Ciudadanos, Sociedad Civil e iniciativa privada realizarán una segunda marcha por la paz, en Culiacán, con motivo de los dos años de la crisis de seguridad en Sinaloa.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, y una de las impulsoras de la manifestación, confirmó que la marcha se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 horas, cuyo punto de partida aún lo están definiendo.

Aseguró que esta nueva movilización pretende medir cuánto ha crecido el cansancio de la población ante una violencia que, aunque ha tenido cambios en su intensidad y zonas de mayor impacto, continúa afectando a Sinaloa.

“El termómetro va a ser la marcha. La marcha que por cierto ya los vamos vamos a convocar para el 13 de septiembre va a ser el domingo 13, va a ser como el termómetro para ver el hartazgo de los ciudadanos”, afirmó.

La empresaria señaló que el objetivo será exigir paz y reclamar por los derechos que han sido afectados durante los últimos dos años.

“Por la paz, por exigir nuestros derechos que han sido violentados desde hace dos años”, dijo.

La movilización sería un símil a la realizada el 7 de septiembre de 2025, cuando miles de personas recorrieron las calles de Culiacán desde La Lomita hasta Catedral para exigir el alto a la violencia.

La convocatoria reunió a más de 36 organizaciones y fue planteada como un movimiento ciudadano y apartidista.

Aquella marcha se realizó a unos días de cumplirse un año del inicio de los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado, el 9 de septiembre de 2024 que habría dejado decenas de asesinatos, desapariciones y robo de vehículos derivados de la crisis de seguridad.

Reyes Zazueta adelantó que buscarán que la movilización tenga nuevamente un carácter ciudadano y que se sumen distintas asociaciones.

También lanzó una invitación a los aspirantes de Morena que actualmente realizan actividades relacionadas con la defensa de su partido.

“Invitamos a esos defensores de los votos que aparezcan en la marcha. Los invitamos a que aparezca para que nos digan a qué se comprometen con nosotros. A los aspirantes a la coordinación. Que vayan también ellos.”

La presidenta de Coparmex insistió en que la marcha no busca ser propiedad de un partido político, sino reunir a ciudadanos y organizaciones con una exigencia común.

“Van a ver que el flyer que tenemos va a aparecer apropiándose muchas asociaciones y porque lo queremos hacer netamente ciudadano”.

La primera movilización de septiembre de 2025 tuvo una participación multitudinaria. Distintas estimaciones situaron la asistencia entre decenas de miles de personas, quienes caminaron vestidas de blanco y con pancartas que exigían paz, justicia y el regreso de la tranquilidad a las calles.

Para la nueva convocatoria, los organizadores buscan repetir ese carácter ciudadano y convertir nuevamente las calles de Culiacán en un espacio de protesta frente a la inseguridad que ha marcado al estado desde septiembre de 2024.

La Diputada Elizabeth Montoya, sobreviviente de un atentado que sufrió junto al también Legislador Sergio Torres Félix, publicó un video en el que lanzó un discurso crítico contra los gobiernos y la violencia.

A través de sus cuentas de redes sociales, la representante del Movimiento Ciudadano difundió este llamado de casi tres minutos, en el que busca la empatía de una sociedad sinaloense, al recordar su caso y explicar cómo ha sido su recuperación.

“El pasado 28 de enero mi vida cambió para siempre, la violencia me alcanzó abruptamente; perdí un ojo y esto no significa únicamente que perdí parcialmente la visión, esto significa que debo aprender a vivir con una realidad distinta y con las secuelas que un acto de violencia deja en la vida de una persona y de toda su familia”, dijo.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix se trasladaban en una camioneta por el Malecón Niños Héroes de Culiacán cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados y fueron atacados a balazos; los dos resultaron heridos, y mientras ella perdió un ojo, Sergio se llevó la peor parte con disparos en la cabeza que lo han dejado con secuelas muy negativas.

Montoya Ojeda recalcó cómo ha sido enfrentar un proceso de recuperación física y emocional que aún no termina.

“No ha sido fácil, pero encontré en esa experiencia la fuerza para seguir adelante con un propósito; no me doblegué, no me quedé en el miedo, porque el miedo paraliza y Sinaloa no puede permitirse seguir paralizado”, arenga en el video.

Dijo que comparte la indignación de miles de familiares que también han perdido mucho en esta guerra entre facciones.

“Por eso decidí volver a la vida pública, para no convertirme en una estadística más”, señala.

“Volví para recordarles que la paz no es un favor que se nos concede, sino un derecho que debemos exigir y defender”.

