El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, también representa un golpe a la narrativa de Morena de que sus integrantes no son corruptos, sostuvo la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés.

La cancelación de la visa de López Beltrán fue dada a conocer por él mismo la noche del jueves, cuando informó a través de redes sociales que Estados Unidos le retiró el permiso para ingresar a ese país.

Atribuyó la decisión al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y la calificó como una medida “politiquera y propagandística”. En una carta dirigida al Presidente Donald Trump, López Beltrán también aseguró que no existen pruebas en su contra por algún acto inmoral o delictivo.

“No solo le quitaron la visa a Andy, al hijo del dueño y señor de Morena. Les quitaron la narrativa... porque ya no pueden salir a decir que están limpios y que son puros, y que ellos no roban y no mienten y que no son corruptos”, expresó la dirigente panista durante una rueda de prensa este viernes al ser cuestionada.

Barajas Cortés aseguró que estas acciones de Estados Unidos representan una señal de que existen investigaciones contra personas vinculadas con el partido.

En ese sentido, relacionó los casos con señalamientos sobre huachicol fiscal y crimen organizado.

“...le han quitado la visa, nada más que a puros funcionarios de Morena, a pura gente involucrada con el huachicol fiscal, con el crimen organizado y con todos los temas que tienen a este país en el hoyo”, expresó.

La panista afirmó que el retiro de la visa de López Beltrán es una muestra de que está siendo investigado y que el caso representa un mensaje frente a los señalamientos que la oposición ha realizado contra integrantes de Morena.

“Entonces, pues es una clara muestra de que realmente está siendo investigado, de que trae un ‘colononón’ largo y que ya se lo están pisando”, dijo.

Barajas Cortés cuestionó también cuál será la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el caso y consideró que podría salir en defensa de López Beltrán, como, aseguró, ha ocurrido con otros integrantes de Morena señalados.

“Es un claro mensaje de que todos los días salen a mentirnos y que ahí están las pruebas. No lo decimos la oposición esta vez”, señaló.

Insistió en que el impacto del caso va más allá del retiro de la visa y representa un golpe al discurso de Morena sobre la honestidad de sus integrantes.

“Bueno, no les quitaron nada más la visa, les quitaron la narrativa a los de Morena, ya no tienen con qué defenderse”, concluyó.

El PAN en Sinaloa ofreció respaldo a los productores agrícolas que fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República por su participación en protestas realizadas en casetas de cobro, informó la presidenta estatal del partido, Wendy Barajas Cortés.

En conferencia de prensa este viernes, la dirigente panista sostuvo que las manifestaciones fueron pacíficas y surgieron ante los problemas que enfrentaban los productores por el incumplimiento de compromisos del Gobierno y el pago de sus cosechas.

“Desde Acción Nacional expresamos todo nuestro respaldo a los agricultores sinaloenses ante el abandono y los reiterados incumplimientos del gobierno, porque gracias a eso han tenido que salir nuevamente a las carreteras a defender el fruto de su trabajo”, declaró.

Barajas Cortés reprochó que la FGR haya citado a productores que participaron en las protestas y afirmó que también algunas de sus esposas están siendo requeridas como testigos.

“Yo creo que aquí están cruzando la línea estos morenistas, no solamente están atacando a los agricultores, sino también están amenazando a sus familias”, afirmó.

Consideró que las investigaciones pueden generar temor entre quienes buscan manifestarse y exigir sus derechos, por lo que pidió a la FGR explicar con claridad el motivo y alcance de las investigaciones y garantizar el debido proceso.

“Los productores siembran confiando en la palabra del gobierno, pero muchas veces terminan cosechando deudas y hoy lo más grave es que el gobierno pretende criminalizar que los productores hayan salido a levantar la voz”, señaló.

La presidenta del PAN también cuestionó a Morena por, según dijo, pasar de participar en movimientos de protesta a cuestionar las manifestaciones ciudadanas.

Finalmente, Barajas puso a disposición de los productores el equipo jurídico del PAN y sus espacios para visibilizar sus demandas.

