Durante el 2025, en plena crisis de violencia, Sinaloa enfrentó la confrontación criminal con una de las fuerzas policiales estatales más pequeñas del País, una corporación concentrada principalmente en tareas de prevención y con una de las menores bolsas presupuestales para seguridad pública entre las entidades.

Los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del INEGI, correspondientes a 2025, muestran que Sinaloa tenía mil 791 personas adscritas a la Guardia Nacional y sus instituciones de seguridad pública.

Pero más que el número absoluto, la tasa permite dimensionar el tamaño de la fuerza frente a la población.

Sinaloa registró tan sólo 0.6 policías estatales por cada mil habitantes, por debajo de la tasa nacional de 1.0, que ubicó a la entidad entre las de menor proporción de policías respecto a su población, solo por encima de Sonora, que también registró 0.6, y de Durango y Morelos, con 0.5 cada uno, así como Baja California y Querétaro, con 0.3.

La tasa fue calculada por el INEGI con base en el personal que contaba con grado policial, comisarios, inspectores, oficiales, escala básica y otro grado, dividido entre la población de cada entidad.

Una policía enfocada en prevenir, no en reaccionar

La distribución de funciones también muestra cómo está conformada la fuerza policial estatal.

En Sinaloa, 88.9 por ciento del personal policial con grado desempeñó funciones de prevención, mientras que 10.9 por ciento realizó labores de reacción.

El INEGI no registró para Sinaloa personal en las funciones de proximidad social e investigación dentro de esta tabla: ambos aparecen con cero por ciento.

La comparación nacional es distinta: 53.9 por ciento del personal policial estatal se desempeñó en prevención, 15.7 por ciento en reacción, 8.9 por ciento en proximidad social y 2.8 por ciento en investigación.

El propio INEGI advierte que estos porcentajes corresponden a cuatro funciones seleccionadas y son independientes entre sí, por lo que no deben sumarse; una misma persona pudo desempeñar más de una función.

Aun con esa precisión, Sinaloa destaca por la concentración de su personal en prevención: casi nueve de cada 10 policías estatales aparecen asociados a esta función.

Menos elementos en formación

La capacidad de renovación de la corporación también muestra cifras menores a las de un año antes.

Durante 2025, 313 personas ingresaron a programas de formación inicial para policía preventiva o de proximidad estatal en Sinaloa. De ellas, 290 egresaron y 23 desertaron.

En 2024 habían ingresado 407 personas, egresado 372 y desertado 35. Esto significa que en un año disminuyeron en 94 los ingresos a la formación inicial y en 82 los egresos.

La reducción ocurre mientras la entidad mantiene una crisis de seguridad iniciada el 9 de septiembre de 2024, derivada de la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa identificadas como Los Chapitos y La Mayiza.

Para mediados de julio de 2026, el seguimiento de Noroeste contabilizaba 3 mil 564 homicidios dolosos, 4 mil 156 personas privadas de la libertad y 11 mil 998 vehículos robados desde el inicio de la disputa.

El rezago aparece también en la certificación del personal

Al cierre de 2025, 57.7 por ciento del personal de las corporaciones policiales de Sinaloa contaba con Certificado Único Policial, de acuerdo con el censo. El promedio nacional fue de 70.2 por ciento.

El Certificado Único Policial acredita conocimientos, habilidades y aptitudes de los policías y para obtenerlo se requiere, entre otros elementos, contar con formación inicial y resultados aprobatorios vigentes en las evaluaciones de control de confianza, competencias básicas y desempeño.

Así, Sinaloa se encontraba 12.5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en este indicador.

La diferencia también se observa en la infraestructura

El INEGI reportó que las instituciones de seguridad pública estatales de Sinaloa tenían cinco unidades de infraestructura policial en funcionamiento al cierre de 2025.

De ellas, una correspondía a comandancia, estación o subestación y cuatro a módulos o casetas móviles. No se reportaron cuarteles, módulos o casetas fijos ni instalaciones de otro tipo.

La cifra contrasta con las mil 686 unidades de infraestructura policial contabilizadas en las instituciones estatales de todo el País.

El INEGI señala que estas instalaciones son necesarias para el alojamiento del personal, la reacción oportuna ante incidentes y delitos, así como para proporcionar servicios de vigilancia y apoyo a la ciudadanía.

Sinaloa, entre los estados con menor presupuesto

En materia presupuestal, Sinaloa también se ubicó en la parte baja de la clasificación.

Durante ese año, las instituciones de seguridad pública estatales de Sinaloa ejercieron 965.4 millones de pesos, de acuerdo con el censo. En la gráfica del INEGI, solo cinco entidades aparecen con un presupuesto menor: Baja California Sur, Hidalgo, Colima, Durango y Quintana Roo.

Esto coloca a Sinaloa con el sexto presupuesto estatal más bajo entre las entidades que reportaron información, sin considerar a la Ciudad de México, que no entregó datos para este módulo.

