Por Francisco Javier Ruiz Quirrín 

PODRÍA parecer una expresión surrealista, pero los hechos muestran la intención de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, de confrontarse abiertamente con el gobierno de los Estados Unidos.

“Algo” o “alguien” provocó el arrojo de llevar a cabo esa acción hoy mismo, confiado en el control y dominio total de los tres poderes del Estado, de los militares y de un partido hegemónico como es “MORENA”.

Es decir, la dictadura está dibujada frente a la “cuarta transformación” y está lista para designar a Estados Unidos el “enemigo número uno de México” y en su momento, el “causante principal de los fracasos de gobierno”.

De acuerdo con el análisis de “Código Magenta”, la cabeza fría ante esta crisis presumida por la presidenta Sheinbaum en sus “mañaneras”, ha quedado guardada en la hielera y sacó a relucir la cabeza caliente, aquella que engendró desde los encendidos discursos en los tiempos de agitación en la UNAM.

Usted y yo sabemos que en política las coincidencias no existen. El secretario de seguridad de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegó a palacio nacional hace días cargando documentación en sus manos. A su salida, esas manos estaban vacías.

No pasaron cinco días luego de esa visita, para darse el anuncio de la renuncia de Andrés Manuel (No me digan “Andy”) López Beltrán a la secretaría de organización del comité nacional de MORENA, con el pretexto de esperar los tiempos para buscar impunidad, es decir, una diputación.

Resulta lógico pensar que el secretario Mullin entregó información a la presidenta y que destacó un nombre entre otros: López Obrador.

A estas alturas, nadie podría dudar que el tema se tocó entre el expresidente y su sucesora y de ahí surgió el encendido mensaje del pasado domingo, —en el marco de la conmemoración del segundo año del triunfo electoral de la señora Sheinbaum—, asegurando una “injerencia” de Estados Unidos con dos motivos: “tomar a nuestro país como piñata, utilizarlo como tema de su campaña rumbo a las elecciones de este 2026” o bien, “tratar de influir en los comicios electorales de México en el 2027”.

Aún testigos de aquella segunda parte del sexenio del presidente Luis Echeverría, no recuerdan un discurso de quien en ese momento criticaba a su vecino del norte, tan agresivo como el pronunciado por la presidenta de México este domingo.

Además, advirtió que no aceptará la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump respecto a la detención y entrega de políticos destacados, acusados por sus ligas con el crimen organizado.

“Vienen por unos y luego vendrán por otros”, dijo Sheinbaum, con lo cual admitió la presión estadounidense sobre ella y la suma de más nombres a la primera lista de diez, encabezada por el gobernador con licencia, Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, todos ellos, con evidencias claras, exhibidas, de tener ligas con el crimen.

¿Quiénes integrarán el segundo paquete? ¿Se habrán enlistado a más gobernadores como Marina del Pilar y Américo Villarreal, a quienes les cancelación su visa? ¿Estará en la lista AMLO?

Es evidente pues, que el asunto escaló tanto, que se tomó la decisión de rechazar al gobierno del presidente Trump y sus exigencias para llevar a juicio en sus tribunales a “narco-políticos” mexicanos y calificar tal acción como “injerencia” en las decisiones políticas de nuestro país.

Y solo como remate, desde su “mañanera” de este martes la señora Sheinbaum “calló” al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien había escrito en “X” un lamento ante la politización del tema, cuando —dijo— “la lucha contra los cárteles debería de unirnos, no dividirnos”.

“El embajador debe respetar los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos”, fue el reclamo.

Ahora, la pregunta que se escucha en todos los rincones del país: ¿Esta confrontación del binomio Sheinbaum-AMLO contra Estados Unidos, traerá consecuencias para el gobierno de la 4-T y para nuestro pueblo?

Debemos recordar que Trump no es Barack Obama o Joe Biden y lo demostró en Venezuela al ir por el dictador Nicolás Maduro, sacarlo de su casa y llevarlo a los tribunales del Nueva York.

El presidente de los Estados Unidos, se advierte, es impulsivo y algunas de las expresiones incluidas en el agresivo mensaje del pasado domingo, podrían compararse con aquel grito venezolano: ¡Aquí los espero; vengan por mí cobardes!

Y fueron por él.