“Aquí estamos, que cuentan con nosotros, que tenemos un equipo jurídico y que aquí están estos micrófonos también para venir a alzar la voz por ustedes, porque la verdad esto es una injusticia”, aseguró.

Desde la semana pasada, productores sinaloenses han sido citados por la FGR en relación con las protestas realizadas en las casetas de Costa Rica y La Platanera.

Los citatorios fueron emitidos el 5 de agosto y advierten que, en caso de no comparecer, podrían aplicarse medidas de apremio, incluida una multa económica.

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

El cargo PRI y PAN piden investigar señalamientos contra Andy tras revocación de visa apareció primero en Tribuna de México.

El cargo Seis buscan encabezar al PAN en BCS rumbo a 2027; resultado se conocerá el 27 de agosto apareció primero en Tribuna de México.

Con recorridos en colonias y presencia simultánea con militantes de todo el país, el Partido Acción Nacional en Mazatlán participará este sábado en el denominado “Terremoto Azul”, una jornada nacional con la que buscará reforzar su trabajo territorial y acercarse a los ciudadanos ante las problemáticas que enfrenta el municipio.

Así lo compartió la dirigente del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, la cual dio a conocer que las actividades comenzarán a partir de las 9:00 horas y contemplan presencia de militantes y simpatizantes en el sector del crucero de Santa Rosa y Las Torres, así como recorridos de “Toca Toca” en Infonavit Jabalíes.

Vega Olivas explicó que se trata de una convocatoria nacional para que las dirigencias municipales, militantes y simpatizantes panistas realicen actividades de manera simultánea en diferentes puntos del país y tengan acercamiento con la ciudadanía.

“Es una convocatoria a nivel nacional para que todos los panistas que podamos sumarnos, obviamente las dirigencias municipales, pero también el resto de la militancia, estemos haciendo presencia a la misma hora a nivel nacional en todo el país”, comentó.

Asimismo, la dirigente del PAN explicó que el nombre de “Terremoto Azul” busca representar, desde la perspectiva de Acción Nacional, un llamado a la organización y participación ante lo que consideran una situación complicada para México.

En este sentido, indicó que el concepto parte de la idea de que, ante una tragedia, las personas suelen organizarse para ayudar y salir adelante, por lo que el PAN pretende trasladar ese mensaje al ámbito político y convocar a ciudadanos y militantes a involucrarse.

“Ese es el sentido de por qué se le llama ‘Terremoto Azul’, porque es una tragedia en la que estamos viviendo y en la cual nos tenemos que unir para rescatar la situación actual”, declaró.

La dirigente municipal compartió críticas hacia los gobiernos emanados de Morena y sostuvo que se requiere una mayor participación ciudadana para modificar las condiciones actuales.

Asimismo, señaló que la jornada también formará parte de la reactivación de las actividades territoriales del PAN en Mazatlán, luego de su reincorporación a la presidencia del Comité Municipal tras permanecer alrededor de tres meses alejada del cargo por motivos de salud.

En este sentido, detalló que posteriormente mantendrán recorridos en diferentes colonias aproximadamente tres veces por semana, con la intención de escuchar directamente las inquietudes de los habitantes y conocer su percepción sobre problemáticas como inseguridad, economía y servicios públicos.

Además, adelantó que buscarán encuentros con diferentes sectores productivos y sociales que, consideró, actualmente no están siendo suficientemente escuchados por las autoridades.

Vega Olivas expresó que estas actividades también permitirán al partido recoger planteamientos ciudadanos de cara a la construcción de propuestas rumbo al proceso electoral de 2027, aunque afirmó que el trabajo territorial comenzará desde ahora.

“Tenemos muy claro que el 2027 está en el horizonte, pero nuestro trabajo comienza hoy, en el presente”, dijo.

Finalmente, la dirigente invitó tanto a militantes como a ciudadanos interesados a participar en las actividades del sábado y aseguró que Acción Nacional buscará incrementar su presencia en las colonias y posicionarse nuevamente como una alternativa política en Mazatlán.

La inseguridad que atraviesa Mazatlán no solamente mantiene preocupadas a las familias, sino que comienza a generar consecuencias en la economía, el turismo y la imagen del destino, advirtió Nadia Vega Olivas, dirigente del Partido Acción Nacional en Mazatlán.

