La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa calificó como una burla por parte del Gobierno federal minimice el impacto de la crisis de violencia y el colapso económico que atraviesa la entidad.

La presidenta del partido Wendy Barajas Cortés arremetió contra la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, a quien acusó de minimizar la realidad de los sinaloenses al desmentir las cifras de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Luisa María Alcalde, te hacemos una invitación para que vengas a Sinaloa. Y la invitación es muy sencilla, deja por un momento los discursos y las cifras maquilladas”, solicitó Barajas Cortés.

Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, sostuvo que desde el inicio de la guerra criminal el pasado 9 de septiembre de 2024, los saldos en el Estado son alarmantes, a pesar de lo que llamó un maquillaje de las cifras oficiales.

La dirigente panista denunció que Sinaloa enfrenta un saldo alarmante de violencia que incluye más de 3 mil 300 homicidios registrados, una cifra de personas privadas de la libertad que supera las 3 mil 800 y el despojo de más de 11 mil vehículos.

“No son números, son personas que ya no están con nosotros y que pues han dejado un gran dolor en sus familias”, expresó.

Citando datos de la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, el PAN denunció que alrededor de 7 mil empresas han cerrado o han sido dadas de baja, provocando la pérdida de más de 38 mil empleos formales.

Además, se informó que la falta de oportunidades y la violencia han forzado a cerca de 84 mil personas a abandonar sus lugares de origen en busca de seguridad o sustento.

Barajas Cortés destacó que más de medio millón de trabajadores en el Estado sobreviven apenas con un salario mínimo, lo que calificó como una señal del deterioro económico.

Lanzó un reto directo a la Consejera Jurídica para que visite el Estado sin discursos preparados.

“Deja por un momento las cifras maquilladas, ven a caminar a las calles de Sinaloa, ven a dar un recorrido a los negocios del Centro para que veas la cantidad de locales cerrados”, reclamó.

También hizo referencia a hechos recientes de violencia extrema, como la presencia de una bomba en una preparatoria y ataques a hospitales, asegurando que existe una crisis de gobernabilidad.

A casi dos años del recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de Culiacán, la sindicatura de Imala continúa enfrentando sus efectos económicos.

La disminución de visitantes provocó el cierre temporal de negocios y una caída en las ventas, reconoció el síndico Óscar Ernesto Gámiz Ochoa.

A su vez, señaló que actualmente buscan reactivar la actividad comercial mediante la promoción turística y eventos tradicionales.

El representante de la sindicatura admitió que la economía local ha resentido el impacto de la inseguridad, situación que ha llevado a muchos habitantes y visitantes a mantenerse alejados de la comunidad.

“La situación económica ha bajado un poco, la gente se ha estado manteniendo al margen, pero igual que en todos lados”, expresó.

Uno de los sectores más afectados ha sido el comercio local. Gámiz Ochoa informó que varios negocios ubicados en la plazuela de Imala cerraron debido a la baja afluencia de clientes y la disminución de ingresos.

“Muchos cerraron porque la verdad había poco ingreso”, comentó.

Sin embargo, señaló que algunos comerciantes han retomado actividades ante la necesidad de generar recursos para sus familias.

“Hay muchos que ya han abierto también, porque no ha habido otra forma de qué trabajar”, agregó.

Ante este panorama, indicó que trabaja con la dirección de Turismo municipal para impulsar acciones que permitan recuperar la llegada de visitantes a uno de los destinos tradicionales del municipio.

“Ahorita en eso estamos con turismo para reforzar un poco más el turismo, para que nos ayuden a jalar más gente para acá para Imala, ya que es un pueblo señorial y pues que nos visiten más las personas, que se animen más a venir a visitarnos”, indicó.

Como parte de esta estrategia, destacó la próxima realización del Festival del Raspado, evento que cada año atrae visitantes y representa una importante derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios.

“Es el evento que genera muy buena economía para todos los puestos y ahorita es lo que estamos esperando”, señaló.

El síndico adelantó además que buscarán gestionar apoyos extraordinarios ante el Ayuntamiento de Culiacán para respaldar a habitantes de la sindicatura, recordando que durante el año pasado recibieron este tipo de ayuda en cheques de 5 mil pesos en dos ocasiones.

Pese a las afectaciones económicas, Gámiz Ochoa aseguró que no tienen registro de comunidades deshabitadas o desplazamientos masivos de familias a causa de la violencia.

Explicó que algunas personas salen temporalmente a buscar empleo en otros lugares, pero regresan los fines de semana para trabajar en sus negocios.

Asimismo, afirmó que actualmente la situación en la sindicatura es más tranquila y que elementos del Ejército mantienen recorridos constantes de vigilancia en la zona, aunque reconoció que no hay presencia permanente de la Policía Municipal en Imala.

“Son personas que van y vienen por la situación que le buscan por otras partes, pero los fines de semana trabajan aquí en los puestos y entre semana lo buscan por otro lado”.

“Policía municipal no hay ahorita. No en Imala. En varias sindicaturas no hay”.

Las explosiones y los disparos se oyen a la distancia. Los vehículos cargados con personas armadas atraviesan los caminos de la sierra. Muchos negocios que antes recibían turistas permanecen cerrados.

En las comunidades de la sindicatura de Imala, en Culiacán, los habitantes aseguran que la violencia no siempre llega hasta sus calles, pero sus efectos se sienten todos los días.

Mientras esperaba la entrega de agua del Aquatón 2026, en La Cofradía, María describió una realidad que se ha vuelto habitual para muchas familias de la sindicatura: escuchar la guerra sin verla directamente.