A nivel nacional, las instituciones estatales ejercieron 108 mil 32 millones de pesos durante 2025, mientras que la Guardia Nacional ejerció otros 28 mil 126 millones. En términos reales, el presupuesto de las instituciones estatales aumentó 5.6 por ciento respecto a 2024.

Empresarios de Sinaloa exigieron al Diputado federal por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar llevar a la Presidenta Claudia Sheinbaum la preocupación por la crisis de seguridad y el deterioro económico que enfrenta el Estado, solicitando un diálogo directo para presentar propuestas de solución ante la situación.

Integrantes del Consejo Sinaloense de Empresarios sostuvieron el 5 de agosto una reunión privada con el Legislador.

En el encuentro, se expresó la urgencia de una respuesta del Gobierno federal al reto de la actividad criminal en Sinaloa.

En un posicionamiento sobre el encuentro sostenido con el legislador, detallaron sobre la situación compleja que se vive en la entidad, con el impacto en la población y en el desarrollo económico.

“La respuesta de los tres niveles de Gobierno ha sido insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva”, expresó el Consejo Sinaloense de Empresarios durante la reunión con el diputado federal, según el desplegado.

Los empresarios exigieron el restablecimiento del orden, seguridad y procuración de justicia.

Además, demandaron más inversión en policía estatal y acciones efectivas para detener y procesar a delincuentes.

Asimismo, manifestaron su interés en sostener un diálogo directo con la Presidenta Sheinbaum para exponer la situación del Estado y presentar propuestas de solución.

El Consejo Sinaloense de Empresarios presentó datos que muestran el impacto de la crisis de violencia en la entidad.

Indicaron que, aunque algunos delitos como homicidios dolosos, robo de vehículo, desapariciones y robo a comercio disminuyeron en el primer semestre de 2026 respecto a 2025, cinco indicadores permanecieron por encima de los registros del mismo periodo de 2024.

Los integrantes del Consejo expusieron las consecuencias que esta situación ha dejado en las familias y comunidades. Mencionaron personas asesinadas y desaparecidas, la pérdida de patrimonio familiar, familias desintegradas en duelo, negocios afectados o cerrados, y la pérdida de empleos.

También señalaron la migración forzada de personas, secuestros, extorsiones, robos a comercios, hogares y vehículos, así como traumas sociales y el confinamiento de la población. Esto ha provocado un deterioro generalizado de la confianza en las instituciones.

En materia económica, el Consejo Sinaloense de Empresarios advirtió un daño significativo a la base empresarial y laboral de Sinaloa.

Entre junio de 2024 y junio de 2026, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyeron en 4 mil 812.

Esta cifra representa una caída de 11.2 por ciento en los registros. En el mismo periodo se perdieron 17 mil 871 empleos formales.

Por su parte, añadieron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 59 mil 714 personas menos ocupadas en Sinaloa en este lapso, lo cual calificaron como alarmante.

Los miembros del Consejo expresaron al Diputado que el apoyo federal para la entidad ha sido insignificante.

Señalaron una falta de solidaridad, empatía, atención y sensibilidad hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan esta adversidad de condiciones como nunca antes.

Demandaron una respuesta extraordinaria del Gobierno y de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante esta situación, el Consejo Sinaloense de Empresarios propuso impulsar de manera urgente una Declaratoria de Emergencia Económica para Sinaloa.

Esta se entiende como un paquete inmediato de medidas extraordinarias para sostener con vida a las empresas y preservar fuentes de empleo.

El planteamiento incluyó la solicitud de apoyos, créditos, facilidades fiscales y esquemas especiales de pago. Estos estarían dirigidos particularmente a personas físicas y a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis.

Los empresarios señalaron que la presencia de las fuerzas federales en Sinaloa debe traducirse en resultados verificables y contundentes para la población.

“La recuperación del Estado requiere acciones efectivas en seguridad, justicia, impunidad, actividad económica y confianza institucional”, asentaron.

Y como propuestas específicas señalan la de reconocer la gravedad de la crisis de seguridad, económica e institucional que enfrenta Sinaloa.

También, obtener mejores resultados en seguridad, procuración de justicia y combate a la impunidad, buscando el restablecimiento de la tranquilidad y el orden.

Además, lograr que el despliegue de fuerzas federales se traduzca en resultados verificables a la población, no solo con patrullajes, sino también con mayor investigación y procesamiento de responsables de la violencia.

Asimismo, propusieron impulsar una Declaratoria de Emergencia Económica con apoyos, créditos, descuentos, facilidades y ampliación de plazos, demostrando empatía y apoyo a los afectados.

Otro punto es implementar medidas extraordinarias del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, proteger empresas y fuentes de empleo frente al deterioro económico, y llevar estos planteamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum para transmitirle el interés del Consejo Sinaloense de Empresarios en establecer un diálogo directo con ella.

El Consejo Sinaloense de Empresarios consideró valioso dialogar con actores políticos con responsabilidad pública y capacidad de interlocución, independientemente de su filiación partidista.