El round Beltrones-Durazo

HACE un par de meses, Manlio Fabio Beltrones reprochó a Claudia Pavlovich su indiferencia para exigir al gobierno federal incluyera el tramo de 164 kilómetros de Hermosillo a Santa Ana con concreto hidráulico, porque permanecía con asfalto, dejando a medias el ofrecimiento del presidente Enrique Peña Nieto de reconstruir con cemento la carretera de cuatro carriles de Estación Don a Nogales… “Esa fue una de las actitudes que me decepcionaron de Claudia”, aseveró el exgobernador… Me pregunté ¿qué más podría haber pasado?… La respuesta se dio el pasado fin de semana en un encuentro de Manlio con colegas de Ciudad Obregón… Al arribo en el lugar, un grupo de empresarios y viejos amigos personales abordaron al ahora senador de la república y no ocultaron su desencanto por la terrible inseguridad en Cajeme que está provocando incluso el cierre de negocios… “Vayan y exíjanle a quien está en palacio de gobierno en Hermosillo”, alcanzó a decir Beltrones, a quien le dejaron ir una expresión que alteró su estado de ánimo: “Pero todo esto viene desde el pasado sexenio, con una gobernadora que tú apoyaste”… Al encontrarse con los periodistas, llevaba “la espada desenvainada”… Condujo la conversación hasta revelar que Claudia Pavlovich solo gobernó tres años, porque “desde que llegó López Obrador se arrodilló y hasta dejó que le impusieran militares en las jefaturas de policía en los municipios, lo que fue todo un fracaso”… Ahí encontramos dos elementos: Claudia traicionó, sólo vio por ella y no por las y los sonorenses, y la inseguridad en el sur del Estado se incrementó por el fracaso en la decisión de designar militares en las policías municipales, como efectivamente se dio en Hermosillo, Guaymas y Cajeme… ¿Y quién era el secretario de seguridad del gobierno federal entonces?… Sí: Alfonso Durazo Montaño… La respuesta de éste último no tardó… En su conferencia de prensa el siguiente martes, acusó a Manlio de ser un corrupto, permitir excesos durante su administración y no tener calidad moral para opinar… Además, negó toda responsabilidad en la designación de militares como comandantes de policía en varios municipios de Hermosillo y sur del estado “ ya que —dijo— eso correspondió a la gobernadora en turno y a los alcaldes”… Horas más tarde, la periodista Michelle Rivera posteó en “X” un video del año 2019, en el que Durazo, siendo titular de seguridad federal y ante la gobernadora Pavlovich y los secretarios de la Defensa y de Marina, le apostaba a los buenos resultados de los militares presentados como nuevos jefes policíacos locales… A la vez ofreció a los reporteros una gráfica en la que se podía observar que en los años recientes el número de homicidios dolosos en el Estado han disminuido considerablemente, tal y como lo ha presumido la presidenta Sheinbaum en todo el país… Y no hay periodista analítico que no haya publicado su preocupación por el terrible incremento en el número de las desapariciones, pero es algo que el mismo gobierno federal se niega a admitir… Manlio y Durazo pertenecen a la misma generación de políticos mexicanos y se conocen desde que apareció Luis Donaldo Colosio Murrieta en la vida pública del país… De plano no son amigos… Eso es más que evidente, aunque cuando fue necesario, conversaron, como ocurrió previo a la campaña por la gubernatura en el 2021, cuando Manlio accedió a una petición y estuvo completamente ausente en ese proceso en el Estado… Y dice Ricardo Monreal que fue en su casa… Hay un aspecto importante que destaca Durazo: Habría qué ver hacia adelante… Finalmente el pasado en el pasado está y el futuro será de acuerdo a nuestras decisiones buenas o malas.

Colombia, otra lección para la izquierda Latinoamericana

A LA ARGENTINA, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y El Salvador, habrá de unirse Colombia si el conservador Abelardo de la Spriella, supera al candidato del actual mandatario populista Gustavo Petro —Iván Cepeda— en la elección de segunda vuelta del próximo 21 de junio… Desde luego, no son buenas señales para la izquierda Latinoamericana ni para el famoso “Foro de Sao Paulo”, convertido ahora por voluntad de los grupos comunistas de México en “Foro de Puebla” y que no son otra cosa que la agrupación que camina llevando en su brazo la hoz y el martillo para el dominio político del continente… Inevitable anotar que la tendencia ahora es hacia la derecha, en la mayoría de los países de América del Sur y Centroamérica, sobre todo por los evidentes fracasos de regímenes populistas, tendientes a concentrar el poder en unas cuantas manos y empobrecer a la población obligándolos a vivir del Estado, sin mayores estímulos a las empresas y por lo tanto, sin generar riqueza.

LA PRESIDENTA Sheinbaum se refirió sarcásticamente a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien se encuentra nuevamente en México invitada esta vez por el Grupo Salinas (Ricardo y Ninfa) y con su voz criticar acremente el régimen de la “cuarta transformación”, acusándole de ser la verdadera causante de la pérdida de la soberanía nacional por sus ligas con el narcotráfico… La mandataria mexicana hizo referencia a la “nueva clase política” en la figura de los Salinas y que le resultaba irrisorio y “kafkiano” que una extranjera venga a México a hablar de soberanía nacional… Alguien le debería de decir a la presidenta que este tipo de reacciones de su parte solo consiguen proyectar aún más a quienes critica o señala, además de que no puede ocultar su dolor ante los golpes que recibe.

EL PASADO martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 41 de la Constitución Política de México, que incluye como causal de anulación de un proceso electoral, la intervención extranjera… Aparentemente, la reforma va dirigida a Estados Unidos, pero en realidad es un instrumento que puede utilizar MORENA y sus árbitros electorales controlados por palacio nacional, para echar abajo una elección donde la derrota sea prevista por el partido en el poder… Tiene razón Germán Martínez… Si la Iglesia Católica, en su carácter universal y de obediencia a la Santa Sede en Roma, hace llamados al voto, ¿sería argumento suficiente para alegar injerencia extranjera?

¿Se equivocó Lamarque?

EL ALCALDE de Cajeme, Javier Lamarque Cano, difícilmente se iría “por la libre”… Si anunció que solicitaría licencia para separarse de su cargo para participar en el proceso de elección del coordinador de los trabajos de la “cuarta transformación” en Sonora, es porque entendió que horas antes, el gobernador Alfonso Durazo dio el banderazo para hacerlo…

Éste último había dicho: “En MORENA se vale levantar la mano”… Sin embargo, el alud de opiniones encontradas obligó a citar de emergencia en Hermosillo a las y los precandidatos a la gubernatura y ante la presencia del propio Durazo, para escuchar de labios de Lamarque que había decidido “pausar” su solicitud de licencia… Sin duda, una decisión final para evitar una posible división entre los “suspirantes” y, de paso, añorar que la decisión ya tomada a favor del cajemense desde palacio nacional, pudiera cambiar.

