El déficit en el consumo de fibra (dietética) se ha consolidado como una de las crisis nutricionales más alarmantes de la salud pública contemporánea, representando un fenómeno de desajuste evolutivo sin precedentes.

Mientras que la fisiología humana se optimizó a lo largo de milenios para procesar dietas ricas en polisacáridos vegetales complejos (con fibra), la transición hacia sistemas alimentarios industrializados (procesados) ha reducido drásticamente esta ingesta.

Las recomendaciones internacionales, respaldadas por instituciones como la OMS y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), establecen un rango óptimo de consumo entre 25 y 38 gramos diarios para adultos. No obstante, los datos epidemiológicos globales indican que la mayor parte de la población en sociedades urbanizadas apenas alcanza el 50 por ciento de este requerimiento, una brecha que correlaciona directamente con el aumento de enfermedades metabólicas y crónicas.

Esta carencia no es un accidente biológico, sino el resultado directo de un estilo de vida que prioriza la “conveniencia” sobre la funcionalidad orgánica.

La cotidianidad moderna ha normalizado el consumo de alimentos procesados (pre-digeridos) manufacturados por la industria; productos refinados que han sido despojados de su fibra para prolongar su vida en estante y facilitar una ingesta rápida.

Esta cultura de la inmediatez alimentaria ignora que, desde una perspectiva biológica, la fibra no es un componente inerte, sino un regulador crítico del metabolismo y la salud humana.

La fibra soluble, al hidratarse y formar matrices viscosas (se expande y forma redes) en el intestino delgado, aumenta la resistencia a la difusión de los nutrientes hacia la superficie de absorción (modula la absorción de nutrientes).

Este mecanismo es fundamental para la modulación de la respuesta glucémica; al ralentizar la hidrólisis del almidón (digestión de los carbohidratos) y la absorción de glucosa, se evitan los picos de insulina que, de ser crónicos, provocan resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

En la vida diaria, el consumo de alimentos refinados provoca una absorción casi inmediata de azúcares, sometiendo al páncreas a un estrés metabólico constante que no existía en el entorno ancestral.

Más allá del control del azúcar, el impacto más profundo de la deficiencia de fibra se observa en la ecología del microbioma intestinal.

La fibra dietética actúa como el principal Sustrato de Crecimiento para la Microbiota (MAC, por sus siglas en inglés). En ausencia de estos polímeros complejos, la diversidad bacteriana disminuye drásticamente, un fenómeno que la literatura científica ha vinculado con la aparición de enfermedades crónicas inflamatorias.

Al ser fermentada por bacterias anaerobias en el colon, la fibra da lugar a la producción de Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC), específicamente acetato, propionato y butirato.

El butirato, en particular, es esencial para la salud humana: funciona como la fuente de energía primaria para las células del colon, estimula receptores relacionados con las señales de saciedad en el cerebro, y regulan el metabolismo de los lípidos.

La carencia de estos metabolitos tiene consecuencias directas en la integridad de la barrera intestinal. Estudios de vanguardia, como los publicados en la revista Cell, han demostrado que, ante la falta de fibra exógena, ciertas especies bacterianas comienzan a degradar la capa de moco de las paredes del intestino como fuente alternativa de energía.

Esta erosión de la barrera protectora aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de lipopolisacáridos (endotoxinas) bacterianos que se encuentran en el intestino, al torrente sanguíneo, lo que genera un estado de inflamación de bajo grado.

Esta inflamación sistémica es el denominador común detrás de patologías tan diversas como la aterosclerosis, la esteatosis hepática no alcohólica e incluso trastornos neurodegenerativos, evidenciando que el problema de la fibra trasciende por completo el ámbito de la digestión mecánica o el simple estreñimiento.

La sustitución de granos enteros y leguminosas por harinas blancas y extractos azucarados altera profundamente la señalización neuroendocrina del hambre y la saciedad.

Los alimentos con alta densidad de fibra requieren un mayor tiempo de masticación y ocupan un volumen gástrico superior, lo que activa mecanorreceptores y promueve la liberación temprana de hormonas anorexigénicas como el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1, el que está de moda inyectarse para bajar de peso).

La eliminación de la fibra en la dieta moderna facilita el sobreconsumo calórico pasivo, ya que el individuo ingiere una gran densidad de energía antes de que los mecanismos biológicos de saciedad puedan intervenir.