Estas acciones han sido y seguirán siendo la postura del Consejo, buscando resolver los problemas del estado y el desarrollo de Sinaloa y sus familias.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán propuso que sus agremiados puedan pagar sus propios botones de emergencia para que sean conectados a las corporaciones de seguridad, como una alternativa para destrabar el proyecto que lleva al menos dos años pausado con el Gobierno de Sinaloa.

El presidente de Canacintra en Culiacán, Luis Arturo Gaxiola Sanz, explicó que el organismo ya había planteado el proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que se había comenzado a revisar los protocolos necesarios para su funcionamiento.

“Desde Canacintra tenemos un proyecto de cómo buscamos un botón de llamada que sea no muy oneroso y que los mismos empresarios lo puedan pagar para poder ver si podemos tener esa conexión.. que necesitamos”, señaló.

“Ya habíamos planteado, platicado con la Secretaría de Seguridad. Estábamos ya concertando ciertas reuniones para vernos los temas de protocolo, de seguridad, todo lo que se tiene que hacer”.

Consideró que la herramienta tendría mayor utilidad para comercios y prestadores de servicios, debido a que mantienen una mayor interacción con el público.

“Lo que realmente estamos buscando con eso es que nosotros tenemos los afiliados y las personas capacitadas técnicamente que pueden ofrecer esa respuesta y lo que queremos hacer nosotros es ofrecerle a la comunidad, a la comunidad empresarial, quienes lo necesiten”.

Gaxiola Sanz afirmó que el objetivo es cubrir una de las principales necesidades ante la inseguridad es reducir el tiempo entre una emergencia y la llegada de las autoridades.

“Sin embargo, pues ahorita ahí lo tenemos que volver a retomar (el proyecto), que creo que es un proyecto muy importante que tiene un buen impacto a la sociedad, a los empresarios y pues ayudaría a cubrir esa brecha de la respuesta rápida”, dijo.

En junio de 2025, Canaco Culiacán anunció que el Gobierno de Sinaloa entregaría 500 botones de pánico conectados al sistema C4 para comercios afiliados, como parte de las medidas de seguridad ante la ola de violencia. Los dispositivos ya estaban autorizados, pero faltaba definir el mecanismo de entrega.

Más de un año después, el proyecto seguía sin concretarse y fue el 2 de julio de 2026, la presidenta de Canaco Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que el organismo buscaba adquirir por su cuenta los dispositivos para sus afiliados, ante la falta de respuesta del Gobierno estatal.

Indicó que la Cámara negociaba con un proveedor para conseguir equipos de entre 4 mil y 5 mil pesos, con la intención de reducir el costo y conectarlos al C4.

Zavala Yamaguchi señaló en ese momento que el retraso estaría relacionado con el proceso de licitación y llamó al Gobierno estatal a retomar el proyecto.

La Diputada Elizabeth Montoya, sobreviviente de un atentado que sufrió junto al también Legislador Sergio Torres Félix, publicó un video en el que lanzó un discurso crítico contra los gobiernos y la violencia.

A través de sus cuentas de redes sociales, la representante del Movimiento Ciudadano difundió este llamado de casi tres minutos, en el que busca la empatía de una sociedad sinaloense, al recordar su caso y explicar cómo ha sido su recuperación.

“El pasado 28 de enero mi vida cambió para siempre, la violencia me alcanzó abruptamente; perdí un ojo y esto no significa únicamente que perdí parcialmente la visión, esto significa que debo aprender a vivir con una realidad distinta y con las secuelas que un acto de violencia deja en la vida de una persona y de toda su familia”, dijo.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix se trasladaban en una camioneta por el Malecón Niños Héroes de Culiacán cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados y fueron atacados a balazos; los dos resultaron heridos, y mientras ella perdió un ojo, Sergio se llevó la peor parte con disparos en la cabeza que lo han dejado con secuelas muy negativas.

Montoya Ojeda recalcó cómo ha sido enfrentar un proceso de recuperación física y emocional que aún no termina.

“No ha sido fácil, pero encontré en esa experiencia la fuerza para seguir adelante con un propósito; no me doblegué, no me quedé en el miedo, porque el miedo paraliza y Sinaloa no puede permitirse seguir paralizado”, arenga en el video.

Dijo que comparte la indignación de miles de familiares que también han perdido mucho en esta guerra entre facciones.

“Por eso decidí volver a la vida pública, para no convertirme en una estadística más”, señala.

“Volví para recordarles que la paz no es un favor que se nos concede, sino un derecho que debemos exigir y defender”.

“Hoy levanto la voz por mí, por mi familia y por todas aquellas personas que han visto su vida afectada por la violencia, por quienes han sido víctimas de un sistema que ha fallado en protegernos, que ha normalizado la impunidad y que ha sido incapaz de garantizar la paz que merecemos. Yo no me rindo y ustedes tampoco deberían”.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que la seguridad en el Estado ha mejorado este 2026, luego de ser cuestionada sobre los datos presentados por el Gobierno federal que reportan una reducción de 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa al comparar el pico registrado en junio de 2025 con julio de 2026.

