Mensajes falsos relacionados con supuestos adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son utilizados para intentar cometer fraudes y extorsiones contra familias de Hermosillo, advirtió Ignacio Peinado Luna.
El presidente de la Unión de Usuarios señaló que han circulado comunicaciones engañosas en las que se amenaza a los usuarios con cortes del suministro eléctrico y multas excesivas.
“Deben de tener mucho cuidado de no responder a este tipo de mensajes, a este tipo de extorsiones y en todo caso, si la persona usuaria tiene un adeudo debe acercarse directamente a los centros de CFE o a la Unión de Usuarios, somos una asociación que les ayudamos”, dijo.
Peinado Luna recomendó denunciar los números desde los cuales se envían los mensajes fraudulentos y acudir directamente a las instancias oficiales ante cualquier duda relacionada con adeudos o el servicio.
También llamó a evitar compartir información bancaria y realizar depósitos a terceras personas que soliciten pagos a nombre de la CFE.
Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos
Por Mónica Calles Miramontes
México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.
Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.
No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.
Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.
Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025.
Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.
Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:
•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”.
Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.
•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?
La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos.
La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.
Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.
* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político
El gobierno mexicano lleva un camino hacia una posible dictadura, porque ha tomado el control de todo. En los últimos meses tiene controlado al Poder Judicial con la elección de jueces, magistrados y ministros por medio de votación directa, elección totalmente controlada por el uso de acordeones donde se indica por quien votar. Tienen el control total de los órganos electorales desde lo más alto. Los órganos autónomos que daban contrapeso, como el caso del Instituto de Transparencia han desaparecido. Los partidos políticos ya no tienen el mismo peso político y poco hacen para enfrentar al bloque oficial. La Iglesia en sus diferentes nomenclaturas no pinta. Los grupos cristianos son aliados a la 4T y la Católica ya no levanta la voz en el púlpito. De los empresarios qué se puede decir, que salvo contados casos son aliados y huéspedes de palacio nacional.
Solo queda como contrapeso las voces que se oyen y se leen en los medios de comunicación, pero al parecer también van por su control. Es el único bloque verdaderamente opositor y ya comienzan a tratar de controlarlo usando para ello la palabra más atroz para los periodistas: la censura. Comenzarán con los medios concesionados y para ello el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un anteproyecto que contempla multas y otras sanciones contra concesionarios de radio y televisión cuando persistan en vulneraciones a los derechos de las audiencias. O sea usarán como ariete para golpear a la audiencia, que en términos generales es todo aquel que oye o ve noticias en radio y televisión. Ahora será cosa de que cualquiera del público se queje para que un noticiero o comunicador pueda ser censurado mediante multas, que es posible luego se transformen en castigos penales.
De acuerdo con las crónicas de los medios: “La medida afectaría a estaciones comerciales, públicas y sociales, pero todavía está en consulta y no puede aplicarse como una norma definitiva. La prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera debido a los límites legales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aunque la Presidenta planteó revisar si también necesitan algún mecanismo de regulación. La información fue expuesta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y está respaldada por la consulta pública abierta por la CRT. El proyecto busca establecer una ruta para que las personas puedan reclamar cuando consideren que un contenido de radio o televisión presenta información falsa, descontextualizada, publicidad no identificada o una opinión mostrada como noticia. Sin embargo, una queja no produciría una multa automática: primero tendría que intervenir la defensoría de audiencias del propio medio y sólo después, en casos no resueltos, podría participar la CRT”.
Para justificar esta agresión a la libertad de prensa, la consulta que todos sabemos cómo se arreglan estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Durante ese periodo, ciudadanos, concesionarios, organizaciones y especialistas pueden formular observaciones antes de que la Comisión apruebe la versión final de los lineamientos. Desde luego que las opiniones que se van a expresar en su mayoría estarán alineadas con el oficialismo para que las nuevas reglas estén de acuerdo al control de la comunicación. Se vio claro en la elección del Poder Judicial, por lo que resulta infantil pensar que no lo harán de nuevo.
Las primeras bajas serán los concesionarios y empresas que transmiten contenidos mediante:
Radio abierta. Televisión abierta. Televisión restringida o de paga. Servicios de audio restringido. Medios comerciales, públicos y sociales y Empresas programadoras que suministran contenidos.