Desde su comunidad no ha presenciado enfrentamientos, pero sí ha escuchado las detonaciones y explosiones que se registran en otras zonas de la sierra.

“Aquí gracias a Dios no ha habido enfrentamientos ni nada. A veces pasan (personas armadas), vemos que pasan. Se oyen balazos, pero para allá”, relata.

Los sonidos llegan desde la distancia, pero también lo hacen las consecuencias.

María cuenta que con frecuencia observa pasar vehículos repletos de muebles, colchones y pertenencias de familias que abandonan sus hogares en comunidades más alejadas.

“Mira uno que pasan los carros llenos de sus cosas, pertenencias que tienen en su casa”, dice.

La escena se ha repetido durante los más de 20 meses que ha durado la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, un conflicto que ha provocado desplazamientos de familias enteras en distintas regiones del Estado.

Incluso esa misma mañana, recuerda, llegó a la comunidad un hombre proveniente de otra zona serrana en busca de trabajo para sostener a su familia.

“Dice que para allá no hay qué hacer, porque ya los han sacado dos o tres veces de allá y pues allá anda la gente que no haya que hacer”, comenta.

La violencia también ha transformado la actividad económica de Imala. Durante años, la sindicatura fue uno de los destinos más visitados por habitantes de Culiacán que acudían a sus restaurantes y centros recreativos. Hoy, el panorama es distinto.

“Sí, se acabó el turismo”, afirma.

Para María, sin embargo, los problemas no comenzaron con la violencia. Desde hace 24 años enfrenta otra batalla diaria: conseguir agua.

Recuerda que durante años dependieron de una noria y de acarrear el líquido para las actividades básicas del hogar.

Más tarde, una planta solar y un tinaco de 10 mil litros mejoraron las condiciones de abastecimiento, pero el depósito se rompió hace más de cinco años y desde entonces el problema volvió.

“Hay veces que se nos termina porque tarda en volver”, explica.

Cuando eso ocurre, la familia debe recurrir al agua embotellada para cubrir sus necesidades más urgentes.

Este miércoles, las donaciones reunidas durante el Aquatón 2026 se tradujeron en agua embotellada para las familias de la comunidad.

Durante la entrega, la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal se comprometió a revisar alternativas para atender el problema de abastecimiento que padecen desde hace años.

El comité municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, está recurriendo al ocultamiento y la reclasificación de delitos para intentar maquillar la violencia que dejó un saldo de 164 muertes violentas durante el mes de mayo.

En rueda de prensa encabezada por el presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que las cifras de mayo sitúan a la entidad en niveles críticos similares a diciembre pasado, representando un incremento del 24 por ciento respecto al mes de abril.

“Ahora la novedad es que el Gobierno trata de encubrir los homicidios y las muertes violentas”, señaló Ortiz Hernández.

Ortiz Hernández acusó directamente a las autoridades de manipular la información oficial para evitar que los homicidios se contabilicen como tales.

Mencionó el caso de las siete personas que perdieron la vida de forma violenta dentro de un penal, las cuales, según el dirigente, la Fiscalía intentó registrar bajo otros términos para no incluirlas en las estadísticas de violencia.

“Estas siete personas que perdieron la vida de manera violenta dentro del penal, las ponen ahora como riña y no las quieren sumar. La Fiscalía, lo que hizo al momento de mandar a la Secretaría federal, le cambian los nombres para que no se ponga”, informó.

El balance presentado por el PAN detalla que, en los últimos 680 días de violencia en Sinaloa, se han acumulado 3 mil 300 homicidios, 3 mil 900 privaciones de la libertad y el robo de 11 mil 400 vehículos.

El PAN arremetió contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el Alcalde de con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes acusó de estar escondidos ante la crisis de seguridad y los procesos judiciales que involucran a figuras cercanas, como el caso del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa en, Gerardo Mérida Sánchez, en una corte de Nueva York, donde se ha mencionado evidencia abundante en su contra.

Según Ortiz Hernández, existe una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 37 millones de pesos en obras adjudicadas a dos empresas que comparten los mismos socios y representantes legales.

En la misma mesa, el activista Fernando Gómez Bórquez destacó que, ante la inoperancia de las autoridades, el acceso a la información pública se ha convertido en la única vía para que los ciudadanos obtengan soluciones a problemas cotidianos como fugas de drenaje, pavimentación y falta de alumbrado.

Gómez Bórquez relató casos de servicios públicos al momento de atender una fuga de aguas negras en escuelas, solo fueron atendidos tras interponer solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

El PAN hizo un llamado enérgico a la Fiscal del Estado para que deje de manipular las cifras y clasifique los delitos de manera exacta, respetando el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad de la seguridad en Sinaloa.

La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que hasta el momento han sido atendidos 326 niñas y niños desplazados de distintos municipios del Estado, principalmente de comunidades rurales que migraron hacia zonas urbanas.

Detalló que entre los menores atendidos se encuentran familias provenientes de Concordia que actualmente se encuentran en Mazatlán, particularmente en el Fraccionamiento CVIVE.

Asimismo, señaló que también hay niñas y niños de comunidades rurales y sindicaturas como Tepuche, en Culiacán, cuyos familiares decidieron trasladarse a la capital sinaloense.

“Tenemos hasta este momento 326 niñas y niños que han sido colocados de distintos municipios, concretamente de Concordia en la parte de Mazatlán en el Fraccionamiento del CVIVE, niños de las comunidades rurales de algunas sindicaturas como Tepuche de aquí de Culiacán, que familias que decidieron migrar aquí a la capital y están siendo atendidos”, declaró Félix Niebla.

Indicó que el objetivo es garantizar la continuidad educativa de las y los menores pese a las condiciones de desplazamiento que enfrentan sus familias.

