CULIACÁN._ En lo que va del año, la Fundación Balto y Togo, Bienestar y Rescate Animal A.C., ha logrado el rescate de 110 animales en Sinaloa, enfrentando una realidad marcada por la violencia y el abandono extremo.

Esta cifra se suma a los 423 casos atendidos durante el cierre de 2025.

Maricela Castaños Pérez, presidenta de la fundación, calificó a estos seres como las víctimas silenciosas de la crisis de seguridad en la entidad.

“Llevamos 423 rescates en el 2025 y ahora en lo que va de enero a la fecha llevamos 110”, informó.

Explicó que la situación de inseguridad ha provocado que familias abandonen sus hogares o sean víctimas directas de la delincuencia, dejando atrás a mascotas que quedan en total desprotección.

De acuerdo con los registros de la organización, el 90 por ciento de sus intervenciones corresponden a casos de maltrato animal directo.

Entre los incidentes más recientes que han conmocionado a los rescatistas se encuentra un gato herido con rifle de postas y caninos con lesiones graves, como la pérdida de globos oculares tras ser golpeados.

“Somos la organización que más rescata y salva vidas a nivel estado y estos últimos días hemos enfrentado ciertas adversidades”, señaló Castaños Pérez.

También detalló que actualmente tienen a casi 400 animales bajo su resguardo.

De estos, 220 se encuentran en el refugio de Culiacán y 40 más en Navolato, mientras que el resto permanece en hogares temporales.

A pesar de la crudeza de los casos, la labor de la fundación ha permitido que, de enero a la fecha, 62 animales encuentren un nuevo hogar mediante adopción.

Sin embargo, no todos los rescates tienen un final favorable, ya que algunos animales sucumben debido a estados avanzados de inanición, moquillo o heridas críticas derivadas del maltrato.

La cobertura de la fundación ha trascendido las fronteras locales, atendiendo reportes en lugares como Mocorito, Sinaloa Municipio, Topolobampo y Mazatlán, e incluso colaborando con asociaciones en Sonora y Nayarit.

Como parte de su estrategia preventiva, Balto y Togo enfoca esfuerzos en la esterilización comunitaria.

El próximo 19 de junio se realizará la primera jornada de esterilización gratuita para los perros de la bahía en Altata, en colaboración con el grupo Rescate con Amor Altata.

Para este fin, la fundación solicita el apoyo de la ciudadanía mediante patrocinios para cubrir los costos de las cirugías y continuar combatiendo la sobrepoblación y el abandono.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa calificó como una burla por parte del Gobierno federal minimice el impacto de la crisis de violencia y el colapso económico que atraviesa la entidad.

La presidenta del partido Wendy Barajas Cortés arremetió contra la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, a quien acusó de minimizar la realidad de los sinaloenses al desmentir las cifras de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Luisa María Alcalde, te hacemos una invitación para que vengas a Sinaloa. Y la invitación es muy sencilla, deja por un momento los discursos y las cifras maquilladas”, solicitó Barajas Cortés.

Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, sostuvo que desde el inicio de la guerra criminal el pasado 9 de septiembre de 2024, los saldos en el Estado son alarmantes, a pesar de lo que llamó un maquillaje de las cifras oficiales.

La dirigente panista denunció que Sinaloa enfrenta un saldo alarmante de violencia que incluye más de 3 mil 300 homicidios registrados, una cifra de personas privadas de la libertad que supera las 3 mil 800 y el despojo de más de 11 mil vehículos.

“No son números, son personas que ya no están con nosotros y que pues han dejado un gran dolor en sus familias”, expresó.

Citando datos de la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, el PAN denunció que alrededor de 7 mil empresas han cerrado o han sido dadas de baja, provocando la pérdida de más de 38 mil empleos formales.

Además, se informó que la falta de oportunidades y la violencia han forzado a cerca de 84 mil personas a abandonar sus lugares de origen en busca de seguridad o sustento.

Barajas Cortés destacó que más de medio millón de trabajadores en el Estado sobreviven apenas con un salario mínimo, lo que calificó como una señal del deterioro económico.

Lanzó un reto directo a la Consejera Jurídica para que visite el Estado sin discursos preparados.

“Deja por un momento las cifras maquilladas, ven a caminar a las calles de Sinaloa, ven a dar un recorrido a los negocios del Centro para que veas la cantidad de locales cerrados”, reclamó.

También hizo referencia a hechos recientes de violencia extrema, como la presencia de una bomba en una preparatoria y ataques a hospitales, asegurando que existe una crisis de gobernabilidad.

CULIACÁN. _ El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, realizó este jueves una visita a Culiacán para supervisar las operaciones de seguridad que mantienen el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la capital sinaloense, en medio de la estrategia desplegada para reforzar la vigilancia en el estado.

A través de una publicación oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general Trevilla Trejo se trasladó a Culiacán acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera con el objetivo de verificar las acciones que ambas corporaciones realizan en materia de seguridad.

Además, indicaron que sostuvo reuniones con los mandos territoriales y operativos responsables de las acciones que se llevan a cabo en Sinaloa.

“El General Trevilla verificó el despliegue de las tropas y guardias nacionales, y sostuvo reuniones con los mandos territoriales y operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que operan en esa entidad”, compartieron a través de X.

Las imágenes difundidas por la dependencia muestran al secretario de la Defensa recorriendo calles de la capital sinaloense y dialogando con personal militar y de la Guardia Nacional.

La visita ocurre luego de que arribaran elementos de las fuerzas federales al Estado, para continuar las labores de vigilancia, patrullaje y coordinación en medio de una crisis de seguridad sostenida desde hace más de 20 meses por una pugna interna del Cártel de Sinaloa.

A casi dos años del recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de Culiacán, la sindicatura de Imala continúa enfrentando sus efectos económicos.

La disminución de visitantes provocó el cierre temporal de negocios y una caída en las ventas, reconoció el síndico Óscar Ernesto Gámiz Ochoa.

A su vez, señaló que actualmente buscan reactivar la actividad comercial mediante la promoción turística y eventos tradicionales.

El representante de la sindicatura admitió que la economía local ha resentido el impacto de la inseguridad, situación que ha llevado a muchos habitantes y visitantes a mantenerse alejados de la comunidad.

“La situación económica ha bajado un poco, la gente se ha estado manteniendo al margen, pero igual que en todos lados”, expresó.

Uno de los sectores más afectados ha sido el comercio local. Gámiz Ochoa informó que varios negocios ubicados en la plazuela de Imala cerraron debido a la baja afluencia de clientes y la disminución de ingresos.

“Muchos cerraron porque la verdad había poco ingreso”, comentó.

Sin embargo, señaló que algunos comerciantes han retomado actividades ante la necesidad de generar recursos para sus familias.

“Hay muchos que ya han abierto también, porque no ha habido otra forma de qué trabajar”, agregó.

Ante este panorama, indicó que trabaja con la dirección de Turismo municipal para impulsar acciones que permitan recuperar la llegada de visitantes a uno de los destinos tradicionales del municipio.