Tras su reciente reincorporarse a sus actividades al frente del Comité Directivo Municipal del PAN en el puerto, luego de permanecer alrededor de tres meses alejada por motivos de salud, Vega Olivas señaló que el puerto enfrenta un escenario complicado en el que convergen la violencia, las dificultades económicas y el deterioro de los servicios públicos.

La dirigente del PAN, consideró que, aunque Mazatlán mantiene una importante actividad turística, ésta no necesariamente se está traduciendo en mejores condiciones para todas las familias, mientras sectores relacionados con el comercio y los servicios enfrentan las consecuencias de la situación actual.

“Durante los últimos meses hemos visto cómo se ha agravado y cómo nuevamente las familias viven con miedo. Mientras los hechos delictivos aumentan, la respuesta de los gobiernos de Morena parece reducirse a anunciar más operativos, más elementos y nuevas acciones de seguridad. Pero los ciudadanos necesitan mucho más que anuncios, necesitan resultados”, comentó.

La líder de Acción Nacional local sostuvo que la violencia repercute directamente en quienes dependen del turismo, el comercio y la buena imagen del puerto, por lo que consideró necesario que las autoridades implementen una estrategia integral basada en inteligencia, prevención y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

“Los mazatlecos merecen salir a trabajar, estudiar, emprender, divertirse y convivir. La violencia no solamente pone en riesgo la actividad de las personas, también afecta directamente la economía de miles de familias que dependen del turismo, del comercio y de la buena imagen de nuestro puerto”, declaró.

Asimismo, cuestionó además los recientes despliegues de elementos de la Guardia Nacional por la zona turística, particularmente un recorrido de numerosas unidades por la Avenida del Mar, al considerar que este tipo de acciones no necesariamente generan mayor seguridad para la ciudadanía.

Además, mencionó que la presencia de las fuerzas de seguridad debería concentrarse en las colonias y sectores donde se requiere vigilancia permanente, en lugar de realizar despliegues que pueden ser percibidos como demostraciones de fuerza.

“Parecía una caravana. No encuentro otra intención de estar cuatro patrullas juntas más que el hecho de que esté sucediendo algún acto delictivo. De otra forma, técnicamente era un paseo de los soldados ahí en la Avenida del Mar”, manifestó.

Vega Olivas agregó que este tipo de imágenes tampoco necesariamente favorecen la percepción turística de Mazatlán, particularmente cuando, paralelamente, las autoridades buscan evitar que los hechos violentos dañen la imagen del destino, destacando que la preocupación por viajar al puerto comienza a percibirse incluso entre habitantes de otras ciudades de Sinaloa.

Por otro lado, mencionó que a la problemática de seguridad, se suma el deterioro de la infraestructura urbana y de los servicios públicos, situación que también puede repercutir en la competitividad turística del municipio.

La dirigente del PAN mencionó problemas como calles deterioradas, falta de mantenimiento, socavones y deslaves registrados en distintos sectores, algunos de ellos ubicados en zonas de vocación turística.

“Esto es particularmente grave para un municipio como Mazatlán, que depende en buena medida de su actividad turística y de la imagen que proyectamos hacia quienes nos visitan”, señaló.

Finalmente, Vega Olivas afirmó que Mazatlán durante años ha sido visto como una zona que podía mantenerse relativamente al margen de los problemas que afectaban a otras regiones de Sinaloa, pero consideró que los acontecimientos recientes muestran que el puerto tampoco está exento de sus consecuencias.

“Si se dan cuenta y ven el análisis del último mes, se van a dar cuenta que no somos intocables, se van a dar cuenta que estamos sufriendo las consecuencias, tanto en seguridad como económicamente”, dijo.

Ante este escenario, la líder de Acción Nacional en el puerto sostuvo que se requieren resultados concretos que permitan recuperar la tranquilidad y generar mejores condiciones para la actividad productiva y turística del municipio.

“Mazatlán no necesita discursos sobre seguridad, necesita seguridad”, puntualizó.

