Mientras en Culiacán todavía no termina de asentarse el terremoto político provocado por la salida de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien pidió licencia después de que el Gobierno de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con Los Chapitos, resulta que la nueva Alcaldesa, Ana Miriam Ramos, ya aparece en el tercer lugar estatal de aprobación con un 50.8 por ciento.

Ni Harry Potter resolvía tan rápido los problemas de percepción.

Porque vale la pena recordar un pequeño detalle: Ana Miriam Ramos tiene apenas unas semanas en el cargo. Semanas. No meses. No años. Semanas.

Lo suficiente para aprender dónde están algunas oficinas del Ayuntamiento, pero aparentemente también para conquistar el corazón de más de la mitad de los culiacanenses, según la encuesta.

La pregunta es inevitable: ¿qué exactamente están evaluando?

Porque si se trata de obras, programas, proyectos o resultados propios, simplemente no ha habido tiempo material para generarlos. Si se trata de la administración municipal, entonces la calificación corresponde en gran medida al gobierno que ella misma heredó y del que formó parte.

Ana Miriam Ramos fue síndica procuradora durante buena parte de la administración de Gámez Mendívil. Un cargo cuya función principal es vigilar, fiscalizar y señalar irregularidades dentro del Gobierno municipal.

Sin embargo, durante el año y medio que duró en el cargo, su voz pública fue prácticamente invisible.

Mientras el Ayuntamiento enfrentaba cuestionamientos, crisis de seguridad, polémicas y debates políticos, la síndica procuradora parecía practicar una versión extrema del voto de silencio.

Ahora resulta que la funcionaria que menos ruido hizo es presentada como una de las alcaldesas mejor evaluadas del estado.

Cosas de la estadística.

Pero tampoco es un fenómeno nuevo.

Durante meses se difundieron encuestas similares donde el propio Juan de Dios Gámez aparecía entre los alcaldes mejor posicionados de Sinaloa. Se presumían los números, se compartían boletines, se celebraban rankings.

Todo eso ocurría mientras una parte importante de la ciudadanía cuestionaba la situación de inseguridad, los servicios públicos y el desempeño municipal.

Y ahora que Juan de Dios ya no está en el cargo, los mismos números parecen haberse transferido automáticamente a su sucesora, como si la aprobación fuera un paquete heredable junto con la oficina, la camioneta y las llaves del despacho.

Lo más curioso es que ni siquiera estamos hablando de niveles de popularidad extraordinarios.

Un 50.8 por ciento significa que prácticamente la mitad de la población no aprueba la gestión. En cualquier examen escolar sería una calificación que obliga a revisar resultados. En la política moderna, en cambio, se convierte en motivo de celebración.

Por supuesto, nadie dice que los estudios no tengan metodología o que los datos sean inventados. Pero sí vale la pena preguntarse si estos rankings miden realmente el desempeño de los alcaldes o simplemente funcionan como herramientas de promoción política disfrazadas de termómetro ciudadano.

Porque cuando una Alcaldesa con apenas un mes en el cargo ya aparece en el podio estatal, después de sustituir a un Alcalde que salió en medio de una crisis política internacional y tras haber ocupado un puesto de vigilancia desde el que rara vez levantó la voz, lo mínimo que merece el ciudadano es una explicación más convincente que un porcentaje con decimales.

Al final, la encuesta dice que Culiacán aprueba.

La calle, como siempre, tendrá la última palabra. Y esa no se levanta por teléfono dando las consecuencias.

El talento de los partidos políticos de convertir lo evidente en un debate jurídico de cientos de páginas.

Esta semana, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que la Senadora Imelda Castro Castro sí incurrió en promoción personalizada. Pero, al mismo tiempo, determinó que no hubo actos anticipados de campaña ni de precampaña.

Traducido al español cotidiano: sí se promocionó, pero no pidió el voto.

La diferencia parece técnica, pero en realidad es profundamente política.

