La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de forma condicionada un proyecto para lotificar un predio en Conquista Agraria, municipio de La Paz; permitirá habilitar 26 lotes y una vialidad interna.
“Da por atendida la solicitud de mérito y se autoriza de manera condicionada el proyecto denominado ‘Lotificación Conquista Agraria’, que consiste en el cambio de uso de suelo forestal para lotificación de un predio rústico”, detalló la autoridad en su resolución.
En la zona no existen servicios de ningún tipo, estos se localizan en el núcleo ejidal Conquista Agraria, siendo este poblado la localidad más cercana con acceso a servicios de energía eléctrica, agua potable y otros servicios.
Para la venta de los lotes rústicos, el promovente está obligado a informar a los compradores que para el desmonte y desarrollo de cada lote deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante las instancias.
Dentro de las múltiples condicionantes, se indicó que las obras se ejecutarán conforme a lo autorizado en la resolución, limitándose exclusivamente a la lotificación del predio y la habilitación del camino interior.
“La remoción de vegetación deberá limitarse exclusivamente a las superficies necesarias para la habilitación del camino interior y demás obras autorizadas, procurando conservar el mayor porcentaje posible de vegetación nativa”, detalló la autoridad.
Finalmente, se destacó que, “para evitar la gentrificación o desplazamiento de la comunidad originaria, el promovente deberá garantizar el libre acceso a espacios comunes e incluir espacios públicos de libre acceso”.
El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación
Por Rigo Gutiérrez E.
El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.
El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.
Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución.
En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.
Comités acusan política de simulación
El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca
El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.
Diagnóstico alarmante
A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.
A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).
El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.
Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.
Agua: derecho ausente
El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles.
La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.
En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre.
Cuatro promesas incumplidas:
-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.
-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.
-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.
-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se realizó una conferencia de prensa por parte de una coalición de organizaciones y colectivos ciudadanos de La Paz; presentaron un oficio con firmas en defensa de la playa El Saltito.
“El promovente se desistió de 2 permisos que amenazaba la playa de El Saltito […] dejar claro que esto no ha terminado, fue un desistimiento, no una cancelación ni una negativa. El proyecto puede volver, por eso hoy hacemos un balance, entregamos a la autoridad las firmas de la ciudadanía”, mencionó.
Dentro de las actividades realizadas por la ciudadanía, se encuentra una caminata de observación naturalista, donde se logró registrar más de 40 especies de flora y fauna en el área de El Saltito.
“Divididos en grupos temáticos, las y los participantes registraron 41 especies de flora y fauna; y en apenas 3 horas de recorrido, y antes de la temporada de lluvias, cuando buena parte de la flora del desierto permanente latente y sin florecer”, indicó.
El objetivo fue reconocer el valor biocultural del lugar, su paisaje, su biodiversidad, y los usos comunitarios de la playa, comprender las amenazas que enfrentan y mostrar cómo participar en su defensa, añadieron.
“El dato es revelador, incluso en la temporada de menor visibilidad biológica, la observación directa de la comunidad documentó en territorio vivo, en contraste con los estudios del promovente que minimizan su riqueza; su registro se integra a un acervo público que hoy documenta 86 especies en la zona”, puntualizó.
Finalmente, se destacó que se entregó un documento con el registro de especies, así como cerca de 20,000 firmas ciudadanas que respaldan la defensa del sitio. Asimismo, se mencionó que están a favor de que se cumpla la ley, se priorice el agua y la decisión de la comunidad.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la Jornada Nacional de Reforestación “Sembrando Vida”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alcaldesa en funciones de La Paz, Amor Fenech Montaño, destacó que se ha mantenido un trabajo permanente en materia de cuidado ambiental.
La edil señaló que en los últimos años se han plantado más de 10,000 árboles en distintos puntos del municipio, labor que ha contribuido a que La Paz obtuviera en 2 ocasiones el reconocimiento como “Ciudad Árbol”, distinción que reconoce el compromiso con el manejo responsable de los recursos forestales y desarrollo de espacios verdes.
El evento se realizó en el Ejido El Rosario, a cargo de las autoridades estatales, donde Fenech Montaño subrayó que los árboles plantados por el Ayuntamiento son regados con agua tratada mediante la Pipa o Línea Púrpura.