Se han preguntado y por ahora ¿La propuesta también castigará a periódicos y medios digitales? La respuesta es que no por ahora. La prensa escrita, los portales informativos, las redes sociales y otras plataformas digitales no están incluidos en el anteproyecto sometido a consulta. Pero ojo, dejan en claro que no se castigará por ahora, a menos que crucen la frontera de medio impreso a medio electrónico o digital.
Desde luego que esto tiene dedicatoria para medios electrónicos críticos como pasa con TV Azteca, CNN en español, Radio Fórmula y tantos más que se han vuelto verdaderos contrapesos políticos porque desenmascaran a los malos gobiernos y gobernantes.
Y sobre esto que ha dicho la Consejería Jurídica, explicó que las sanciones serían una última instancia, no el primer paso después de una inconformidad. “Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”. ¿Y quién definirá la última instancia? Desde luego que cualquier órgano de gobierno o instancia del oficialismo.
El anteproyecto se encuentra en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a concesionarios de radiodifusión, televisión y audio restringidos a expedir códigos de ética y proteger los derechos de sus audiencias. El documento oficial también establece que esos códigos deben respetar la libertad de expresión, la libertad editorial y la prohibición de censura previa. Entre ellos la trampa de que los comunicadores deberán advertir cuando dan su opinión y cuando la noticia.
Este sin duda es el principio para un camino de censura y con ello el control de los medios. Sería sin duda el último escalón hacia una dictadura.
ESTE periodo vacacional invita a la reflexión respecto a uno de los problemas torales que se presentan en este México de la tercera década del siglo XXI.
El actual régimen populista de la “cuarta transformación” critica severamente el periodo “neoliberal”, pero los números son fríos y si se relacionan con los resultados de un gobierno, sus habitantes son beneficiados o perjudicados.
Dígase ahora lo que se diga, el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país sostenía un crecimiento promedio del 3 por ciento al año en ese periodo neoliberal, no comparable con los años del “desarrollo estabilizador” (1952-1970, que se caracterizó por un crecimiento entre el 5 y 6 por ciento anual-, pero nunca antes como la caída estrepitosa a partir del año 2018, en que ni siquiera crecemos el 1 por ciento al año.
Como secretario de hacienda durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella no solo fue exitoso en su manejo de la economía nacional, sino además, su aportación para hacer del Banco de México una institución autónoma fue esencial y fue capaz de crear una escuela con talentos altamente capaces en su ramo como José Ángel Gurría, Guillermo Ortiz y Agustín Carstens.
Ellos fueron los encargados de desaparecer la acostumbrada inestabilidad económica en las transacciones sexenales.
Desde luego, el régimen impuesto por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum se oponen a ese pensamiento, pero como señalamos anteriormente, había registros de progreso y desarrollo, a pesar de la enorme corrupción de la época.
Aspe Armella se ha convertido en consultor y hace poco tiempo participó en una cumbre en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) de extraordinario prestigio en el mundo. Abordó el escenario que se vive en nuestro país y las consecuencias que nos esperan si continúa desarrollando su política populista el gobierno.
Por ser comentarios muy valiosos y con gran visión, me permito reproducir algunas de sus principales conclusiones, por lo demás, fáciles de comprender, al sostener que México enfrenta un deterioro macroeconómico impulsado por un aumento sostenido del gasto corriente improductivo, un crecimiento acelerado de la deuda pública y una caída de la inversión productiva:
Hoy México tiene un déficit presupuestal alto.
El gobierno ha expandido fuertemente el gasto corriente.
Especialmente en programas sociales de transferencias directas (“segunda nómina”). Los beneficiarios aumentaron a casi 30 millones de personas y el gasto social pasó de 0.5% del PIB en 2018 a alrededor de 3% del PIB.
Este gasto no genera retornos productivos suficientes y desplaza recursos que antes se destinaban a infraestructura e inversión.
Señala que el gobierno destina alrededor de 400 mil millones de pesos anuales en subsidios y apoyos a Pemex, pese a que la producción petrolera continúa cayendo.
La producción ha bajado de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a menos de 1.4 millones proyectados para 2025-2026.
Pemex absorbe recursos públicos sin mejorar su eficiencia, ni su producción.
Por otra parte, la inversión física federal muestra una fuerte contracción con una caída cercana al 28% entre 2024 y 2025, descrita como la mayor en décadas.
Paralelamente, el gasto en educación, salud y seguridad permanece estancado en términos reales.
El argumento es que el gasto social y los rescates financieros han desplazado inversiones necesarias para elevar productividad y crecimiento de largo plazo.
