El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.

En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.

Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.

Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.

Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.

Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.

En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.

El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.

Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.

“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.

Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.

Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.

En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.

El ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos de América, y el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, deben ser extraditados para responder ante la justicia en México en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.

“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Castro Castro cuestionó que ex servidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.

“... independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que pues habiendo siendo servidores públicos mexicanos, pues por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas y se someten pues a una justicia que es a veces hasta doble o hipócrita”, manifestó.

La Senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.

“... en los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera”, aseguró.

La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el ex funcionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

“El Gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, ¿no? Pues tiene que pedir la extradición”, indicó.

Sobre versiones que señalan la presunta detención del Senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.

“No, pues no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.

Asimismo, informó que envió mensajes al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.

“...es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex secretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.