La tragedia ocurrida el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto evidenció fallas en la custodia del Estado, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que estos hechos demuestran que la crisis en los penales sigue vigente, especialmente bajo la custodia del Estado.

“Creo que la jornada de ayer es muy lamentable, hablar de siete vidas que se pierden es un golpe no solamente a las familias, para la misma sociedad y más que mueran en una institución donde se supone que el custodio de ellos es el Estado”, señaló Loza Ochoa.

De acuerdo con datos de la institución, en lo que va de 2026 se han registrado 27 fallecimientos de internos en los centros penitenciarios de Sinaloa.

De este total, 14 han ocurrido en el penal de Culiacán, lo que arroja un promedio de casi tres muertes por mes en la zona centro durante los cinco meses transcurridos del año.

También se compartió que esta situación contrasta drásticamente con la calificación de pase que alcanzó el año pasado, tras años de reprobación.

“Incluso el año pasado me llamó la atención porque los penales en Sinaloa alcanzaron una calificación de pase, fue el 6.1 o 6.2. Me acuerdo que no pasaba el 5.6 y el año pasado alcanzó esa calificación”, compartió.

Tras los hechos, el organismo inició un expediente de queja y emitió medidas precautorias.

Personal de la visitaduría penitenciaria acudió al lugar para supervisar la identificación de los cuerpos, confirmando que hasta el momento se ha logrado comunicación con cinco de las siete familias afectadas.

El ambiente al interior del centro se reporta bajo “cierta tensión”, lo que obligó al personal de derechos humanos a extremar precauciones durante sus labores de campo.

La crisis no se limita a la violencia entre internos.

La CEDH ha documentado quejas persistentes sobre irregularidades administrativas y abusos de autoridad, ya que los familiares denuncian que se les retiene hasta un 16 por ciento de los alimentos o artículos que ingresan para el consumo personal de los internos.

De igual forma compartieron que existen denuncias de presuntos actos de tortura cometidos durante operativos de revisión por parte de autoridades que auxilian en el control del penal y el organismo señaló que, aunque se han turnado casos a la Fiscalía, las investigaciones no han avanzado, dejando un mal precedente.

Loza Ochoa calificó a las cárceles como un espejo de la violencia que se vive en el exterior y subrayó que el Penal de Aguaruto cuenta con una infraestructura obsoleta de entre 55 y 56 años de antigüedad, lo que hace imperativa la construcción de un nuevo recinto.

La propuesta del organismo no es solo de espacio, sino de fondo con un modelo de rehabilitación basado en el trabajo, con fábricas o talleres grandes que permitan a los internos sostener a sus familias y aportar al sistema penitenciario.

“Tenemos una situación difícil. Creo que merece hacer una nueva propuesta de cambio completo en los penales”, indicó.

La situación económica en Sinaloa continúa deteriorándose ante el impacto combinado de la inseguridad y la falta de condiciones para la actividad productiva, advirtió la presidenta de Coparmex en el estado, Martha Elena Reyes Zazueta, quien informó que alrededor del 45 por ciento de las empresas han suspendido operaciones.

Durante un posicionamiento público, la dirigente empresarial señaló que únicamente en Culiacán se registró el cierre de 934 establecimientos en el último año, cifra que refleja la presión que enfrentan comerciantes y emprendedores ante el contexto actual.

Reyes Zazueta advirtió que el panorama podría empeorar en los próximos meses, especialmente durante las temporadas de verano y fin de año, periodos en los que prevén una nueva ola de cierres de negocios debido a la incertidumbre económica y los problemas de seguridad que persisten en la entidad.

“Afectando en miedo, incertidumbre y desmotivación, porque imagínate cuántos empresarios no están preocupados que pueden ser los siguientes, pero a parte los clientes dicen ‘cómo tenemos esa certeza de ir a consumir a un restaurante o ir a una tienda si no hay esa seguridad que nos defienda’, ¿ dónde estaba la Policía Estatal, Municipal?”, expresó.

La presidenta de Coparmex en Sinaloa cuestionó que hasta el momento no exista una estrategia integral por parte de las autoridades estatales para enfrentar de manera simultánea la crisis económica y la violencia que afecta distintas regiones de Sinaloa.

Indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de empleo en el estado, ya que cada nuevo negocio puede generar entre dos y cinco fuentes de trabajo directas.

Por ello, pidió al Gobierno estatal impulsar programas de apoyo para emprendedores, incluyendo acceso a financiamiento, incentivos fiscales y reducción de trámites administrativos.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que más familias sinaloenses opten por abandonar la entidad ante la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener actividades económicas.

“La gente cuando los han recortado, lo que hace es autoemplearse, entonces necesitamos ese autoempleo seguirlo fortaleciendo porque nosotros hemos dicho como Coparmex que la única manera de salir de esta crisis será primero impulsando a los emprendedores”, dijo.

En cuanto al tema de seguridad, Reyes Zazueta compartió cifras correspondientes al actual periodo de gobierno interino, en el que se han contabilizado 120 homicidios dolosos, 165 personas desaparecidas y 338 robos de vehículos.

También criticó que continúe sin avanzar en el Congreso del Estado una propuesta impulsada por organismos empresariales para eliminar cobros y trámites que deben cubrir las víctimas de robo de automóvil al momento de recuperar sus unidades.

La líder empresarial añadió que más de 50 organizaciones civiles y del sector privado han solicitado en dos ocasiones una reunión con la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, sin obtener respuesta.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para mantener la cobertura de la situación que enfrenta Sinaloa y continuar informando sobre las afectaciones económicas y sociales que atraviesa la población.

