Desde el Gobierno Municipal de Mazatlán se ejerce censura, presión y hostigamiento a medios de comunicación para que hablen bien de Mazatlán pese a la crisis de seguridad, y de servicios públicos que se tiene, denunció la Regidora priista Maribel Chollet Morán.

“Primero quiero expresar públicamente mi solidaridad con las y los periodistas de los medios de comunicación de nuestra ciudad y puerto por las situaciones de censura, hostigamiento, presión que desde el poder Municipal se están llevando a cabo, hace unos días fue El Frente Noticias quien lo hizo público, pero hay muchos más”, añadió Chollet Morán en su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

“Es impresionante Presidenta, cómo todos los días diversos medios de comunicación, incluso de los que aparecen en la lista pagados por ustedes y de los que también reciben sin estar en esa lista, recursos, suben una publicación y a los 5 minutos los obligan a bajarla con la amenaza, con la coacción de que dejarán de darles el apoyo”.

Ante la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y demás integrantes del Cabildo, entre otros, agregó que en la democracia un gobierno no puede pedirle a la prensa que hable bien de él, tiene que gobernar bien para que los medios tengan razones para hacerlo.

“No se nos puede hoy en día decir y pedir que hablemos bien de Mazatlán cuando todas y todos sabemos que la realidad está golpeándoles de frente, la triste realidad que hoy se vive en Mazatlán donde pretenden coaccionar, intimidar, amenazar, hostigar y utilizar portales para golpear y lastimar a aquellos que somos disidentes o discordantes del sistema implementado por esta transformación de cuarta”, continuó.

“Desde el Partido Revolución Institucional hemos sido contundentes y firmes, a nivel nacional, rechazamos cualquier intento de censura y se advierte sobre el peligro de la utilización de recursos públicos para premiar a medios afines y castigar a los medios críticos”.

La libertad de expresión no está a medias y no puede ser cuestionada, no por el hecho de que ellos tengan un convenio porque así es su trabajo, se les pretenda dictar la narrativa de la cual quieren que se hable y cuales quiera otra narrativa les resulta incómoda, reiteró la Regidora.

“Porque cuando se habla del derecho a las audiencias debemos recordar que éstas también tienen el derecho de informar y de informar con pluralidad, precisamente por eso quienes tenemos una responsabilidad pública debemos de levantar la voz ante este tipo de situaciones que no hacen más que lastimar y ensuciar la vida pública”, añadió.

“La publicidad oficial no puede convertirse en una correa para controlar la libertad de expresión, que un gobierno condiciones la crítica a la permanencia hace que se deje de comunicar y se empiece a controlar la narrativa, un gobierno que solo se dedica a controlar esa narrativa termina perdiéndose de la realidad tal cual como está sucediendo”, expresó.

Entre otros puntos, dijo que el Gobierno Municipal actual tiene algo característico, le encanta repetir que se tiene que hablar bien de Mazatlán, y eso es lo que realmente todos quieren, no se cree que haya una sola persona presente que no le ponga color a las manifestaciones y que se conduzca con el respeto de que ama a su tierra, de que ama a Mazatlán no como un eslogan de campaña, amar a Mazatlán es hacer que los derechos de las y los ciudadanos no se vean vulnerado porque merecen justicia social, pero también no seguir viviendo bajo la podredumbre de calles, de colonias, de comunidades rurales que hoy se encuentran intransitables por el tema de la violencia.

“Mazatlán está siendo el epicentro de la violencia que en días anteriores, usted salió y señaló, creo que habló la ciudadana, la mazatleca, no la Presidenta y eso se lo celebró, pero el día de ayer el secretario del Ayuntamiento la desmiente Presidenta, no controlan su narrativa porque hablar con él corazón o hablar con la mente fría es una cosa y hablar con la narrativa dictada es rápidamente visible para los ciudadanos”.

Sociedad civil e iniciativa privada presentaron este jueves una queja ante el Instituto Estatal Electoral contra nueve aspirantes de Morena en Sinaloa por realizar presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2027.

Los señalados son Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Estrella Palacios Domínguez, Omar Alejandro López Campos, Kristian Alexis Espinoza García y Tomás de Jesús López Bajo, quienes participan en el proceso interno de Morena por la coordinación estatal en defensa de la cuarta transformación.