ESTAS GIRAS de Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, a varias poblaciones del Estado a invitación de la organización civil “Vamos con Todo” (casi no se entiende el “Vamos con Toño”) están demostrando por un lado y creando la percepción por otro, de que el alcalde de la capital de Sonora será muy competitivo en caso de que tome la decisión final de convertirse en candidato a la gubernatura, abrazado —apueste usted— por todos los partidos opositores a MORENA… Si a eso le añade el que todavía se verán cosas que jamás hemos visto dentro del partido en el poder, pues el pronóstico sería reservado.

EL PRÓXIMO día 9 de este junio se cumplen los 180 días otorgados por el Congreso de la Unión para que los congresos estatales armonicen sus leyes locales sobre el agua, con la reforma aprobada en diciembre pasado de la Ley General de Aguas, cuyo tema principal es el consumo del vital líquido como un derecho humano… En Sonora no hemos sabido nada sobre el tema… Espero a Omar Francisco del Valle Colosio, diputado presidente de la Comisión del Agua en la legislatura local, no se le hayan pegado las cobijas… Se supone que esa armonización incluiría un proceso especial para socializar el tema… Quizá ya sea demasiado tarde, lo que sería una oportunidad desperdiciada en una entidad donde bailamos cada año con la sequía.

Por Ileana Bernal de la R.

Los procesos electorales en México operarán bajo nuevas reglas tras la entrada en vigor de tres reformas que buscan fortalecer los controles sobre candidaturas, blindar las elecciones contra injerencias extranjeras y reestructurar la elección judicial.

Entre los cambios destaca la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) integre una comisión para revisar, con apoyo de autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, los antecedentes de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con actividades delictivas.

Además, la elección judicial prevista originalmente para 2027 fue reprogramada para el 4 de junio de 2028, con el objetivo de simplificar el proceso, reducir el número de candidaturas y facilitar la participación ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se mantiene el principio de que sea la ciudadanía quien elija a jueces, magistrados y ministros.

Rechazó las versiones que advierten posibles anulaciones arbitrarias de elecciones y sostuvo que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la democracia y garantizar procesos más transparentes.

Otra de las reformas establece que una elección federal o local podrá ser anulada cuando se compruebe una intervención extranjera que haya influido en los resultados.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó desde Palacio Nacional,  que la reforma busca homologar la metodolgía de los  comités de evaluación de los tres Poderes, para certificar la participación.

“Se homologa la metodología y criterios de evaluación de los comités de evaluación de los tres poderes y se incluye el examen de conocimientos para poderse aplicar para todos aquellos que quieran participar”, informó.

Informó que el Congreso tendrá un plazo de hasta 90 días para discutir las leyes secundarias que definirán los criterios y mecanismos de aplicación.

Por Redacción 

A 42 días de mantener la toma del exterior del Congreso del Estado y con 12 días de huelga de hambre, integrantes de Covafam aseguran que su principal demanda no es la asignación de recursos económicos, sino el reconocimiento y fortalecimiento de espacios educativos para niñas y niños desde su nacimiento hasta los seis años de edad.

Lizeth Villalobos López, vocera de la organización, en entrevista con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín, para el noticiario «De Primera Mano», afirmó que el objetivo central de la movilización es impulsar escuelas para la primera infancia, al considerar que se trata de una etapa fundamental para el desarrollo de los menores y que continúa sin recibir la atención necesaria por parte de las autoridades.

“El fondo de nuestra lucha no es el dinero. Lo que estamos solicitando son escuelas para la primera infancia. Son espacios para niñas y niños de un día de nacidos hasta los seis años de edad”, señaló.

Explicó que, aunque la educación inicial fue reconocida en la reforma al artículo tercero constitucional de 2019, en Sonora aún no se han generado los mecanismos necesarios para garantizar plenamente este derecho.

Villalobos sostuvo que la organización representa centros educativos que durante más de 25 años han trabajado en la atención y desarrollo de menores, por lo que consideran urgente que el tema sea incorporado a la agenda legislativa estatal.

La representante de Covafam aseguró que, pese a los acercamientos iniciales con autoridades estatales, no se han presentado propuestas que atiendan de fondo la demanda planteada por la organización.

Mientras tanto, los manifestantes mantienen su presencia frente al Poder Legislativo, donde continúan exigiendo diálogo y acciones concretas para fortalecer la educación inicial en Sonora.

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó este viernes la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el objetivo de la reforma es otorgar más tiempo para perfeccionar el marco normativo y permitir una mayor participación ciudadana en el proceso de elección judicial.

La iniciativa generó posturas divididas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

El Diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, manifestó su rechazo a la reforma y aseguró que representa un retroceso para el País.

“Morena celebra, pero México pierde de una forma nunca antes vista. Pienso que la etapa que estamos atravesando ahorita en México es una de las peores de todas”, expresó durante su intervención.

La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, cuestionó la forma en que la reforma fue aprobada en el Senado, al señalar que la discusión ocurrió durante la madrugada.

“Realizan estas sesiones en medio de la madrugada, cuando todos duermen, cuando nadie se da cuenta. Se destruye al Poder Judicial”, señaló.

En contraste, el Diputado de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, se pronunció a favor de la minuta y afirmó que los cambios permitirán fortalecer los procesos relacionados con la elección del Poder Judicial.

“No estamos frente a una nueva reforma judicial, estamos frente a cambios que mejoran aspectos operativos”, comentó.

Asimismo, la Diputada morenista, Juana Minerva Vázquez González, defendió la propuesta y respondió a los señalamientos realizados por la oposición respecto al gasto público.