Por La Frida Soprano

La concha, el cuerno, la oreja, el cochito y la campechana ya tienen motivos para presumir: el pan dulce mexicano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La distinción busca proteger los conocimientos, recetas, técnicas y oficios que durante generaciones han mantenido viva la tradición panadera. Y vaya que hay de dónde escoger: se han documentado más de 2 mil 400 variedades de pan.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Cultura capitalina y la Canainpa. La declaratoria contempla además un plan para documentar y preservar estos saberes y será publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, prevista para septiembre.

¿Y la UNESCO? Todavía no. Existe la intención de buscar posteriormente el reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial, pero ese proceso aún no se concreta.

Por lo pronto, la concha ya ganó la batalla cultural. Ahora falta decidir la pregunta verdaderamente importante: ¿se «chopea» o no se «chopea» en el café?

Un violento ataque armado registrado la noche del lunes 10 de agosto de 2026 dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres lesionadas dentro del establecimiento taquería Fermín, ubicado en la colonia La Cima del municipio de Zapopan, Jalisco. Entre las víctimas mortales fue identificado Jesús Aarón “N”, señalado preliminarmente por autoridades locales como presunto promo o familiar cercano del reconocido intérprete de música regional mexicana Alfredo Olivas.

De acuerdo con los peritajes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al menos ocho sujetos que vestían indumentaria táctica arribaron al cruce de la avenida Federalistas y la calle Doctor Ángel Leaño a bordo de tres camionetas. Acto seguido, irrumpieron de manera directa en el negocio de alimentos utilizando armas de fuego de grueso calibre contra un grupo de comensales originarios de Sinaloa, Coahuila y la entidad jalisciense.

Durante la agresión a balazos también perdió la vida Pedro Fidel “N”, mientras que dos empleados del local de 22 y 25 años resultaron con impactos en la espalda y antebrazo. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para trasladar a los lesionados a un puesto de socorro, en tanto que el propietario de la taquería movilizó en un vehículo particular a un tercer herido hacia un nosocomio privado.

• Lee más: Eden Muñoz rompe el silencio: Desmiente gira con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Este nuevo hecho sangriento se suma a un historial de agresiones que han impactado de forma directa al círculo cercano del cantante originario de Sonora. El antecedente más grave ocurrió el 17 de abril de 2021, cuando un grupo de pistoleros perpetró un atentado mortal contra su hermano Iván Alejandro “N” en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, cobrando también la vida de su esposa y de su hijo de solo un año y ocho meses.

Asimismo, el 14 de diciembre de 2018, el padre del artista, Alfredo “N”, sobrevivió a una agresión a balazos ocurrida a las afueras de su domicilio en la colonia Ciudad de los Niños, y días después, el 24 de diciembre de ese mismo año, un comando irrumpió en el hospital donde convalecía para intentar rematarlo, enfrentamiento donde sus escoltas abatieron a dos agresores.

Hasta el momento, el artista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido en Zapopan. El cantante se encontraba promocionando su más reciente sencillo titulado “Mayday” e integrando las fechas para su participación en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026.

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El cargo Primo de Alfredo Olivas habría sido asesinado en Zapopan, Jalisco apareció primero en Tribuna de México.

Por Redacción

Un desayuno sencillo, fresco y con buena combinación de proteína, grasas saludables, fibra y carbohidratos de absorción más lenta. Los huevos pochados son la estrella del plato y, al cocinarse en agua en lugar de aceite, no requieren grasa añadida.

La propuesta

Huevos pochados con aguacate, jitomate y pan integral, acompañados de una bebida de agua de limón con hierbabuena, sin azúcar.

El huevo es una fuente de proteína de alta calidad: uno grande aporta alrededor de 6 gramos de proteína y 72 calorías, además de nutrientes como vitamina D, colina y luteína.

El aguacate aporta grasas principalmente insaturadas y fibra; por ejemplo, una porción de medio aguacate puede contribuir de manera importante a la fibra y al potasio de la comida. La combinación con pan integral y jitomate suma carbohidratos, fibra y micronutrientes.