La disminución en las afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social registrada desde 2023 en Sinaloa refleja el deterioro de las condiciones económicas y laborales, consideró la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, quien atribuyó este fenómeno a la falta de inversión, la incertidumbre y el crecimiento de la informalidad.

Señaló que la baja en registros ante el IMSS, indicador relacionado con el empleo formal, ocurre en un contexto donde no existen condiciones favorables para atraer capital ni para fortalecer a quienes buscan emprender, aseguró.

“Estas bajas se dan porque no hay condiciones de inversión, no hay condiciones para invertir internamente del extranjero para acá. La desmotivación de la gente, la desesperanza también es un factor que influye mucho a que las personas no quieran formalizarse”, expresó.

Reyes Zazueta sostuvo que muchas personas han optado por mantenerse en la informalidad debido a la necesidad de subsistir frente a la situación económica que atraviesa el Estado.

“Están en modo sobrevivencia. Entonces, en el modo sobrevivencia te lleva a la informalidad. Porque las personas tienen necesidad de cubrir sus gastos, sus necesidades”, manifestó.

La presidenta de Coparmex añadió que, desde su perspectiva, las autoridades no han facilitado el proceso para que pequeños negocios y emprendedores puedan mantenerse dentro de la formalidad.

“Pero el Gobierno no ha sido empático en simplificar los trámites, en apoyar realmente al emprendedor para que este caos que se está pasando, este sea lo menos difícil posible”, indicó.

Durante la entrevista, también fue cuestionada sobre las expectativas del sector tras el relevo en el Gobierno estatal y la llegada de la Gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde.

Aunque reconoció que inicialmente existía esperanza de generar mejores condiciones de colaboración, consideró que la Mandataria no ha respondido a la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa.

Señaló que comprende las circunstancias en las que se dio el cambio de administración, aunque sostuvo que la actual Gobernadora ya conocía el contexto que atravesaba la entidad.

“Entendemos que agarró una papa caliente, ni ella misma, ella lo declaró, ni ella misma tenía claro que iba a estar como una Gobernadora sustituta. Entonces, eso nos habla de que no tiene la idea. Sin embargo, ella fue Secretaria de Gobierno unos meses antes de ser Gobernadora y tuvo que haber sabido la problemática en la que estábamos envueltos en este momento”, expresó.

Asimismo, afirmó que el sector empresarial ha buscado acercamientos con el Gobierno estatal para colaborar en soluciones conjuntas, aunque acusó falta de apertura.

“Nosotros como empresarios hemos intentado tener una cercanía con ella para ayudarla, para hacer equipo, para trabajar en conjunto, pero ella ha mantenido muy bien su margen de distancia y creo que le va a ser más difícil llevar su gubernatura así, siguiendo que habemos personas que queremos trabajar con ella para Sinaloa”, puntualizó.

A pesar de mantenerse como un espacio emblemático para el descanso y la convivencia en el corazón de la ciudad, la Plazuela Antonio Rosales presenta signos de deterioro que preocupan a sus usuarios frecuentes, quienes demandan una intervención integral en infraestructura y seguridad.

Ciudadanos y trabajadores del sector coincidieron en que la limpieza es un punto a favor del espacio público, la falta de mantenimiento y la escasa vigilancia afecta la experiencia de los visitantes.

Rafael Sánchez, quien trabaja como repartidor, fue enfático al señalar que el sitio se encuentra deteriorado y requiere pintura en prácticamente todos sus elementos, desde las bancas hasta las fuentes.

“Una pintada, una manita de gato, a todo porque ya está muy deteriorado todo”, Rafael Sánchez.

Por su parte, Samuel Ojeda, quien suma 27 años trabajando como boleador de zapatos en la plazuela, criticó la calidad de las reparaciones previas, especialmente en el suelo.

“De repente viene personal correspondiente del ayuntamiento y arreglan, pero yo quiero pensar que no lo arreglan bien porque al tiempo vuelve a salir el mismo problema”, denunció Samuel Ojeda Sicairos.

La seguridad y vigilancia es una de las carencias más sentidas por quienes transitan la zona diariamente.

Samuel Ojeda sugirió que, además de reforzar la presencia policial, es necesario darle cara a la plazuela mediante el pintado de lámparas, el kiosco y el encalado de los árboles.

Aunque la Plazuela Antonio Rosales resiste como un punto de encuentro vital en Culiacán, el mensaje de sus usuarios es claro: se requiere más que una limpieza superficial para devolverle el esplendor a uno de los rincones más históricos de la capital sinaloense.

Para Joaquín León, la plazuela sigue siendo un refugio agradable para realizar trámites o pasar el rato.

Joaquín León destacó que durante la última semana ha observado un buen desempeño en las tareas de aseo y la disponibilidad de servicios básicos gratuitos.

“Muy bien aquí la limpieza. De hecho, tienen agua para beber purificada”, señaló Joaquín León.

El ciudadano, resaltando que la zona de Rotaria Internacional se mantiene como un área tranquila para la convivencia familiar.

La estética del lugar refleja el paso del tiempo y, según los entrevistados, la falta de atención de las autoridades municipales.

El comité municipal del Partido Acción Nacional, advirtió sobre el cierre de empresas en Culiacán y criticó los acercamientos del partido Movimiento Ciudadano con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

El presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que la ciudad enfrenta una crisis por el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, situación que ha incrementado el malestar ciudadano junto con los recientes aumentos en tarifas de servicios.

Indicó que este escenario económico se agrava con los niveles de inseguridad que reportan los habitantes de Culiacán, donde la mayoría de la población es desprotegida.

