen a hombres, todos en estado de descomposición.

No es esta la primera noticia con que se comprueba también la crisis de privaciones ilegales de la libertad por la que atraviesa Mazatlán y el sur de Sinaloa, tristemente, afectando la estabilidad y seguridad de las familias, llevándose con ello además la economía y el turismo de su naturaleza.

La inversión en equipamiento, cámaras y patrullas para Culiacán representa un paso necesario en la dirección correcta, aunque la ciudadanía mantiene una postura de cautela vigilante.

Si bien la incorporación de 11 unidades, equipos de radiocomunicación y la inversión de 6.54 millones de pesos en videovigilancia, sumados a las 14 Jornadas de Paz, envían un mensaje de compromiso por parte de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y el Ayuntamiento, la verdadera prueba de fuego no estará en los números presentados, sino en la percepción directa de tranquilidad al recorrer las calles.

Hasta ahora, la presencia de agentes de la Policía y de Tránsito Municipal sigue siendo reducida, por lo que este esfuerzo operativo debe traducirse urgentemente en un despliegue visible y efectivo que recupere los espacios públicos.

Sin duda, la expansión de la infraestructura tecnológica y de prevención busca optimizar las condiciones de trabajo de las corporaciones e impulsar la proximidad ciudadana. No obstante, la efectividad de estas herramientas dependerá de la capacidad de respuesta oportuna ante el delito y de una coordinación real entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Las cámaras por sí solas no previenen el delito si no hay personal capacitado monitoreando y desplegándose con rapidez. Para que esta importante inversión no quede como un mero anuncio publicitario, se requiere un monitoreo permanente del impacto de estas medidas y una evaluación transparente de los resultados en los índices delictivos a corto y mediano plazo.

Frente a la compleja realidad que atraviesa el municipio, la sociedad sinaloense exige que el fortalecimiento institucional no sea solo un evento aislado de entrega de equipo, sino una política de Estado sostenida y transparente. El gran desafío radica en transformar esta infraestructura en un verdadero escudo protector que restituya la confianza en las autoridades y garantice el libre tránsito y la paz social que las familias de Culiacán merecen.

En el directorio de la Cámara de Diputados, hay al menos 10 personas que tienen a Sinaloa como su estado de origen y por lo tanto su representación.

Y si algo tienen en común la mayoría de ellos, además de su estado de origen, es el silencio que han preferido guardar en torno a la crisis de violencia e inseguridad que padece la entidad.

Es cierto que sus responsabilidades son otras, como la de hacer leyes que permitan mejores condiciones de vida para los mexicanos y sobre todo, para sus representados.

También son responsables de aprobar el gasto que realiza el Gobierno de México y entre ellos, los que se le asignan a Sinaloa y a sus distritos.

Y tienen, además, una tarea importante, que es la de la fiscalización de los recursos públicos, para que su aplicación se haga conforme a lo aprobado en el presupuesto y de manera responsable.

Pero cumplir con esas tareas no les impide voltear a ver lo que está pasando en su Estado, o al menos en su Distrito electoral.

Desde luego que no se espera que se vistan con uniforme policial y tomen armas para restablecer la seguridad que la población demanda, pero sí al menos un poco de empatía para que sus representados se sientan algo atendidos.

Pero no ha sido así. Seguro hay electores que a bote pronto no sabría decir quién es la persona que representa a su Distrito electoral en la Cámara de Diputados ni cuáles son las gestiones que ha emprendido para su comunidad.

Y eso resulta cómodo para los representantes, porque no están obligados a comprometer su posición en solidaridad con la población que ha estado sometida a la crisis de violencia que vive la entidad.

Son 10 las personas que desde la Cámara de Diputados legislan para Sinaloa y la mayoría de ellos han optado por el silencio ante una crisis que tras más de dos años, aún no parece terminar.