Por lo tanto, la “brecha de la fibra” no es solo una deficiencia de nutrientes, sino una alteración estructural en la forma en que nuestro cuerpo gestiona la energía y mantiene su integridad inmunológica.

La reincorporación de granos enteros, leguminosas y estructuras vegetales intactas es una intervención farmacológica natural indispensable para mitigar la carga global de enfermedad que padece nuestra sociedad.

En la compleja anatomía de Culiacán, la banqueta ha dejado de ser el tejido conectivo de la sociedad para convertirse en un botín comercial. Lo que desde la ingeniería civil y el urbanismo social se define como el espacio vital para el desplazamiento humano, en las calles de la capital sinaloense se ha transformado en un apéndice del inventario privado. Este fenómeno, donde los negocios expanden sus dominios instalando topes de caucho y delimitando cajones de estacionamiento sobre el cemento público, representa una de las agresiones más silenciosas pero profundas al derecho a la ciudad. El problema no es meramente estético o de fluidez vial; es una violación estructural a la jerarquía de movilidad que coloca al peatón en la base de una pirámide donde el automóvil, amparado por el comercio, se ha erigido como el soberano absoluto, una soberanía que se extiende incluso al estado físico de las vialidades.

Desde una perspectiva técnica, la banqueta no posee la resistencia estructural para funcionar como rodamiento vehicular. Al permitir que toneladas de acero y motor descansen sobre superficies diseñadas para el tránsito de personas, se acelera un proceso de degradación física que fractura el concreto y crea trampas arquitectónicas. Sin embargo, el daño físico es superado por el daño social: la exclusión sistémica. Cuando un establecimiento bloquea la acera, obliga a los ciudadanos más vulnerables, personas con discapacidad, padres/madres con carriolas, o adultos mayores, a descender a la calle. En una ciudad con altos índices de siniestralidad vial, este desplazamiento forzado no es solo una molestia, es una exposición directa al peligro de muerte. La instalación de topes de caucho y estructuras fijas en la vía pública no es un acto de “mejora” del local, sino una “microprivatización” que fragmenta la continuidad del espacio común, rompiendo la función social de la calle como lugar de encuentro y seguridad.

A esta invasión de las aceras se suma una gestión deficiente de la superficie de rodamiento que ha deformado el relieve de la ciudad: el reencarpetado sistemático con chapopote y mezclas asfálticas de baja calidad sobre capas preexistentes. Esta práctica, lejos de ser una solución de mantenimiento, ha generado un fenómeno de “sobrelevación” de las calles. Al aplicar capa tras capa de asfalto sin retirar el material viejo (fresado), el nivel de la calle sube progresivamente, quedando en ocasiones por encima del nivel de las banquetas y las entradas de las viviendas. Esto altera drásticamente el drenaje pluvial natural, convirtiendo las calles en diques que inundan propiedades y aceleran la formación de baches profundos debido a la acumulación de humedad en las capas inferiores. La deformación resultante crea una superficie irregular, con “olas” de asfalto desplazado por el calor extremo de la región y el peso vehicular, lo que compromete la suspensión de los autos y la estabilidad de los ciclistas, evidenciando una falta de rigor técnico en la obra pública.

Esta práctica persiste en Culiacán debido a una inercia institucional que ha confundido la tolerancia con la armonía social. Se ha normalizado la idea de que el frente de un negocio es una extensión de la propiedad privada, una falacia legal que erosiona el Estado de Derecho. Si se permite que un comerciante se apropie de dos metros de acera, se envía un mensaje permisivo que valida otras ilegalidades cotidianas, desde el “apartado” de lugares con cubetas hasta la ejecución de obras públicas superficiales que solo maquillan el problema. Esta “cultura del atajo” genera una ciudad de obstáculos donde el beneficio económico inmediato o el ahorro presupuestario en bacheo se prioriza sistemáticamente sobre el bienestar colectivo y la durabilidad de la infraestructura. La tolerancia hacia estas infracciones no es una muestra de flexibilidad, sino una negligencia que degrada la calidad de vida urbana y desincentiva la caminabilidad y el tránsito seguro.