En su posicionamiento, Ortiz Hernández marcó distancia con Movimiento Ciudadano tras la reciente visita a Sinaloa de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez.

Consideró contradictorio que MC promueva una agenda distinta y al mismo tiempo plantee ir en coalición con el Verde y el PT, partidos que respaldaron a Morena en los procesos electorales de 2021 y 2024.

Para el PAN municipal, esas alianzas generaron desilusión entre ciudadanos que asistieron al encuentro convocado por MC.

Aseguró que mantendrá una postura crítica frente a las acciones de Gobierno y seguirá señalando las decisiones que, a su juicio, afectan a la economía local y al empleo.

Ortiz Hernández añadió que el PAN seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas que surjan por temas económicos y de servicios, y reiteró que su partido se mantendrá abierto a la rendición de cuentas sobre el uso de recursos en campañas.

La Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, evitó emitir una calificación sobre el desempeño de Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Municipio y cuestionó la capacidad del actual Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad y económica que atraviesa la capital sinaloense.

Señaló que su postura parte del desacuerdo con la continuidad de la administración municipal, luego de que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, dejara el cargo tras ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Lo que pasa es que justamente la calificación que yo le pudiera dar no es ninguna, porque en el caso de nosotros no estamos de acuerdo con esa continuidad”, expresó.

Sánchez Martínez criticó que mientras la Presidenta Municipal encabeza reuniones y eventos públicos, no se observa una estrategia clara para atender los problemas que, dijo, afectan diariamente a la población.

“Todos los días se están perdiendo vidas, todos los días están desapareciendo personas, todos los días se roban vehículos, todos los días los más impactados son nuestros niños y nuestros jóvenes”, manifestó.

La Regidora cuestionó además la ausencia de acercamientos con sectores comerciales para plantear acciones que impulsen una recuperación económica en el Municipio.

“¿La han visto recibir, por ejemplo, a los comerciantes formales e informales para ver qué pasos se van a dar para iniciar una ruta de recuperación económica?”, planteó.

Sostuvo que mientras estos temas no sean atendidos, difícilmente la oposición podrá emitir una evaluación positiva o negativa del desempeño de la Alcaldesa.

La priista enfatizó que sus señalamientos no obedecen a un tema de género, sino a la necesidad de contar con perfiles con experiencia y capacidad para enfrentar el contexto actual de Culiacán.

“No es un tema de género, es un tema de capacidades, de experiencia, de preparación para enfrentar un municipio que está enfrentando la peor crisis, al menos en la historia reciente”, afirmó.

A finales de abril el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil fue señalado por el Gobierno de los Estados Unidos junto a otros nueve perfiles, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por estos señalamientos, pidió licencia y fue designada Ramos Villareal como Alcaldesa interina.

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa desde 2024, este jueves se realizó el encuentro “Culiacán en conversación: La ciudad que imaginamos, visión y acción compartida” en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, convocado por Fundación Coppel, Culiacán Participa, Coparmex, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Institute for Economics and Peace.

Durante el evento participaron líderes empresariales, académicos y representantes de organismos civiles, quienes reflexionaron sobre el deterioro de la paz en el estado, el impacto social de la violencia y la necesidad de construir soluciones desde distintos sectores.

El director de Noroeste, Adrián López Ortiz, señaló que la sociedad sinaloense ha comenzado apenas a dimensionar la profundidad del problema que enfrenta.

“Creo que de pronto romantizamos la resiliencia. Y romantizamos la experiencia porque justamente no nos vamos a poder ir. El grueso de la gente no se puede ir”, expresó.

Añadió que muchos ciudadanos permanecen en Culiacán porque aquí están sus familias, empleos y comunidades.

“Yo me resisto a tenerme que ir porque esta es mi ciudad”, dijo.

López Ortiz consideró que la crisis actual evidenció un quiebre civilizatorio tras hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 y el 1 de mayo de 2026 al referirse a la disputa del crimen organizado sobre instituciones públicas y al señalamiento internacional contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Recordó que en la reunión del 25 de julio de 2024, cuando resultó asesinado el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda, y arrestado Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el asunto de la reunión sería atender situaciones ligadas a la propia universidad de acuerdo a una carta pública del propio Zambada.

“El quiebre civilizatorio del 25 de julio y del 1 de mayo es tener tu universidad pública en disputa del crimen organizado y tener a tu gobernador en funciones acusado del crimen organizado”, expresó.

Afirmó que la problemática que enfrenta Sinaloa es muy grave, muy compleja y advirtió que apenas se estaría entrando al inicio de un proceso de tocar fondo.

“Yo creo que apenas estamos viendo el principio de un tocar fondo y ese tocar fondo es lo que nos va a llevar a construir una resiliencia de veras”, manifestó.

El periodista señaló que las madres buscadoras representan uno de los principales símbolos de resistencia social en el estado.

“Nadie tiene la voz más legítima para abordar esto que las líderes de los colectivos de madres buscadoras. A nadie le ha agravado más el Estado y sigue agravando todos los días que a las madres buscadoras”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, señaló que la sociedad ha tardado en reaccionar frente a la violencia y criticó la falta de acuerdos entre liderazgos sociales y ciudadanos.

“Nos despertamos porque nos asumimos responsables de transformar lo que no nos gusta”, comentó.

Sin embargo, consideró que prevalecen divisiones internas y descalificaciones que dificultan la construcción de consensos.

“Cada quien desde el ego quiere ser Superman. Empezamos a invalidarnos. ‘No, es que este quiere un hueso’, ‘no, es que él lo que quiere es...’ y empezamos la mentalidad del no porque no”, dijo.