Receta | Huevos pochados con aguacate

Ingredientes | 1 porción

• 2 huevos frescos
• 1 rebanada de pan integral
• ½ aguacate pequeño
• ½ jitomate
• 1 cucharadita de jugo de limón
• Sal y pimienta al gusto
• Chile seco o paprika, opcional
• Hierbabuena fresca

Para la bebida:

• 1 vaso de agua
• Jugo de ½ limón
• Hojas de hierbabuena
• Hielo, opcional
• Sin azúcar

Preparación

1. Calienta agua en una cacerola hasta que esté a punto de hervir. Agrega unas gotas de vinagre.
2. Rompe un huevo en una taza y deslízalo cuidadosamente al agua. Cocina aproximadamente 3 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema permanezca suave. Repite con el segundo huevo.
3. Tuesta el pan integral.
4. Machaca el aguacate con limón, pimienta y una pizca de sal. Úntalo sobre el pan.
5. Coloca encima los huevos pochados y termina con jitomate en rebanadas, hierbabuena y un poco de paprika o chile seco.
6. Para la bebida, mezcla el agua con limón y hierbabuena.

¿Qué aporta?

Con 2 huevos, la comida obtiene aproximadamente 12-13 g de proteína solamente del huevo. Si se utiliza una rebanada de pan integral con aguacate y jitomate, el plato puede rondar 18-20 g de proteína, dependiendo de las marcas y cantidades utilizadas. Como referencia, una tostada de aguacate y jitomate aporta alrededor de 6 g de proteína y 4 g de fibra por porción.

También aporta:

• Proteína de buena calidad.
• Grasas insaturadas del aguacate.
• Fibra del pan integral y aguacate.
• Antioxidantes y vitamina C del jitomate.
• Una bebida sin azúcar que evita añadir calorías innecesarias.

Tip: Si quieres aumentar todavía más la proteína, puedes acompañarlo con un poco de yogur griego natural sin azúcar.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocó este lunes la resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que había declarado inexistentes las infracciones por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña atribuidas a la Senadora con licencia Imelda Castro Castro, por lo que ordenó realizar un nuevo análisis del caso.

La resolución del IEES, aprobada el 4 de junio, había concluido que no se acreditó que Castro Castro utilizara recursos públicos ni que incurriera en actos anticipados de campaña o precampaña.

Sin embargo, el propio Instituto sí determinó que existió promoción personalizada de la Senadora y ordenó dar vista al Senado de la República.

Al revisar la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano, el TEESIN consideró que el IEES fue omiso y no realizó una investigación suficientemente exhaustiva sobre el origen del dinero utilizado en los eventos de Castro.

Esto, debido a que tomó en cuenta la versión de la Senadora, quien señaló que los gastos eran cubiertos con recursos privados, pero no requirió documentación para comprobarlo.

El Tribunal también señaló que el IEES pudo solicitar información adicional a Morena o al Senado para determinar de dónde provinieron los recursos utilizados en las reuniones y eventos denunciados.

Esto cobra relevancia porque, de acuerdo con la resolución del IEES, el Senado había informado que no encontró presupuesto o asignación financiera para que Castro sufragara gastos de reuniones informativas con la ciudadanía.

En cuanto a los posibles actos anticipados de campaña, el TEESIN consideró fundado el señalamiento de Movimiento Ciudadano porque el IEES no estudió si las expresiones y publicaciones denunciadas podían constituir “equivalentes funcionales”, es decir, mensajes que aunque no llamen expresamente a votar, puedan tener un significado electoral y buscar posicionar a una persona frente a una eventual candidatura.

El IEES había señalado en su resolución que para acreditar un acto anticipado deben analizarse los elementos personal, temporal y subjetivo, y que este último puede configurarse mediante expresiones explícitas o inequívocas o sus equivalentes funcionales.

No obstante, el TEESIN consideró infundado otro de los reclamos de Movimiento Ciudadano relacionado con la falta de exhaustividad respecto al elemento temporal, debido a que no podía considerarse una omisión del IEES sobre hechos que no fueron estudiados bajo ese elemento.

El TEESIN dio al IEES 10 días hábiles para emitir una nueva resolución que deberá definir nuevamente si existen o no infracciones por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional solicitó al Ayuntamiento de Culiacán retirar la propaganda política electoral que se encuentra colocada en bienes municipales.