“Ahorita en eso estamos con turismo para reforzar un poco más el turismo, para que nos ayuden a jalar más gente para acá para Imala, ya que es un pueblo señorial y pues que nos visiten más las personas, que se animen más a venir a visitarnos”, indicó.

Como parte de esta estrategia, destacó la próxima realización del Festival del Raspado, evento que cada año atrae visitantes y representa una importante derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios.

“Es el evento que genera muy buena economía para todos los puestos y ahorita es lo que estamos esperando”, señaló.

El síndico adelantó además que buscarán gestionar apoyos extraordinarios ante el Ayuntamiento de Culiacán para respaldar a habitantes de la sindicatura, recordando que durante el año pasado recibieron este tipo de ayuda en cheques de 5 mil pesos en dos ocasiones.

Pese a las afectaciones económicas, Gámiz Ochoa aseguró que no tienen registro de comunidades deshabitadas o desplazamientos masivos de familias a causa de la violencia.

Explicó que algunas personas salen temporalmente a buscar empleo en otros lugares, pero regresan los fines de semana para trabajar en sus negocios.

Asimismo, afirmó que actualmente la situación en la sindicatura es más tranquila y que elementos del Ejército mantienen recorridos constantes de vigilancia en la zona, aunque reconoció que no hay presencia permanente de la Policía Municipal en Imala.

“Son personas que van y vienen por la situación que le buscan por otras partes, pero los fines de semana trabajan aquí en los puestos y entre semana lo buscan por otro lado”.

“Policía municipal no hay ahorita. No en Imala. En varias sindicaturas no hay”.

Las explosiones y los disparos se oyen a la distancia. Los vehículos cargados con personas armadas atraviesan los caminos de la sierra. Muchos negocios que antes recibían turistas permanecen cerrados.

En las comunidades de la sindicatura de Imala, en Culiacán, los habitantes aseguran que la violencia no siempre llega hasta sus calles, pero sus efectos se sienten todos los días.

Mientras esperaba la entrega de agua del Aquatón 2026, en La Cofradía, María describió una realidad que se ha vuelto habitual para muchas familias de la sindicatura: escuchar la guerra sin verla directamente.

Desde su comunidad no ha presenciado enfrentamientos, pero sí ha escuchado las detonaciones y explosiones que se registran en otras zonas de la sierra.

“Aquí gracias a Dios no ha habido enfrentamientos ni nada. A veces pasan (personas armadas), vemos que pasan. Se oyen balazos, pero para allá”, relata.

Los sonidos llegan desde la distancia, pero también lo hacen las consecuencias.

María cuenta que con frecuencia observa pasar vehículos repletos de muebles, colchones y pertenencias de familias que abandonan sus hogares en comunidades más alejadas.

“Mira uno que pasan los carros llenos de sus cosas, pertenencias que tienen en su casa”, dice.

La escena se ha repetido durante los más de 20 meses que ha durado la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, un conflicto que ha provocado desplazamientos de familias enteras en distintas regiones del Estado.

Incluso esa misma mañana, recuerda, llegó a la comunidad un hombre proveniente de otra zona serrana en busca de trabajo para sostener a su familia.

“Dice que para allá no hay qué hacer, porque ya los han sacado dos o tres veces de allá y pues allá anda la gente que no haya que hacer”, comenta.

La violencia también ha transformado la actividad económica de Imala. Durante años, la sindicatura fue uno de los destinos más visitados por habitantes de Culiacán que acudían a sus restaurantes y centros recreativos. Hoy, el panorama es distinto.

“Sí, se acabó el turismo”, afirma.

Para María, sin embargo, los problemas no comenzaron con la violencia. Desde hace 24 años enfrenta otra batalla diaria: conseguir agua.

Recuerda que durante años dependieron de una noria y de acarrear el líquido para las actividades básicas del hogar.

Más tarde, una planta solar y un tinaco de 10 mil litros mejoraron las condiciones de abastecimiento, pero el depósito se rompió hace más de cinco años y desde entonces el problema volvió.

“Hay veces que se nos termina porque tarda en volver”, explica.

Cuando eso ocurre, la familia debe recurrir al agua embotellada para cubrir sus necesidades más urgentes.

Este miércoles, las donaciones reunidas durante el Aquatón 2026 se tradujeron en agua embotellada para las familias de la comunidad.

Durante la entrega, la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal se comprometió a revisar alternativas para atender el problema de abastecimiento que padecen desde hace años.

La incorporación reciente de 100 nuevos policías estatales no representa un fortalecimiento real de la seguridad en Sinaloa, ya que únicamente permite cubrir las vacantes que dejan los elementos que se jubilan o abandonan las corporaciones, señaló Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Afirmó que las instituciones de seguridad mantienen un déficit importante de personal, situación que limita la capacidad operativa de las policías frente a la violencia que enfrenta la entidad.

“Para tener un cambio importante tendríamos que contar al menos con el doble de policías”, expresó.

Indicó que, incluso en un escenario óptimo, Sinaloa requeriría triplicar o cuadruplicar el número actual de elementos para mejorar las condiciones de seguridad.

Calderón Quevedo sostuvo que el aumento reciente de homicidios también exhibe las debilidades institucionales en materia de procuración de justicia, particularmente en la Fiscalía General del Estado.

Señaló que el número de investigaciones supera la capacidad de respuesta de la dependencia y consideró que los niveles de impunidad continúan siendo elevados.

“La Fiscalía está rebasada”, manifestó.

El coordinador del CESP agregó que la presencia de fuerzas federales ha sido clave para contener la violencia en Sinaloa y advirtió que, sin ese apoyo, el escenario sería más complejo.

Además, señaló que durante años se ha dejado de fortalecer el oficio policial, tanto en formación como en capacidades institucionales.

Según datos expuestos por Calderón Quevedo, desde septiembre de 2024 más de 80 policías y elementos militares han muerto en hechos relacionados con la violencia en Sinaloa.

El comité municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, está recurriendo al ocultamiento y la reclasificación de delitos para intentar maquillar la violencia que dejó un saldo de 164 muertes violentas durante el mes de mayo.

En rueda de prensa encabezada por el presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que las cifras de mayo sitúan a la entidad en niveles críticos similares a diciembre pasado, representando un incremento del 24 por ciento respecto al mes de abril.

“Ahora la novedad es que el Gobierno trata de encubrir los homicidios y las muertes violentas”, señaló Ortiz Hernández.

Ortiz Hernández acusó directamente a las autoridades de manipular la información oficial para evitar que los homicidios se contabilicen como tales.

Mencionó el caso de las siete personas que perdieron la vida de forma violenta dentro de un penal, las cuales, según el dirigente, la Fiscalía intentó registrar bajo otros términos para no incluirlas en las estadísticas de violencia.

“Estas siete personas que perdieron la vida de manera violenta dentro del penal, las ponen ahora como riña y no las quieren sumar. La Fiscalía, lo que hizo al momento de mandar a la Secretaría federal, le cambian los nombres para que no se ponga”, informó.