Esta información fue compartida este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La declaración ocurre mientras Sinaloa todavía se mantiene entre las entidades con más homicidios del País: de enero a julio de este año acumuló 735 víctimas, que representan 7.1 por ciento del total nacional, colocando al Estado en el cuarto lugar del país en este delito.

Bonilla Valverde atribuyó la mejoría a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las corporaciones de seguridad y que diariamente se realizan reuniones matutinas para definir operativos y atender la problemática de seguridad.

La Mandataria estatal hizo referencia a la crisis de violencia que comenzó en septiembre de 2024 y que, según sus propias palabras, fue una problemática que se “vivió” durante 2024 y 2025.

“Eso habla... del buen trabajo que se está haciendo, no solamente a nivel nacional, sino aquí en el estado. Existe... una muy buena coordinación con todos los tres órdenes de Gobierno”, aseguró.

“Todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana, se hacen coordinaciones de operativos para atender las necesidades de los sinaloenses y también atender la problemática que se ha estado viviendo, que se vivió en el 2024 y 2025, porque puedo ahorita decir que ha mejorado la seguridad en el Estado de Sinaloa, y seguiremos trabajando para ello”, afirmó.

De acuerdo con los datos federales, Sinaloa pasó de un promedio de 6.9 homicidios diarios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026. Sin embargo, aunque la tendencia reciente muestra una reducción, la entidad sigue concentrando una proporción relevante de los asesinatos registrados en México.

La propia información del Secretariado Ejecutivo señala que siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero y julio de 2026, grupo en el que se encuentra Sinaloa, junto con Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Morelos.

La Gobernadora interina también presumió una reducción de 30.74 por ciento en el robo de vehículos respecto al año anterior y atribuyó los resultados al despliegue de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Estatal, Policía Municipal y Fuerza Aérea.

“Eso quiere decir del buen trabajo que se ha hecho y las buenas coordinaciones. Sabemos que hay mucho por hacer todavía y eso no nos detiene, seguiremos trabajando para mejorar la seguridad y que los sinaloenses se sientan tranquilos”, señaló.

Cuando pensamos en el impacto de la violencia en nuestras comunidades, la tendencia general es enfocar la atención en las cifras inmediatas (el recuento de homicidios, los titulares del día o las pérdidas materiales tras un brote de inseguridad). Sin embargo, las heridas más profundas son las que se cuelan en nuestra rutina, alteran el organismo y van desgastando, de manera silenciosa pero drástica, la vida en comunidad.

En nuestro estudio longitudinal recién publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health (https://doi.org/10.3390/ijerph23081029), nos propusimos analizar con rigor científico un fenómeno que los sinaloenses conocemos de primera mano, el modo en que una sociedad pasa del susto o la alarma inicial a un estado permanente de adaptación biopsicosocial.

Uno de los hallazgos más reveladores fue lo que llamamos la “dinámica a dos velocidades”, una paradoja donde la conducta de la gente y la realidad objetiva se desacoplan. Cuando se desencadena una crisis de inseguridad, todos reaccionamos de inmediato ajustando la rutina (fijamos toques de queda voluntarios al anochecer, recortamos nuestras salidas, miramos con recelo el entorno y no soltamos el teléfono revisando chats y redes para ver si es seguro transitar). Lo verdaderamente alarmante para la salud pública es que, cuando las aguas se calman y las cifras oficiales bajan, nuestro chip mental no regresa al estado original.

Este desacople demuestra que la hipervigilancia deja de ser una defensa temporal para convertirse en nuestra forma habitual de vivir. No recuperamos la tranquilidad de antes; en su lugar, adoptamos un “nuevo normal” marcado por la alerta constante y el desgaste alostático, que no es más que la factura biológica que nos cobra el cuerpo por estar adaptándose a un estrés que nunca se apaga.

A nivel individual, esta tensión sostenida se traduce en trastornos del sueño, cansancio acumulado que somatizamos físicamente y un incremento en el consumo de medicamentos o sustancias para controlar la ansiedad y poder descansar. La biología humana simplemente no está diseñada para vivir en alerta perpetua sin pagar un precio en la salud.

Pero el impacto colectivo es igual de severo. El estudio demuestra cómo la amenaza continua erosiona directamente la confianza en los demás. Nos volvemos sospechosos ante el vecino, el peatón o el desconocido, provocando una pérdida paulatina de la empatía y de las redes de apoyo comunitario. Al dejar de confiar en quien nos rodea, terminamos abandonando las plazas, los parques y los espacios de convivencia. Ocurre entonces una especie de colapso en el contrato social cotidiano, la comunidad se fragmenta y la vida colectiva se reduce a estrategias aisladas donde cada familia busca cómo salir adelante por su cuenta. Con el tiempo, la suma de esta fatiga mental, la presión económica y el aislamiento social se convierte en el detonante principal de la intención de migrar; la idea de irse de la ciudad ya no nace de un evento violento puntual, sino del cansancio acumulado de no poder proyectar un futuro tranquilo en casa.

