Sinaloa registró un incremento del 90.5 por ciento en las víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 74 personas en el mismo periodo de 2025 a 141, la cifra más alta desde 2015, de acuerdo con un análisis de México Evalúa elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El informe señala que la entidad alcanzó una tasa de 4.40 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional y en el segundo puesto de la región del noroeste exportador, integrada también por Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El crecimiento de este delito ocurre en un contexto en el que Sinaloa mantiene una elevada incidencia de violencia letal, pese a que la tasa de homicidio doloso disminuyó 24.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. México Evalúa advierte que esta reducción no necesariamente representa una recuperación de la seguridad, pues puede coexistir con la expansión de otros delitos que afectan directamente las actividades económicas.

El análisis plantea que, ante una menor intensidad de los enfrentamientos armados, los grupos criminales pueden transitar hacia esquemas de extracción de rentas mediante el cobro de cuotas y la extorsión a los sectores productivos, una modalidad que les permite obtener recursos sin recurrir necesariamente a confrontaciones violentas.

Mazatlán y Ahome, con tasas más altas

En la distribución municipal, Mazatlán y Ahome destacan por sus tasas de extorsión. El puerto registró 35 víctimas y una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que Ahome contabilizó 30 víctimas y una tasa de 6.0. Ambos municipios se encuentran entre los de mayor incidencia de este delito en la región.

Por su parte, Culiacán acumuló 47 víctimas, la cifra absoluta más alta de los tres municipios, aunque su tasa fue de 4.3 por cada 100 mil habitantes, debido a su mayor población. Para México Evalúa, esta distribución muestra que la extorsión también está presente en territorios vinculados con la actividad turística, comercial y agroindustrial.

Sinaloa, primero en tasa de feminicidio

En otros indicadores de seguridad, Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en la tasa de feminicidio, con 3.02 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento de 147.1 por ciento respecto a 2025 y de 538.1 por ciento frente a 2024.

Asimismo, se ubicó en el segundo lugar nacional en desaparición de personas, con una tasa de 13.90 casos por cada 100 mil habitantes, y en el tercero en homicidio doloso, con 30.77 víctimas por cada 100 mil habitantes. Aunque este último indicador disminuyó respecto al año anterior, permanece 102.5 por ciento por encima del nivel registrado en 2024.

Otros delitos

El estado también ocupó el cuarto lugar nacional en robo de vehículo, con una tasa de 94.89 delitos por cada 100 mil habitantes, y el quinto en el indicador compuesto de violencia letal de México Evalúa, que integra homicidios dolosos y culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones.

En la comparación regional, Baja California Sur presentó la tasa más alta de extorsión, con 15.51 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Sinaloa, con 4.40; Baja California, con 1.91, y Sonora, con 1.07. Sin embargo, Sinaloa registró el crecimiento más acelerado del delito entre las cuatro entidades, con un aumento anual de 89.3 por ciento en su tasa.

México Evalúa también advierte que los registros oficiales no necesariamente reflejan la dimensión real de la extorsión. Como ejemplo, señala que en Baja California la cifra oculta de este delito alcanza 91.3 por ciento, de acuerdo con la ENVIPE 2025, lo que evidencia las dificultades para denunciar y la posible existencia de un subregistro en las estadísticas.

El estudio cuestiona además que Sinaloa haya quedado fuera de las ocho entidades prioritarias de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pese al crecimiento registrado durante 2026. Ante este escenario, plantea que la evaluación de la seguridad no debe concentrarse únicamente en la reducción de homicidios, sino también en la capacidad de las autoridades para contener las cuotas criminales impuestas a comercios, productores agrícolas y prestadores de servicios.

Entre las medidas propuestas se encuentran establecer intervenciones en corredores económicos, fortalecer la policía de proximidad en municipios como Mazatlán y Ahome, habilitar mecanismos seguros de denuncia e impulsar investigaciones de inteligencia financiera para desmantelar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Sinaloa necesitará al menos 10 años de estrategias económicas para recuperar el daño estructural que enfrenta su economía, deteriorada por la pérdida de dinamismo de años anteriores y acentuada por la crisis de inseguridad que comenzó hace dos años, consideró Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

El economista señaló que el deterioro se refleja principalmente en el cierre de negocios, la disminución de las ventas y la pérdida de fuentes de empleo.

Explicó que la problemática comenzó a concentrarse en Culiacán, pero posteriormente se extendió a municipios como Navolato y Salvador Alvarado, mientras que actualmente Mazatlán también enfrenta una situación similar.