“Dicen que en este Gobierno gastamos mucho dinero, pues yo digo que somos buenos administrando en la Cuarta Transformación, tenemos elecciones y procesos de desarrollo y nos alcanza para hacer elecciones sin deudas”, expresó.

Al momento de la votación, la reforma constitucional fue aprobada con 32 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

MEXICALI, MAYO 29, 2026.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la seguridad social y reconocer la diversidad de las familias en Baja California, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de ISSSTECALI para eliminar los requisitos de cinco años de convivencia o hijos en común para acceder a una pensión por fallecimiento en relaciones de concubinato.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 24 y 82 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con el propósito de sustituir los criterios rígidos actuales por un sistema flexible de acreditación basado en pruebas que demuestren convivencia constante, pública y con fines de vida en común.

Cabe destacar que la iniciativa retoma criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó como inconstitucional exigir un plazo mínimo de convivencia para reconocer el concubinato en materia de pensiones, al considerar que dicha condición vulnera principios de igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.

El legislador argumentó que la legislación vigente genera efectos excluyentes y discriminatorios, al imponer condiciones que no reflejan la realidad social de muchas parejas, “la seguridad social debe garantizar protección efectiva a las personas que dependían económicamente de un trabajador fallecido, independientemente de si existió matrimonio formal”.

De acuerdo con la propuesta, el concubinato podría acreditarse mediante la valoración integral de pruebas relacionadas con la convivencia, el apoyo mutuo, la dependencia económica y el reconocimiento público de la relación; asimismo, se establece que, en caso de controversia, la autoridad deberá privilegiar la protección del derecho a la seguridad social.

La propuesta advierte que este tipo de restricciones impacta principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad económica, quienes enfrentan mayores condiciones de desprotección tras el fallecimiento de su pareja. En ese sentido, la reforma busca armonizar la legislación estatal con estándares constitucionales y criterios emitidos por el máximo tribunal del país.

Lara Arregui subrayó que eliminar el requisito de temporalidad no significa abrir la puerta a abusos, sino garantizar que las relaciones de pareja puedan acreditarse a partir de su propia realidad, por lo que también contempla que las solicitudes de pensión que se encuentran actualmente en trámite, puedan resolverse conforme a las nuevas disposiciones, una vez aprobada la reforma.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitirá anular elecciones cuando autoridades electorales acrediten la intervención de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros en los procesos democráticos del país.

La modificación incorpora una nueva causal de nulidad al artículo 41 de la Constitución. Además, faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar elecciones cuando determine que una intervención extranjera influyó en los resultados.

Morena defiende la medida

Legisladores de Morena afirmaron que la reforma fortalecerá la soberanía nacional y protegerá los procesos electorales de influencias externas.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara explicó que la iniciativa permitirá atender casos relacionados con campañas de desinformación, financiamiento irregular, propaganda extranjera o manipulación digital.

También señaló que las autoridades deberán presentar pruebas para acreditar cualquier intervención denunciada.

Por su parte, el senador Raúl Morón aseguró que la reforma no otorga facultades discrecionales para invalidar elecciones. Agregó que el Tribunal Electoral será la única instancia encargada de resolver estos casos.

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Oposición cuestiona alcances

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la propuesta.

Los legisladores argumentaron que la reforma no establece criterios claros para determinar cuándo existe injerencia extranjera ni cómo se medirá su impacto en una elección.

El senador Luis Donaldo Colosio consideró que la iniciativa deja espacios para interpretaciones amplias. En tanto, legisladores de otras bancadas advirtieron que futuras autoridades podrían aplicar la norma de manera discrecional.

Reforma pasará a congresos estatales

Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa continuará su proceso legislativo en los congresos estatales.

La reforma requerirá el respaldo de al menos 17 legislaturas locales para incorporarse a la Constitución.

Si obtiene ese aval, las autoridades deberán elaborar reglas específicas para definir los procedimientos y criterios de aplicación.

La propuesta forma parte del paquete de reformas electorales y judiciales que actualmente analiza el Congreso de la Unión.

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El cargo Senado avala nulidad de elecciones por injerencia extranjera; reforma va a congresos estatales apareció primero en Tribuna de México.

El Congreso del Estado de Sinaloa analiza la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria este viernes para discutir la reforma constitucional que contempla aplazar las elecciones judiciales hasta el año 2028.

Este jueves, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto, luego de que durante la madrugada la Cámara de Diputados aprobara el dictamen por mayoría, tanto en lo general como en lo particular.

Se prevé que este mismo día, alrededor de las 16:00 horas, el Senado ponga a discusión la propuesta de reforma.

En caso de concretarse su aprobación, diputados del Congreso de Sinaloa podrían convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema en el ámbito local.

Entre los principales cambios que contempla la iniciativa, se establece que la jornada electoral judicial, originalmente prevista para 2027, se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

El argumento central es evitar la coincidencia de diversos procesos electorales federales, locales y judiciales en un mismo periodo.

La propuesta también busca realizar modificaciones que permitan simplificar el proceso de votación para la ciudadanía y mejorar el mecanismo de elección judicial, luego de las complicaciones y la confusión que, de acuerdo con diversas opiniones, se registraron durante el proceso realizado en 2025.

Uno de los cambios que más polémica generó fue la aprobación de una reserva presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que permitirá a los magistrados electorales actualmente en funciones competir por un nuevo periodo de seis años en la elección de 2028.

Por Ileana Bernal de la R.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que existe un riesgo real de intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada una reforma constitucional que incorpora esa figura como nueva causal para anular elecciones en el país.

«Si veo un riesgo real, sí puede haber un riesgo de intervención extranjera en las elecciones en México», declaró la mandataria durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre los cambios impulsados por la mayoría legislativa.