Este viernes, representantes del partido acudieron al Palacio Municipal para presentar una solicitud dirigida a la alcaldesa de Culiacán, en la que piden intervenir y ordenar el retiro de dicha publicidad.

La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés acusó que el municipio se encuentra “tapizado” de propaganda política y señaló que esta se encuentra en espacios pertenecientes al Ayuntamiento.

“Culiacán está tapizado de propaganda política. Por eso el día de hoy vinimos a presentar una solicitud a la alcaldesa de Culiacán para pedirle que haga retiro de toda la propaganda política electoral que están en los bienes del Ayuntamiento”, expresó.

El partido pidió a la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal actuar y retirar la propaganda que considera irregular de postes, luminarias, puentes peatonales, puentes vehiculares, semáforos, estructuras metálicas, infraestructura vial, camellones, bardas pertenecientes al patrimonio municipal, mobiliario urbano y demás bienes destinados al uso común.

“Presidenta municipal no se haga de la vista gorda, haga su trabajo y ordene el retiro de toda esa propaganda ilegal que tienen actualmente”, señaló.

La dirigente panista indicó que no localizaron a Ramos Villarreal en su despacho al momento de acudir, aunque la solicitud fue recibida por personal del Ayuntamiento.

Barajas Cortés fue acompañada por la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio, y la regidora Guillermina López.

El Partido Acción Nacional en Sinaloa pidió transparentar el origen de los recursos que utilizan los funcionarios de Morena que participan en el proceso interno para elegir a la persona que ocupará la coordinación estatal del partido en Sinaloa.

Durante conferencia de prensa este viernes, la dirigente estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés cuestionó el costo de las giras que realizan los aspirantes por los 20 municipios del estado como parte del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal.

“¿Dónde sacan ese dineral para estar haciendo campaña en todos los municipios, en los 20 municipios de Sinaloa, con qué gasolina se trasladan desde Choix hasta Escuinapa, con qué vehículos, con qué dinero le pagan los sueldos a todo ese gentío que traen detrás de ellos, con qué dinero pagan las carpas, las mesas, las sillas, el agua, la comida que le dan”, expresó.

Asimismo, reiteró que estos encuentros son actos anticipados de campaña, promoción personalizada y que existe un posible uso indebido de recursos públicos, hechos que han denunciado anteriormente ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En ese sentido, celebró que el partido Movimiento Ciudadano haya presentado una denuncia contra de las y los 13 aspirantes de Morena aspiran a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa por presuntos actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.

“Celebramos que más partidos en oposición estén denunciando estos actos anticipados de campaña, algo que nosotros ya venimos haciendo desde hace algunos meses presentando quejas ante la autoridad”.

“Ojalá y que se sigan sumando todos los partidos de oposición a presentar estas denuncias, estas quejas, alzar la voz para señalar lo que estos funcionarios morenistas están haciendo”, dijo Barajas Cortés.

La dirigente panista aseguró que mientras Sinaloa enfrenta una crisis de inseguridad y dificultades económicas, los funcionarios de Morena recorren el estado promoviendo sus aspiraciones.

“Yo creo que aquí es muy importante que la ciudadanía sepa, que la ciudadanía esté informada y esté consciente que mientras Sinaloa vive una de sus peores crisis de violencia, de inseguridad económica, todos los sectores económicos productivos, pues los morenistas están haciendo campaña”, manifestó.

Asimismo, criticó la visita de dirigentes nacionales de Morena para respaldar el proceso interno, pues la prioridad debería enfocarse en presentar soluciones para los problemas del estado.

“Es una lástima que venga, pues igual a reforzar la campaña, la campaña ilegal de estos funcionarios de Morena, pues nos gustaría que vinieran esos funcionarios a traer soluciones, a traer a decir, a ver, ya ahora sí vamos a implementar una estrategia de seguridad en donde nuestros jóvenes ya no van a estar en peligro, en donde nuestras calles van a estar seguras”, afirmó.

Indicó que el PAN continuará presentando denuncias mientras persistan estos recorridos.