Durante meses, bardas, lonas, publicaciones en redes sociales y anuncios pagados mostraron nombre, imagen y cargo de la legisladora. Lo suficiente para que el IEES concluyera que existió una estrategia de posicionamiento ante la ciudadanía. Lo insuficiente, según la autoridad, para demostrar una solicitud expresa de apoyo electoral.

Es la delgada línea que hoy separa la promoción institucional de la promoción personal; la misma que muchos aspirantes recorren con precisión quirúrgica cada vez que se acerca una elección.

La resolución deja una pregunta incómoda: ¿cuál es el verdadero propósito de inundar espacios físicos y digitales con la imagen de un político si no existe una intención electoral?

Porque difícilmente alguien invierte recursos en publicidad para recordar a los ciudadanos que existe. La política moderna funciona precisamente sobre el posicionamiento de nombres, rostros y narrativas mucho antes de que inicien formalmente las campañas.

Por eso resulta relevante que el IEES haya acreditado los tres elementos de la promoción personalizada: el personal, el temporal y el objetivo. Es decir, identificó a la protagonista, ubicó la difusión en un periodo cercano al arranque electoral y encontró una intención de posicionamiento.

Lo que sigue ahora es igualmente interesante. El instituto electoral no impondrá una sanción directa. El expediente viajará hasta el Senado de la República, donde serán los propios legisladores quienes determinen qué hacer con una de sus integrantes.

Y ahí aparece otra interrogante: ¿qué tan dispuesto estará el Senado a sancionar una conducta que, en mayor o menor medida, forma parte de las prácticas habituales de la política nacional?

La resolución llega además en un momento en que Morena comienza a mover sus piezas rumbo a 2027. Aunque nadie está oficialmente en campaña, cada vez son más visibles los nombres que buscan instalarse en la conversación pública.

Culiacán acaba de alcanzar una posición que nadie quisiera presumir. No se trata de un campeonato ni de una inversión histórica. Se trata de haberse colocado entre las tres zonas metropolitanas peor evaluadas del País en competitividad urbana.

El dato del IMCO es contundente: la capital sinaloense obtuvo apenas 48 puntos de 100 posibles, su peor resultado desde que existe registro. Más allá del número, lo preocupante es la tendencia. En apenas cuatro años, Culiacán pasó de figurar entre las ciudades más competitivas de México a ocupar los últimos lugares de la tabla.

En 2022, la ciudad alcanzó el cuarto lugar nacional. Hoy, apenas supera a Tijuana y Cuernavaca. La caída no es producto de un accidente estadístico ni de una mala racha temporal. Es el reflejo de una realidad que los ciudadanos viven todos los días.

La competitividad no se mide únicamente por cuánto dinero circula o cuántas empresas llegan. También evalúa seguridad, estado de derecho, infraestructura, calidad institucional, mercado laboral y condiciones sociales. Justamente los rubros que más se han visto presionados en Sinaloa durante los últimos años.

Desde septiembre de 2024, la crisis de seguridad derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa ha dejado una huella profunda en la actividad económica. Negocios cerrados, inversiones pausadas, turismo afectado y una percepción de incertidumbre que termina pesando en cualquier indicador serio.

El resultado del IMCO debería encender alarmas en todos los niveles de Gobierno.

La pregunta ya no es por qué cayó Culiacán. Los datos parecen responderla por sí solos. La verdadera interrogante es cuánto tiempo tomará revertir una tendencia que lleva varios años en descenso y que hoy coloca a la capital sinaloense en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

¡FOUL!...La minimización que hizo Yeraldine Bonilla de las protestas sobre Topolobampo no funcionó y en la semana hubo manifestaciones ¡en Mazatlán y en Culiacán! El asunto es que hay programada una más grande en Los Mochis el domingo.

Los números a modo

Mientras el termómetro sube en Sinaloa, parece que en la Fiscalía General del Estado lo que sube es el consumo de cosméticos y no para verse mejor, sino para maquillar la realidad.

Dice el PAN municipal que mayo cerró con 164 muertes violentas, un 24 por ciento más que en abril, regresándonos a los niveles de terror de diciembre pasado.