 

La reforma, del artículo 41 constitucional, presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, establece que una elección podrá ser anulada cuando se acredite la intervención de actores extranjeros en el proceso electoral.

Con una mayoría calificada de 307 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 128 en contra del PAN, PRI y MC, y con una abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, será remitida al Senado para su revisión y votación.

Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron modificaciones a la reforma judicial que aplazan la próxima elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a 2028, bajo el argumento de perfeccionar el modelo implementado este año y evitar su coincidencia con otros procesos electorales.

Asimismo, se incorporan nuevos mecanismos de revisión para las candidaturas judiciales, aunque la oposición sostiene que los cambios no corrigen de fondo cuestionamientos surgidos durante la primera elección judicial, entre ellos la calidad de algunos perfiles y la influencia de grupos políticos en la selección de aspirantes.

Uno de los cambios que más polémica generó fue la aprobación de una reserva presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que permitirá a los magistrados electorales actualmente en funciones competir por un nuevo periodo de seis años en la elección de 2028.

De concretarse, algunos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrían permanecer en el cargo hasta 2034. La modificación fue aprobada junto con la reforma judicial por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, estas últimas provenientes principalmente de legisladores de Morena.

Medida que Morena defendió como necesaria para garantizar estabilidad institucional, mientras que la oposición advirtió riesgos para la renovación periódica de los órganos jurisdiccionales.

La nueva causal de nulidad electoral ha provocado posiciones encontradas, ya que sus promotores argumentan que busca proteger la soberanía nacional frente a posibles injerencias externas, mientras que críticos consideran indispensable definir con claridad los criterios y mecanismos para acreditar una eventual intervención extranjera.

Pese a la aprobación en San Lázaro, las reformas todavía deberán ser discutidas y votadas por el Senado de la República. Al tratarse de modificaciones constitucionales, también requerirán el aval de la mayoría de los congresos estatales antes de entrar en vigor.

Además, quedan pendientes las reformas a leyes secundarias que establecerán los procedimientos específicos para aplicar tanto los cambios en materia judicial como las nuevas reglas electorales.

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 26/Mayo/2026 https://t.co/Nin4wkxWio

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) May 26, 2026

Por Redacción 

Hay heridas que el tiempo no borra, ni logra sanar. Hay silencios que duran décadas, y hay infancias marcadas por abusos que muchas veces jamás llegaron a denunciarse por miedo, amenazas, dependencia emocional o simplemente porque las víctimas eran demasiado pequeñas para entender lo que estaban viviendo.

Bajo esa realidad, el Congreso de Sonora aprobó una reforma al Código Penal que establece la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, permitiendo que las víctimas puedan denunciar sin importar cuánto tiempo haya pasado.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Morena, Ely Sallard Hernández, quien reveló que la propuesta nació después de escuchar el testimonio de una mujer cuya familia quedó marcada por años de abuso sexual.

“Mis iniciativas las consigo de la calle, de la gente”, relató durante entrevista en el noticiario De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín.

La legisladora explicó que conoció el caso de una madre cuyos hijos habrían sido víctimas de abuso por parte de su propio padre, situación que —según narró— se extendió incluso hacia otra generación de la familia.

“Resulta que cuando quisieron denunciar, el delito ya había prescrito. Ahí fue donde entendí la gravedad de lo que estaba pasando”, expresó.

La reforma elimina los límites de tiempo para investigar, perseguir y sancionar delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes en Sonora.

Esto incluye violación, abuso sexual, estupro, incesto, hostigamiento, acoso, tocamientos, exhibicionismo y otros delitos que anteriormente podían quedar impunes con el paso de los años.

“Le estamos regresando a los niños, niñas y adolescentes parte de ese derecho humano que nunca debieron perder”, afirmó Sallard.

Durante la entrevista, la diputada insistió en que el problema atraviesa todos los niveles sociales y económicos.

“Esto no tiene colores, no tiene partidos, no tiene condición social. Está sucediendo en todos los ámbitos”, sostuvo.

La legisladora también explicó que muchas víctimas tardan años en procesar emocionalmente lo ocurrido y solo logran denunciar cuando alcanzan cierta independencia emocional o económica.

“A veces llega un adulto, incluso un abuelo, recordando que fue abusado por un familiar. Y hay impotencia porque el sistema ya no podía hacer nada”, lamentó.

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso local y Sonora se suma así a otros estados y países que han endurecido las leyes para evitar que delitos de esta naturaleza queden impunes por cuestiones de tiempo.

Más allá del cambio legal, el debate abre una discusión más profunda sobre el daño permanente que provoca la violencia sexual infantil y sobre las estructuras de silencio que históricamente han protegido a agresores dentro de entornos familiares, escolares o sociales.

“Ese dolor jamás se olvida”, dijo la diputada.

Y quizá ahí está el fondo de esta reforma: entender que para muchas víctimas el tiempo no cura, solo aplaza el momento de poder hablar.

Por Redacción

“Está entendiendo mal la propuesta”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum , en relación a que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, interpretó incorrectamente la propuesta de reforma electoral que busca crear un mecanismo de verificación para aspirantes relacionados con actividades criminales rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la intención no es otorgarle nuevas facultades al INE para decidir quién puede o no ser candidato, sino crear una comisión que funcione únicamente como enlace con instituciones de seguridad.

Detalló que los partidos políticos podrían solicitar revisiones de antecedentes y que el INE sólo canalizaría esas peticiones a organismos como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargados de revisar posibles vínculos con lavado de dinero u otros delitos.