“Yo siempre he sostenido en mis conversaciones que Sinaloa va a necesitar cuando menos 10 años de buenas estrategias económicas para poder recuperar el daño que ha tenido la economía de Sinaloa”, expresó.

La pérdida de empleos también se refleja en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores asegurados, 19 mil 726 menos que en el mismo mes de 2024, cuando comenzó la crisis de violencia. Además, entre enero y septiembre de este año, la entidad registró una disminución de 2 mil 271 patrones afiliados al Seguro Social, de acuerdo con cifras del Instituto.

Ante este panorama, Aarón Sánchez consideró que la prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico mediante apoyos emergentes para las empresas que continúan operando, con el propósito de evitar más cierres.

Entre las propuestas del Colegio de Economistas se encuentran otorgar estímulos fiscales, reducir hasta en 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina y facilitar el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social.

También planteó recuperar la inversión privada y pública, pues aseguró que proyectos que estaban previstos para Sinaloa se han cancelado o detenido, mientras que otros no han podido concluirse.

Esta falta de inversión, dijo, agudiza el deterioro económico y contribuye a que continúe la pérdida de empleos.

“Se necesita toda una estrategia para evitar la mortandad de un mayor número de empresas, pero, por otra parte, también se necesita atraer inversión. La inversión se ha ausentado de Sinaloa”.

Sostuvo que la recuperación económica no puede plantearse de manera separada de la seguridad pública, pues ambas condiciones están relacionadas y deben atenderse simultáneamente.

“No podemos aspirar al progreso económico en un contexto de violencia. Necesitamos abatir la violencia y una forma de abatir la violencia al mismo tiempo es, pues, haciendo crecer la economía”, manifestó.

Por ello, insistió en que Sinaloa necesita trabajar tanto en el fortalecimiento de la seguridad como en la reactivación de las empresas y la generación de empleos, con una estrategia sostenida que permita revertir el deterioro acumulado y recuperar el dinamismo económico de la entidad.

Aunque Sinaloa cuenta con prácticamente 20 mil elementos de seguridad, los homicidios continúan registrándose por la complejidad de la violencia en el estado, reconoció la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Cuestionada sobre los asesinatos que siguen ocurriendo en espacios públicos pese a la presencia de militares, la Mandataria estatal señaló que existe un compromiso de los gobiernos estatal, federal y municipales para atender la crisis de seguridad.

“Tenemos prácticamente 20 mil elementos, bien lo dicen, a pesar de eso sigue habiendo homicidios. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor”, expresó.

Domínguez Nava sostuvo que las Fuerzas Armadas realizan una “tarea titánica” en las calles y recordó que sus integrantes también mueren durante las labores de seguridad.

Aseguró que el Gobierno estatal no renunciará a la responsabilidad que tiene en esta materia, pero insistió en que se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para recuperar la tranquilidad.

“Por supuesto que el Gobierno no va a renunciar a la responsabilidad que tiene, pero sí es un esfuerzo conjunto, por eso hemos establecido diálogos largos, abiertos, profundos, con los distintos sectores”, manifestó.

También planteó la necesidad de modificar la percepción que existe sobre Sinaloa, señalando que la entidad cuenta con riqueza cultural, académica y recursos naturales que deben ser reconocidos.

“Tenemos que asumir todos para que vayamos recomponiendo también la percepción que tenemos, para que eso también ayude a que todas las familias puedan estar más tranquilas y ciertamente la tarea central asume el gobierno y ahí están las Fuerzas Armadas”.

Añadió que la participación social también puede contribuir a generar un ambiente de mayor tranquilidad desde el aspecto emocional y psicológico de las familias.

“Todos tenemos que contribuir desde nuestra trinchera y en nuestras funciones para que nuestro Estado recupere la tranquilidad”, concluyó.

La presidenta estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés, reclamó a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava que todavía no presente el plan de seguridad que anunció para Sinaloa.

En conferencia de prensa, la dirigente panista señaló que, pese al cambio en el Gobierno del Estado, la población sigue enfrentando problemas de inseguridad y no conoce qué acciones se pondrán en marcha para atenderlos.

“¿Dónde está el plan de seguridad que prometió la Gobernadora? ¿Cuáles son sus objetivos, qué acciones contempla y cuándo comenzarán a verse resultados?”, cuestionó.