“Hoy levanto la voz por mí, por mi familia y por todas aquellas personas que han visto su vida afectada por la violencia, por quienes han sido víctimas de un sistema que ha fallado en protegernos, que ha normalizado la impunidad y que ha sido incapaz de garantizar la paz que merecemos. Yo no me rindo y ustedes tampoco deberían”.

Cuando pensamos en el impacto de la violencia en nuestras comunidades, la tendencia general es enfocar la atención en las cifras inmediatas (el recuento de homicidios, los titulares del día o las pérdidas materiales tras un brote de inseguridad). Sin embargo, las heridas más profundas son las que se cuelan en nuestra rutina, alteran el organismo y van desgastando, de manera silenciosa pero drástica, la vida en comunidad.

En nuestro estudio longitudinal recién publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health (https://doi.org/10.3390/ijerph23081029), nos propusimos analizar con rigor científico un fenómeno que los sinaloenses conocemos de primera mano, el modo en que una sociedad pasa del susto o la alarma inicial a un estado permanente de adaptación biopsicosocial.

Uno de los hallazgos más reveladores fue lo que llamamos la “dinámica a dos velocidades”, una paradoja donde la conducta de la gente y la realidad objetiva se desacoplan. Cuando se desencadena una crisis de inseguridad, todos reaccionamos de inmediato ajustando la rutina (fijamos toques de queda voluntarios al anochecer, recortamos nuestras salidas, miramos con recelo el entorno y no soltamos el teléfono revisando chats y redes para ver si es seguro transitar). Lo verdaderamente alarmante para la salud pública es que, cuando las aguas se calman y las cifras oficiales bajan, nuestro chip mental no regresa al estado original.

Este desacople demuestra que la hipervigilancia deja de ser una defensa temporal para convertirse en nuestra forma habitual de vivir. No recuperamos la tranquilidad de antes; en su lugar, adoptamos un “nuevo normal” marcado por la alerta constante y el desgaste alostático, que no es más que la factura biológica que nos cobra el cuerpo por estar adaptándose a un estrés que nunca se apaga.

A nivel individual, esta tensión sostenida se traduce en trastornos del sueño, cansancio acumulado que somatizamos físicamente y un incremento en el consumo de medicamentos o sustancias para controlar la ansiedad y poder descansar. La biología humana simplemente no está diseñada para vivir en alerta perpetua sin pagar un precio en la salud.

Pero el impacto colectivo es igual de severo. El estudio demuestra cómo la amenaza continua erosiona directamente la confianza en los demás. Nos volvemos sospechosos ante el vecino, el peatón o el desconocido, provocando una pérdida paulatina de la empatía y de las redes de apoyo comunitario. Al dejar de confiar en quien nos rodea, terminamos abandonando las plazas, los parques y los espacios de convivencia. Ocurre entonces una especie de colapso en el contrato social cotidiano, la comunidad se fragmenta y la vida colectiva se reduce a estrategias aisladas donde cada familia busca cómo salir adelante por su cuenta. Con el tiempo, la suma de esta fatiga mental, la presión económica y el aislamiento social se convierte en el detonante principal de la intención de migrar; la idea de irse de la ciudad ya no nace de un evento violento puntual, sino del cansancio acumulado de no poder proyectar un futuro tranquilo en casa.

Entender esta realidad nos obliga a cambiar la forma en que concebimos la salud pública en contextos difíciles. No podemos abordar la inseguridad únicamente con más patrullas o presencia policial, ignorando que la violencia es un determinante crítico de la salud mental y colectiva. La paz de una región no se decreta sólo porque baje un indicador en la gráfica oficial.

Lo que hace a este estudio verdaderamente valioso es que no se queda en la foto del momento ni en las métricas de siempre; va al fondo para explicar cómo nos cambia la vida cuando la incertidumbre se vuelve parte del paisaje. A nivel local, nos da evidencia científica para entender que sanar como sociedad exige atender lo que nos pasó por dentro. Y a nivel internacional, aporta una lección clara sobre cómo las comunidades adaptan su mente y su conducta cuando aprenden a salir adelante en entornos complejos.

Al demostrar con evidencia que no basta con que bajen las cifras delictivas si el desgaste emocional y la desconfianza persisten, esta investigación nos invita a dar un giro conjunto. Es un llamado para que las autoridades trasciendan el patrullaje e inviertan decididamente en la salud mental y la infraestructura social. Al mismo tiempo, representa una invitación a la ciudadanía para vencer el miedo, reapropiarnos del espacio público y restaurar la confianza mutua a través de hechos y actitudes recíprocas, renovando el compromiso con el futuro y el arraigo en nuestra propia tierra.