Pero la novedad si es que a estas alturas algo nos sorprende es la creatividad, porque si siete mueren en un Penal, le llaman riña para no sumar al índice de homicidios y si matan a un comandante, le ponen agresión a la autoridad.

Una verdadera chicanada estadística para intentar tapar el sol con un dedo, o mejor dicho, para tapar una parte de los 3 mil 300 cadáveres acumulados en 640 días de esta paz que no llega.

La exigencia es simple, aunque para la Fiscal parece misión imposible clasificar los delitos como son y es que dejen de jugar al diccionario y pónganse a trabajar en la seguridad, que los sinaloenses ya no compran el discurso de las medias mentiras mientras les roban el carro o les quitan la paz.

El horizonte se ve negro, y no es por el clima, sino por la opacidad con la que pretenden gobernar.

El PAN señala que el Gobernador, Rocha Moya; el Alcalde Juan de Dios Gámez y el Senador Enrique Inzunza Cázarez están en modo invisible para no dar la cara ante la crisis.

Mientras aquí se esconden tras vidrios polarizados que ni la ley permite, desde Nueva York llegan noticias del General Gerardo Mérida encadenado y jueces hablando de la posibilidad de evidencia abundante.

Pero no se preocupen, que para el Gobierno la prioridad fue el mitin del domingo con acarreados y festejos, como si hubiera mucho que celebrar mientras la gente vive acosada por la inseguridad.

También hablaron sobre el Culiacán de la transformación y que un ciudadano tiene que convertirse en experto en la Plataforma Nacional de Transparencia para que le arreglen una fuga de aguas negras en una primaria.

Dejaron claro que si pides información y, mágicamente, a los tres días van y reparan para poder contestar legalmente que el problema ya está resuelto.

Es decir, el Ayuntamiento no trabaja por eficiencia, sino por miedo al folio y un gobierno que solo reacciona cuando se ve exhibido en un papel oficial es un gobierno que le falló a su gente.

En peligro verdadero

Dos colegas de Guasave tuvieron que interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta donde sabemos también los buscaron de organismos de defensa de periodistas desde la Ciudad de México, como Artículo 19 y el Comité de Protección de Periodistas, después de ser interceptados, vejados y amenazados por lo que señalaron eran civiles armados.

Los periodistas Carlos Raeb Morales, corresponsal de Milenio, y América Zambrano, de El Debate de Guasave, rondaban las inmediaciones de una zona en la que se realizaba, al parecer, un operativo especial de fuerzas federales contra presuntos delincuentes del crimen organizado el pasado 25 de mayo.

Con el paso de los días y las horas, se ha sabido que los elementos de la Marina Armada de México, en vehículos sin logos insignias ni colores oficiales, hicieron presencia y estuvieron muy nerviosos, tanto que ya habían maltratado y corrido a otros colegas que pretendían hacer reportes y transmisiones en vivo desde la zona, debido a lo atractivo del hecho para ser informado.

Morales explica que un vehículo Cherokee sin placas se les atravesó hasta bloquearles el paso y el piloto, vestido con ropa táctica, se les acercó y comenzó a amenazarlos a los dos periodistas, luego se bajaron otras tres personas con características y vestimenta similar, armada, que les exigieron los teléfonos celulares.

Los cuestionaron, amenazaron y exigieron que dejaran de seguirlos y grabarlos, con un rifle apuntándoles en todo momento. Al final se fueron y se llevaron los celulares y cámaras fotográficas. “Si te vuelvo a ver te voy a matar y te voy a quemar el carro”, le dijo.

Carlos Raeb recalcó que ninguno tenía una insignia de qué institución pertenecía o si de plano se trataba de civiles armados, trabajando junto a las fuerzas federales.

Algunos días después del hecho violento, comenzaron a difundir un flyer digital que mostraba el rostro de Carlos Raeb y de la periodista culiacanense América Armenta, en una clara confusión con América Zambrano, de Guasave.

La acusación se centró en tacharlos de trabajar como halcones para determinar grupo criminal.

Curiosamente Guasave no es uno de los lugares que ha tenido tantos brotes de violencia desde que estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, pero ahorita sí les tocó la amenaza a los colegas periodistas.