Domínguez Nava anunció la elaboración de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad al asumir el Gobierno estatal, en agosto pasado. La propuesta contemplaba coordinarse con la Federación y recoger planteamientos de distintos sectores, por lo que su presentación fue aplazada.

Barajas Cortés consideró que el despliegue de militares en el estado no es suficiente para atender la violencia y que se requiere trabajar en prevención, investigación, inteligencia y fortalecimiento de las policías.

La panista también cuestionó los resultados en materia de violencia contra las mujeres. Aseguró que de enero a octubre de este año se han registrado 141 feminicidios en Sinaloa.

“¿Qué está haciendo la Secretaría de las Mujeres? ¿Dónde están las acciones de prevención, protección y acompañamiento? ¿Cuántas mujeres más tienen que perder la vida para que las autoridades entiendan la gravedad de esta crisis?”, expresó.

Además, señaló que el Gobierno estatal debe transparentar el uso de los recursos públicos y explicar las decisiones que toma, pues consideró que no basta con anunciar medidas si estas no se reflejan en resultados.

“Los gobiernos cambian de rostro, pero los problemas siguen siendo los mismos. Los sinaloenses seguimos esperando seguridad, gobernabilidad y respuestas”, dijo.

El plan que sigue pendiente

El anuncio de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad lo hizo Graciela Domínguez Nava al asumir la Gubernatura, el 25 de agosto, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia al cargo.

La Mandataria adelantó que la estrategia se elaboraría en coordinación con el Gobierno federal y que incluiría propuestas de distintos sectores para atender la violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024.

La presentación estaba prevista para la primera semana de septiembre, pero posteriormente Domínguez Nava informó que se aplazaría para incorporar más propuestas y gestionar recursos federales.

Entre los temas planteados por el Gobierno estatal están el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la prevención del delito y la transformación del C4 en un C5.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente el documento completo ni una fecha definitiva para su presentación.

La percepción de inseguridad (PI) en Culiacán parece mostrar una tendencia a la baja, a pesar de que nuestra exposición cotidiana a la violencia y a las noticias puede hacernos pensar que nada está cambiando. Para comprender lo que realmente ocurre, conviene distinguir entre las fluctuaciones del momento y las tendencias que se construyen a lo largo del tiempo.

Nuestra mente suele recurrir a lo que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky denominaron heurística de disponibilidad, un atajo mental que nos lleva a considerar más frecuentes los acontecimientos que recordamos con mayor facilidad, particularmente cuando son recientes o emocionalmente intensos.

Así, una noticia violenta puede influir considerablemente en nuestra percepción, aunque no necesariamente represente la trayectoria general de los acontecimientos. Por ello, conviene complementar nuestras experiencias personales con información que permita observar cómo percibe la situación el conjunto de la población.

En este sentido, la PI es un indicador que permite conocer cómo la población experimenta la violencia en su entorno. No debe confundirse con la incidencia delictiva registrada. Ambas se relacionan, pero no representan lo mismo, pues la primera refleja cómo se siente la población, mientras que la segunda requiere analizar los registros de hechos delictivos. En Sinaloa hemos observado importantes fluctuaciones durante los últimos años, pero también comienzan a aparecer tendencias que merecen nuestra atención.

En esta ocasión analizamos los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que el Inegi publica cada trimestre, incluyendo los datos más recientes, de septiembre de 2026, dentro de una serie que abarca los últimos 10 años. Utilizamos modelos de series de tiempo que permiten estudiar las tendencias, las fluctuaciones entre trimestres y el margen de incertidumbre de las mediciones. Nuestro interés es conocer si el último dato representa un cambio aislado o forma parte de una trayectoria más amplia.

En Culiacán encontramos resultados interesantes. La PI pasó de 90.8 por ciento en junio a 81.6 por ciento en septiembre, una disminución de 9.2 puntos porcentuales que resulta significativa.

Pero quizá lo más interesante aparece al considerar toda la información disponible desde diciembre de 2024, cuando la PI en la ciudad superó el 90 por ciento tras el recrudecimiento de la violencia. Durante este periodo encontramos una tendencia descendente de aproximadamente 0.8 puntos porcentuales por trimestre. Aunque existen fluctuaciones importantes entre mediciones, la trayectoria general mantiene una pendiente negativa, por lo que la reducción de septiembre parece formar parte de una dirección descendente más amplia y no de un cambio aislado.