Reyes Zazueta llamó a dejar de lado diferencias personales para avanzar hacia la construcción de paz.

“Cada vez que nos tardamos en conciliar estamos retrasando recuperar la paz”, expresó.

También lamentó la normalización de la violencia en la vida cotidiana.

“Seguimos viendo muertos, seguimos aprendiendo a normalizar muertos”, señaló.

Previo al panel, Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del Institute for Economics and Peace, presentó datos sobre el impacto económico de la violencia en México y el deterioro de la paz en Sinaloa.

“Sinaloa este año sufrió el peor deterioro dentro del índice”, señaló.

Indicó que el costo de la violencia en México representa alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

“Si México hoy fuera más pacífico habría 3 millones de pesos anuales a disposición para reforzar el tejido social y la inversión”, explicó.

Collins expuso además que los países con mayores niveles de paz destinan menos recursos a la contención de la violencia y más a desarrollo social.

El encuentro se realizó en el contexto de la crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde 2024, periodo marcado por hechos violentos, desapariciones, enfrentamientos y una creciente preocupación social por el deterioro de las condiciones de paz en el estado.

La crisis de seguridad que atraviesa la capital sinaloense desde septiembre de 2024 sigue cobrando un saldo trágico entre los sectores más jóvenes de la población.

El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, compartió que un porcentaje de menores de edad terminan como víctimas mortales o son reclutados y enviados a centros de internamiento para adolescentes.

“La crisis de seguridad en la que todavía estamos tiene un saldo muy trágico para ese segmento de edad”, compartió Calderón Quevedo.

Advirtió que la situación para este segmento de edad es crítica, destacando que tanto las víctimas como los perpetradores suelen ser personas que, por su edad, podrían estar cursando la secundaria o la preparatoria.

El coordinador comparte que una proporción de quienes intervienen en acciones criminales tienen 20 años o menos.

Tras los recientes hechos donde jóvenes perdieron la vida y fueron encontrados con peluches en forma de cerditos, el CESP hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado.

Señaló que la autoridad enfrenta el desafío de esclarecer si estos elementos representan mensajes específicos entre facciones criminales o la posible presencia de asesinos seriales.

“Es una tarea, un reto y un desafío nuevo para la Fiscalía”, mencionó.

Informó que es urgente que la institución saque a la sociedad de la inquietud sobre el significado de estos rasgos en las escenas del crimen.

No obstante, denunció que existe un rezago tremendo en las carpetas de investigación, a las cuales la sociedad civil no tiene acceso por tratarse de atribuciones exclusivas del ministerio público.

Para enfrentar este panorama, el Consejo insistió en que no basta con la exigencia, sino que es necesario dotar a las instituciones de justicia de mayor presupuesto y capacidades.

La meta es reducir el índice de impunidad mediante la contratación de más peritos investigadores y agentes del Ministerio Público que permitan resolver más casos de los que históricamente se logran concluir.

La violencia en Culiacán ha mostrado un comportamiento errático desde el estallido de la crisis en septiembre de 2024, comparándola con un fenómeno climatológico.

“Es muy similar a los fenómenos climatológicos cuando llega un huracán”, compartió.

Explicó que a días de alta incidencia con hasta 17 homicidios le siguen periodos de calma que impiden predecir el comportamiento delictivo en la ciudad.

Las tres personas que resultaron lesionadas durante un ataque armado registrado la noche del lunes en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, permanecen hospitalizadas y bajo observación médica, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Detalló que se trata de dos hombres y una mujer adultos que presentan heridas provocadas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, principalmente en abdomen y extremidades, por lo que continúan recibiendo atención especializada.

Aunque señaló que los pacientes se encuentran estables, aclaró que su estado sigue siendo delicado debido a los riesgos y complicaciones que pueden derivarse de este tipo de lesiones.

“Mientras continúen hospitalizados y con heridas de bala, siguen siendo pacientes delicados que requieren vigilancia y cuidados médicos”, expresó.

El ataque ocurrió la noche del lunes 18 de mayo, cuando las víctimas se encontraban afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Emiliano Zapata. En el hecho también murieron dos mujeres.

González Galindo añadió que actualmente en hospitales de Sinaloa hay alrededor de 21 personas internadas por heridas de arma de fuego, cifra que cambia constantemente debido a nuevos ingresos y altas médicas.

Indicó que regularmente los hospitales mantienen entre 16 y 23 pacientes hospitalizados en promedio y de manera simultánea por este tipo de hechos violentos.

A pesar del contexto de inseguridad, en Culiacán continúa existiendo interés de inversión por parte de empresas y negocios que buscan establecerse en el Municipio, aseguró la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

Indicó que la dependencia mantiene acercamientos constantes con inversionistas, principalmente relacionados con giros comerciales y de servicios.

“Sí hay, claro, por supuesto (que hay interés de inversionistas), nosotros en la Secretaría atendemos casi a diario este tipo de giros de tienda y de autoservicios”, comentó.

Tostado Noriega detalló que además de cadenas comerciales, también existe interés por parte de cafeterías, restaurantes y empresas del ramo alimentario.

Entre los proyectos mencionó una planta de producción de alimentos que busca instalarse en el sector de La Primavera, al sur de la ciudad.

“Del sector servicios, también cafeterías, restaurantes, una planta incluso aquí en la zona de La Primavera, de producción de alimentos es importante también, entonces, por supuesto que sí ha habido interés”.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de que el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa reportara que Culiacán fue el municipio con la mayor pérdida de empleo formal en el Estado durante el primer trimestre de 2026, al registrar 7 mil 731 puestos de trabajo menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sobre este escenario, Tostado Noriega reconoció previamente que sectores como servicios y construcción han sido de los más afectados por la crisis de violencia que atraviesa la capital sinaloense.