Lo mejor es que ya los organismos encargados están atendiendo a los verdaderos amenazados, los que sí estuvieron en la cobertura y al final fueron encañonados.

Se apagó la ‘luchadora social’

Tras varios días de ‘férrea lucha’ contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad a los usuarios de Mazatlán, la “luchadora social” Sugey García, del grupo Actúa, se apagó y ya no ha aparecido.

Surgió de la nada, encabezó la lucha para lograr apoyos contra los altos cobros de energía eléctrica, protestó en las oficinas de la CFE en Mazatlán, donde junto con familias porteñas bloquearon el acceso, encararon a los jefes y pidieron la presencia del superintendente, luego aparecieron en el acceso del SAT y encadenaron las puertas para no dejar entrar ni salir al personal.

Todo esto le sirvió para que fuera vista como una verdadera luchadora social, pero... el pasado lunes 25 de mayo, Sugey García, la voz del movimiento Actúa, “aprovechó” que la Senadora de la República Imelda Castro, quien busca ser candidata a la Gubernatura de Sinaloa por Morena, sostuvo un evento en Mazatlán, para presentarse “sorpresivamente” y entregarle expedientes de cientos de afectados para que gestione ante Hacienda y la CFE que sean atendidos los reclamos.

Luego, tras reiterar que su lucha no es un movimiento político sino ciudadano, la “luchadora social” dijo que había logrado el apoyo, el cual consistía en pagos diferidos del recibo de luz, cosa que no agradó a nadie, ya que eso no es lo que se buscaba.

Y tras ese acercamiento con Imelda Castro y el “logro” con la CFE, Sugey García simplemente se “apagó”, y ya no ha dado señales de nuevas protestas.

¡FOUL!... La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla defendió que los proyectos de inversión en Topolobampo ya son privados y la población se confunde y por eso se reclama como si fuera inversión pública... y con eso, evidencia que no entiende el conflicto.

El problema no fue solamente que organizaciones civiles abandonaran la mesa de diálogo sobre la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa. El problema es lo que denunciaron al levantarse: que todo estaba decidido desde antes.

La acusación es grave porque toca uno de los puntos más delicados en cualquier democracia: la simulación de participación ciudadana. Convocar a colectivos, académicos y especialistas para “escucharlos”, mientras el objetivo real sigue siendo sacar adelante una iniciativa prácticamente intacta, convierte el diálogo en un simple trámite político.

Según relataron, la convocatoria llegó apenas con un día de anticipación y sin explicar claramente que la discusión giraría en torno a la iniciativa impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Durante casi dos horas insistieron en que el Congreso debía desechar completamente la propuesta por considerar que contiene retrocesos y vacíos preocupantes en materia de acceso a la información.

Pero la respuesta nunca llegó.

Hasta que el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó lo que muchos sospechaban: que la intención era construir observaciones para mejorar el documento ya presentado y continuar el proceso legislativo.

Es decir, no discutir si la iniciativa debía sobrevivir, sino cómo maquillarla.

El fondo del conflicto es todavía más delicado por el contexto político que atraviesa Sinaloa. La transparencia no se discute en tiempos normales. Se debate mientras el ex Gobernador enfrenta señalamientos internacionales y mientras existe una creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas.

Por eso el mensaje de las organizaciones tiene peso: sostienen que aprobar una ley debilitada en transparencia justo ahora enviaría una señal de cierre institucional y opacidad.

Porque si algo quedó exhibido en esta reunión es que el Poder Legislativo sigue teniendo dificultades para convencer de que realmente escucha a la ciudadanía. Y no es una percepción nueva: las propias organizaciones recordaron que hace un año presentaron una iniciativa ciudadana que terminó desechada.

El riesgo para los diputados es claro. Cuando los espacios de diálogo parecen únicamente ceremoniales, la desconfianza pública crece. Y cuando la ciudadanía siente que participar no cambia nada, termina buscando otras rutas: presión social, litigios o amparos.

Todavía hay tiempo para corregir.