Posteriormente, los resultados serían enviados nuevamente al INE para que éste los entregue a los partidos políticos correspondientes.

Sheinbaum señaló que corresponderá al Poder Legislativo definir si la iniciativa requiere ajustes para dejar claro que el organismo electoral no asumirá funciones adicionales, y distorsionar el objetivo primordial.

“Ella (Guadalupe Taddei) entendió mal la propuesta que estamos haciendo”, afirmó @Claudiashein sobre la reforma para revisar antecedentes de candidatos rumbo a 2027. @INEMexico @Presidencia_INE

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— Primera Plana Digital (@pplanadigital) May 26, 2026

Editorial 

Ante el claro fracaso económico del gobierno de la 4T han optado ahora por enterrar, ocultar y maquillar las cifras del presupuesto y programas económicos. Hábilmente muchas de sus principales obras se las han encargado a la Secretaría de la Defensa Nacional o la Marina, porque de esa manera puede ocultar cifras y resultados aduciendo que es por “seguridad nacional”. Tal es el caso del Tren Maya ha enfrentado sobrecostos extremos, además de los enormes daños ecológicos. Originalmente presupuestado entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, la inversión total real ha superado el medio billón, alcanzando cifras de hasta 594,000 millones de pesos. Esto representa un aumento de casi cuatro veces el monto inicial proyectado por el Gobierno federal. Pero no es posible pedir información de este exceso presupuestal por lo mismo de siempre, medidas de seguridad nacional. Además, no hay un solo responsable, porque hasta el presidente en turno puede alegar que no estaba informada. Por eso se le ha llamado el cementerio de los datos y las cifras. 

Otro caso de fracaso económico ha sido la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que al final alcanzó un costo total de $20,959 millones de dólares. No pesos, de dólares. Esta cifra representa un sobrecosto del 162% respecto al presupuesto inicial de $8,000 millones de dólares prometido originalmente, convirtiéndola en uno de los proyectos de refinación más costosos del mundo. Y lo más incongruente es que sigue sin aportar nada importante en la producción de combustible. Por el contrario, se siguen encontrando errores y fallas en su construcción. Otro caso que se va al cementerio de los datos. 

Otro caso que está en el cementerio de los datos es el fraude de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) es considerado el mayor escándalo de corrupción del sexenio pasado en México, con un desfalco al erario estimado por encima de los $15,000 millones de pesos. El organismo, creado en 2019 con el fin de garantizar alimentos baratos para las poblaciones vulnerables, operó una red de desvíos mediante empresas fantasma, contratos simulados y operaciones bursátiles ilícitas. En cuanto su director Ignacio Ovalle, que debió haber sido investigado y castigado, por el contrario, fue premiado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con un cargo en la Secretaría de Gobernación. Lo números reales fueron enterrados en un ataúd oficial. 

El gobierno de la 4T ha estado agotando su capital de credibilidad, porque cada vez es más difícil de ocultar sus fracasos económicos. Porque se ha descubierto que no solo son fracasos por ineficientes, sino porque han ocultado la información. O en algunos casos han maquillado las cifras para ocultar las fallas. Tienen a su favor que la Cámara de Diputados y Senadores no operan como debiera ser, un órgano verificador del presupuesto, sino lo hacen como cómplices de fraudes y despilfarros. 

Lo último que ha surgido son la cifras que maneja Pemex, hoy por hoy, la petrolera más endeudas y fracasada del mundo. De acuerdo con una investigación del periódico Reforma, “Uno de los casos más notorios ocurrió en 2023. Ese año, Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había obtenido una utilidad neta de 110 mil millones de pesos. Sin embargo, el reporte auditado redujo esa cifra a apenas 8 mil 151 millones de pesos. Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que durante varios años presentó una situación financiera distinta a la que finalmente reflejaron sus auditorías externas, luego de detectar debilidades en sus controles internos y en registros contables realizados manualmente. La información fue expuesta en reportes financieros de la propia empresa y revisada por Grupo Reforma, que comparó documentos no dictaminados con estados financieros auditados”.

¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Por el contrario, en las mañaneras quieren exaltar el desempeño de Pemex con la narrativa que ahora es propiedad “del pueblo”, no como antes que le daban tajada a la iniciativa privada. Con esto pretenden desviar la atención y justificar los resultados de la paraestatal que cada año se endeuda más. Sin embargo, no hay una sola comisión del Congreso que realice una verdadera investigación a fondo.

De acuerdo con la investigación del Reforma sobre los resultados financieros tan distintos se debe a que “Las diferencias ocurrieron en distintos periodos entre las administraciones de Octavio Romero Oropeza, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la actual gestión de Víctor Rodríguez Padilla. En varios casos, Pemex reportó pérdidas menores a las reales; en otros, informó utilidades mucho mayores a las que finalmente validaron las auditorías. En 2024, Pemex reportó inicialmente pérdidas por 620 mil 600 millones de pesos. Posteriormente, la auditoría elevó el monto a 780 mil 600 millones de pesos, es decir, 160 mil millones adicionales.

En 2025 volvió a repetirse el problema. La empresa informó primero pérdidas por 45 mil millones de pesos, pero después el reporte auditado las ubicó en 81.7 mil millones”.

El problema con el gobierno federal es que los datos de Pemex por estar en Bolsa de Valores no se pueden ocultar. Eso sí, se pueden disfrazar y maquillar, para tratar de engañar. Y estos son solo unos cuantos ejemplos del gran fracaso económico y hace que se vea un verdadero escenario catastrófico si no se pone orden. Porque no siempre funcionará enviar los datos al cementerio.