“Seguimos todavía preparando más denuncias porque ahorita nos reforzaron la campaña anticipada con este proceso anticipado de Morena y con estas resoluciones que las autoridades les han dado prácticamente no han tomado como un permiso para reforzar esas campañas anticipadas”, concluyó.

Editorial

Un comunicado de la ACJM de Guadalajara nos recuerda que “El día 31 de julio de 1926, el culto público fue suspendido en toda la nación, de acuerdo con la orden dada por el episcopado mejicano en su Segunda Carta Pastoral Colectiva. En los días anteriores a tan drástica medida, el pueblo fiel se volcó en los templos. Miles de matrimonios, bautizos y confirmaciones fueron hechas en todos los rincones de la República. El cumplimiento de tales disposiciones dio origen a que los católicos defendieran sus templos cuando los agentes del Gobierno se presentaron a posesionarse de ellos el mismo 31 de julio, lo que ocasionó los primeros atentados y choques armados en distintos lugares del país: Puebla, Pue., Torreón, Coah., Guadalajara, Jal., y Sahuayo, Mich”.

Así inició la llamada Guerra Cristera, en donde miles de mexicanos murieron en defensa de sus creencias religiosas. Una etapa que por muchos años ha sido ocultada por el cinismo del sistema oficial en sus diferentes manifestaciones. Una etapa que debe de llenar de vergüenza al gobierno, porque fue una real represión al pueblo católico mexicano. Esto no aparece en los libros de texto, en donde cínicamente destacan otras acciones represivas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Sin embargo, guardan silencio ante los miles –porque eso fueron, miles– de asesinatos en católicos que defendieron su fe y creencias. 

Se cumplen ya 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2029), un conflicto armado en México provocado por las medidas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles y la entrada en vigor de la llamada «Ley Calles» el 31 de julio de 1926, lo que desató la suspensión del culto público y una profunda confrontación social. De acuerdo a las crónicas hay que recordar que todo inició cuando la Constitución de 1917 estableció restricciones a las iglesias y prohibió la participación política del clero. Luego llegó la llamada Ley Calles (1926), que reformó el Código Penal para limitar el número de sacerdotes y prohibir la educación y vestimenta religiosa pública. En respuesta a la agresión del gobierno, el clero decretó una suspensión de cultos y el 31 de julio de 1926, los obispos cerraron los templos y detuvieron los servicios religiosos visibles como protesta. 

Tras estas agresiones a la Iglesia Católica vino la resistencia armada. Campesinos y civiles católicos formaron el bando de los «cristeros» para defender su fe en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Las mujeres organizaron redes de apoyo logístico, aprovisionamiento y defensa de los espacios de culto clandestinos. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y combatientes caídos a lo largo de tres años de lucha. Después de años de violencia y cruel represión del gobierno de Elías Calles, el 21 de junio de 1929 se firmó un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil que permitió reabrir los templos bajo un nuevo entendimiento legal. En Sonora el conflicto religioso no terminó porque en 1931 llegó a la gubernatura Rodolfo Elías Calles, quien continuó con acciones represivas contra católicos.

Por muchos años esta parte de la historia de México trató de ocultarse. Cínicamente los gobiernos no tocaban el tema. Oficialmente la guerra cristera no aparecía en la historia de México. Terminaba la Revolución y de ahí se pasaba en los libros de texto al llamado México Moderno. Y así se archivó esta parte de la historia. Los gobiernos del PRI decidieron no tocar el tema porque, a querer o no, fueron cómplices de los crímenes contra el pueblo católico dado de que su fundador fue Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la izquierda de Lázaro Cárdenas se trató de arreglar el conflicto, pero se archivó para efectos oficiales de la historia oficial. Y así siguió. Incluso cuando llegó el PAN a la presidencia tampoco se puso el tema en los textos oficiales. Para el gobierno mexicano se puede decir que la guerra cristera solo fue una anécdota, y con ello se buscó que la sociedad ignore el sacrificio de miles de mártires por su fe. 

