El gobierno de Estados Unidos endureció sus controles tecnológicos al cerrar una laguna regulatoria que habría permitido durante más de un año la exportación de algunos de los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo a filiales de empresas chinas establecidas en terceros países, particularmente en mercados asiáticos como Malasia.

La medida fue anunciada por el Departamento de Comercio estadounidense mediante una directriz que aclara que las restricciones de exportación también aplican a entidades chinas que operan fuera del territorio continental de China. Con ello, Washington DC busca reforzar una estrategia que desde hace años intenta limitar el acceso de Pekín a semiconductores considerados críticos para el desarrollo de inteligencia artificial avanzada y capacidades tecnológicas de uso estratégico.

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La decisión deja entrever que las barreras impuestas por Estados Unidos presentaban fisuras importantes. Documentos que circularon recientemente entre funcionarios y especialistas en seguridad tecnológica alertaban que las “compuertas se habían abierto silenciosamente”, permitiendo que compañías vinculadas a China adquirieran hardware de última generación mediante filiales registradas en otros países.

Entre los productos potencialmente beneficiados por ese vacío regulatorio se encuentran los procesadores Blackwell de Nvidia, considerados actualmente los chips más sofisticados para aplicaciones de inteligencia artificial. Estos componentes son esenciales para entrenar modelos avanzados, desarrollar sistemas de cómputo de alto rendimiento y fortalecer infraestructuras tecnológicas que tienen implicaciones económicas, militares y de seguridad nacional.

Aunque las autoridades estadounidenses no han revelado cuántos chips pudieron llegar a manos de empresas chinas mediante este mecanismo, fuentes de la industria estiman que el volumen podría alcanzar cientos de miles de unidades. La cifra resulta significativa considerando que los semiconductores avanzados se han convertido en el principal frente de la disputa tecnológica entre Washington DC y Pekín.

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La controversia se remonta a mayo de 2025, cuando la administración de Donald Trump decidió no aplicar una normativa heredada de los últimos días del gobierno de Joe Biden. Aquella regulación establecía requisitos de licencia más amplios para controlar el acceso internacional a chips de inteligencia artificial. La decisión dejó abierta una ruta que ahora el propio Departamento de Comercio se vio obligado a corregir.

Especialistas en seguridad tecnológica advirtieron que las filiales extranjeras de empresas chinas podían adquirir procesadores avanzados sin necesidad de obtener permisos especiales. Para diversos analistas, esta situación debilitó la efectividad de las sanciones estadounidenses y permitió que compañías chinas mantuvieran acceso a tecnologías clave pese a las restricciones oficialmente vigentes.

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Sin embargo, la nueva directriz no resuelve todos los problemas detectados por los expertos. Persisten preocupaciones sobre la capacidad de fabricantes y fundiciones internacionales para verificar el destino final de los chips que producen. Analistas señalan que todavía existen riesgos de que empresas pantalla o intermediarios oculten operaciones destinadas a abastecer a corporaciones chinas.

La disposición tampoco obliga a centros de datos ni a operadores tecnológicos a retirar equipos ya instalados o suspender el mantenimiento de servidores equipados con estos procesadores. En la práctica, la medida busca cerrar futuras adquisiciones, pero deja intacta buena parte de la infraestructura avanzada que ya pudo haberse desplegado durante el periodo en que la laguna regulatoria permaneció abierta.

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