La deuda pública pasó de 38% del PIB en 2011 a casi 59% en 2025, acercándose al umbral crítico de 60% del PIB.
Se advierte que varios países emergentes perdieron grado de inversión al cruzar ese nivel, señalando que un déficit fiscal cercano a 5.7% del PIB podría llevar a México a superar dicho umbral en 2026, generando mayores tasas de interés, presión cambiaria y desaceleración económica.
La conclusión es que México está entrando en una “cascada estructural hacia el estancamiento”: más gasto corriente y deuda, menos inversión productiva y menor crecimiento del PIB per cápita y de la productividad.
Finalmente, sostiene Aspe que, sin una corrección fiscal y una reorientación hacia inversión productiva, el país enfrentará menor crecimiento potencial y mayores riesgos financieros.
La incapacidad que hoy nos muestran quienes manejan la situación económica de México a través del gobierno, debería contar con una excepción de algún talento que estaría previniendo sobre este peligroso futuro para la población mexicana.
Y como ahora la política está por encima de la Ley y de la eficiencia y eficacia del gobierno, los operadores políticos del régimen deben haber encontrado a quienes calificará como culpables del desastre.
La 4-T y su propósito de coartar el periodismo crítico
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum ha promovido una iniciativa de reforma para establecer los “nuevos lineamientos de protección de los derechos de las audiencias” que aplicarán en una primera etapa a los espacios en radio y televisión…
Presidenta Sheinbaum… Paso firme para acabar con medios y periodistas.
Argumenta que el propósito fundamental es dar voz a todo público que se sienta agraviado por la publicación de informaciones falsas o bien, algunas opiniones imprecisas o equívocas que pudieran causar un daño a la imagen o a la integridad de alguna persona o institución… La mandataria anunció que a partir de este día 27 de julio, la propuesta será sujeta a una consulta popular en todo el país la que terminará el 21 de agosto… La iniciativa parece ser un arma de dos filos… Por un lado, pretende institucionalizar la sección “quién es quién en las mentiras”, creada por López Obrador en su “mañanera” para lanzar sus mentís y ataques a todos los periodistas que utilizaran la crítica contra el régimen… Por otro lado, la crítica periodística se caracteriza por incomodar al poder, por hacer revelaciones en base a la investigación, por exhibir ante el público la corrupción de los servidores públicos y los excesos del gobierno… Luego entonces, ¿quién será recurrentemente el agraviado?, el régimen… Y de aprobarse la idea, la “cuarta transformación” tendrá en sus manos un instrumento jurídico para irse contra todos aquellos que no piensen como ellos desde la radio y la televisión —por lo pronto— para trasladar después esa facultad a la prensa escrita y las redes sociales… En el texto de la propuesta se contemplan sanciones, que van desde una amonestación hasta la aplicación de multas y en el Capítulo VI habla de una “Suspensión Precautoria de Emisiones”, que será determinada por un comité especialmente designado para ese fin y que basará sus decisiones en “la protección de los derechos de las audiencias, el tenor de la Constitución y los tratados internacionales”… Las sanciones están contempladas en el artículo 68… Imposible no pensar en un objetivo controlador de la información por parte del gobierno y castigar a quienes insistan en sus ataques al régimen… Están haciendo a un lado los vigentes códigos penal y civil, que ya contemplan como delito la calumnia, la difamación y la extorsión, así como el daño moral contra el honor de las personas y las instituciones… Estas legislaciones siguen vigentes y son retomadas por la ciudadanía ante algún agravio personal o colectivo…Al mismo tiempo, se envía al archivo del olvido las posturas de anteriores presidentes que, en aras del respeto a la prensa, prefirieron “tolerar los excesos que limitar la libertad”… Evidentemente, hoy se quiere coartar esa libertad… Además un aspecto muy importante: Nunca como ahora, el ejercicio periodístico se ha vuelto tan vulnerable, sobre todo porque los excesos de algunos de nuestros gobernantes incluyen no solo las faltas de respeto al trabajo reporteril, sino que privilegian la impunidad que conduce a la facilidad de disponer de la vida de un periodista… Solo en el par de años que lleva en el gobierno este “segundo piso de la 4-T”, han asesinado cuando menos a una veintena de “aplastateclas”, mujeres y hombres del micrófono… El periodismo crítico continúa siendo un baluarte de la libertad y del equilibrio político, económico y social en nuestro país… No resulta extraño entonces, que un gobierno que camine rumbo a la intolerancia y el totalitarismo, busque acabar con la libertad de expresión, uno de sus peores enemigos.