Entender esta realidad nos obliga a cambiar la forma en que concebimos la salud pública en contextos difíciles. No podemos abordar la inseguridad únicamente con más patrullas o presencia policial, ignorando que la violencia es un determinante crítico de la salud mental y colectiva. La paz de una región no se decreta sólo porque baje un indicador en la gráfica oficial.

Lo que hace a este estudio verdaderamente valioso es que no se queda en la foto del momento ni en las métricas de siempre; va al fondo para explicar cómo nos cambia la vida cuando la incertidumbre se vuelve parte del paisaje. A nivel local, nos da evidencia científica para entender que sanar como sociedad exige atender lo que nos pasó por dentro. Y a nivel internacional, aporta una lección clara sobre cómo las comunidades adaptan su mente y su conducta cuando aprenden a salir adelante en entornos complejos.

Al demostrar con evidencia que no basta con que bajen las cifras delictivas si el desgaste emocional y la desconfianza persisten, esta investigación nos invita a dar un giro conjunto. Es un llamado para que las autoridades trasciendan el patrullaje e inviertan decididamente en la salud mental y la infraestructura social. Al mismo tiempo, representa una invitación a la ciudadanía para vencer el miedo, reapropiarnos del espacio público y restaurar la confianza mutua a través de hechos y actitudes recíprocas, renovando el compromiso con el futuro y el arraigo en nuestra propia tierra.

Cinco de las 16 sindicaturas de Culiacán permanecen sin personal de la Policía Municipal Preventiva, entre ellas Culiacancito, debido a las condiciones de seguridad, informó Jonathan Macedo Ramírez.

El director de la corporación señaló que actualmente hay agentes municipales desplegados en 11 sindicaturas.

“En Culiacancito no tenemos y en otras tres tampoco tenemos, pero en 11 sindicaturas sí tenemos personal”, reiteró.

Macedo Ramírez explicó que inicialmente la falta de presencia municipal en Culiacancito obedeció a las condiciones de seguridad, mientras que actualmente la corporación analiza la situación para determinar si es posible volver a desplegar agentes.

“Fue en un primer momento por las cuestiones de seguridad, ya después estamos... ya valorando, operativamente, para activar las demás sindicaturas”.

Agregó que el despliegue dependerá de una valoración operativa de las condiciones que prevalecen en esas comunidades.

“Estamos en cuestiones de valorar operativamente cómo está la situación ya para poder desplegar personal”, dijo.

El director de la Policía Municipal no precisó desde cuándo Culiacancito y las otras sindicaturas se encuentran sin elementos de la corporación, ni detalló cuáles son las cinco comunidades que actualmente no cuentan con presencia de policías municipales.

De acuerdo con testimonios recabados en Tepuche e Imala, la Policía Municipal dejó de tener presencia en esas sindicaturas desde hace tiempo, aunque las comandancias permanecen instaladas.

En esas zonas, sectores que han sido considerados zonas de conflicto durante la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, desde septiembre de 2024, así como en Culiacancito, se ha observado la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de otras fuerzas federales.

A casi dos años del inicio de la crisis de seguridad en Culiacán, los negocios con actividad nocturna todavía enfrentan dificultades para recuperar los horarios que tenían antes de septiembre de 2024, reconoció Janet Faviola Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico municipal.

La funcionaria señaló que los establecimientos cuya dinámica depende principalmente de la actividad nocturna han sido de los más afectados, pues han tenido que reducir parte de sus horarios de operación.

“Ahí el reto ha sido mayor, ha sido mayor porque pues hay que entender que la dinámica de esos negocios que tienen ya un horario más nocturno, pues sí se han visto afectados, se han tenido que reducir parte de sus horarios”, expresó.

La reducción de la actividad nocturna comenzó a evidenciarse tras el inicio de la crisis de violencia el 9 de septiembre de 2024, cuando restaurantes, bares y otros establecimientos redujeron sus horarios ante la menor afluencia de clientes y el temor de trabajadores y consumidores.

Como parte de los esfuerzos para recuperar esta actividad, en marzo de 2025 autoridades estatales y federales pusieron en marcha el operativo “Culiacán en Movimiento”, diseñado para brindar seguridad durante las noches y reactivar la economía en zonas comerciales y de esparcimiento.

El despliegue contempló inicialmente los sectores Centro, Tres Ríos y el corredor del bulevar Pedro Infante, además de vigilancia en 15 rutas de transporte.

Incluso, en agosto de 2025 la Secretaría de Economía estatal aseguró que el operativo había permitido que plazas comerciales, restaurantes y bares comenzaran a extender sus horarios y registraran una mayor afluencia de clientes.

Sin embargo, Tostado Noriega reconoció que la recuperación todavía es parcial y que la actividad nocturna no ha regresado a los niveles que se tenían antes de la crisis.

“Sí hay vida nocturna, no podemos decir que no la hay, sí la hay, no como quisiéramos, pero bueno, eso es parte del reto”, dijo.