Para dimensionar el ritmo, a 0.8 puntos por trimestre la PI tardaría más de 11 años en regresar a los niveles de marzo del 2024 con una PI del 40 por ciento. No es un pronóstico, sino una referencia de la distancia por recorrer y de por qué conviene observar la tendencia con paciencia.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos. La evidencia estadística de esta tendencia es moderada y depende del nivel de confianza utilizado. No podemos asegurar que la mejoría continuará, pero sí reconocer que los datos disponibles favorecen una interpretación de descenso gradual.

En Mazatlán encontramos una situación diferente. La PI aumentó de 78.4 a 85.8 por ciento entre junio y septiembre, un incremento de 7.4 puntos porcentuales. Desde diciembre de 2024 la pendiente es positiva, de aproximadamente 2.6 puntos porcentuales por trimestre, pero las fluctuaciones son considerablemente mayores que en Culiacán, por lo que el modelo, que toma en cuenta esa variabilidad, no encuentra evidencia suficientemente consistente de una tendencia sostenida.

Esto no significa que el deterioro reciente carezca de importancia. Por el contrario, el último resultado muestra un incremento significativo que merece atención, especialmente por los episodios de violencia registrados en el puerto.

En Los Mochis, por otra parte, la PI permanece muy por debajo de las otras dos ciudades, con 27.5 por ciento en septiembre, lo que muestra que la percepción de inseguridad es distinta incluso dentro de nuestro estado.

Finalmente, los datos muestran que la PI en Culiacán comienza a descender, aunque todavía se ubica muy por encima de los niveles previos al recrudecimiento de la violencia, cercanos a 40 por ciento en marzo de 2024. La mejoría es visible en el último trimestre, avanza más lentamente de lo que quisiéramos y nada garantiza que continúe. Quizá debamos aprender a mirar más allá del último acontecimiento, porque comprender la dirección de los cambios puede ser tan importante como reconocer su magnitud.

El sacerdote Clemente Morales Topete fue privado de su libertad por un grupo de personas desconocidas, quienes lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron de muerte reiteradamente durante los tres días que permaneció desaparecido, informó la Diócesis de Culiacán.

En una carta circular difundida este domingo 1 de noviembre, el Obispo Jesús José Herrera Quiñónez actualizó la situación del párroco de la iglesia Cristo Resucitado, quien regresó por sus propios medios a la casa parroquial el martes 27 de octubre, después de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24.

De acuerdo con el documento, el sacerdote fue trasladado a un lugar desconocido, donde sus agresores le exigieron información que, según la Diócesis, desconocía y por la cual no podía ofrecer respuestas.

“Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, señala la carta.

La Diócesis detalló que, al regresar a la parroquia, Clemente Morales presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada.

Aunque las lesiones no representaban un peligro inmediato para su vida, requerían seguimiento médico. Además, el religioso presenta afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas que recibió.

Actualmente permanece bajo observación médica y su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

La desaparición del sacerdote ocurrió después de que acudiera a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán. Fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del sábado 24 de octubre y tenía previsto trasladarse a su parroquia, en la colonia La Campiña, donde no llegó. Su localización fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el martes 27.

En el documento, Herrera Quiñónez señaló que las investigaciones continúan abiertas y que no es conveniente adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometerlas.

“Nuestro compromiso es con la verdad. No buscamos alimentar especulaciones, señalar responsables sin pruebas, ni contribuir a la desinformación”, expresó.

Cuestiona resultados de seguridad

En la misma carta, el Obispo de Culiacán manifestó su preocupación por el impacto de la violencia en la sociedad sinaloense y consideró que las acciones de las autoridades no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a la población.

Aunque agradeció la intervención de las corporaciones municipales, estatales y federales durante la búsqueda y localización del sacerdote, pidió mantener los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar que enfrenten la justicia.

“Después de más de dos años de vivir esta situación, el sufrimiento de las familias, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad y las muertes violentas y en estos últimos meses los feminicidios, nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, expuso.

Asimismo, cuestionó que los discursos oficiales y las estadísticas no se traduzcan necesariamente en mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

“No bastan los discursos ni los datos estadísticos cuando las familias continúan sufriendo y las personas siguen viviendo con temor. Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, manifestó.

Por ello, llamó a fortalecer las estrategias de prevención, seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas.

Llama a no normalizar la violencia

El Obispo también vinculó la agresión contra el sacerdote con la situación que enfrentan otras personas desaparecidas y sus familias en Sinaloa, al señalar que la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes siguen buscando a sus seres queridos.