“Son regados con agua tratada mediante la Pipa o Línea Púrpura, lo que permite aprovechar este recurso y reducir el uso de agua potable en el mantenimiento de las áreas verdes”, argumentó.
Por último, la Edil de La Paz refrendó el compromiso del Gobierno Municipal para impulsar acciones que contribuyan a la conservación de los ecosistemas, la recuperación de áreas verdes y el uso responsable de los recursos naturales.
Una nueva visión para la protección integral de la vida
Por Guillermo Moreno Ríos
La iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que contó con la participación de la sociedad civil, para elevar la Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo a la categoría de derecho humano en la Constitución Política del Estado de Sonora representa, probablemente, una de las transformaciones jurídicas más trascendentes en esta materia. Más que una reforma administrativa, propone un cambio de paradigma: dejar atrás una visión centrada en la respuesta a las emergencias para construir un modelo permanente de protección de la vida.
Si esta reforma se consolida, Sonora podría colocarse a la vanguardia nacional al reconocer que la prevención no es sólo una función gubernamental, sino una obligación constitucional. Con ello, la Protección Civil deja de centrarse exclusivamente en los desastres para proteger de manera integral a la persona, su vida, su integridad, su patrimonio y las condiciones necesarias para su desarrollo. En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo también debe evolucionar: además de responder a las emergencias, deberá identificar, reducir y prevenir toda condición que incremente la vulnerabilidad humana.
Los riesgos ya no pueden evaluarse únicamente por su origen natural, físico o tecnológico, sino también por su impacto sobre la persona. Es en ese punto donde la Protección Civil converge con la bioética, ya que ambas comparten un mismo propósito: prevenir el daño y proteger la vida como el bien jurídico fundamental.
Desde esta perspectiva, elevar la Protección Civil a derecho humano abre un nuevo campo de reflexión jurídica. Si el Estado asume la protección de la vida como una obligación constitucional permanente, resulta legítimo preguntarse cuál es el alcance de ese deber cuando los riesgos provienen no sólo de la naturaleza, sino también de decisiones humanas. La Gestión Integral del Riesgo, la bioética y los derechos humanos convergen así en un mismo propósito: fortalecer una cultura preventiva orientada a la defensa integral de la vida.
Esta reflexión trasciende la ingeniería y la administración pública para adentrarse en el terreno de la bioética. Temas como la manipulación genética, la investigación con embriones, la eutanasia, la reproducción asistida, la inteligencia artificial aplicada a la salud y la interrupción voluntaria del embarazo dejan de ser exclusivamente asuntos médicos o jurídicos para dialogar con una visión preventiva centrada en la protección de la vida.
Ello no implica que la Protección Civil sustituya al derecho constitucional, sanitario o penal, sino que todas estas disciplinas converjan en un mismo propósito: fortalecer el deber del Estado de proteger la vida frente a riesgos previsibles y evitables. Desde esta perspectiva, la Gestión Integral del Riesgo trasciende la administración de amenazas para convertirse en un principio preventivo que invita a replantear, desde una nueva óptica, los grandes debates bioéticos de nuestro tiempo.
Si el nuevo paradigma consiste en colocar la protección de la vida como eje rector de toda política pública preventiva, entonces también resulta válido preguntarse cuál es el alcance de esa obligación cuando la vida humana se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.
La constitucionalización de la Protección Civil deja de ser únicamente una reforma administrativa para convertirse en una invitación a repensar el alcance del deber estatal de proteger la vida.
En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo del siglo XXI no puede limitarse a elaborar atlas de riesgo o coordinar cuerpos de emergencia. Debe consolidarse como una política pública transversal que dialogue con la salud, la educación, el urbanismo, el medio ambiente, la ingeniería, la bioética, el derecho constitucional y los derechos humanos. Toda decisión que incremente innecesariamente la vulnerabilidad humana constituye un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.
La verdadera trascendencia de esta reforma no radica únicamente en reconocer un nuevo derecho humano, sino en establecer que la protección de la vida debe convertirse en el eje articulador de todas las políticas públicas de prevención. Cuando la Protección Civil trasciende la atención de desastres para asumir la defensa integral de la vida, deja de ser una función administrativa y se convierte en un principio rector del Estado constitucional. Ese podría ser, sin duda, el mayor legado de esta reforma.