Añadió que las plazas comerciales y las tiendas ancla han realizado esfuerzos para ampliar nuevamente sus horarios de cierre, como parte de una recuperación gradual de la actividad económica nocturna de Culiacán.

“Las mismas plazas comerciales, plazas, tiendas anclas que están en las plazas comerciales han hecho un esfuerzo de ir ampliando sus horarios de cierre. Bueno, pues estamos inmersos en esa dinámica”, apuntó.

El cierre de negocios en Culiacán ha comenzado a desacelerarse, al pasar de hasta ocho establecimientos que bajaban la cortina cada tres días a aproximadamente uno por semana, informó Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

Sánchez Beltrán señaló que esta disminución representa una señal de estabilización para el sector comercial derivado de la crisis de violencia sostenida desde septiembre de 2024.

Sin embargo, advirtió que la crisis económica todavía se mantiene y que la recuperación está ligada a las condiciones de seguridad.

“Nosotros creemos que este segundo semestre del 2026 estaremos tocando fondo en el tema de cierre de negocios. Ya se detuvo la caída o la estadística de cierre de negocios que estaba muy acelerada; se ha detenido. Ya están cerrando, si acaso, un negocio por semana. Ya antes teníamos ocho negocios cada tres días que estaban cerrando”, explicó.

El líder de los comerciantes consideró que esta situación muestra una tendencia hacia la estabilización y genera cierto optimismo entre los empresarios para resistir durante la segunda mitad del año.

“Esto qué quiere decir: que hay una tendencia a estabilizar y hay un optimismo por aguantar el segundo semestre de este año, que es el más importante para nuestro sector. Las fechas que siguen: 16 de septiembre, Día de los Muertos, Halloween, las posadas, Navidad”, señaló.

Añadió que estas temporadas representan una oportunidad para el comercio, por lo que esperan que durante los próximos meses comience una recuperación económica, aunque todavía sea moderada.

“Es la mejor etapa del sector comercial y creemos que iniciará una pequeña, incipiente, pero recuperación económica en Culiacán, la que no habíamos tenido. Estamos al inversa, traíamos una caída en la reactivación económica y nosotros creemos que en el 2026 empezaremos nuevamente a crecer, muy poco, pero lo haremos y en 2027 le servirá todo este crecimiento”, expresó.

Sánchez Beltrán advirtió que esta recuperación podría frenarse nuevamente si las condiciones de seguridad empeoran, pues aseguró que la actividad comercial está estrechamente relacionada con la percepción de seguridad y el movimiento económico.

“Esperemos que sí. Desafortunadamente, todo está ligado al tema de la seguridad pública. Podríamos tener un retroceso como lo tuvo Mazatlán. Mazatlán tuvo muchos problemas, igual que Culiacán, en el tema de seguridad; se detuvo de alguna forma, regresó una parte del turismo, el comercio empezó a funcionar, pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Hay una nueva crisis de seguridad y eso está haciendo que nuevamente los comercios vuelvan a caer en crisis económica”, dijo.

Señaló que la falta de turismo y de circulante puede repercutir nuevamente en los establecimientos, por lo que consideró indispensable que la recuperación de Culiacán se acompañe de mejores condiciones de seguridad.

“Hay una falta de circulante, dinero, por la falta de turismo y los está afectando. Esperemos que en Culiacán, aunque los delitos continúan todavía, los de alto impacto, los homicidios fuertes que llaman mucho la atención se mantienen, pero de cierta medida se ha mantenido en un cierto límite donde no hemos considerado que está fuera totalmente de control como fue hace unos meses”, comentó.

Buscan evitar más cierres

El líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán explicó que el sector mantiene un programa denominado RCP, Resucitador Empresarial, mediante el cual buscan intervenir cuando detectan que un negocio está en riesgo de cerrar.

“Nosotros traemos un proyecto o un programa que se llama RCP, Resucitador Empresarial, por parte de la iniciativa, de parte del sector comercial, donde cuando conocemos que un negocio va a cerrar, nos acercamos a apoyarlo con información y también en capacitación sobre qué estrategias puede tomar para que sea la última medida el cierre de negocios”, explicó.

Detalló que una de las primeras acciones consiste en renegociar las rentas, pues este representa uno de los principales gastos para los empresarios.

“Lo primero que empezamos es renegociar las rentas, que son lo que finalmente el pasivo más fuerte que tiene el empresario para poder continuar y en la mayoría de los casos se han logrado de alguna manera reorganizar ese tema con los propietarios de los locales porque han entendido y son sensibles por la situación económica que están pasando”, señaló.

También indicó que se asesora a los comerciantes en el manejo de personal y en la reducción de horarios laborales para disminuir gastos de operación.

“De ahí que lo asesoramos en el manejo del personal. En estos momentos, la mayor parte de los comerciantes están reduciendo uno de los dos horarios. Manteníamos dos horarios laborales, estamos nosotros ahorita dejando un solo horario laboral y eso está haciendo que cerremos temprano, a las 6, 7 de la tarde”, explicó.