El balance presentado por el PAN detalla que, en los últimos 680 días de violencia en Sinaloa, se han acumulado 3 mil 300 homicidios, 3 mil 900 privaciones de la libertad y el robo de 11 mil 400 vehículos.

El PAN arremetió contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el Alcalde de con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes acusó de estar escondidos ante la crisis de seguridad y los procesos judiciales que involucran a figuras cercanas, como el caso del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa en, Gerardo Mérida Sánchez, en una corte de Nueva York, donde se ha mencionado evidencia abundante en su contra.

Según Ortiz Hernández, existe una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 37 millones de pesos en obras adjudicadas a dos empresas que comparten los mismos socios y representantes legales.

En la misma mesa, el activista Fernando Gómez Bórquez destacó que, ante la inoperancia de las autoridades, el acceso a la información pública se ha convertido en la única vía para que los ciudadanos obtengan soluciones a problemas cotidianos como fugas de drenaje, pavimentación y falta de alumbrado.

Gómez Bórquez relató casos de servicios públicos al momento de atender una fuga de aguas negras en escuelas, solo fueron atendidos tras interponer solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

El PAN hizo un llamado enérgico a la Fiscal del Estado para que deje de manipular las cifras y clasifique los delitos de manera exacta, respetando el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad de la seguridad en Sinaloa.

La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que hasta el momento han sido atendidos 326 niñas y niños desplazados de distintos municipios del Estado, principalmente de comunidades rurales que migraron hacia zonas urbanas.

Detalló que entre los menores atendidos se encuentran familias provenientes de Concordia que actualmente se encuentran en Mazatlán, particularmente en el Fraccionamiento CVIVE.

Asimismo, señaló que también hay niñas y niños de comunidades rurales y sindicaturas como Tepuche, en Culiacán, cuyos familiares decidieron trasladarse a la capital sinaloense.

“Tenemos hasta este momento 326 niñas y niños que han sido colocados de distintos municipios, concretamente de Concordia en la parte de Mazatlán en el Fraccionamiento del CVIVE, niños de las comunidades rurales de algunas sindicaturas como Tepuche de aquí de Culiacán, que familias que decidieron migrar aquí a la capital y están siendo atendidos”, declaró Félix Niebla.

Indicó que el objetivo es garantizar la continuidad educativa de las y los menores pese a las condiciones de desplazamiento que enfrentan sus familias.

La tragedia ocurrida el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto evidenció fallas en la custodia del Estado, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que estos hechos demuestran que la crisis en los penales sigue vigente, especialmente bajo la custodia del Estado.

“Creo que la jornada de ayer es muy lamentable, hablar de siete vidas que se pierden es un golpe no solamente a las familias, para la misma sociedad y más que mueran en una institución donde se supone que el custodio de ellos es el Estado”, señaló Loza Ochoa.

De acuerdo con datos de la institución, en lo que va de 2026 se han registrado 27 fallecimientos de internos en los centros penitenciarios de Sinaloa.

De este total, 14 han ocurrido en el penal de Culiacán, lo que arroja un promedio de casi tres muertes por mes en la zona centro durante los cinco meses transcurridos del año.

También se compartió que esta situación contrasta drásticamente con la calificación de pase que alcanzó el año pasado, tras años de reprobación.

“Incluso el año pasado me llamó la atención porque los penales en Sinaloa alcanzaron una calificación de pase, fue el 6.1 o 6.2. Me acuerdo que no pasaba el 5.6 y el año pasado alcanzó esa calificación”, compartió.

Tras los hechos, el organismo inició un expediente de queja y emitió medidas precautorias.

Personal de la visitaduría penitenciaria acudió al lugar para supervisar la identificación de los cuerpos, confirmando que hasta el momento se ha logrado comunicación con cinco de las siete familias afectadas.

El ambiente al interior del centro se reporta bajo “cierta tensión”, lo que obligó al personal de derechos humanos a extremar precauciones durante sus labores de campo.

La crisis no se limita a la violencia entre internos.

La CEDH ha documentado quejas persistentes sobre irregularidades administrativas y abusos de autoridad, ya que los familiares denuncian que se les retiene hasta un 16 por ciento de los alimentos o artículos que ingresan para el consumo personal de los internos.

De igual forma compartieron que existen denuncias de presuntos actos de tortura cometidos durante operativos de revisión por parte de autoridades que auxilian en el control del penal y el organismo señaló que, aunque se han turnado casos a la Fiscalía, las investigaciones no han avanzado, dejando un mal precedente.

Loza Ochoa calificó a las cárceles como un espejo de la violencia que se vive en el exterior y subrayó que el Penal de Aguaruto cuenta con una infraestructura obsoleta de entre 55 y 56 años de antigüedad, lo que hace imperativa la construcción de un nuevo recinto.

La propuesta del organismo no es solo de espacio, sino de fondo con un modelo de rehabilitación basado en el trabajo, con fábricas o talleres grandes que permitan a los internos sostener a sus familias y aportar al sistema penitenciario.

“Tenemos una situación difícil. Creo que merece hacer una nueva propuesta de cambio completo en los penales”, indicó.

CULIACÁN._ Pese a que los hechos ya habían sido revelados públicamente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal desde las 07:30 horas, la Gobernadora interina de Sinaloa reconoció que hasta las 9:00 horas de este domingo no contaba con información precisa sobre la riña registrada en el penal de Aguaruto.

Entrevistada previo al mitin de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que únicamente tenía conocimiento de que había ocurrido un incidente al interior del centro penitenciario de Culiacán, pero dijo desconocer si existían personas muertas o heridas.

“Por la mañana estuve en comunicación con el general. Él sí me confirmaba sobre estos hechos que sucedieron en el penal de Aguaruto. Sin embargo, hasta el momento no me he actualizado ni me ha hablado sobre algún tipo de... en la mañana me decían que estaba todo ya en orden”, expresó.

Bonilla Valverde señaló que el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, no le confirmó personas fallecidas ni lesionadas y afirmó que esperaría una nueva llamada para conocer qué había sucedido en el penal.

“No me confirmó muertos, no me confirmó heridos, por el momento voy a esperar a que me regrese la llamada y me confirme qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió en el centro”, dijo.

La falta de información precisa por parte de las autoridades estatales ocurrió pese a que la propia Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ya había dado a conocer desde las 07:30 horas que se registró una riña al interior del penal de Aguaruto.

Además, la dependencia estatal no informó concretamente el número de víctimas mortales sino hasta alrededor de las 10:00 horas, cuando confirmó que el saldo era de siete personas muertas y un herido.