MAZATLÁN._ Con la plantación de al menos 60 árboles y 60 bugambilias en el camellón central del Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi en el cruce con la Avenida Santa Rosa, Mazatlán se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026.
“Aquí estamos todos los directores, están conmigo todos los directores de área y paramunicipales trabajando en esta reforestación”, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, tras participar en esta actividad cerca de las 08:00 horas, convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Son árboles que florean en cierta temporada, intermedio se pusieron bugambilias para que cuando terminen de florear los árboles empiezan las bugambilias a florear”.
En esta actividad, realizada cerca del Fraccionamiento La Riviera, se plantaron árboles de las especies primavera, amapa, fístula, hortensia y orquídea, además de las bugambilias, para sumarse a las labores de plantación y recuperación de espacios.
A esta Jornada Nacional de Reforestación en Mazatlán se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y es parte de una estrategia permanente de restauración ecológica coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con el Gobierno municipal, estas acciones contribuyen a recuperar ecosistemas degradados, conservar los suelos, enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del área, además de generar espacios urbanos más arbolados y agradables para las familias mazatlecas.
MAZATLÁN._ Ante los problemas de inundación que se han presentado en Mazatlán, la solución para el Arroyo Jabalines no debe limitarse al retiro de mangle, sino a contemplar una intervención integral que permita recuperar su cauce y mejorar la salida del agua hacia el Estero del Infiernillo.
Así lo expresó Renato Ocampo Alcántar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa, quien señaló que el sistema conformado por el Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo tiene una función importante para el desfogue de los escurrimientos provenientes de buena parte de la zona norte de Mazatlán, por lo que consideró necesario revisar las condiciones en las que actualmente se encuentra.
Ocampo Alcántar explicó que el Arroyo Jabalines cumple una función importante como vaso regulador para el desfogue del agua proveniente de la zona norte del puerto, sin embargo, ante los años transcurridos sin trabajos importantes de mantenimiento, consideró necesario evaluar las condiciones actuales del cauce para determinar las acciones requeridas, entre ellas labores de limpieza, retiro de azolve y dragado.
“Es importante el vaso regulador del Arroyo Jabalines para la salida de agua de toda la parte norte de Mazatlán. En algún momento se hizo un dragado muy importante, pero estamos hablando de 2011. Quiere decir que hace 15 años no se draga el Estero del Infiernillo y tiene mucho azolve y mucha basura”, dijo.
El funcionario relacionó las condiciones actuales del cauce con los problemas de desfogue que se presentan durante episodios de precipitaciones intensas y señaló que las recientes inundaciones volvieron a evidenciar la necesidad de atender esta zona.
“La inundación que se vivió aquí en Mazatlán hace días fue muy importante; yo no la había visto a ese nivel. El tema no es ir a tirar mangle, el tema es que le demos cuerpo a todo el estero del Infiernillo para que esa agua pueda salir”, expresó.
“Hay otras soluciones que son más integrales que solamente ir a quitar el mangle”.
El representante de la Semarnat en Sinaloa explicó que para determinar las acciones necesarias deberán realizarse los estudios correspondientes, de manera que cualquier trabajo esté técnicamente sustentado y permita mejorar la capacidad hidráulica sin ocasionar daños innecesarios al ecosistema.
Asimismo, mencionó que entre las acciones que podrían requerirse se encuentra el retiro de basura, desazolve y recuperación del cauce por donde debe circular el agua hasta encontrar salida hacia el Puente Juárez.
“La idea no es agarrar un machete y estar tumbando todo el mangle. Eso no puede ser. Pero si en el cauce que se le tiene que dar hay un poquito de mangle, entonces se tendrá que hacer lo necesario”, declaró.
El delegado insistió en que una eventual intervención no significa eliminar indiscriminadamente la vegetación existente, sino encontrar un equilibrio entre la conservación ambiental y la protección de las familias que habitan alrededor de estos cuerpos de agua.
Por otro lado, Ocampo Alcántar señaló que otro elemento que debe considerarse es el crecimiento que Mazatlán ha registrado alrededor del Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo.
En este sentido, explicó que actualmente ambos cuerpos de agua se encuentran prácticamente dentro de la mancha urbana y rodeados por viviendas y fraccionamientos, situación que obliga a considerar tanto su importancia ecológica como su función para el manejo de los escurrimientos.