Asimismo, atribuyó parte de la caída del empleo a factores de inseguridad y a condiciones económicas nacionales que también han impactado la actividad productiva.

No obstante, sostuvo que el interés de nuevas inversiones refleja que Culiacán continúa siendo un mercado atractivo para distintos sectores económicos, pese al panorama adverso.

Sinaloa registra en 2026 el periodo más violento para las mujeres desde que la Fiscalía General del Estado comenzó a documentar los feminicidios hace más de una década, pues entre enero y abril se contabilizaron 28 casos, superando cualquier cifra histórica para un primer cuatrimestre.

Las cifras colocan a este año como el más violento en materia de feminicidios para un primer cuatrimestre desde que la Fiscalía comenzó su registro histórico en 2012.

Culiacán concentra la mayoría de los casos, con 28 asesinatos de mujeres en los primeros cuatro meses del año.

El resto se distribuye en Guasave con dos casos, y Navolato, Escuinapa y Mazatlán con uno cada uno.

Según el informe de mujeres ofendidas de la Fiscalía, el arma de fuego continúa siendo el principal medio utilizado en estos crímenes, con 28 casos registrados.

Además, una víctima murió por arma blanca y cuatro más por contusiones.

En cuanto a los feminicidios reconocidos oficialmente por la autoridad, Culiacán también encabeza la lista con 24 casos, seguido de Guasave con dos, mientras que Mazatlán y Navolato registran uno cada uno.

El mes más violento fue abril, cuando se reportaron 12 feminicidios. En enero se contabilizaron nueve, en febrero cinco y en marzo dos.

De acuerdo con el registro histórico de la FGE, los 28 feminicidios registrados hasta abril representan la cifra más alta para ese periodo en los últimos 14 años.

En 2017, que anteriormente tenía el mayor registro, se habían contabilizado 25 feminicidios en el primer cuatrimestre. En 2025 fueron 13; en 2024, seis; y en 2023, nueve.

La violencia no se ha detenido en mayo. Hasta el día 19 se contabilizan ya nueve mujeres asesinadas en Sinaloa.

Entre los casos más recientes se encuentra el ataque armado ocurrido la noche de este lunes 18 de mayo en un abarrote de la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, donde dos mujeres fueron asesinadas y tres personas más resultaron heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Claudia “N”, propietaria del negocio, y Guadalupe “N”.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado llegó al establecimiento y disparó directamente contra las personas que se encontraban reunidas en el lugar.

Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes, mientras paramédicos de Cruz Roja trasladaron a los lesionados a hospitales de la ciudad.

El doble homicidio se suma a una serie de asesinatos de mujeres registrados durante mayo en distintos puntos de Sinaloa, en medio de un contexto de violencia derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa que inició el pasado mes de septiembre de 2024.

Aunque las calles, plazas y centros comerciales de Culiacán muestran nuevamente movimiento de personas, el consumo continúa lejos de recuperarse y la incertidumbre por la crisis de seguridad mantiene detenidas inversiones y nuevos emprendimientos, señaló Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán.

Sostuvo que, a pesar de que la población ha comenzado a retomar actividades y salir más a espacios públicos, el gasto que realizan los consumidores sigue siendo mínimo, lo que mantiene en una situación crítica a numerosos negocios locales.

“Culiacán aún se encuentra con esta afectación importante. Muchos van a decir pues vemos mucha gente en las calles, vemos mucha movilidad y sí es real, se está de alguna manera retomando la movilidad social en Culiacán. La gente está saliendo a los centros comerciales, a las plazas comerciales, está saliendo un poco más de noche, sin embargo, el gasto que realiza, el gasto que realiza es muy bajo, que significa mucho ruido y pocas nueces”, expresó.

Indicó que actualmente existe una especie de recuperación aparente, donde hay afluencia de personas en distintos puntos de la ciudad, pero sin que esto se traduzca en ingresos suficientes para los comercios.

“Vas a un lugar y el consumo que realizas es muy básico. Tal o como ocurrió el Día de las Madres, hubo presencia casi de los mismos usuarios en los centros comerciales. Sin embargo, el gasto en relación a otros años fue muy bajo”, comentó.

Sánchez Beltrán describió el panorama económico de la capital sinaloense como una fotografía engañosa, donde pareciera existir normalidad debido a la movilidad, aunque la realidad económica continúe deteriorándose.

“Entonces, esto es lo que está pasando, estamos observando una fotografía. Estamos observando como una imagen donde hay mucha movilidad de gente que está saliendo, sin embargo, no está gastando”, dijo.

Señaló que la disputa del crimen organizado iniciada en septiembre de 2024 generó temor e incertidumbre económica entre comerciantes y emprendedores, quienes actualmente prefieren resguardar su capital ante las condiciones adversas.

“Es que cualquier ciudadano o cualquier emprendedor sabe que en estos momentos las condiciones son muy difíciles en Culiacán en materia económica y sabe bien que debe de proteger si trae algún capital, su dinero, y esperar un mejor momento”, afirmó.

Además, alertó que el panorama podría agravarse en los próximos meses debido a la llegada de la temporada considerada históricamente como la más complicada para el comercio local, marcada por las lluvias, el calor y el receso escolar.

“Ojalá y las condiciones cambien. Nosotros creemos que se está acelerando ahorita nuevamente el cierre de negocios debido a que vienen los meses más difíciles del año para el sector comercial y empresarial, le llamamos popularmente nosotros los meses piojos en Culiacán porque hay una disminución muy drástica de por sí de la que ya hay por el tema del clima, o sea de las lluvias, el calor, el receso escolar, el receso laboral, eso de alguna manera disminuye mucho la presencia de consumidores en los centros comerciales y pues en estos meses pues se sumará a la situación que estamos viviendo”, manifestó.