Pero la Iglesia y la sociedad católica ahora buscan recordar el holocausto católico, a cien años del inicio de la guerra cristera. En un mensaje publicado en el Semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio:

“Queremos decirlo con toda claridad, para que nadie se equivoque ni instrumentalice nuestra palabra. No conmemoramos una guerra ni celebramos una victoria; no exaltamos las armas ni idealizamos la violencia, de dondequiera que haya venido. No convocamos a la revancha, no alimentamos el resentimiento y no ponemos esta memoria al servicio de ningún proyecto político ni partidista”.

Pero sí es importante rescatar esa parte de la historia de México que han mantenido oculta por muchos años. Así como piden justicia para los caídos del 68 y los desaparecidos de Ayotzinapa, más justo es reconocer el heroísmo de miles de mexicanos que dieron su vida por su fe. Es momento de rescatar su memoria y que por fin haya monumentos a su sacrificio. Es tiempo de que se haga justicia y les den un lugar en la historia.

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Sinaloa para atender la crisis de violencia “no está funcionando” y acusó a las autoridades de minimizar la situación de violencia que enfrenta el Estado.

Durante una conferencia de prensa este martes, el presidente del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, criticó que las declaraciones de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, sean que la estrategia de seguridad está dando resultados.

“Eso es parte de los cantos de las sirenas que les comentaba, les dicen eso para que la gente lo crea”, expresó.

La secretaria general del comité municipal, Elvia Iribe, afirmó que las cifras de violencia contradicen el discurso oficial.

“Es lamentable, es patético, es vergonzoso... pero lo más vergonzoso, como madre de familia, como mujer, como trabajadora, es que todavía tengan la desvergüenza, la desfachatez de decir que la estrategia, a pesar de las cifras no está fallando”, expresó.

La dirigente sostuvo que, de acuerdo con los datos expuestos por el partido, en lo que va de 2026 se han registrado 45 mujeres asesinadas y recordó los casos recientes de menores de edad víctimas de la violencia.

“Díganselo a las mamás de los 11 menores de edad de entre 14 y 17 años que van muertos a la fecha... pregúnteles si realmente la estrategia está funcionando”, declaró.

Iribe también cuestionó la actuación de la Alcaldesa provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, ya que que no han observado acciones concretas para atender la crisis de seguridad en el municipio.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a reconocer la situación que vive Sinaloa y atender la problemática con resultados.

“No estamos pidiendo cosas extraordinarias y lo mínimo que podemos hacer es que por favor no nos mientan”, manifestó.

Las coordinadoras parlamentarias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron que la próxima Mesa Directiva del Congreso del Estado sea encabezada por una Diputada o Diputado de oposición, al considerar que durante los últimos dos años este órgano ha permanecido bajo el control del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, mientras la Junta de Coordinación Política sigue en manos de la mayoría legislativa.

Las Legisladoras señalaron que el problema no se limita a quién ocupa la Presidencia, sino a la forma en que se han conducido las sesiones, las cuales, aseguraron, han estado marcadas por la parcialidad, la intolerancia y un manejo que consideran contrario a la Ley Orgánica del Congreso.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, afirmó que la Mesa Directiva debe garantizar la legalidad y el respeto a todas las fuerzas políticas, en lugar de convertirse en un instrumento para favorecer a la bancada mayoritaria y sus aliados.

Por su parte, la coordinadora del PRI, Irma Moreno Ovalles, sostuvo que la conducción de la Mesa Directiva ha respondido a intereses políticos y no al cumplimiento de la Ley Orgánica, lo que, dijo, ha debilitado al Congreso como un espacio de equilibrio institucional.

En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, consideró que el Congreso necesita recuperar su institucionalidad y dejar atrás una conducción que, a su juicio, ha privilegiado a Morena y sus aliados por encima del cumplimiento de la ley y del respeto a las minorías parlamentarias.

Como ejemplo, señaló que el ex Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, busca ahora ser candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, lo que, afirmó, evidencia la cercanía política entre el PVEM y Morena.

Las tres coordinadoras coincidieron en que la oposición debe encabezar la próxima Mesa Directiva para garantizar imparcialidad, respeto a la Ley Orgánica, orden en las sesiones y un trato equitativo para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

La danza de las “corcholatas sonorenses”

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.