“¿Es parte de un ecosistema el Arroyo Jabalines? Sí, y entonces hay que cuidarlo, pero hay que cuidar también a la ciudadanía que está alrededor. Aquí lo importante es que tenemos que privilegiar la seguridad de los ciudadanos sin hacer el menor daño al ecosistema. Eso es lo importante, buscar el equilibrio”, manifestó.
El funcionario consideró que el desarrollo urbano, social y económico no necesariamente debe entrar en conflicto con la conservación ambiental, siempre que las intervenciones se realicen bajo criterios técnicos y ambientales.
Por tal motivo, rechazó que la intención sea ingresar maquinaria para eliminar completamente la vegetación o transformar radicalmente el entorno.
“No se trata también de agarrar y meter máquinas a limpiar y dejar una laguna como en otras partes se ha hecho. Nadie está diciendo que se va a hacer eso”, externó.
Ocampo Alcántar reconoció como legítima la preocupación de grupos ambientalistas respecto a posibles afectaciones al manglar, pero aseguró que Semarnat tampoco permitirá una intervención que represente un daño indiscriminado al ecosistema.
“Nadie está diciendo que se le va a poner en la torre al entorno ecológico del Arroyo Jabalines. Eso no se puede permitir y no lo vamos a permitir”, afirmó.
Ayuntamiento aún no presenta solicitud
En lo que respecta a una posible intervención por parte del Gobierno municipal, Ocampo Alcántar indicó que hasta el momento no se ha presentado formalmente una solicitud ante Semarnat, aunque sí existió comunicación con las autoridades durante una situación de emergencia para explicarles el procedimiento que debían seguir.
Precisó que la legislación en materia de Protección Civil contempla mecanismos para que las autoridades municipales y estatales realicen trabajos cuando exista un riesgo para la población.
Uno de ellos es el denominado aviso de emergencia, mediante el cual pueden ejecutarse determinadas acciones para salvaguardar a la ciudadanía, sin que esto represente una autorización para intervenir indiscriminadamente el ecosistema.
“Es un aviso de emergencia, no es una solicitud de autorización. Claro, ese aviso de emergencia está acotado, por lo que no pueden llegar a tirar todo”, explicó.
El delegado añadió que, dependiendo de las circunstancias, las autoridades pueden notificar previamente o hasta cuatro días después de realizar los trabajos necesarios ante una emergencia.
Sin embargo, destacó que el Ayuntamiento de Mazatlán ha mantenido comunicación con la dependencia federal para conocer cómo realizar este tipo de intervenciones procurando reducir los impactos.
Finalmente, Ocampo Alcántar destacó que la discusión sobre el Jabalines no debería centrarse exclusivamente en si se retira o permanece el mangle, sino en recuperar la funcionalidad del sistema completo para permitir el desfogue del agua, retirar basura y azolve y, al mismo tiempo, conservar en la mayor medida posible el ecosistema.
Loreto, Baja California Sur (BCS). La Comisión Estatal del Agua (CEA) inició el proceso de licitación pública para una segunda etapa de rehabilitación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Loreto; se invertirá más de 66 millones de pesos, informó la directora general de la dependencia, Tatiana Davis Monzón.
“Con este proceso, la administración estatal da continuidad a las acciones para proteger la infraestructura de saneamiento en Loreto […] Con ello, se brindará un mejor servicio a más de 16,300 habitantes”, explicó la funcionaria.
Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas el próximo 20 de agosto.
De manera paralela, se desarrollarán trabajos de interconexión eléctrica e hidráulica para optimizar la operación de la primera etapa, realizada entre 2025 y los primeros meses del 2026.
Al concluir la rehabilitación y ampliación de la planta, la capacidad de tratamiento pasará de 2 a 3 módulos de 30 litros por segundo cada uno, para alcanzar un total de 90 litros por segundo.
Finalmente, se detalló que, durante la primera etapa, se llevó a cabo la demolición de infraestructura obsoleta, la construcción del tercer módulo, el equipamiento electromecánico y la instalación de un tanque de llegada.
Además, fueron equipados 2 tanques anóxicos, se incorporó un sistema de filtración con carbón activado y un deshidratador de lodos, así como 2 unidades compactas de pretratamiento.