La denuncia fue presentada por los ciudadanos Manlio Abel Jacobo Miller, Francy Guadalupe Olivas Juárez, Víctor Manuel Aispuro Cháidez, Miguel Taniyama, Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, y Eduardo Acosta, quienes solicitaron al órgano electoral investigar las actividades realizadas por los morenistas.

Reyes Zazueta sostuvo que detrás de las actividades que los morenistas presentan como acciones para la defensa y protección del voto existe, a su consideración, una promoción anticipada con miras a conservar sus cargos.

“Es una manera tramposa. La pregunta es, ¿por qué pidieron un permiso? Si tienen trabajo que cumplir, las condiciones de Sinaloa ahorita no están para irse a defender el voto; es ir a defender a los sinaloenses... estos actos anticipados de campaña que están haciendo es para asegurarse que su sueldo siga otros años más”, cuestionó.

La empresaria señaló que las actividades denunciadas incluyen asambleas, entrevistas, publicaciones en redes sociales y fotografías, elementos que, dijo, fueron integrados como pruebas en la queja.

Además, cuestionó el origen de los recursos utilizados para realizar dichas actividades.

“También la denuncia que estamos haciendo para que nos aclaren todo, porque de dónde sacan tanto dinero”, expresó.

Consideró que los funcionarios deberían permanecer en sus responsabilidades públicas y atender los problemas que enfrenta Sinaloa derivado de la crisis de violencia, en lugar de realizar actividades relacionadas con la defensa del voto.

“Ellos lo que están buscando es su puesto, no están buscando la protección del sinaloense. Eso se tiene que ver y lo tiene que ver el sinaloense”, afirmó.

Los promoventes pidieron al IEES realizar una investigación exhaustiva y determinar si las actividades de los denunciados vulneran las reglas electorales.

Reyes Zazueta adelantó que esta podría ser apenas la primera de una serie de denuncias, pues buscarán incorporar a más personas conforme reúnan elementos para presentarlos ante la autoridad electoral.

“Es una serie de denuncias que vamos a hacer porque no alcanzamos a poner a los demás, se va a ir poniendo hasta que tenga que responder realmente el IEES con lo correcto y lo justo”, apuntó Reyes Zazueta.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa revocó este lunes la resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que había declarado inexistentes las infracciones por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña atribuidas a la Senadora con licencia Imelda Castro Castro, por lo que ordenó realizar un nuevo análisis del caso.

La resolución del IEES, aprobada el 4 de junio, había concluido que no se acreditó que Castro Castro utilizara recursos públicos ni que incurriera en actos anticipados de campaña o precampaña.

Sin embargo, el propio Instituto sí determinó que existió promoción personalizada de la Senadora y ordenó dar vista al Senado de la República.

Al revisar la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano, el TEESIN consideró que el IEES fue omiso y no realizó una investigación suficientemente exhaustiva sobre el origen del dinero utilizado en los eventos de Castro.

Esto, debido a que tomó en cuenta la versión de la Senadora, quien señaló que los gastos eran cubiertos con recursos privados, pero no requirió documentación para comprobarlo.

El Tribunal también señaló que el IEES pudo solicitar información adicional a Morena o al Senado para determinar de dónde provinieron los recursos utilizados en las reuniones y eventos denunciados.

Esto cobra relevancia porque, de acuerdo con la resolución del IEES, el Senado había informado que no encontró presupuesto o asignación financiera para que Castro sufragara gastos de reuniones informativas con la ciudadanía.

En cuanto a los posibles actos anticipados de campaña, el TEESIN consideró fundado el señalamiento de Movimiento Ciudadano porque el IEES no estudió si las expresiones y publicaciones denunciadas podían constituir “equivalentes funcionales”, es decir, mensajes que aunque no llamen expresamente a votar, puedan tener un significado electoral y buscar posicionar a una persona frente a una eventual candidatura.

El IEES había señalado en su resolución que para acreditar un acto anticipado deben analizarse los elementos personal, temporal y subjetivo, y que este último puede configurarse mediante expresiones explícitas o inequívocas o sus equivalentes funcionales.

No obstante, el TEESIN consideró infundado otro de los reclamos de Movimiento Ciudadano relacionado con la falta de exhaustividad respecto al elemento temporal, debido a que no podía considerarse una omisión del IEES sobre hechos que no fueron estudiados bajo ese elemento.