Texto: Manu Ureste

Los balazos se cuentan por decenas, cientos: enormes boquetes de grueso calibre repartidos a lo largo de una fachada blanca de dos niveles y unos 14 metros de ancho. Muchos de los impactos se concentran alrededor de las ventanas superiores, donde el yeso desprendido deja manchas grises y heridas abiertas sobre el muro. Nada extraordinario en la ciudad de Culiacán, que lleva casi dos años inmersa en la guerra que ‘mayitos’ y ‘chapitos’ desataron en el Cártel de Sinaloa, salvo por un detalle importante: la casa baleada con saña es propiedad del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Es miércoles, 13 de mayo, a las 12:20 de la tarde. El termómetro alcanza los 38 grados en la capital de Sinaloa. Quizá por eso el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen, en el exclusivo fraccionamiento de Las Quintas, está desierto, en silencio y sin apenas movimiento de coches. Tan solo una camioneta con los cristales polarizados permanece estacionada bajo la sombra de un árbol junto a la casa baleada, lo que hace que los reporteros de Animal Político y Noroeste se la piensen varias veces antes de bajar a grabar el inmueble.

Apenas cuatro días antes, la mañana del 9, otra camioneta llegó al cruce y se detuvo frente a la casa donde el Gobernador vivió durante tres décadas cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo varios hombres ataviados con chalecos antibalas y tocados por sombreros de ala ancha lanzan varias ráfagas de plomo contra el inmueble deshabitado, mientras de fondo se escucha un narcocorrido a todo volumen.

“Traigo el equipo listo pá pelear, bien artillado como guerrero...”.

En cuestión de segundos, los balazos sobre la pared blanca y el portón de madera levantan una polvareda de polvo y dejan cientos de cicatrices sobre el inmueble, que días después no está acordonado ni vigilado por autoridad alguna.

Luego, los criminales se marchan dejando tras de sí un velo de incertidumbre entre una ciudadanía que se pregunta si el ataque era un mensaje directo contra el mandatario -que el 1 de mayo pidió licencia para no entorpecer las investigaciones emanadas desde Estados Unidos en su contra y contra otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa-, o si se trata de un mensaje a la propia ciudadanía que, temerosa y preocupada, se pregunta qué podría sucederles a ellos y a sus hogares si una de las casas de la máxima autoridad estatal puede ser atacada con impunidad.

Finalmente, los reporteros bajan del coche para grabar la fachada agujereada y hacer un reporte en video. Pero no permanecen ahí ni cinco minutos. El paso lento de un par de motocicletas y de varias camionetas que doblan hacia la calle -quizá por casualidad, quizá no- basta para acelerar la grabación y volver rápido al coche y salir de la zona.

Poco después, la calle vuelve a quedar con las cicatrices abiertas y a la vista: vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido ahí.

El regreso del encierro

—A casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches. Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Pero ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva “sacudida” entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia.

José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habla mientras conduce despacio por las calles del centro de la ciudad. En el asiento trasero acompaña durante toda la jornada Jesús Verdugo, reportero y camarógrafo del diario.

Apenas son las 18:50 y los últimos rayos del sol todavía se filtran entre las nubes, tiñendo el atardecer de tonos anaranjados y violetas. Pero la ciudad ya parece dormida. La inmensa mayoría de los comercios del primer cuadro de la capital, alrededor de la Catedral, bajaron la persiana hace rato. Los autobuses avanzan casi vacíos por la calle Benito Juárez, a unos metros del Palacio Municipal. Y los pocos comerciantes que aún permanecen en los alrededores del Mercadito Juárez barren deprisa las banquetas, recogen bolsas de basura y apresuran el cierre de los locales: nadie quiere permanecer en la calle después de las siete de la tarde.

El auto se detiene ante un semáforo en rojo. Arriba, donde antes había una cámara de videovigilancia, sólo queda un gancho vacío: el crimen organizado la arrancó a balazos meses atrás. Sanz explica que, aunque desde el inicio de “la guerra”, en septiembre de 2024, la situación nunca mejoró realmente -ni siquiera con el despliegue de más de 6 mil soldados enviados por la Federación-, durante los primeros meses de 2026 sí se había percibido una especie de tregua informal, al menos en cuanto a balaceras y hechos de alto impacto. Una calma precaria que permitió estirar un poco más los horarios de restaurantes y comercios.

—Ya no había balaceras simultáneas por toda la ciudad —explica un elemento de seguridad consultado poco antes del recorrido, un escolta que pidió anonimato—. Como que se veía que iban más por alguien en particular y ya. “Pero ahora, con esto del Gobernador y el Alcalde, pues no sabemos cómo se van a acomodar otra vez las cosas. Hay mucho temor porque, poco después de que balearon la casa del Gobernador, volvió otra vez mucha violencia. No sabemos si es por la falta de gobernabilidad, porque ya lo tenían planeado, o por qué. Esa gente siempre es una incógnita y nunca sabes cuándo ni por qué se van a descontrolar”.

Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, coincide con ese diagnóstico. La población “ya había empezado a salir un poco más” a las calles antes de que, nuevamente, hechos de alto impacto -como la quema de un casino en el sector financiero de la capital- empujaran otra vez a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda.

—Había mayor movilidad social, no solamente durante el día, también en horarios nocturnos. La gente ha aprendido a vivir entre las balas, arriesgando la vida —comentó el líder comerciante, apoyado en el mostrador de un negocio de aguas frías. Afuera, el bullicio de los camiones del transporte público es ensordecedor.

—Y eso es lo que hacemos quienes nos levantamos a primera hora para abrir nuestros negocios: despedirnos de nuestros hijos, de nuestras familias, y salir a trabajar. Así lo está haciendo toda la población de Culiacán.

—Porque vemos —añadió— que en cualquier lugar, en cualquier crucero, en cualquier calle, se genera una balacera y hay personas heridas y muertas. Ese ya es nuestro pan de cada día.

Como resultado, Sánchez asegura que, desde el inicio de la guerra, alrededor de 3 mil locales han cerrado sus persianas o reducido drásticamente sus horarios, especialmente por las noches. Lo cual, añade, ha provocado pérdidas económicas cercanas a los 75 mil millones de pesos en Sinaloa, “tomando en cuenta que la reactivación empresarial ha sido muy lenta”.

—Venimos de un cierre prácticamente total, de una afectación casi absoluta —subraya el dirigente comerciante—. Y aunque gradualmente algunos negocios se han ido reincorporando, y eso ha permitido disminuir un poco las pérdidas este año, lo cierto es que siguen siendo enormes.

Cuestionado sobre la presencia de miles de soldados y elementos federales de seguridad, Sánchez lamenta que el despliegue tampoco se haya traducido en una mejora tangible para comerciantes y ciudadanos.

—Creemos que se sigue una política equivocada. Porque para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días. Eso permitiría recuperar la calma, la confianza para vivir y para invertir. Nos permitiría recuperar la dinámica que teníamos antes de esta guerra.

La guerra contada a través de sus ruinas

El vehículo con los periodistas a bordo pasa por varios de esos lugares marcados por la violencia cotidiana de los que habla el líder comerciante Óscar Sánchez. Aunque, en realidad -comentan resignados los periodistas del Noroeste-, es difícil transitar por algún punto de la ciudad en el que no haya habido una balacera, un asesinato o un intento de asesinato, una persecución de película, una casa quemada, o un negocio baleado o “reventado”, como se dice en la urbe.