Sánchez agregó que también buscan acercar a los empresarios a los programas de apoyo de las autoridades municipales y estatales.

“También nos acercamos a los diversos programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno municipal y lo acercamos a los programas y herramientas que tiene la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, aunque son limitados, pero de alguna manera pudieran en algún momento ayudar a estos comercios”, dijo.

De acuerdo con el dirigente, este programa ha permitido evitar el cierre de 38 establecimientos que ya se encontraban prácticamente por bajar la cortina.

“Hemos logrado recuperar del cierre a 38 negocios, ya por el cierre, que ya estaban incluso sacando algunos muebles de sus negocios. Logramos nosotros que se mantuvieran, ahí están todavía”, afirmó.

No obstante, aclaró que estas acciones no representan una solución definitiva para todos los establecimientos.

“Esto no quiere decir que sea una receta mágica que vaya a funcionar siempre, sino que interviene nada más cuando el negocio ya está bajando cortina”, puntualizó.

CULIACÁN. _ El Gobierno de Sinaloa reportó este viernes “buenos resultados” del Operativo Verano Seguro 2026 y aseguró que los hechos violentos no han afectado la actividad turística en Mazatlán. Sin embargo, durante la primera semana del operativo, el puerto registró al menos 18 homicidios.

Durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, sostuvo que los incidentes registrados en los destinos turísticos han sido mínimos y presumió una ocupación hotelera del 91 por ciento en Mazatlán.

“Hay buenos resultados, se han presentado incidentes mínimos, los cuales no han afectado la visita de los turistas; tenemos información de que existe una ocupación hotelera del 91 por ciento en el puerto de Mazatlán”, puntualizó.

El balance oficial contrasta con los hechos registrados en el puerto desde el arranque del operativo vacacional, el pasado 17 de julio, cuando el Gobierno de Sinaloa anunció un despliegue de alrededor de 8 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el estado.

En aquella ocasión, Téllez López reconoció que Mazatlán ya presentaba un incremento de hechos violentos y aseguró que la estrategia contemplaba operaciones focalizadas para contener la incidencia delictiva.

Pero apenas horas después del arranque comenzaron a registrarse ataques armados en diferentes sectores de la ciudad.

Durante los primeros días fueron asesinadas personas en Infonavit Alarcón, Valle del Ejido, avenida Rafael Buelna, colonia Centro y Tierra y Libertad. También se registraron ataques armados que dejaron personas lesionadas.

La situación llevó al Ayuntamiento de Mazatlán a plantear un rediseño en la distribución de los elementos de seguridad y, posteriormente, se anunció el arribo de militares para reforzar la vigilancia en el puerto.

La violencia, sin embargo, continuó.

Un joven atacado a balazos durante una reunión en el fraccionamiento San Antonio murió posteriormente en un hospital. Durante ese mismo periodo también fueron asesinados hombres en Real Pacífico y la colonia Ferrocarrilera, donde dos cuerpos fueron localizados dentro de un automóvil.

En El Habal, una trabajadora de un restaurante murió luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del establecimiento. Tres hombres resultaron heridos.

La madrugada del jueves, tres hombres fueron atacados durante un convivio en Valles del Ejido; los tres perdieron la vida.

Horas después, otro ataque en un autolavado de Prados del Sol dejó tres hombres muertos, entre ellos un adolescente de 17 años.

La semana cerró con el hallazgo de un hombre asesinado y envuelto en una cobija a un costado de la carretera hacia El Mármol, además de un ataque a balazos contra una vivienda en Nuevo Milenio.

En total, 18 personas fueron asesinadas en Mazatlán durante la primera semana del periodo señalado, aun con el despliegue de seguridad anunciado por las autoridades.

Pese a ello, este viernes, desde la Mesa de Construcción de Paz, la Secretaría de Seguridad Pública estatal calificó como positivos los resultados del Operativo Verano Seguro y aseguró que los hechos registrados no han afectado la llegada de visitantes.

CULIACÁN._ Otros ocho elementos de la Policía Preventiva, al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, solicitaron su retiro anticipado.

Con ello, suman 165 elementos que han dejado la corporación mediante jubilación o retiro anticipado desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024.

Durante la sesión ordinaria de este 6 de agosto, el Pleno aprobó un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social correspondiente a ocho solicitudes de pensión por retiro anticipado de elementos de la Policía Municipal Preventiva.

De acuerdo con los acuerdos de Cabildo, desde septiembre de 2024 se han autorizado 113 retiros anticipados y 52 jubilaciones de policías municipales.

Las bajas se han registrado en un contexto de violencia que ha golpeado al municipio.

Uno de los casos que más impactó ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando tres elementos, entre ellos la agente Petra Emilia, fueron privados de la libertad mientras atendían un reporte en la sindicatura de Costa Rica. Sus cuerpos fueron localizados dos días después, hecho que derivó en una manifestación de policías para exigir mayores condiciones de seguridad.