Inducida como cáscara de plátano por la insidia de partidos políticos y la poco asertiva comentocracia de medios y redes, a inicios de julio fue deslizada la posibilidad de que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que pidieron licencia el 1 de mayo para ausentarse temporalmente de esos cargos, regresen a sus funciones y concluyan sus períodos para los que fueron electos con finiquitos al 31 de octubre de 2027. No obstante, dicha táctica fundada en apetitos políticos de la Oposición y sus voceros que recalcan la línea de sospecha respecto a la supuesta narcopolítica local le abre pauta al debate legítimo sobre el pronto retorno o el retiro extendido.

Por tratarse de un tema que es como navaja de doble filo, debe abordarse aislado del simplismo que proponen los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, cuya única pretensión es la usurpación de cotos de poder que el voto popular no les ha asignado. Tampoco existirá la respuesta antes de que se definan una serie de procesos y hechos inherentes, lo cual ocurrirá en las próximas semanas. Ni siquiera Rocha y Gámez poseen las certezas de desenlaces que serán determinadas en los ámbitos nacional e internacional.

Al margen del gansterismo político diseminado desde el vecino país del norte, y fijando la atención en la profundidad de los sucesos sin caer en la tentación de manipularlos, será factible denotar y desclasificar la secuencia de eventos sociales y políticos que está por venir e instalarán recapitulaciones en varios de los temas de la agenda binacional con efectos directos en lo estatal. Es el momento de ajustar la realidad a los hechos y no a lo que se dice.

La pregunta de si el Gobernador con licencia retomará su responsabilidad como jefe del Ejecutivo estatal está en todas partes una vez que el grito estentóreo del “fuera Rocha” cayó en cuenta que no sobrevinieron la paz, estabilidad y serenidad que se creía ocurriría en automático con el retiro temporal del político badiraguatense. Al contrario, el estado de cosas procedió a complicarse aún más.

Lo primero que está por ocurrir es el resolutivo que emitirá la Fiscalía General de la República sobre la investigación que abrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ventiló el 29 de abril, alterando el debido proceso, la acusación contra Rocha Moya y nueve funcionarios estatales más en activo o en calidad de ex, imputación que hasta la fecha contiene mayor materia enunciativa que rigor probatorio.

Paralelamente, el gobierno de Donald Trump deberá aportar las pruebas que sustenten la inculpación, evidencias que a la fecha al haber transcurrido más de tres meses, no dispone la Fiscalía mexicana. En esta línea de razonamiento importa tomar en cuenta que las instancias ministeriales y judiciales estadunidenses no han podido aperturar, por carecer de carpetas de investigación sólidas, los procedimientos de enjuiciamiento contra los ex secretarios del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez en Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega en Administración y Finanzas.

La FGR realiza los últimos requerimientos de información al Departamento de Justicia de Estados Unidos en el entendido de que los intervalos de irresolución en este dossier aportan a la hipótesis de las motivaciones políticas por encima de las razones jurídicas. Después de 90 días de un expediente abultado por especulaciones y decrecido en probanzas, podría caer el argumento estrepitoso de la narcopolítica que a duras penas sostienen los que postulan, les urge, la mayor balcanización de Sinaloa.

Otro componente de la valoración en lo que tiene que ver con el regreso o no de Rocha y Gámez a la Gubernatura de Sinaloa y la Presidencia Municipal de Culiacán, está intrínsecamente vinculado a las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Trump ha utilizado el tema de la narcopolítica en México como estrategia para superar la baja popularidad que tiene en el electorado y aunque ha dejado de insistir en el caso de Sinaloa hoy enfoca sus baterías hacia políticos de otros estados mexicanos.

En síntesis, son iguales de falsas las afirmaciones que dan por decidido que Rocha regresa a la Gubernatura o que no retomará el cargo para cerrar el sexenio. Las circunstancias están por hablar, la ciudadanía empieza a conversar en retrospectiva, y las leyes serán un factor de peso para determinar conclusiones en cualesquiera de los dos escenarios. Y si resulta cierta la idea de que las peores crisis inducen a excelentes recomposiciones, entonces la gobernabilidad asomará con, sin y a pesar de los que auguran peores devastaciones para Sinaloa.

Que no enoje esta cuestión,

A agoreros del desastre,

Nada más es interrogación,

Con fines de alto contraste.

La Regidora Erika Sánchez, quien es la más fuerte aspirante del PRI a la Alcaldía de Culiacán, respalda el planteamiento a ser más estratégicos en la elección del próximo 6 de junio para volcar de manera inteligente las fortalezas de todos los partidos y de la ciudadanía frente a la importancia de lograr equilibrios en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Considera que los casos de liderazgos sociales como los de Martha Reyes, Enrique Riveros y Miguel Taniyama serían voces potentes que incidirían a favor de Sinaloa en el Legislativo federal y estatal.