A las 12:43, luego de tomar imágenes de la casa baleada de Rocha Moya, los reporteros se dirigen a la zona nororiente de la capital, a la pensión de vehículos asegurados por la Fiscalía estatal de Sinaloa.

El escenario recuerda más a un deshuesadero de guerra que a una pensión vehicular: tierra y montañas de autos polvorientos y apilados unos sobre otros los reciben. Casi todos presentan las mismas cicatrices: agujeros de bala en lunas delanteras, ventanas y por toda la carrocería.

Aquí, entre camiones de carga baleados -uno de ellos, de color blanco, presenta un orificio grueso justo a la altura del conductor- y automóviles de lujo que ya son chatarra, permaneció asegurada una camioneta tipo van que se hizo tristemente célebre en la ciudad y en todo el país: es la camioneta en la que el 28 de septiembre de 2024, luego de una visita a la capital del entonces Presidente López Obrador, una de las facciones del cártel dejó seis cadáveres en su interior y un mensaje macabro: “Bienvenidos a Culiacán”. Era el inicio de la guerra.

A las 13:40, los periodistas pasan por una gasolinera abandonada y con la fachada de su oficina quemada y repleta de balazos, ubicada en el concurrido boulevard Emiliano Zapata. Luego se dirigen a una escena del crimen. De camino, pasan por un panteón. Desde la carretera se alcanza a ver una enorme estructura de varios pisos de altura: una tumba que es una réplica ostentosa del Taj Mahal.

—No te dejan entrar si no tienes enterrado a algún familiar. Hay más seguridad ahí que en toda la ciudad —ríe amargo el fotoperiodista Jesús Verdugo.

De camino al sector Campo Argentina II, donde en una tienda de abarrotes ubicada en contraesquina de una escuela primaria tuvo lugar una de las seis escenas del crimen de la jornada, el coche transita lentamente por un campo baldío con numerosos reportes de fosas clandestinas en una ciudad con, al menos, 2 mil 390 denuncias por desaparición en menos de dos años, aunque los colectivos de búsqueda elevan la cifra por arriba de los 3 mil casos.

—En la guerra de 2008 aquí era un tiradero de cuerpos. Y aún hoy se encuentran osamentas —dice José Abraham Sanz, que destaca que en el lugar hay muchos “cenotafios” recordando a personas cuyos restos fueron hallados ahí. Y, en efecto, en el trayecto se contabilizan cinco en menos de cinco minutos de camino hasta la remota tiendita donde un hombre de unos 40 años fue asesinado a tiros cuando jugaba a unas maquinitas.

Luego, a las 17:51 horas, el pequeño convoy de periodistas asiste a otra escena del crimen, esta vez sobre la calzada que lleva al aeropuerto, muy cerca del penal de Aguaruto, del tutelar de menores, y para más inri, de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR): sobre el arcén, nueve casquillos de bala yacen esparcidos unos junto a otros. Los primeros reportes indican que un sujeto le descargó una ráfaga de plomo a otro hombre de unos 30 años de edad y huyó del lugar. A unos pocos metros del lugar, en las inmediaciones del penal, hay un retén de soldados.

La ciudad de los retenes y el miedo nocturno

A las 19:50, la noche cae por completo sobre Culiacán. El coche de Noroeste transita ahora por la calle Miguel Hidalgo. Apostados a un costado de la escasamente iluminada calzada hay dos Humvees repletos de soldados, que observan a los pocos vehículos que todavía circulan por la zona.

Sin embargo, la noche del 27 de abril no estaban presentes cuando un hombre se acercó caminando a la estética canina que seguía abierta sobre esta misma calle. Sentada sobre la banqueta, descansando, estaba Sara, la dueña del local. Platicaba con otra mujer alrededor de las siete de la tarde cuando el individuo se aproximó, sacó una pistola y, con total calma, les disparó en la cabeza. Luego, quizá para no dejar testigos -aunque una cámara de vigilancia lo grabó-, el hombre abrió fuego contra otras dos mujeres -madre e hija- que permanecían dentro de una camioneta estacionada frente a la estética. Esperaban a un técnico de lavadoras que trabajaba en un negocio cercano. Era el esposo de una de las víctimas y el padre de la otra. El multihomicidio ocurrió a apenas cuatro cuadras de la Catedral y de la Plazuela Obregón.

Ahora, el coche se dirige por la avenida de Los Insurgentes hacia el sector Tres Ríos, el corazón financiero de Culiacán. Primero pasa frente al enorme edificio del Gobierno de Sinaloa -donde despachó Rocha Moya hasta que pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo- y luego toma la carretera Niños Héroes, bordeando el Estadio Universitario de la Autónoma de Sinaloa, hasta llegar al Casino Tropicana, baleado y quemado el pasado 4 de mayo.

Antes de llegar al casino, un aparatoso retén militar ocupa uno de los carriles de la avenida y detiene aleatoriamente vehículos y motociclistas para revisar que no transporten armas ni drogas.

—Los retenes están por toda la ciudad, ya es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir —dice en una entrevista previa a este recorrido un productor agrícola que, como la gran mayoría de los entrevistados para esta crónica, pide anonimato por temor a represalias del crimen organizado—.

—Trayectos de apenas 10 minutos acabas haciéndolos en 50 o en una hora. Cierran todo y hazle como quieras —lamenta el hombre—. Y pues, para mí, solo sirven de presencia. Para que veas que hay gobierno por todas partes, pero no sirven de mucho. Llegan ya para levantar los cuerpos o precintar la escena del crimen.

—Hay mucha seguridad por todas partes —corrobora el agente de seguridad citado anteriormente—. Pero muchas veces no se dan cuenta de cuál es la gente que va armada. Yo mismo he pasado muchas veces armado por esos retenes y nunca me han revisado.

—Y de todas formas —reflexiona a colación—, aunque haya muchos puntos de revisión, sigue habiendo mucho desmadre por toda la ciudad. Es muy difícil parar esto; lo dejaron crecer demasiado. Culiacán quiere continuar, salir adelante de esta pesadilla, de esta guerra. Pero no puede. No la dejan.

Miriam, una ciudadana que pide no publicar su nombre completo ni su ocupación, también por temor, considera desde la terraza de un café del centro que la opinión respecto a los militares “está dividida”.

—Aunque los resultados no han sido los prometidos, sí ha habido retenes donde han detenido a personas involucradas con la delincuencia. Por eso creo que la opinión está dividida: a mucha gente le molestan, porque es cierto que se forman filas muy grandes de coches, pero también muchos los vemos como un mal necesario en la ciudad.