Si es un proceso interno, ¿por qué MORENA sale a la población?
MUCHOS nos preguntamos las razones por las que los partidos de oposición a MORENA no son más insistentes y eficaces en el combate al partido en el poder… ¿Ocultarán algún propósito mezquino?, porque argumentos sobran en medio de un proceso electoral que se supone —según su convocatoria— es solo interno, lo que quiere decir que sus jornadas promocionales solo deben dirigirse a la militancia del partido… Todos sabemos que no es así y que llevan a cabo una abierta y descarada campaña ante la población abierta que busca posicionar a sus figuras en camino a los tiempos de las postulaciones en el calendario electoral… ¿Por qué no existe una denuncia formal en el Instituto Nacional Electoral con todos los elementos probatorios a la mano para mostrar la ilegalidad de MORENA en su proceso interno?… ¿Por qué la oposición asume un papel de florero ante una real grosería contra la población?
EN SU momento, el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó reconstruir la carretera de cuatro carriles de Estación Don a Nogales, utilizando concreto hidráulico…
Claudia Pavlovich… Nunca reclamó el concreto hidráulico Hermosillo-Santa Ana.
La obra tardó pero se concluyó a excepción del tramo Hermosillo-Santa Ana, so pretexto de que “ya se había firmado un contrato para rehabilitarlo con asfalto”… Las consecuencias las vivimos ahora… Si usted viaja de norte a sur y ha pasado Santa Ana, se encontrará un tramo en estado muy deplorable, con muchos y profundos baches y no se han registrado más accidentes solo porque Dios es muy grande… Aquí el reproche es para la entonces gobernadora, Claudia Pavlovich, quien prefirió la frivolidad a reclamar al gobierno federal concluir con el proyecto original de hacer de la rúa un camino de concreto… Muy lamentable, sobre todo cuando era inocultable su excelente relación con el presidente López Obrador, tanto así, que le entregó el Estado.
HISTÓRICAMENTE, los gobernadores y presidentes municipales de Sonora —de todos los colores y sabores— han recibido favores del Grupo Larrea, en su momento de don Jorge y desde hace poco más de treinta años, de su hijo Germán Larrea Motavelasco… “Grupo México” ha cambiado dinero y generación de miles de empleos para el beneficio de las regiones donde opera sus minas, a cambio de la contaminación de nuestra tierra… Aquel 2014 y su derrame de material aciduloso sobre el Río Sonora, mantiene hasta ahora sus nefastas consecuencias y después del accidente ferroviario de esta semana en el rancho El Potrero del Cobre, ejido Cuauhtémoc en Naco, -donde fueron derramados casi 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio-, apenas muestra el inicio de un daño ambiental sobre las personas, la flora y la fauna… Germán Larrea es el ejemplo de un personaje muy poderoso que está considerado el segundo hombre más rico de México y, por lo tanto, intocable… Sonora es un estado minero por excelencia y el poder lamentará públicamente las contaminaciones de nuestra tierra, pero en privado continuará llegando a acuerdos con “Grupo México”.
¿Dinero público en las precampañas de los aspirantes “morenistas” en Sonora?
ANTES de otra cosa, una disculpa, pero es difícil creer que los seis aspirantes avalados por palacio de gobierno que buscan la coordinación para la defensa de la 4-T y la soberanía nacional en Sonora, estén utilizando dinero de su bolsa en sus recorridos… Lo escribimos hace tres semanas y lo reiteramos hoy… Los recursos saltan a la vista y la verdad, es mucho lo que está frente a nuestros ojos… Actos y más actos multitudinarios en los 72 municipios de la entidad y el rostro sonriente de Célida López Cárdenas en la primera plana del diario “El Universal”, con una encuesta que le favorece y que nomás no es de gratis… Qué tristeza si nuestros impuestos se utilizan para este propósito innecesario, si como se dice, MORENA la gana porque la gana en el 2027… ¿Solicitud de transparencia?… No nos hagan reír.
POR CIERTO, un bien posicionado de MORENA y aliados en la carrera rumbo a la candidatura para buscar la alcaldía de Hermosillo —Norberto Barraza Almazán— visitó este martes palacio de gobierno y conversó con el titular en la oficina más refrigerada del histórico inmueble… De lo que hablaron solo ellos lo saben.
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