El TEESIN dio al IEES 10 días hábiles para emitir una nueva resolución que deberá definir nuevamente si existen o no infracciones por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

Hace casi tres años de haber sobrevivido a una privación ilegal de la libertad, “María”, nombre ficticio, tuvo que abandonar Sinaloa por temor a ser atacada nuevamente, denunció amenazas constantes y pidió protección para regresar a ampliar su declaración, pero nunca llegó la ayuda.

Ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones y retrasos injustificados que dejaron prácticamente paralizada la investigación.

De acuerdo con la Recomendación 12/2026, “María” denunció haber sido privada ilegalmente de la libertad en febrero de 2023. Tras presentar la denuncia ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado, abandonó la ciudad por razones de seguridad, dejando un número telefónico y un correo electrónico para mantenerse en contacto con las autoridades. Sin embargo, aseguró que nadie volvió a comunicarse con ella.

Con el paso de los meses comenzó a recordar nuevos detalles que podían fortalecer la investigación e intentó ampliar su declaración. La agente del Ministerio Público le dijo que el investigador tenía poca información sobre el caso y le proporcionó un número telefónico para contactarlo, pero nunca obtuvo respuesta. Más tarde viajó a Culiacán para revisar personalmente el expediente y solicitó medidas de protección, las cuales tampoco recibió.

Ante la CEDH, la mujer relató que seguía siendo víctima de amenazas por parte de una de las personas que presuntamente participaron en el secuestro. También explicó que tenía miedo de regresar a Sinaloa, pero aun así aceptó acudir para ampliar su denuncia bajo la promesa de que recibiría protección desde su llegada al aeropuerto. Esa protección nunca llegó y tampoco pudo contactar a la agente del Ministerio Público responsable del caso.

La investigación de la Comisión encontró que la carpeta permaneció prácticamente inmóvil durante largos periodos. Primero estuvo cerca de dos años sin actos relevantes de investigación y posteriormente volvió a registrar alrededor de diez meses de inactividad, pese a que la víctima aportó información sobre posibles responsables y continuó denunciando amenazas.

La CEDH también advirtió que las autoridades ministeriales ignoraron la solicitud de protección formulada por la víctima, aun cuando esta manifestó que permanecía fuera de la ciudad precisamente por temor a sufrir una nueva agresión y porque los presuntos responsables conocían su identidad.

En su análisis, el organismo concluyó que los agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta omitieron realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, lo que provocó una dilación injustificada en la investigación y vulneró el derecho de “María” al acceso a la justicia.

Señaló que la obligación del Ministerio Público no puede limitarse a recibir una denuncia, sino que debe investigar de manera seria, efectiva y oportuna.

Por ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, acreditando violaciones al derecho humano de acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia, derivadas de la dilación en la integración de la carpeta de investigación.

TIJUANA, JULIO 27, 2026.- Una denuncia por presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue presentada este lunes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su hija, Verónica Ruffo, acompañada por ciudadanos, abogados, legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional.

El recurso, promovido por el abogado Ismael Chelín Guerena, solicita la intervención del organismo nacional al considerar que durante el proceso penal que enfrenta Ruffo Appel se vulneraron sus garantías fundamentales. El exmandatario permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”.

Previo a la entrega del documento, simpatizantes y ciudadanos se concentraron alrededor de las 17:30 horas para respaldar la denuncia y participar en una recolección de firmas en apoyo al exgobernador.

Durante el acto, Verónica Ruffo explicó que recientemente visitó a su padre en el penal de máxima seguridad y aprovechó para compartir el mensaje que él le pidió transmitir a la ciudadanía.

“Quiero la unión de la nación, no quiero ataques”, expresó al citar las palabras de Ernesto Ruffo, quien, dijo, considera que la situación que enfrenta el país debe ser un momento de reflexión y no de confrontación.

La hija del exgobernador agregó que durante la visita su padre también le comentó que “después de esto vienen días mucho más difíciles”, aunque señaló que desconoce a qué hacía referencia con esa afirmación.

Verónica Ruffo reiteró que el objetivo de la denuncia no es interferir en el proceso judicial, sino solicitar que éste se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías que, aseguró, le corresponden a cualquier persona sometida a un procedimiento legal.

Con esta acción, la familia y los promoventes buscan que la CNDH analice el caso y determine si existieron posibles vulneraciones a los derechos de Ernesto Ruffo Appel durante el desarrollo del proceso penal que enfrenta.Fotos Omar Martínez / Border Zoom