Mientras conduce ahora sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso -más conocido como el malecón que corre paralelo al río Humaya-, José Abraham Sanz coincide en señalar que existe una marcada división de opiniones sobre la presencia de soldados y fuerzas federales. Aunque también cuestiona la efectividad real de los retenes y su aparente nulo efecto disuasorio frente a otra de las estadísticas escalofriantes que ha dejado la guerra en estos 21 meses: las más de 8 mil denuncias por robo de vehículo registradas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

—Hemos levantado numerosos testimonios de robos de autos a tan solo unos metros de controles militares, incluso frente a instalaciones de la Fiscalía. El porcentaje de robo de vehículo con violencia y armas de fuego es altísimo. Y pues la gente se pregunta: “si hacen eso delante de la autoridad, que está armada, ¿qué será de quienes viajamos para trabajar en los pueblos de alrededor o por carreteras alejadas de la ciudad?”.

A las 20:43 horas, la noche es tan solitaria en el centro de Culiacán que parece madrugada profunda. Por las calles laberínticas y mal iluminadas solo se alcanzan a distinguir los rostros cubiertos por pasamontañas de los soldados y las luces azuladas de las sirenas oficiales.

Mientras la ciudad duerme en medio de un silencio autoimpuesto y forzado por las balas, sobre una pared blanca de unos tres metros de altura alguien pintó un grafiti con enormes letras negras: “QUIERO GRITAR”.

La situación económica en Sinaloa continúa deteriorándose ante el impacto combinado de la inseguridad y la falta de condiciones para la actividad productiva, advirtió la presidenta de Coparmex en el estado, Martha Elena Reyes Zazueta, quien informó que alrededor del 45 por ciento de las empresas han suspendido operaciones.

Durante un posicionamiento público, la dirigente empresarial señaló que únicamente en Culiacán se registró el cierre de 934 establecimientos en el último año, cifra que refleja la presión que enfrentan comerciantes y emprendedores ante el contexto actual.

Reyes Zazueta advirtió que el panorama podría empeorar en los próximos meses, especialmente durante las temporadas de verano y fin de año, periodos en los que prevén una nueva ola de cierres de negocios debido a la incertidumbre económica y los problemas de seguridad que persisten en la entidad.

“Afectando en miedo, incertidumbre y desmotivación, porque imagínate cuántos empresarios no están preocupados que pueden ser los siguientes, pero a parte los clientes dicen ‘cómo tenemos esa certeza de ir a consumir a un restaurante o ir a una tienda si no hay esa seguridad que nos defienda’, ¿ dónde estaba la Policía Estatal, Municipal?”, expresó.

La presidenta de Coparmex en Sinaloa cuestionó que hasta el momento no exista una estrategia integral por parte de las autoridades estatales para enfrentar de manera simultánea la crisis económica y la violencia que afecta distintas regiones de Sinaloa.

Indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de empleo en el estado, ya que cada nuevo negocio puede generar entre dos y cinco fuentes de trabajo directas.

Por ello, pidió al Gobierno estatal impulsar programas de apoyo para emprendedores, incluyendo acceso a financiamiento, incentivos fiscales y reducción de trámites administrativos.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que más familias sinaloenses opten por abandonar la entidad ante la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener actividades económicas.

“La gente cuando los han recortado, lo que hace es autoemplearse, entonces necesitamos ese autoempleo seguirlo fortaleciendo porque nosotros hemos dicho como Coparmex que la única manera de salir de esta crisis será primero impulsando a los emprendedores”, dijo.

En cuanto al tema de seguridad, Reyes Zazueta compartió cifras correspondientes al actual periodo de gobierno interino, en el que se han contabilizado 120 homicidios dolosos, 165 personas desaparecidas y 338 robos de vehículos.

También criticó que continúe sin avanzar en el Congreso del Estado una propuesta impulsada por organismos empresariales para eliminar cobros y trámites que deben cubrir las víctimas de robo de automóvil al momento de recuperar sus unidades.

La líder empresarial añadió que más de 50 organizaciones civiles y del sector privado han solicitado en dos ocasiones una reunión con la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, sin obtener respuesta.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para mantener la cobertura de la situación que enfrenta Sinaloa y continuar informando sobre las afectaciones económicas y sociales que atraviesa la población.

La disminución en las afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social registrada desde 2023 en Sinaloa refleja el deterioro de las condiciones económicas y laborales, consideró la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, quien atribuyó este fenómeno a la falta de inversión, la incertidumbre y el crecimiento de la informalidad.

Señaló que la baja en registros ante el IMSS, indicador relacionado con el empleo formal, ocurre en un contexto donde no existen condiciones favorables para atraer capital ni para fortalecer a quienes buscan emprender, aseguró.

“Estas bajas se dan porque no hay condiciones de inversión, no hay condiciones para invertir internamente del extranjero para acá. La desmotivación de la gente, la desesperanza también es un factor que influye mucho a que las personas no quieran formalizarse”, expresó.

Reyes Zazueta sostuvo que muchas personas han optado por mantenerse en la informalidad debido a la necesidad de subsistir frente a la situación económica que atraviesa el Estado.

“Están en modo sobrevivencia. Entonces, en el modo sobrevivencia te lleva a la informalidad. Porque las personas tienen necesidad de cubrir sus gastos, sus necesidades”, manifestó.

La presidenta de Coparmex añadió que, desde su perspectiva, las autoridades no han facilitado el proceso para que pequeños negocios y emprendedores puedan mantenerse dentro de la formalidad.

“Pero el Gobierno no ha sido empático en simplificar los trámites, en apoyar realmente al emprendedor para que este caos que se está pasando, este sea lo menos difícil posible”, indicó.

Durante la entrevista, también fue cuestionada sobre las expectativas del sector tras el relevo en el Gobierno estatal y la llegada de la Gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde.

Aunque reconoció que inicialmente existía esperanza de generar mejores condiciones de colaboración, consideró que la Mandataria no ha respondido a la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa.

Señaló que comprende las circunstancias en las que se dio el cambio de administración, aunque sostuvo que la actual Gobernadora ya conocía el contexto que atravesaba la entidad.

“Entendemos que agarró una papa caliente, ni ella misma, ella lo declaró, ni ella misma tenía claro que iba a estar como una Gobernadora sustituta. Entonces, eso nos habla de que no tiene la idea. Sin embargo, ella fue Secretaria de Gobierno unos meses antes de ser Gobernadora y tuvo que haber sabido la problemática en la que estábamos envueltos en este momento”, expresó.

Asimismo, afirmó que el sector empresarial ha buscado acercamientos con el Gobierno estatal para colaborar en soluciones conjuntas, aunque acusó falta de apertura.

“Nosotros como empresarios hemos intentado tener una cercanía con ella para ayudarla, para hacer equipo, para trabajar en conjunto, pero ella ha mantenido muy bien su margen de distancia y creo que le va a ser más difícil llevar su gubernatura así, siguiendo que habemos personas que queremos trabajar con ella para Sinaloa”, puntualizó.

A pesar de mantenerse como un espacio emblemático para el descanso y la convivencia en el corazón de la ciudad, la Plazuela Antonio Rosales presenta signos de deterioro que preocupan a sus usuarios frecuentes, quienes demandan una intervención integral en infraestructura y seguridad.

