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El expediente incómodo de la 4T
EE.UU. explora nuevas estrategias para combatir al narco de México, ahora también apunta al poder político
Por Ileana Bernal de la R.
La nueva ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos no solo está modificando la estrategia de seguridad entre ambos países, sino que también está colocando bajo presión a la clase política mexicana, particularmente a figuras vinculadas al partido en el poder (Morena).
El anuncio del gobierno de los Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con recompensas superiores a los 100 millones de dólares para ubicar a sus principales líderes, llegó acompañado de un mensaje que elevó la tensión diplomática.
El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia abrió cinco acusaciones formales contra altos mandos del CJNG.
Por su parte Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló en un comunicado que las recompensas alcanzan hasta 102 millones de dólares en conjunto y están dirigidas contra ocho líderes y asociados del CJNG, con el objetivo de obtener información que permita su arresto o condena en cualquier país.
Pero Washington fue más allá al asegurar que perseguirá no solamente a integrantes de las organizaciones criminales, sino también a quienes desde “posiciones de poder” faciliten sus operaciones.
Fue el director de la DEA, Terry Cole, quien lanzó el contundente mensaje. Afirmó que la agencia perseguirá a todos los cabecillas de la organización criminal sin importar sus redes de apoyo, esquemas de corrupción o vínculos políticos.
Esa declaración abre, al parecer, un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos.
La discusión dejó de enfocarse en las rutas del narcotráfico, los laboratorios clandestinos o las disputas territoriales entre grupos criminales. Ahora apunta a las redes políticas, económicas e institucionales que permitieron a organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa alcanzar dimensiones internacionales.
La nueva estrategia de EE.UU.
Washington coloca bajo reflectores a gobernadores, senadores y exfuncionarios emanados de Morena, aunque cada caso tiene un nivel distinto: algunos corresponden a investigaciones periodísticas, otros a acusaciones formales y otros permanecen como controversias políticas sin resolución judicial.
Uno de los episodios que mayor impacto político generó fue el reportado por Los Angeles Times, que reveló supuestas investigaciones relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos integrantes de Morena.
El reporte provocó una reacción inmediata porque se trataba de dos mandatarios estatales en funciones.
Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, aclaró que contaba con visa vigente y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Villarreal, gobernador de Tamaulipas y exsenador por Morena, también negó las acusaciones de que le habrían retirado la visa y afirmó que no existe fundamento para relacionarlo con grupos criminales.
Hasta ahora, ambos casos permanecen en el terreno de reportes periodísticos y señalamientos públicos, no en sentencias judiciales.
El caso Rocha
Antes de estos episodios, el caso Sinaloa ya había abierto una grieta. El gobernador Rubén Rocha Moya enfrentó una crisis política luego de que su nombre apareciera en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se recogen declaraciones que lo relacionan con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.
Rocha negó las acusaciones y sostuvo que eran falsas. Sin embargo, el caso generó una presión adicional para Morena porque Sinaloa representa uno de los estados con mayor peso histórico en la discusión sobre narcotráfico y seguridad.
La controversia no paró ahí… llegó hasta la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, al abrirse el debate sobre qué información tiene Washington y qué elementos deben presentar antes de realizar acusaciones contra funcionarios mexicanos.
Adán carga con la Barredora
Otro expediente que golpeó políticamente a Morena fue el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.
Bermúdez fue señalado por autoridades por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como «La Barredora».
Adán Augusto López rechazó cualquier responsabilidad y sostuvo que desconocía actividades ilícitas de su exfuncionario.
A la presión derivada de los señalamientos sobre seguridad se suman casos de corrupción que han erosionado el discurso anticorrupción del partido.
Uno de los casos más relevantes fue Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos financieros del gobierno anterior.
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades millonarias en Seguridad Alimentaria Mexicana.
El caso alcanzó a funcionarios como Ignacio Ovalle Fernández, quien negó responsabilidad directa y afirmó que fue engañado por colaboradores.
Aunque no se trató de un expediente contra Morena como partido, sí representó un golpe político porque ocurrió dentro de una administración emanada del movimiento que llegó al poder con la bandera anticorrupción.
Sheinbaum: cooperación sin crisis política
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura doble frente a la presión estadounidense.
Por un lado, su gobierno ha profundizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos mediante intercambio de información, operativos y acciones contra organizaciones criminales.
Por otro, ha rechazado que Washington pueda realizar acusaciones sin pruebas o intervenir en asuntos internos mexicanos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido una estrategia basada en inteligencia, coordinación y golpes contra las estructuras criminales.
Pero la presión internacional ha abierto una discusión más amplia: La lucha contra el crimen organizado ya no se mide solamente por capturas. Ahora también se mide por la capacidad del Estado para garantizar que sus instituciones no sean utilizadas por organizaciones criminales.
El nuevo escenario político
La ofensiva contra el CJNG puede convertirse en algo más grande que una operación contra un cártel, ahora puede convertirse en una prueba política para México.
Porque mientras Estados Unidos sostiene que los grupos criminales necesitan redes de protección para crecer, el gobierno mexicano insiste en que cualquier acusación debe probarse ante tribunales.
La batalla que viene no será únicamente por capturar líderes criminales, al parecer, será por determinar hasta dónde llegaron las estructuras que permitieron que esos grupos construyeran poder durante décadas.