MAZATLÁN._ Con el propósito de retirar los residuos acumulados y generar conciencia sobre la importancia de conservar los manglares, integrantes de diferentes colectivos ambientalistas realizaron una jornada de limpieza en el Arroyo Jabalines, en Mazatlán.
Durante la actividad, los participantes recolectaron botellas de plástico, tablas, pedazos de tela, cartón, restos de alimentos y otros desechos; incluso, entre la basura también encontraron objetos de mayor tamaño, como inodoros y lavabos, algunos de los cuales desprendían un fuerte olor a descomposición.
La jornada fue organizada por la Red Ciudadana de Conservación del Medio Ambiente de Mazatlán, conformada por alrededor de 15 colectivos dedicados al senderismo, la observación de aves, la limpieza de playas, la conservación y la reforestación.
Claudia Peraza Durán, integrante de la agrupación, señaló que la actividad buscó atender la contaminación del arroyo y hacer visible el interés de las organizaciones por proteger el manglar ante las intervenciones que suelen plantearse durante la temporada de lluvias.
“Quisimos hacer una activación, un acto de presencia de los miembros de esta Red, para demostrar a la ciudadanía que seguimos al pendiente del manglar, que estamos interesados y que vamos a estar vigilando que se cumpla con toda la normatividad hasta que den una solución estructural”, expresó.
Peraza Durán expresó que las jornadas de limpieza no solucionarán por sí solas los problemas de contaminación e inundaciones que afectan al sistema del Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo, sin embargo, consideró que representan una forma de involucrar a la sociedad y promover una mayor responsabilidad sobre el manejo de los residuos.
“Sabemos que las limpiezas no son la solución, pero lo vimos como una buena manera de que los vecinos vean que nosotros también apoyamos, que no estamos en contra de ellos”, comentó.
La ambientalista explicó que una parte importante de los residuos acumulados proviene de personas que utilizan el arroyo como tiradero, situación que perjudica la vegetación, la fauna y el funcionamiento del cuerpo de agua.
Además, mencionó que, a través de la jornada, los colectivos también buscaron transmitir el mensaje de que el manglar no debe ser señalado como el responsable de las inundaciones que se presentan en las colonias cercanas durante las lluvias.
“Queremos que se deje de ver al manglar como el enemigo y realmente veamos que el enemigo es la mala planeación y el abandono institucional del Gobierno hacia todo este sistema de humedales”, declaró.
Peraza Durán recordó que integrantes de las organizaciones han realizado durante varios años actividades con vecinos de la zona, entre ellas foros ciudadanos con especialistas en conservación y protección civil para explicar las condiciones naturales del sector.
En este sentido, sostuvo que las inundaciones se encuentran relacionadas con la ubicación y pendiente de los asentamientos construidos sobre lo que anteriormente era una zona de humedales, pero a pesar a los acercamientos, reconoció que persiste entre algunos habitantes la idea de que retirar el manglar evitaría las afectaciones.
La Red pretende realizar periódicamente nuevas jornadas de limpieza, por lo menos durante la actual temporada de lluvias, donde uno de sus objetivos será incorporar a los habitantes de las colonias aledañas, aunque Peraza Durán admitió que hasta ahora han encontrado resistencia.
“Lo ideal sería involucrar a la gente de las colonias, pero tendremos que buscar la manera, a lo mejor acompañados por alguna autoridad del Gobierno”, comentó.
Además de las limpiezas, los colectivos buscarán consolidar un grupo de trabajo permanente para proponer acciones estructurales relacionadas con la conservación del Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo.
La Red cuenta con alrededor de 45 integrantes, quienes se mantienen coordinados para desarrollar actividades ambientales y vigilar que cualquier intervención sobre el manglar se realice con autorización y bajo los lineamientos establecidos por la autoridad federal.
Finalmente, Peraza Durán señaló que mientras se define una estrategia de mayor alcance, se continuará con la limpieza del arroyo para evitar que la acumulación de basura siga afectando este sistema de humedales y para recordar a la población que su conservación también requiere evitar que sea utilizado como depósito de desechos.
Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Presentan permiso para cambio de uso de suelo y construcción de viviendas, hoteles y comercios en el corredor turístico de Los Cabos, como parte del proyecto denominado DUNNA Los Cabos, Segunda Etapa. La iniciativa contempla una solicitud de autorización ambiental para modificar el uso de suelo en terrenos forestales dentro de una superficie de 3.769 hectáreas ubicada en la zona periurbana de San José del Cabo, en el corredor turístico que conecta con Cabo San Lucas. El desarrollo prevé infraestructura para uso residencial, hotelero, comercial, vialidades y áreas asociadas a un campo de golf, en una de las regiones con mayor expansión inmobiliaria y turística del municipio.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto se ejecutaría en un periodo de 40 años, de los cuales 5 corresponderían a la preparación del sitio y construcción, mientras que los restantes 35 años estarían destinados a la operación y mantenimiento. Los documentos técnicos indican que la propuesta incluye la construcción de vialidades, un hotel, villas residenciales y zonas comerciales. La distribución del terreno contempla 30.36 % para vialidades, 18.77 % para comercio, 11.97 % para uso residencial y 3.73 % para infraestructura hotelera. Además, se destinaría 28.02 % de la superficie a vegetación y áreas verdes, una medida que los promoventes consideran necesaria para conservar parte de los servicios ecosistémicos de la zona.
Sin embargo, el proyecto requerirá la remoción de vegetación forestal clasificada como matorral sarcocaule, una comunidad vegetal característica del sur de Baja California Sur. El propio estudio reconoce que el cambio de uso de suelo provocará alteraciones sobre el suelo, la flora, la fauna y los patrones hidrológicos locales. El documento señala que la intervención implica la modificación de cobertura vegetal en un ecosistema donde predominan especies adaptadas a condiciones de aridez y donde persisten funciones ecológicas relevantes, entre ellas la infiltración de agua, la estabilización del suelo y la provisión de refugio para diversas especies silvestres.
La propuesta surge en un contexto de acelerado crecimiento urbano en Los Cabos. El estudio ambiental reconoce que el municipio enfrenta problemáticas derivadas de la expansión turística y poblacional, como la fragmentación de hábitats, pérdida de vegetación, presión sobre los recursos hídricos y aumento en la generación de residuos. Incluso advierte que el Sistema Ambiental Local es un entorno “ambientalmente frágil, con limitaciones asociadas a la escasez de agua, la susceptibilidad a fenómenos extremos y la presión por el desarrollo urbano”. Bajo estas condiciones, especialistas y autoridades deberán valorar si las medidas de mitigación planteadas son suficientes para reducir los efectos acumulativos del crecimiento inmobiliario en el corredor turístico.
Entre las acciones propuestas destacan programas de rescate y reubicación de flora y fauna, reforestación, conservación de suelos y manejo integral de residuos. El promovente asegura que se implementará el rescate de especies protegidas y que “se estableció el programa de rescate de las especies en norma en un porcentaje del 100%”, además de mantener áreas verdes con vegetación nativa. Asimismo, sostiene que el proyecto no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas ni de sitios prioritarios de conservación con afectación directa.
La evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa concluye que la iniciativa es viable si se cumplen las medidas de prevención y seguimiento establecidas. Según la Matriz de Leopold aplicada en el análisis, se identificaron 239 interacciones ambientales, de las cuales 81 fueron impactos adversos y 158 benéficos. Un segundo método de evaluación reportó 137 impactos, con 51 negativos y 86 positivos. Aun así, el principal debate gira en torno a la autorización para transformar suelo forestal en una región donde el crecimiento turístico continúa avanzando sobre ecosistemas naturales que ya enfrentan importantes presiones derivadas del desarrollo urbano y económico de Los Cabos.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) forma parte de una expedición científica internacional que se desarrolla en aguas del Ártico, donde especialistas de diferentes países realizan estudios sobre especies marinas y los efectos de las transformaciones ambientales en los ecosistemas oceánicos. La participación mexicana está representada por la Dra. Lorena Viloria Gómora y el Dr. Sergio Martínez Aguilar, académicos del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de la institución.
La investigación se lleva a cabo a bordo del velero S/Y Diablesse, dentro del proyecto Sailing for Prosperity (S4P), una iniciativa que vincula la ciencia, la colaboración internacional y el trabajo con comunidades costeras. El recorrido comenzó en Nome, Alaska, y contempla llegar a Kaktovik, dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten durante la travesía.