Explicó que cada año el sector comercial enfrenta una caída en ventas durante esta temporada; sin embargo, ahora el problema se agrava por la crisis económica y de seguridad que atraviesa la ciudad.

“Es que este tema es un problema cíclico que tenemos nosotros, se nos presenta todos los años la disminución de venta en estos meses por las lluvias, el calor y el receso escolar, pero ahora tenemos que sumarle esta crisis económica que se está generando y muchos están de alguna manera previendo, no invirtiendo o cerrando temporalmente o definitivamente sus negocios para no descapitalizarse en estos meses, que son donde los negocios van a estar abiertos, pero prácticamente no van a tener utilidades”, lamentó.

Desde septiembre de 2024 se mantiene en Sinaloa una crisis de seguridad que ha provocado asesinatos, desapariciones y robos a la alza, debido a la disputa interna del crimen organizado en el Estado.

Ante los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, entre ellos militantes de Morena como el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, la Diputada federal Graciela Domínguez Nava consideró que será la ciudadanía la que determine si estas acusaciones tienen un impacto electoral en los comicios de 2027.

Cuestionada sobre si este contexto podría afectar a Morena en la próxima elección en el estado, Domínguez Nava respondió que corresponderá a los sinaloenses evaluar el desempeño de los distintos proyectos políticos.

“Eso ya lo va a valorar la ciudadanía. Creo que es la ciudadanía quien tiene que valorar la actuación de uno y otro proyecto que tendrá en el 2027”, expresó.

La legisladora sostuvo que en el proceso electoral de 2027 estarán en disputa dos visiones de país: una, dijo, representada por gobiernos anteriores que “privatizaron todo” y fomentaron la corrupción; y otra encabezada por Morena, que en los últimos ocho años ha puesto en el centro a los sectores más vulnerables.

“Aquí solamente hay dos proyectos: el proyecto que venía robándonos nuestros derechos y privatizándonos todo, convirtiéndolo en mercancía, y este nuevo proyecto que apenas lleva ocho años y que ha dado muestras de que por el bien de todos, primero los pobres”, señaló.

Domínguez Nava agregó que para mejorar las condiciones de seguridad en el país es necesario continuar atendiendo las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad.

“Si queremos seguridad en este país, tenemos que seguir invirtiéndole a las causas que generan la pobreza, porque la pobreza también desata problemas de delincuencia, inseguridad e ingobernabilidad”, afirmó.

La Diputada ha manifestado públicamente su intención de registrarse como coordinadora estatal de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, etapa previa a la definición de la candidatura del partido a la gubernatura de Sinaloa.

CULIACÁN._ Tras recientes hechos violentos en Escuinapa, hay refuerzos de seguridad en la zona, afirmó este sábado la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, durante una gira de trabajo en San Ignacio.

La Mandataria estatal aseguró que elementos de seguridad pública mantienen operativos permanentes y, de acuerdo con reportes que recibe del Secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; y del Presidente Municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, la situación ha mostrado una ligera disminución.

“Tenemos refuerzos ahorita en Escuinapa, eso ya lo había mencionado también. Hay cuerpos de seguridad pública que están trabajando día y noche para la seguridad de Escuinapa”, afirmó.

“Ha bajado ya un poco. Estamos muy al pendiente, el Secretario de Seguridad Pública me ha estado informado cómo están los temas por Escuinapa; el Presidente Municipal también me llama para informarme el estado y por el momento se ha mantenido el tema de la seguridad”.

Asimismo, Bonilla Valverde indicó que en Rosario, municipio colindante, permanece instalado un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En El Rosario hay un campamento de Sedena, de militares, que están ahí muy al pendiente de la seguridad de los pueblos y de la comunidad del Rosario”, dijo.

Entre los hechos violentos recientes en esta zona, el pasado jueves 14 de mayo fue localizada una cabeza humana, junto a un manta con mensajes atribuidos presuntamente a un grupo criminal, en el puente del entronque de la autopista Mazatlán-Tepic hacia Escuinapa, hecho que movilizó a las corporaciones de seguridad.

El próximo lunes 18 de mayo iniciará en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, un censo coordinado por la Secretaría de Gobernación con el objetivo de recopilar información sobre las necesidades de la población y poner en marcha un plan integral de atención, anunció la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que brigadas visitarán a las familias de la comunidad para aplicar encuestas relacionadas con salud, vivienda y acceso a programas sociales del Gobierno federal.

Indicó que la información servirá para diseñar una estrategia conjunta entre autoridades federales y estatales, enfocada en llevar apoyos y servicios a la población.

“Van a participar tanto como Gobierno federal como Gobierno local en llevar apoyos para la población de Villa Juárez”, señaló.

Bonilla Valverde señaló que la intervención responde a la preocupación por los distintos tipos de violencia que se han reportado en Villa Juárez.

“Porque se ha mencionado que ahí en Villa Juárez hay muchos tipos de violencia y queremos.. tanto como Gobierno federal, poner más atención en qué es lo que está sucediendo ahí, en qué es lo que está sucediendo ahí y llevar programas sociales, un plan integral donde cubra salud, educación y seguridad pública”.

Precisó que posteriormente podrían aplicarse acciones similares en otros municipios del estado, además de la realización de Ferias de Paz.

“Por el momento vamos a iniciar Villa Juárez, pero también hay otros municipios donde se van a implementar estrategias y este ferias de paz en algunos municipios”.