MEXICALI, JUNIO 12, 2026.- El Pleno aprobó el Dictamen No 27 de la Comisión de Justicia que se refiere a la Iniciativa de reforma al artículo 226 del Código Penal para el Estado de Baja California, presentada por la Diputada María Yolanda Gaona Medina.

De esta forma, cuando el despojo se realice por grupo o grupos que, en conjunto, sean mayores de cinco personas, se les aplicará a los coautores la pena señalada en este artículo.

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo 14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles. Desafortunadamente, en nuestro Estado las estadísticas de la comisión de tal delito, han ido aumentando considerablemente.

MEXICALI, JUNIO 11, 2026. – La Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), presidida por la consejera electoral Vera Juárez Figueroa, celebró sesión pública en la que aprobó dos dictámenes relacionados con solicitudes presentadas por la ciudadanía.

El primero corresponde al Dictamen Número Cinco, derivado de la solicitud presentada por el ciudadano Jesús Víctor Ferrer Covarrubias, quien requiere al IEEBC implementar una acción afirmativa que garantice espacios de representación política para personas adultas mayores durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

Al respecto, la presidenta de la Comisión explicó que se realizó un estudio actualizado sobre la participación política de este sector de la población, con base en información demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como datos históricos sobre candidaturas y personas electas en los procesos electorales locales.

El análisis evaluó la participación de personas mayores de 60 años en los cargos de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, además de revisar si existían condiciones de subrepresentación que justificaran la implementación de una medida compensatoria.

Como resultado, se concluyó que no existen elementos objetivos que acrediten una subrepresentación político-electoral de las personas adultas mayores en Baja California, ya que la información disponible muestra una participación constante de este grupo tanto en las candidaturas como en los cargos de elección popular.

Por ello, se determinó que no es procedente implementar una acción afirmativa específica para el Proceso Electoral Local 2026-2027, al considerar que este tipo de medidas únicamente deben establecerse cuando exista evidencia de una desigualdad estructural que las justifique. No obstante, Juárez Figueroa precisó que esta determinación podrá revisarse en futuros procesos electorales si surgen nuevos elementos estadísticos o jurídicos que modifiquen las condiciones de representación política de este grupo poblacional.

En la misma sesión, la Comisión aprobó el Dictamen Número Seis, mediante el cual se atendió la solicitud presentada por Ma. Teresita Díaz Estrada para que el IEEBC adopte un protocolo especializado para prevenir, atender y dar seguimiento a casos de violencia política en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género contra personas de la comunidad LGBTTTIQANB+, además de abrir espacios de participación con organizaciones y personas integrantes de esta comunidad para fortalecer el contenido de dicho instrumento.

Sobre este punto, la consejera Juárez informó que, tras revisar el marco jurídico nacional e internacional en materia de igualdad, no discriminación y derechos político-electorales de las personas LGBTTTIQANB+, así como los antecedentes de solicitudes y resoluciones emitidas por el Consejo General y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, se determinó responder favorablemente a la petición, en el sentido de continuar con el análisis sobre la viabilidad de implementar un protocolo especializado.

Como parte de este acuerdo, se instruyó a la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación a organizar reuniones de trabajo y espacios de diálogo con integrantes de la comunidad LGBTTTIQANB+, organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas, con el propósito de fortalecer tanto el estudio técnico como el contenido del eventual protocolo.

Finalmente, Vera Juárez Figueroa informó que ambos dictámenes serán remitidos al Consejo General para los efectos legales conducentes.