Desechar la iniciativa actual y abrir una discusión real quizá implique retrasar el proceso legislativo, pero podría darle legitimidad a una ley que, por su naturaleza, debería construirse precisamente con apertura, consenso y máxima transparencia.

Porque una Ley de Transparencia nacida entre acusaciones de opacidad carga, desde el origen, una contradicción difícil de explicar.

Si algo deja claro el desplegado que la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, es que todas las medidas que presumió en los últimos meses no alcanzaron para resolver su problema financiero.

La Universidad habló de una reingeniería integral, de austeridad y de transparencia. Incluso tomó decisiones importantes como fusionar programas académicos y ajustar su estructura administrativa.

La idea era que, con esos cambios, la UAS pudiera reducir gastos y estabilizar sus finanzas.

Pero ahora la propia institución reconoce que sigue sin dinero suficiente para operar y que existe el riesgo de suspender actividades por falta de recursos.

Es decir, después de todos esos ajustes, el problema sigue exactamente donde estaba.

La Universidad también admitió que ha logrado mantenerse gracias a préstamos del Gobierno del Estado. O sea que más que solucionar la crisis, sólo la han ido aplazando.

La UAS está diciendo que ya hizo todo lo que estaba a su alcance y que, aun así, no pudo salir adelante por sí sola.

Visto de otra manera, el desplegado es una confesión pública de que la estrategia financiera implementada por la universidad no logró corregir el déficit.

Y eso abre una pregunta de que si después de recortes, reestructuración y cambios académicos la institución sigue al borde de la insuficiencia financiera, entonces el problema es mucho más profundo de lo que se había reconocido.

Resulta escalofriante el diagnóstico que el Consejo Estatal de Seguridad Pública pone sobre la mesa según, ya que la crisis de inseguridad en Culiacán no sólo es una estadística, es una carnicería de jóvenes menores de edad o apenas en los 20 años.

Lo más doloroso es que, mientras deberían estar en las aulas de secundaria o preparatoria, muchos terminan como víctimas mortales o en centros de internamiento para adolescentes.

La realidad nos grita que el tejido social está roto, pero la respuesta oficial sigue siendo el silencio o la inacción.

La aparición de peluches en forma de cerditos junto a los cuerpos de los jóvenes ha sembrado una inquietud que la Fiscalía General del Estado no ha sabido o no ha querido despejar.

Mientras la sociedad civil exige respuestas, la Fiscalía se queda en el desafío, atrapada en un rezago de carpetas de investigación a las que nadie tiene acceso y al parecer, para la autoridad, la incertidumbre es el estado natural de las cosas.

Dice el CESP que para combatir el índice de impunidad, se necesita más presupuesto, más peritos y más agentes del Ministerio Público.

La lógica es simple, sin capacidad de resolución, no hay justicia pero mientras el dinero se va a otros lados, las instituciones de justicia siguen operando a medias, dejando que el porcentaje de casos resueltos sea, históricamente, una cifra para el olvido.

Comparar la violencia en Culiacán con un huracán o una montaña rusa no sólo es una analogía precisa, es el reconocimiento de que la autoridad ha perdido el control del timón.

Un día tenemos calma y al siguiente una jornada extremadamente trágica con hasta 17 homicidios.

Si la seguridad en Sinaloa depende de comportamientos tan erráticos como los fenómenos climatológicos, entonces estamos a la deriva, esperando que el próximo pico de la montaña rusa no nos toque de cerca.

El consejo estatal dice que ni las detenciones masivas aseguran que al día siguiente habrá una paz más plena porque la violencia sigue su propia trayectoria, caprichosa y letal, ajena a los cambios de nombres en el gabinete o a las promesas de control.

En Culiacán, la única constante es que no hay trayectoria que se cumpla, y mientras tanto, la ciudad sigue contando peluches y enterrando jóvenes.

¡FOUL!... Jubilados de la UAS anunciaron que promoverán demandas contra la Universidad, para que les devuelvan sus cuotas descontadas por la reingeniería, al tiempo que las autoridades anuncian que no tienen dinero ¡ni para operar!