Ciudadanos y trabajadores del sector coincidieron en que la limpieza es un punto a favor del espacio público, la falta de mantenimiento y la escasa vigilancia afecta la experiencia de los visitantes.

Rafael Sánchez, quien trabaja como repartidor, fue enfático al señalar que el sitio se encuentra deteriorado y requiere pintura en prácticamente todos sus elementos, desde las bancas hasta las fuentes.

“Una pintada, una manita de gato, a todo porque ya está muy deteriorado todo”, Rafael Sánchez.

Por su parte, Samuel Ojeda, quien suma 27 años trabajando como boleador de zapatos en la plazuela, criticó la calidad de las reparaciones previas, especialmente en el suelo.

“De repente viene personal correspondiente del ayuntamiento y arreglan, pero yo quiero pensar que no lo arreglan bien porque al tiempo vuelve a salir el mismo problema”, denunció Samuel Ojeda Sicairos.

La seguridad y vigilancia es una de las carencias más sentidas por quienes transitan la zona diariamente.

Samuel Ojeda sugirió que, además de reforzar la presencia policial, es necesario darle cara a la plazuela mediante el pintado de lámparas, el kiosco y el encalado de los árboles.

Aunque la Plazuela Antonio Rosales resiste como un punto de encuentro vital en Culiacán, el mensaje de sus usuarios es claro: se requiere más que una limpieza superficial para devolverle el esplendor a uno de los rincones más históricos de la capital sinaloense.

Para Joaquín León, la plazuela sigue siendo un refugio agradable para realizar trámites o pasar el rato.

Joaquín León destacó que durante la última semana ha observado un buen desempeño en las tareas de aseo y la disponibilidad de servicios básicos gratuitos.

“Muy bien aquí la limpieza. De hecho, tienen agua para beber purificada”, señaló Joaquín León.

El ciudadano, resaltando que la zona de Rotaria Internacional se mantiene como un área tranquila para la convivencia familiar.

La estética del lugar refleja el paso del tiempo y, según los entrevistados, la falta de atención de las autoridades municipales.

El comité municipal del Partido Acción Nacional, advirtió sobre el cierre de empresas en Culiacán y criticó los acercamientos del partido Movimiento Ciudadano con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

El presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que la ciudad enfrenta una crisis por el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, situación que ha incrementado el malestar ciudadano junto con los recientes aumentos en tarifas de servicios.

Indicó que este escenario económico se agrava con los niveles de inseguridad que reportan los habitantes de Culiacán, donde la mayoría de la población es desprotegida.

En su posicionamiento, Ortiz Hernández marcó distancia con Movimiento Ciudadano tras la reciente visita a Sinaloa de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez.

Consideró contradictorio que MC promueva una agenda distinta y al mismo tiempo plantee ir en coalición con el Verde y el PT, partidos que respaldaron a Morena en los procesos electorales de 2021 y 2024.

Para el PAN municipal, esas alianzas generaron desilusión entre ciudadanos que asistieron al encuentro convocado por MC.

Aseguró que mantendrá una postura crítica frente a las acciones de Gobierno y seguirá señalando las decisiones que, a su juicio, afectan a la economía local y al empleo.

Ortiz Hernández añadió que el PAN seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas que surjan por temas económicos y de servicios, y reiteró que su partido se mantendrá abierto a la rendición de cuentas sobre el uso de recursos en campañas.

Niñas y niños de escuelas primarias de Culiacán expresaron su preocupación por la violencia que vive el municipio y propusieron acciones para recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad y reconstruir la convivencia social durante la cuarta edición del programa “Líderes del Futuro Construyendo Paz”.

La Regidora priista Erika Sánchez Martínez explicó que el programa se desarrolla en coordinación con asociaciones civiles como Construyendo Paz AC, Proeduca y Sipinna Culiacán, con el objetivo de impulsar acciones permanentes dentro de las instituciones educativas.

“Los niños tienen mucha claridad de la situación que se vive en Culiacán en materia de violencia. Tienen mucha claridad de lo que han perdido, de las libertades que han perdido”, señaló.

Indicó que más de mil 200 niñas y niños han participado en este ejercicio, en el que presentan proyectos relacionados con la construcción de paz y la recuperación de sus entornos.

Entre las propuestas planteadas por las infancias destacan mejorar la iluminación en calles, rehabilitar parques y canchas deportivas, así como fortalecer la presencia de policías de proximidad en escuelas y colonias.

Sánchez Martínez afirmó que las autoridades deberán integrar un diagnóstico con las propuestas presentadas para convertirlas en políticas públicas.

“Ya no se trata nada más de escuchar a nuestra niñez, sino también de accionar de manera oportuna”, expresó.

La cuarta edición del programa reunió a 350 estudiantes de seis escuelas primarias de Culiacán, quienes participaron mediante dinámicas, concursos y exposiciones enfocadas en liderazgo y cultura de paz.

Cynthia Rogers, integrante de Construyendo Espacios para la Paz, señaló que al inicio del programa muchas niñas y niños expresaron miedo e inseguridad debido a la violencia.

“Los primeros discursos que escuchamos fueron de ‘tengo miedo, me siento inseguro o insegura por la violencia’”, comentó.

Sin embargo, destacó que conforme avanzaron las actividades, las y los estudiantes comenzaron a desarrollar propuestas creativas mediante podcasts, noticieros, teatro guiñol, cuentacuentos, carteles y maquetas.

Rogers subrayó que el mensaje principal de las infancias fue la necesidad de construir paz a través de la colaboración entre sociedad, familias e instituciones.

La Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, evitó emitir una calificación sobre el desempeño de Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Municipio y cuestionó la capacidad del actual Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad y económica que atraviesa la capital sinaloense.

Señaló que su postura parte del desacuerdo con la continuidad de la administración municipal, luego de que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, dejara el cargo tras ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Lo que pasa es que justamente la calificación que yo le pudiera dar no es ninguna, porque en el caso de nosotros no estamos de acuerdo con esa continuidad”, expresó.

Sánchez Martínez criticó que mientras la Presidenta Municipal encabeza reuniones y eventos públicos, no se observa una estrategia clara para atender los problemas que, dijo, afectan diariamente a la población.

“Todos los días se están perdiendo vidas, todos los días están desapareciendo personas, todos los días se roban vehículos, todos los días los más impactados son nuestros niños y nuestros jóvenes”, manifestó.

La Regidora cuestionó además la ausencia de acercamientos con sectores comerciales para plantear acciones que impulsen una recuperación económica en el Municipio.

“¿La han visto recibir, por ejemplo, a los comerciantes formales e informales para ver qué pasos se van a dar para iniciar una ruta de recuperación económica?”, planteó.

Sostuvo que mientras estos temas no sean atendidos, difícilmente la oposición podrá emitir una evaluación positiva o negativa del desempeño de la Alcaldesa.