“Ninguna persona debe ser privada de su libertad y dignidad, sometida a violencia o utilizada como instrumento de intimidación. Ninguna circunstancia justifica el maltrato, las amenazas, las agresiones ni la desaparición de un ser humano”, expresó.

En un llamado dirigido a quienes generan violencia, Herrera Quiñónez pidió detener las agresiones y reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones.

“¡Por compasión, ¡deténganse! ¡Ninguna vida humana es desechable! Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre”, manifestó.

También pidió a la sociedad evitar señalamientos, burlas y juicios anticipados contra las víctimas de la delincuencia, particularmente en redes sociales, donde advirtió que las opiniones pueden difundirse como si fueran hechos comprobados.

“Una opinión personal no constituye por sí misma una verdad, y la repetición de una opinión no la convierte en un hecho comprobado”, señaló.

Finalmente, el Obispo convocó a las instituciones, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía a trabajar por la reconstrucción de la paz en Sinaloa.

La carta circular fue emitida desde la Sede Episcopal de Culiacán este 1 de noviembre y está firmada por Jesús José Herrera Quiñónez, Obispo de Culiacán, y el sacerdote Ramón Alberto Ibarra Ayala, secretario canciller.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que existe intención de realizar la Feria Ganadera de Culiacán 2026, aunque todavía se trabaja en definir la organización del evento.

La Mandataria estatal informó que ha sostenido reuniones con el presidente de la Asociación Ganadera Regional de Sinaloa, quien le ha manifestado la disposición de llevar a cabo la celebración.

“Lo que nos ha comentado el presidente de la Asociación Ganadera es que sí hay toda la intención de hacer la Feria Ganadera. Se han tenido algunas reuniones con él y, bueno, esperemos en los próximos días cuál va a ser la organización definitiva de la Feria Ganadera”, expresó.

Cuestionada sobre si el evento cuenta con el aval del Gobierno estatal, Domínguez Nava señaló que el respaldo de las autoridades se enfoca en garantizar operativos de seguridad para actividades públicas masivas.

“Nosotros, por supuesto, respaldamos todas las actividades públicas. Por ejemplo, ahora las semanas que tuvimos el Festival Cultural, todas las actividades en todo el estado de Sinaloa cuentan con un operativo de seguridad, tratándose de eventos públicos masivos”, indicó.

La Feria Ganadera es una celebración tradicional de Culiacán que reúne exposiciones pecuarias, actividades comerciales, juegos mecánicos, gastronomía y espectáculos musicales.

El evento se realiza en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

La edición de 2024 fue cancelada luego de que las instalaciones fueran atacadas a balazos y se localizaran mensajes de amenaza, en medio de la ola de violencia que comenzó en septiembre de ese año. En 2025, la feria regresó sin el tradicional Palenque.

Para este 2026, los organizadores del Palenque de Culiacán anunciaron el jueves 29 de octubre su cartelera, con presentaciones programadas del 12 al 29 de noviembre.

Entre los artistas anunciados se encuentran Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Pancho Barraza, El Coyote, Marca Registrada, Edición Especial y Panter Bélico.

El sacerdote Clemente Morales Topete presentó diversas lesiones corporales durante el tiempo que permaneció desaparecido en Culiacán, pero ya recibió atención médica y fue dado de alta, informó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La funcionaria señaló este viernes que el religioso ya fue entrevistado por personal de la Fiscalía y que la carpeta de investigación continúa en integración para esclarecer lo ocurrido.

“Ya se le entrevistó, ya tenemos esa carpeta también en integración. Ya él ahorita en la Mesa de Seguridad ya se informó que él ya fue dado de alta”, explicó.

Al ser cuestionada sobre las lesiones que presentaba, Sánchez Kondo indicó que eran diversas y que no se limitaron a una zona específica del cuerpo.

“Lesiones diversas corporales, pero ya fue atendido y él está bien, en buen estado de salud”, aseguró.

La Fiscal también confirmó que el sacerdote cuenta con medidas de protección por su condición de víctima.

“Él tiene protección como víctima, él tiene desde el momento de que se hace el reporte, no necesita solicitarlo, él tiene derecho a la protección, todas las víctimas”, manifestó.

La funcionaria precisó que la investigación se mantiene, hasta el momento, bajo el delito de privación de la libertad personal y lo que resulte.