Con el objetivo de cerrar el paso a la discrecionalidad y garantizar que el presupuesto estatal no sea utilizado como un botín político, la Diputada Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, diseñada para transparentar la ruta del dinero y sancionar con rigor los actos ilícitos.

La propuesta, que surge de un frente común entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, busca responder a las cifras de concentración de contratos en la entidad.

Según diagnósticos de Iniciativa Sinaloa, actualmente 14 empresas y 11 grupos empresariales acaparan el 57 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura estatal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es terminar con el anonimato de quienes se benefician de los contratos públicos.

La legisladora priista advirtió que la ley vigente facilita ocultar a los verdaderos dueños de las constructoras, por lo que propone la identificación obligatoria del beneficiario controlador en el padrón de contratistas.

Asimismo, la iniciativa contempla establecer un tope máximo del 20 por ciento del presupuesto para este rubro, el cual actualmente carece de restricciones, permitiendo la asignación de obras sin competencia.

También prohíbe la participación de licitantes catalogados por el SAT como emisores de facturas falsas y obligar a la publicación de plazos exactos de pagos reales, facturación y subcontrataciones para rastrear el destino final de cada peso.

La propuesta no solo busca prevenir, sino castigar y plantea el fortalecimiento del testigo social a través de un órgano ciudadano de vigilancia con acceso a información en tiempo real.

En cuanto a las sanciones, se tipifican ocho nuevas infracciones que incluyen multas de hasta el 15 por ciento del monto del contrato, inhabilitaciones de hasta cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en casos graves.

Gárate Valenzuela detalló que la urgencia de estos cambios se evidencia en casos donde solo tres agrupaciones de contratistas lograron absorber más de 850 millones de pesos del financiamiento para infraestructura municipal.

Durante la presentación, la Diputada lanzó un llamado directo a la bancada de Morena y sus aliados, quienes mantienen la mayoría legislativa, para que respalden la iniciativa y demuestren su voluntad de combatir la corrupción en la práctica.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas.

A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988, de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno

Por Mónica Calles Miramontes

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El oficialismo sabe de esa historia, fue parte de ella y, a pesar de todo, su ambición nos está condenando a repetirla.

La primera semana de mayo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei nombró a las personas titulares de las direcciones ejecutivas de la institución. Esto causó controversias, reclamos y confusión. Sin embargo, no es más que la materialización de una instrucción que el oficialismo acomodó desde finales de 2024.

En la vorágine de la reforma judicial de 2024, sin necesidad, sin justificación y sin diálogo, Morena y aliados realizaron una modificación en la legislación electoral para que la presidencia del INE pudiera nombrar unilateralmente a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

No fue un asunto menor, con ello se le entregó a Guadalupe Taddei el control absoluto para designar a quienes dirigen la estructura técnica y operativa de la institución, personas que además conforman la Junta General Ejecutiva, un órgano clave de dirección del INE.

Después de muchos años, probablemente se olviden los orígenes de nuestra democracia, aunque ese error nos está haciendo revivirla. En 1993, la oposición exigió al partido hegemónico que los titulares de estas áreas fueran designados de manera colegiada (por el Consejo General) y no por la presidencia del entonces IFE; lo que buscaba limitar era la injerencia del Poder Ejecutivo en la vida interna del órgano electoral y en su operación.

Sin embargo, 30 años después, quienes impulsaron un órgano electoral autónomo, con una estructura técnica independiente y desvinculada del poder político, son justamente los que decidieron volver al oscuro pasado antidemocrático: con la reforma aprobada en 2024 —por el oficialismo— se rompió la colegialidad para dar paso a las facultades unipersonales de la presidenta del INE.

El regalo fue bien recibido por Guadalupe Taddei, quien desde que asumió la presidencia (2023) mostró una total incapacidad de negociar al interior del órgano colegiado; ya que más de una vez le fueron rechazadas sus propuestas porque pretendía imponer la lealtad política sobre la especialización.

Por eso, Morena decidió tomar cartas en el asunto y blindar a la presidenta del INE para que pudiera operar sin obstáculos; reformó la ley para eliminar el voto de las consejerías del INE y entregarle el poder total.

A pesar de ello, seis de las consejerías acudieron a la SCJN, que ya se encontraba incompleta y agonizante; por lo que fue suficiente que las tres ministras “del pueblo” (Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel) pugnaron por la defensa de los intereses oficialistas para desestimar el intento de defensa del INE. Así condenaron a México a repetir su historia antidemocrática. 

El ciclo se cerró y la omnipotencia de Taddei quedó blindada, y esa fue la antesala de lo que vimos hace unos días, cuando a puerta cerrada y a oscuras, Guadalupe Taddei nombró unilateralmente a 16 titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

A nadie sorprendió que estos lugares resultaran un reparto de cuotas donde el control de áreas importantes como la fiscalización de partidos políticos fue cedida al consejero Jorge Montaño, integrante del “grupo Tabasco” y ligado a Adán Augusto; pues dicho consejero ya ha dado sobradas muestras de lealtad al régimen.

Fue un asalto institucional. Esas direcciones ejecutivas son los órganos vitales en la organización de las elecciones: la fiscalización de los recursos, la administración sobre prerrogativas a partidos políticos, el padrón electoral, la papelería electoral, la capacitación de funcionarios electorales, entre otras.

Entregar el control de estas áreas a perfiles que aseguran lealtad política, vulnera la certeza y confianza electoral. El árbitro ahora está capturado desde su interior, se desmantela la profesionalización para imponer la sumisión política desde su estructura.  

Así pasamos de la democracia, colegialidad y excelencia técnica a la imposición de la lealtad política en la estructura del INE.