En el Centro Histórico, la problemática alcanza niveles críticos por la estrechez de sus vías originales. Calles como Juan Carrasco, Domingo Rubí y Miguel Hidalgo son ejemplos claros donde la banqueta ha sido asfixiada. Aquí, el peatón no solo lucha contra la exhibición de mercancía en la vía pública, una práctica prohibida por el Bando de Policía y Gobierno, sino contra motocicletas y vehículos que utilizan las aceras ampliadas como estacionamiento de conveniencia. Es particularmente alarmante en tramos de la calle Ángel Flores, donde incluso frente a instituciones educativas o en rampas de acceso para personas con discapacidad, el vehículo se antepone al derecho elemental de paso.

La calle Doctor Luis G. de la Mora, en el corazón de la colonia Las Quintas, es un “laboratorio” perfecto para observar cómo la falta de planeación y la tolerancia institucional han degradado uno de los sectores con mayor plusvalía de Culiacán. En esta vía, la simbiosis entre la invasión de banquetas y el reencarpetado deficiente crea un entorno hostil para cualquier forma de movilidad que no sea el automóvil.

Al desplazarnos hacia el sur, el fraccionamiento Alturas del Sur presenta un escenario de anarquía urbana en sus vialidades principales, como el Bulevar Juan Ley Fong. En este sector, el comercio local ha devorado las banquetas de tal forma que los residentes se ven forzados a transitar por el arroyo vehicular entre camiones y autos a alta velocidad. Lavaderos de autos y establecimientos de comida no solo instalan sus estructuras en la acera, sino que delimitan el pavimento con topes de caucho para asegurar “cajones” privados, ignorando que el espacio público no puede ser parcelado por intereses particulares.

En cuanto a la deformación de las vialidades por el reencarpetado deficiente, el problema es endémico en arterias de alto flujo. El Bulevar Leyva Solano y el Bulevar Manuel Clouthier (especialmente en la zona de la colonia Díaz Ordaz) exhiben las cicatrices de capas de asfalto acumuladas sin un fresado previo. Esta técnica de “parche sobre parche” ha elevado el nivel de la calle en puntos como la Avenida Nicolás Bravo en Cañadas, donde el asfalto comienza a competir en altura con la banqueta, anulando el cordón cuneta que debería canalizar el agua pluvial. El resultado es visible tras cada lluvia: el agua, sin un cauce definido por la deformación del asfalto y el chapopote derretido por las altas temperaturas de Sinaloa, se estanca o se desvía hacia los comercios, creando un ciclo vicioso de baches y erosión que hace de la conducción un ejercicio de supervivencia.

Esta configuración urbana, donde la banqueta en el Sector Tres Ríos o en Villas del Real se convierte en estacionamiento y el asfalto en una duna irregular, evidencia una ruptura en la cadena de mando de la ciudad. La tolerancia en avenidas como la Domingo Rubí o la Álvaro Obregón, donde la infraestructura pública se dobla ante la necesidad inmediata del comercio o el bacheo superficial, subraya que Culiacán necesita pasar de la gestión de parches a una política de restitución del orden. Solo mediante la liberación de las aceras en el centro y la periferia, y la ejecución de obras viales que respeten los niveles de ingeniería, podrá la ciudad dejar de ser un laberinto de obstáculos para convertirse en un espacio de derecho.

Por lo tanto, la “cero tolerancia” no debe entenderse como una medida punitiva arbitraria, sino como un acto de justicia espacial y técnica. Recuperar la banqueta implica restituir la dignidad al ciudadano, mientras que exigir pavimentaciones con estándares científicos, que incluyan el fresado y niveles adecuados, garantiza la sostenibilidad de la inversión pública. No puede haber excepciones basadas en la costumbre o en la urgencia política de “tapar hoyos” sin planeación, ya que el déficit de orden no debe ser subsidiado con el espacio ni con la seguridad de la población. Una ciudad que no respeta sus aceras ni la ingeniería de sus calles es una ciudad que desprecia a sus habitantes. La transformación de Culiacán hacia una urbe moderna exige el retiro de cualquier obstáculo físico en las banquetas y una fiscalización rigurosa de la obra pública, recordándonos que el progreso real se mide por la integridad de lo que es de todos.

Es momento de dejar de normalizar el secuestro de nuestras banquetas y la deformación de nuestras calles: te invito a levantar la voz y denunciar estas irregularidades ante el Ayuntamiento, tal como lo acabo de hacer mediante un reporte formal a la Unidad de Inspección y Vigilancia, de quienes espero una respuesta clara y acciones contundentes que restablezcan el orden y el derecho al libre tránsito en nuestra ciudad.