Sobre las solicitudes de retiro, la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, ha señalado que se trata de un derecho laboral de los elementos que cumplen con los requisitos para pensionarse, por lo que el Ayuntamiento atiende y somete a consideración del Cabildo cada una de las peticiones conforme son presentadas.

“Todo policía que cumple con su antigüedad, tiene el derecho de ejercer una jubilación. Estos que se presentan ahorita, algunos pues ya concluyeron con su edad, con su tiempo de elaborado o muchos otros por algún tipo de enfermedad. Todo está bajo derecho que les corresponde y conforme a las cuestiones que lo marca la ley de seguridad pública”, aseguró.

La presidenta municipal con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, expresó su respaldo a la administración municipal encabezada por Minerva Osuna Zavala y aseguró que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en el puerto.

Al ser cuestionada sobre la situación que enfrenta Mazatlán en materia de seguridad, Palacios Domínguez manifestó su solidaridad con la población y destacó el envío de más elementos federales para fortalecer las acciones de seguridad.

“Toda mi solidaridad para las personas de Mazatlán. Sé que en estos momentos están trabajando los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en Mazatlán. La Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, envió 2 mil elementos más a Mazatlán para reforzar la seguridad precisamente”, defendió.

La morenista, quien actualmente participa en el proceso para la coordinación de la defensa de la cuarta transformación y soberanía nacional en Sinaloa, aseguró que la alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, ha mantenido atención permanente a los asuntos prioritarios del municipio.

“La arquitecta Minerva Osuna está haciendo muy buen trabajo en Mazatlán, está al pendiente, asiste todos los días a las Mesas de Construcción de Paz, donde se ven esos temas relevantes”, dijo.

Respecto al desprendimiento de rocas registrado en el Cerro del Faro, señaló que el caso ya fue atendido por las autoridades de Protección Civil y que corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) realizar los estudios necesarios para prevenir nuevos incidentes.

“En cuanto a lo que mencionas del Faro de Mazatlán, fue atendido por Protección Civil y ahorita se están haciendo los análisis pertinentes por parte de Asipona, ya que está resguardado por esta entidad federal, para poder prevenir cualquier accidente en un futuro”, mencionó.

Palacios Domínguez sostuvo que la prioridad debe ser mantener el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer la seguridad tanto en Mazatlán como en el resto de Sinaloa.

“Yo creo que ahorita lo más importante es continuar con ese trabajo que se tiene en los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en Mazatlán y en todo Sinaloa”, dijo.

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Sinaloa para atender la crisis de violencia “no está funcionando” y acusó a las autoridades de minimizar la situación de violencia que enfrenta el Estado.

Durante una conferencia de prensa este martes, el presidente del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, criticó que las declaraciones de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, sean que la estrategia de seguridad está dando resultados.

“Eso es parte de los cantos de las sirenas que les comentaba, les dicen eso para que la gente lo crea”, expresó.

La secretaria general del comité municipal, Elvia Iribe, afirmó que las cifras de violencia contradicen el discurso oficial.

“Es lamentable, es patético, es vergonzoso... pero lo más vergonzoso, como madre de familia, como mujer, como trabajadora, es que todavía tengan la desvergüenza, la desfachatez de decir que la estrategia, a pesar de las cifras no está fallando”, expresó.

La dirigente sostuvo que, de acuerdo con los datos expuestos por el partido, en lo que va de 2026 se han registrado 45 mujeres asesinadas y recordó los casos recientes de menores de edad víctimas de la violencia.

“Díganselo a las mamás de los 11 menores de edad de entre 14 y 17 años que van muertos a la fecha... pregúnteles si realmente la estrategia está funcionando”, declaró.

Iribe también cuestionó la actuación de la Alcaldesa provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, ya que que no han observado acciones concretas para atender la crisis de seguridad en el municipio.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a reconocer la situación que vive Sinaloa y atender la problemática con resultados.

“No estamos pidiendo cosas extraordinarias y lo mínimo que podemos hacer es que por favor no nos mientan”, manifestó.

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que el Gobierno estatal mantiene reuniones diarias de la Mesa de Seguridad con autoridades federales y militares, además de anticipar que podrían realizarse nuevos traslados de personas privadas de la libertad.

Luego del operativo efectuado el fin de semana, indicó que será la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de informar oportunamente sobre futuros movimientos dentro del sistema penitenciario.

“Eso ya es trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, ellos estarán informando en su debido tiempo que van a ser más traslados”, comentó.

Bonilla Valverde agregó que el Estado mantiene un refuerzo de seguridad en Mazatlán y reiteró que diariamente, a las 8:00 horas, encabeza la Mesa de Seguridad junto con mandos militares, la Guardia Nacional y autoridades estatales para evaluar la incidencia delictiva y las acciones implementadas.

Respecto a la detención de un presunto feminicida conocido como “El Tito”, señaló que la información oficial ya fue difundida por los gobiernos federal y estatal, por lo que evitó abundar en el tema.