Uno de los propósitos centrales del proyecto consiste en recopilar información sobre la presencia de ballenas grises y jorobadas en el mar de Bering, una región considerada fundamental para la alimentación de estos cetáceos durante la temporada de verano. Paralelamente, los investigadores buscan generar conocimiento sobre la relación que existe entre distintos ecosistemas marinos y las consecuencias que los cambios ambientales tienen sobre la fauna oceánica.
Durante los primeros diez días de navegación, los científicos han documentado avistamientos de diversas especies características de la zona. Además de ballenas grises y jorobadas, el equipo reportó la presencia de morsas y osos grizzly, información que contribuye al seguimiento de la biodiversidad en una de las regiones más sensibles del planeta.
Los representantes de la UABCS integran el Laboratorio de Investigación de Mamíferos Marinos, encabezado por el Dr. Jorge Urbán Ramírez, grupo que ha desarrollado durante décadas estudios especializados sobre mamíferos marinos en el Golfo de California y el Pacífico mexicano.
La expedición también contempla establecer vínculos con habitantes de comunidades árticas para intercambiar experiencias sobre los retos ambientales actuales. Con ello, el proyecto busca fortalecer la cooperación internacional, impulsar el aprendizaje conjunto y promover acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas marinos y al desarrollo sostenible de las comunidades costeras.
Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la reubicación de un tigre que se encontraba en San José del Cabo, Baja California Sur, hacia el Zoológico Internacional de Tijuana, una instalación autorizada para el manejo y cuidado de fauna silvestre. La medida busca garantizar que el ejemplar reciba atención especializada y permanezca en un espacio adecuado para su bienestar.
De acuerdo con la dependencia federal, el traslado fue resultado de un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones y organizaciones que participaron en la logística del operativo. El objetivo principal fue asegurar que el felino fuera movilizado bajo condiciones que protegieran su integridad física durante todo el proceso.
La operación incluyó un traslado aéreo respaldado por Aeroméxico Cargo, empresa que colaboró para hacer posible el movimiento del animal desde Baja California Sur hasta el norte del país. Además, Africam Safari proporcionó una jaula especializada de contención para grandes felinos, elemento fundamental para garantizar la seguridad tanto del ejemplar como del personal involucrado.
El tigre había sido detectado y reportado por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de un operativo realizado en San José del Cabo. Tras ese procedimiento, Profepa asumió la coordinación para definir el destino más adecuado del animal y concretar su traslado hacia una instalación autorizada para el manejo de vida silvestre.
La autoridad ambiental destacó que este tipo de acciones contribuye al fortalecimiento de las estrategias de protección y conservación de especies silvestres en el país. Asimismo, subrayó la importancia de que ejemplares de esta naturaleza permanezcan en espacios que cumplan con los estándares establecidos para su cuidado y manejo.
Profepa también reconoció la participación de las organizaciones involucradas en el operativo, al considerar que la colaboración entre instituciones públicas y entidades especializadas resulta clave para garantizar condiciones adecuadas para los animales y promover una gestión responsable de la vida silvestre.
“La Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos A.C. manifiesta su firme rechazo e indignación ante la reciente resolución de la SEMARNAT, la cual aprobó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a favor del Ejido de El Pescadero para la supuesta regularización de las obras ilegales que desde el año 2023 se construyeron sin permiso de alguna autoridad, a pesar de los dictámenes en contra y la oposición técnica sustentada, para un proyecto comercial en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de la playa Los Cerritos”, detallaron.
De acuerdo con la organización, el proyecto contempla la regularización de varias instalaciones y espacios de servicios ya existentes dentro del ecosistema costero. Entre las obras señaladas se encuentran una guardería, áreas destinadas al resguardo de tablas de surf, un club de playa, un surfshack, un área ejidal, módulos de baños, infraestructura para tratamiento de aguas y cisternas, así como 5 restaurantes.
La asociación sostiene que dichas construcciones fueron desarrolladas desde 2023 sin contar con las autorizaciones correspondientes y asegura que, durante los últimos años, distintos sectores de la comunidad han impulsado acciones legales, técnicas y sociales para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la ocupación de terrenos federales en la zona costera.
En el documento, la agrupación solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) revisar el procedimiento y reconsiderar la autorización otorgada. Como parte de su postura, señala que existieron observaciones técnicas y opiniones de diversas instancias que, a su juicio, debieron ser tomadas en cuenta antes de emitir la resolución.
