La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

Después de los citatorios realizados por la Fiscalía General de la República hacia funcionarios de Sinaloa, desde el grupo parlamentario del PRI señalaron que esperan que este proceso no sea una simulación.

La Diputada local Paola Gárate Valenzuela comentó que existe una diferencia entre los citatorios realizados a funcionarios de Sinaloa y los de Chihuahua, pues aseguró que en el caso de los funcionarios sinaloenses únicamente se difundió un comunicado en redes sociales, mientras que con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sí se informó públicamente la fecha, hora y lugar.

“Con la gobernadora que está haciendo su trabajo, mandan a medios oficialistas a que se cubra cuando se le entrega un citatorio. Con ella sí se publica el día, la hora y en qué dirección; en cambio para el otro, así dicen que es una entrevista nada más”, expresó.

La Diputada también comentó que espera que el caso no quede en impunidad, particularmente en lo relacionado con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La Diputada Irma Moreno señaló que lo que buscan es que se aplique la ley y que se lleve a cabo un proceso de investigación correcto.

“En la ley ya existe todo solo hace falta que la hagan valer” destacó.

Ambas legisladoras coincidieron en hacer un llamado a las autoridades para realizar una investigación adecuada respecto a los funcionarios acusados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa se pronunció sobre la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que la institución solicitara un nuevo apoyo al Gobierno federal.

Señaló que la casa de estudios necesita optimizar el uso de sus recursos, así como revisar la estructura de su planta laboral, particularmente en lo referente al personal de confianza, al considerar que existe un número elevado que podría representar excesos en el gasto administrativo.

“Yo creo que también desde los institucional se debe reforzar a reducir la plantilla laboral de confianza, así como disminuir las prestaciones excesivas que existen dentro del personal” expresó.

Indicó además que tanto el Gobierno federal como el estatal han mostrado disposición para otorgar apoyos económicos a la Universidad; sin embargo, subrayó que la institución debe acompañar estos recursos con estrategias de eficiencia interna.

Guerra Ochoa también mencionó que la UAS ha mantenido esquemas de jubilación con montos que, dijo, en algunos casos superan los límites establecidos por la Ley.

En ese sentido, reconoció que existe inconformidad entre algunos trabajadores jubilados ante posibles ajustes en sus percepciones, aunque consideró que dichas medidas podrían ser necesarias para mejorar la viabilidad financiera de la institución.

“Creo que la reingeniería debe pasar por revisar algunas jubilaciones que rebasan los topes establecidos a nivel federal. Yo considero que institucionalmente se pueden y se deben seguir haciendo esfuerzos. Si bien aún existe controversia sobre este tema, entiendo que hay un número de personas jubiladas que no están de acuerdo con estos descuentos; sin embargo, creo que desde las instituciones se debe mostrar voluntad y también apelamos a que desde el Gobierno Federal haya una respuesta”, enfatizó.

Expresó su confianza en que se realicen las modificaciones necesarias y se fortalezca la ingeniería financiera de la Universidad, al destacar que se trata de una de las instituciones educativas más importantes del Estado.

Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.

Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.

La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.

“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.

Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.

Señalamientos de organizaciones civiles

En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.

Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.