El padre Clemente Morales Topete, de 67 años, fue reportado como desaparecido el sábado 24 de octubre, después de acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

El sacerdote, quien tenía previsto acudir posteriormente a oficiar una misa, no llegó a su destino y desde entonces se desconocía su paradero.

Tras el reporte, la Fiscalía y corporaciones de seguridad desplegaron acciones de búsqueda.

También se emitió una ficha de localización y la desaparición movilizó a feligreses, quienes realizaron oraciones y solicitaron la intervención de las autoridades.

El martes 27 de octubre, el religioso regresó por sus propios medios a la parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, a bordo de su camioneta.

La visita a Culiacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es positiva ante la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, consideró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que las condiciones de inseguridad en la entidad justifican la presencia de mandos federales, como parte del respaldo de la Federación ante una problemática que calificó como compleja y de difícil solución.

“Qué bueno, aplaudimos desde nuestra parte que tanto el General Trevilla como el Secretario Harfuch puedan estar viniendo de manera escalonada en unas circunstancias que siguen siendo complicadas, que siguen siendo difíciles”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que Sinaloa mantiene índices delictivos preocupantes y destacó que la respuesta a la violencia requiere tanto la participación de las fuerzas federales como el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales.

Indicó que la presencia de alrededor de 20 mil efectivos federales en Sinaloa representa un respaldo ante las condiciones de inseguridad que enfrenta el estado.

Sin embargo, advirtió que la atención de la crisis no puede limitarse a las acciones policiales y militares.

“Es una problemática de difícil solución, muy compleja”, sostuvo.

Calderón Quevedo señaló que una de las principales tareas pendientes es fortalecer las corporaciones locales. Indicó que Sinaloa cuenta con alrededor de mil 200 policías estatales en activo, cuando el número ideal, de acuerdo con el diagnóstico del Consejo, sería de 5 mil elementos.

En cuanto a las policías municipales, señaló que la mayoría de las corporaciones también requiere duplicar su número de agentes.

Además, planteó la necesidad de ampliar la plantilla de agentes del Ministerio Público para atender el rezago histórico de carpetas de investigación, así como mejorar las condiciones laborales de los policías mediante mejores salarios, prestaciones y acceso a vivienda.

Consideró que el fortalecimiento de las capacidades institucionales es indispensable para atender la crisis de seguridad que persiste en Sinaloa.

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, afirmó que la violencia en Mazatlán evidencia las limitaciones de la estrategia de seguridad, pese a la presencia de elementos militares y las visitas de funcionarios federales a la entidad.

Al referirse a los hechos violentos registrados en el puerto, entre ellos el abandono de restos humanos en el Palacio Municipal el martes, sostuvo que el despliegue de fuerzas de seguridad no se ha traducido en una reducción de los delitos.

“Lo que pasó el día de ayer en el Ayuntamiento de Mazatlán es una muestra más de que la violencia en Sinaloa está desfasada y que las autoridades están rebasadas y de lo que dicen que hacen, pues no funciona”, declaró.

Barajas Cortés cuestionó que continúen los hechos violentos mientras se refuerza la presencia de fuerzas federales y se anuncian nuevas acciones de seguridad.

“Por más activos elementos activos que nos traigan a Sinaloa, pues no está funcionando”, sostuvo.

También criticó las condiciones en las que descansan algunos elementos militares desplegados en el Estado, y cuestionó si el esfuerzo de las corporaciones está produciendo los resultados esperados.

Indicó que la inseguridad está afectando la imagen turística de Mazatlán y la actividad económica del municipio, donde el turismo representa una fuente importante de ingresos para distintos sectores.

“Ya se ve el cierre de negocios, ya se ve el despido de personas, ya se siente que la economía está muy mal en Sinaloa”, afirmó.

Barajas Cortés advirtió que las consecuencias no se limitan a los establecimientos turísticos, pues también alcanzan actividades como la pesca, la acuacultura, la agricultura, la ganadería y el turismo rural.

Consideró que la persistencia de la violencia dificulta la recuperación económica y la supervivencia de las empresas, además de afectar la percepción que visitantes y potenciales inversionistas tienen del puerto.

Aunque reconoció que la población ha resistido las consecuencias de la inseguridad, sostuvo que eso no significa que deba acostumbrarse a vivir bajo esas condiciones.

“Yo quiero salir a dar buenas noticias, pero ¿cómo? No podemos tapar el sol con un dedo”, expresó.