Además, la organización afirmó que mantendrá las acciones legales y administrativas que considere pertinentes para defender el entorno natural de Playa Los Cerritos. En el comunicado destaca que “Playa Los Cerritos es un patrimonio ambiental, turístico y deportivo de nivel internacional que pertenece a todos, no al interés comercial de unos cuantos”.
La discusión en torno al proyecto ocurre en una de las playas más visitadas del municipio de La Paz, reconocida por su actividad turística y deportiva. Mientras el proceso de regularización avanza, el tema continúa generando debate entre distintos actores sociales, comunitarios y económicos de la región respecto al equilibrio entre desarrollo, uso del suelo y conservación ambiental.
Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Este domingo 2 de agosto se realizó el rescate de un ejemplar juvenil de lobo marino, que se encontraba con heridas en el cuello, en la zona de la playa El Médano, en Cabo San Lucas, informó el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar).
“El pequeño lobo marino fue asegurado de forma segura para, posteriormente, ser trasladado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la ciudad de La Paz, donde recibirá atención veterinaria especializada”, detalló la autoridad.
En las labores también estuvieron elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), inspectores de Profepa, personal del Departamento de Bomberos de Cabo San Lucas, quienes unieron los esfuerzos para resguardar al animal.
Por su parte, el director general de Fonmar en Baja California Sur, Martín Inzunza Tamayo, reiteró que la protección de la fauna marina es una prioridad de la institución, por lo que continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades para atender oportunamente una situación que represente un riesgo para las especies.
“El ejemplar permanecerá bajo resguardo mientras especialistas evalúan su evolución clínica, con el objetivo de que, una vez recuperado, pueda ser reincorporado a su hábitat natural en las mejores condiciones posibles”, indicó.
Por último, Fonmar refrendó su compromiso con la conservación de los recursos marinos y hace un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier ejemplar de fauna silvestre que requiera atención, evitando manipularlo para no poner en riesgo tanto a personas como a los animales.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) probó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental para un proyecto que busca construir restaurantes y otras obras en el ecosistema costero de Cerritos, en el municipio de La Paz.
“Se autoriza de manera condicionada la MIA-P para el proyecto denominado ‘Cerritos La L’ para llevar a cabo la regularización de diferentes obras en ecosistema costero”, detalló la autoridad federal en el resolutivo del proyecto impulsado por representantes del Ejido El Pescadero.
Autoridades locales lo señalaron como “no viable”
Semarnat explicó que, durante el proceso de análisis, se recibió un oficio por parte del Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, en el que se especificó que el proyecto “no es viable”.
“No es viable […] porque no cumple con todos los requisitos legales previstos en la normatividad aplicable. Por tal motivo, se considera necesario que, para efecto de la autoridad correspondiente emita alguna autorización, deberá observar lo mencionado.
“Se reitera que el proyecto no es congruente con los instrumentos de planeación urbana y legislación vigente, y debe ser condicionado al cumplimiento estricto de las disposiciones señaladas”, puntualizó el gobierno paceño.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad emitió una opinión en la que se considera el proyecto como “No factible, ya que representa una obstrucción al flujo del cauce federal del Arroyo la Zacatosa, fundado en el principio de salvaguardar la vida de las personas y la seguridad de sus bienes”.
El proyecto fue aprobado por Semarnat, por 10 años
El proyecto se trata de la Regularización de diferentes obras en ecosistema costero como guardería, área de tablas de surf, club de playa, área de tablas de surf, surfshack, área ejido, área de tablas de surf, área de baños, tratamiento y cisternas, además de 5 restaurantes.
“La presente autorización del proyecto se otorga por una vigencia de 10 (diez) años para etapas de operación y mantenimiento. El plazo empieza a correr a partir del presente resolutivo”, añadió Semarnat en su resolutivo.
Finalmente, el documento de la autoridad federal señala al menos 35 condicionantes para el promovente del proyecto, entre las cuales se destaca que se deberá garantizar el abasto del líquido sin que se vea afectado el abastecimiento de agua de los colonos y la población aledaña del proyecto; además, no podrá ni deberá impedir el libre acceso a la Zona Federal Marítimo Terrestre, por mencionar algunos.
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