La priista enfatizó que sus señalamientos no obedecen a un tema de género, sino a la necesidad de contar con perfiles con experiencia y capacidad para enfrentar el contexto actual de Culiacán.

“No es un tema de género, es un tema de capacidades, de experiencia, de preparación para enfrentar un municipio que está enfrentando la peor crisis, al menos en la historia reciente”, afirmó.

A finales de abril el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil fue señalado por el Gobierno de los Estados Unidos junto a otros nueve perfiles, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por estos señalamientos, pidió licencia y fue designada Ramos Villareal como Alcaldesa interina.

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa desde 2024, este jueves se realizó el encuentro “Culiacán en conversación: La ciudad que imaginamos, visión y acción compartida” en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, convocado por Fundación Coppel, Culiacán Participa, Coparmex, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Institute for Economics and Peace.

Durante el evento participaron líderes empresariales, académicos y representantes de organismos civiles, quienes reflexionaron sobre el deterioro de la paz en el estado, el impacto social de la violencia y la necesidad de construir soluciones desde distintos sectores.

El director de Noroeste, Adrián López Ortiz, señaló que la sociedad sinaloense ha comenzado apenas a dimensionar la profundidad del problema que enfrenta.

“Creo que de pronto romantizamos la resiliencia. Y romantizamos la experiencia porque justamente no nos vamos a poder ir. El grueso de la gente no se puede ir”, expresó.

Añadió que muchos ciudadanos permanecen en Culiacán porque aquí están sus familias, empleos y comunidades.

“Yo me resisto a tenerme que ir porque esta es mi ciudad”, dijo.

López Ortiz consideró que la crisis actual evidenció un quiebre civilizatorio tras hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 y el 1 de mayo de 2026 al referirse a la disputa del crimen organizado sobre instituciones públicas y al señalamiento internacional contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Recordó que en la reunión del 25 de julio de 2024, cuando resultó asesinado el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda, y arrestado Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el asunto de la reunión sería atender situaciones ligadas a la propia universidad de acuerdo a una carta pública del propio Zambada.

“El quiebre civilizatorio del 25 de julio y del 1 de mayo es tener tu universidad pública en disputa del crimen organizado y tener a tu gobernador en funciones acusado del crimen organizado”, expresó.

Afirmó que la problemática que enfrenta Sinaloa es muy grave, muy compleja y advirtió que apenas se estaría entrando al inicio de un proceso de tocar fondo.

“Yo creo que apenas estamos viendo el principio de un tocar fondo y ese tocar fondo es lo que nos va a llevar a construir una resiliencia de veras”, manifestó.

El periodista señaló que las madres buscadoras representan uno de los principales símbolos de resistencia social en el estado.

“Nadie tiene la voz más legítima para abordar esto que las líderes de los colectivos de madres buscadoras. A nadie le ha agravado más el Estado y sigue agravando todos los días que a las madres buscadoras”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, señaló que la sociedad ha tardado en reaccionar frente a la violencia y criticó la falta de acuerdos entre liderazgos sociales y ciudadanos.

“Nos despertamos porque nos asumimos responsables de transformar lo que no nos gusta”, comentó.

Sin embargo, consideró que prevalecen divisiones internas y descalificaciones que dificultan la construcción de consensos.

“Cada quien desde el ego quiere ser Superman. Empezamos a invalidarnos. ‘No, es que este quiere un hueso’, ‘no, es que él lo que quiere es...’ y empezamos la mentalidad del no porque no”, dijo.

Reyes Zazueta llamó a dejar de lado diferencias personales para avanzar hacia la construcción de paz.

“Cada vez que nos tardamos en conciliar estamos retrasando recuperar la paz”, expresó.

También lamentó la normalización de la violencia en la vida cotidiana.

“Seguimos viendo muertos, seguimos aprendiendo a normalizar muertos”, señaló.

Previo al panel, Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del Institute for Economics and Peace, presentó datos sobre el impacto económico de la violencia en México y el deterioro de la paz en Sinaloa.

“Sinaloa este año sufrió el peor deterioro dentro del índice”, señaló.

Indicó que el costo de la violencia en México representa alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

“Si México hoy fuera más pacífico habría 3 millones de pesos anuales a disposición para reforzar el tejido social y la inversión”, explicó.

Collins expuso además que los países con mayores niveles de paz destinan menos recursos a la contención de la violencia y más a desarrollo social.

El encuentro se realizó en el contexto de la crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde 2024, periodo marcado por hechos violentos, desapariciones, enfrentamientos y una creciente preocupación social por el deterioro de las condiciones de paz en el estado.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha recibido diariamente entre dos y tres llamadas telefónicas de ciudadanos que se quejan por los retenes instalados en distintos puntos, principalmente en la ciudad de Culiacán.

Así lo informó el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien señaló que las principales inconformidades están relacionadas con el tráfico lento y las afectaciones que generan estas revisiones en la movilidad de la ciudadanía.

“Causa molestia sin que haya por otro lado los resultados y la gente ha tenido paciencia y entiende que ese tipo de molestias tienen que darse; pero si en cambio, continúan ese tipo de problemas, pues desespera” expresó.

Loza Ochoa consideró que aunque los retenes pueden tener cierta importancia dentro de las estrategias de seguridad, no deben convertirse en la principal medida para combatir la violencia en la entidad.

Argumentó que, pese a la presencia de retenes en diferentes sectores de la ciudad, no se ha observado una disminución en hechos violentos como homicidios o ataques a viviendas.

“Yo no digo que no se realicen, pero priorizar esto como el elemento central en la estrategia, yo creo que no; ahí están los resultados, que no son los mejores”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si estas acciones podrían estar generando resultados positivos, reiteró que la seguridad requiere estrategias más amplias y efectivas, ya que los retenes por sí solos no han logrado reducir los índices de violencia en Sinaloa.

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que existe coordinación y confianza con el nuevo Comandante de la Novena Zona Militar, el General de Brigada Julio César Islas Sánchez, con quien afirmó se continuará trabajando de manera conjunta por la paz y tranquilidad del Estado.

Destacó que se mantiene el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad, tal como se ha realizado en las mesas de construcción de paz.

“Hay coordinación con el nuevo Comandante, el General Islas y como ya se ha mencionado, vamos a seguir trabajando los tres órdenes de Gobierno para la paz y la tranquilidad del Estado”, expresó.

Bonilla Valverde también manifestó su respaldo y confianza hacia las Fuerzas Armadas, al señalar que históricamente el Ejército Mexicano ha actuado con honestidad y compromiso hacia el País.

“Claro que sí, hay confianza, siempre el Ejército se ha dirigido en nuestro Estado y en el País de una manera honesta, de una manera con mucho trabajo y que siempre hacen honor a la patria”, declaró.

Las declaraciones de la Gobernadora se dan en el contexto de la incorporación del General Julio César Islas Sánchez a las labores de coordinación en seguridad en Sinaloa, tras participar recientemente en la Mesa Estatal de Seguridad.