El árbitro electoral hoy no solo se capturó desde sus cúpulas, la cooptación llegó al corazón. 

Hoy el partido en el poder tiene un control total. A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988 de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno.  

A eso nos condenaron, a repetir la historia, a olvidar treinta años de lucha democrática. 

Pero la buena noticia es que este daño se logró por la imposición de personas y podrá terminar cuando la ciudadanía se una para exigir su recuperación, cuando nos sepamos tomar en serio aquella consigna que un día gritamos de “el INE no se toca”.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

X: moni_calles

La propuesta ya fue aprobada por la comisión de asuntos constitucionales en el congreso estatal.

Por Antonio López Moreno

Los diputados locales del Congreso del Estado de Sonora, aprobaron este día en comisiones la propuesta de Plan B de Reforma Electoral, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum.

David Figueroa integrante de la comisión, detalló que fue remitida al pleno, a fin de ser votada en una sesión posterior.

“Hoy votamos el dictamen para la armonización del plan B de la reforma electoral, donde se establecen algunas modificaciones en el tema de buscar ponerle freno a esos excesos que hay desde la función pública”, dijo.

El Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta, es un paquete de reformas legales enfocado supuestamente en la austeridad, el ahorro de recursos y la eliminación de privilegios.

Por Ileana Bernal de la R.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fecha de la elección judicial prevista para 2027 y trasladarla a 2028.

La iniciativa trata de “mover la elección del Poder Judicial y en caso de que haya revocación de mandato en 2028 se hace el mismo día y en la misma casilla, y hay modificaciones para facilitar la boleta, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores”, externó la mandataria.

La propuesta contempla que los comicios judiciales se realicen el 4 de junio de 2028, con la posibilidad de coincidir con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial, en la misma casilla.

Entre los cambios planteados destaca la reducción del número de candidatos y la simplificación de la boleta electoral, con el objetivo de facilitar el voto ciudadano. También se prevé que el escrutinio y cómputo de votos se realice en las mismas casillas.

La mandataria explicó que la decisión responde a la complejidad electoral de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cargos locales, lo que podría generar confusión en la ciudadanía.

En la elección de 2028 se renovarían:

• 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF
• 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito
• 385 jueces de Distrito
• 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, de realizarse elecciones judiciales y federales simultáneamente, las casillas tendrían que instalarse en lugares distintos, debido a restricciones sobre la participación de representantes de partidos.

La iniciativa también incluye la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación de aspirantes, así como la capacitación obligatoria para jueces y magistrados.

En juego no solo está la logística electoral, también el modelo de cómo se elegirá al Poder Judicial en México.

Porque en medio de la simplificación, la pregunta sigue en el aire: ¿se está ordenando el sistema… o rediseñando el poder?

Se mueve el tablero …nuevamente

Quieren aplazar la elección judicial a 2028… y empatarla con una posible revocación de mandato.

Menos candidatos
Boleta “simplificada”
Todo en la misma casilla

El argumento: evitar confusión en 2027. @INEMexico @LuisaAlcalde… pic.twitter.com/c7uUTx9qTt

— Primera Plana Digital (@pplanadigital) May 18, 2026

Por Redacción

Las líneas 3 y 15 del transporte urbano modificarán su recorrido a partir del jueves 21 de mayo, debido a cierres viales en el Centro Histórico.

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES) informó que ambas rutas utilizarán como vías alternas la calle Galeana, el bulevar Serna y la avenida Rosales para ingresar al centro, mientras que la salida será por las mismas vialidades, incorporándose hacia el norte por la avenida Reforma.

El resto de las líneas operará con normalidad. Sin embargo, se prevén posibles retrasos por el aumento de carga vehicular en la zona.

Autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse informados a través de canales oficiales y la app UNE.

Para atención, el IMTES habilitó la línea 800-71-71-110 y WhatsApp 6624-70-50-50.

la iniciativa elimina la obligación de los partidos políticos de transparentar contratos, financiamiento y estados financieros.

Por Redacción 

En medio de señalamientos desde Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, promovió una reforma que recorta de fondo el acceso a la información pública en la entidad.

El 2 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia al cargo, quedando como gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien firmó el envío de la iniciativa cuando se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

La iniciativa, enviada al Congreso semanas antes de que se formalizaran acusaciones en su contra, elimina la posibilidad de consultar vuelos oficiales, endurece los criterios para negar información y abre la puerta a reservar datos sobre el uso de recursos públicos.

El cambio más delicado: los ciudadanos ya no podrían dar seguimiento a casos de corrupción en proceso, solo a aquellos que el propio gobierno determine como concluidos.

Además, la propuesta plantea desaparecer el órgano autónomo de transparencia y trasladar sus funciones al Ejecutivo estatal, lo que, advierten especialistas, convertiría al gobierno en juez de su propia rendición de cuentas.

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa identificó al menos 20 puntos preocupantes, entre ellos la posibilidad de ocultar facturas y comprobantes de gasto público, ampliar los plazos de respuesta y justificar la reserva de información bajo argumentos como seguridad nacional o estabilidad financiera.

También, la iniciativa elimina la obligación de los partidos políticos de transparentar contratos, financiamiento y estados financieros.

Especialistas y organismos civiles advierten que esto convertiría al gobierno en juez y parte en materia de transparencia, en un contexto donde también se han difundido señalamientos sobre presuntos vuelos privados de familiares del mandatario.

Actualmente, la iniciativa permanece en análisis en comisiones del Congreso de Sinaloa y, de ser aprobada, organizaciones ya anticipan la promoción de amparos por considerar que vulnera el derecho de acceso a la información. (Fuente: Infobae)