MEXICALI, NOVIEMBRE 8, 2026.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo para las juventudes bajacalifornianas, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Juventud de Baja California para reconocer el servicio social como experiencia laboral acreditable en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

La reforma, impulsada por el diputado Diego Alejandro Lara Arregui, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, incorpora el artículo 36 Bis a la legislación estatal. Esta disposición establece que las actividades realizadas durante el servicio social deberán considerarse como experiencia laboral, siempre que guarden relación con el perfil académico y profesional del puesto solicitado.

El legislador señaló que uno de los principales obstáculos para las y los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, pese a que durante su formación académica desarrollan actividades profesionales, adquieren habilidades y asumen responsabilidades a través del servicio social.

Con la modificación legal, ninguna convocatoria o proceso de selección podrá excluir a una persona joven bajo el argumento de falta de experiencia cuando esta se encuentre acreditada mediante una constancia de servicio social expedida por la institución donde realizó sus actividades, y dicho documento deberá especificar las funciones desempeñadas y las competencias adquiridas.

La reforma también fortalece la vinculación entre la formación académica y el ámbito laboral, al reconocer el servicio social como una experiencia que permite aplicar conocimientos y desarrollar capacidades profesionales, con lo que se busca reducir las condiciones de desigualdad que enfrentan las juventudes al solicitar su primer empleo y favorecer su incorporación al sector productivo.

Asimismo, establece que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán actualizar sus lineamientos de reclutamiento, selección y contratación en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Esta reforma incorpora a la Ley de la Juventud un mecanismo para reconocer las capacidades adquiridas y fortalece el derecho de las juventudes a tener acceso a oportunidades de empleo en condiciones de mayor igualdad.

MEXICALI, NOVIEMBRE 8, 2026 .- Con el aval del Dictamen No. 2 de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en sesión de Pleno, no se podrá despedir en instituciones públicas a una mujer por el hecho de estar embarazada o encontrarse en periodo de lactancia.

Dicho dictamen contiene una reforma al artículo 57 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, presentada por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.

Otra de las bondades de la reforma es que una trabajadora o trabajador que adopte a un menor tendrá protección laboral durante los primeros 90 días para poder adaptarse a esta nueva etapa familiar, salvo causa justificada conforme a la ley.

La inicialista enfatizó que es una medida de protección no solamente a los padres, sino también al nuevo hijo o hija, para fortalecer su protección en los primeros días al incorporarse a la nueva dinámica familiar.

En su exposición de motivos, mencionó que las mujeres embarazadas que laboran en instituciones públicas enfrentan situaciones de vulnerabilidad que muchas veces se traducen en despidos injustificados, presiones para renunciar o la negación de condiciones adecuadas para ejercer su derecho a la maternidad.

Por ello, la aprobación de esta reforma generará un precedente de gran importancia en Baja California, alineando la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y laborales.

Además de brindar certeza jurídica a las trabajadoras, promoverá una cultura institucional que valore y respete la maternidad, eliminando prejuicios y conductas discriminatorias.

El presente Dictamen No. 2 de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que contiene la iniciativa de la diputada Gloria Miramontes y fue aprobado por el Pleno, obtuvo 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en la sesión de este jueves.

Al referirse a su iniciativa, Gloria Miramontes enfatizó que se esclarece que: “nadie debe perder su trabajo por convertirse en mamá o papá. Y estamos protegiendo a las mujeres durante el embarazo y lactancia, y también, a quienes deciden formar una familia mediante la adopción”.

MEXICALI, NOVIEMBRE 7, 2026.- El Dictamen No. 148 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es aprobado por el Pleno y se refiere a una solicitud de ampliación presupuestal de la Fiscalía General del Estado, para efectuar ampliación de recursos al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026.

Su objeto es ampliar una partida presupuestal relativa a instalación, reparación mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación, con la finalidad de fortalecer la cobertura de la Red Estatal de Radiocomunicaciones Tetrapol, mediante la habilitación de tres sitios de repetición en Mexicali y su Valle.

De esta forma, se mejorará la comunicación y coordinación operativa de las corporaciones de Seguridad Pública, siendo los sitios de repetición: Santa Isabel, Subcomandancia Noreste (Zona Dorada) y Km 57(Colonias Nuevas).

En uno de los considerandos, se menciona en el presente Dictamen que, derivado del Decreto No. 48, publicado el 31 de enero de 2025, mediante el cual se reforman tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se formalizó la transición operativa y administrativa del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado (C5) a la FGEBC.

Una vez concretada dicha transición, y por instrucciones de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, se continuó realizando un diagnóstico general, se identificó la necesidad de mejorar la Red Estatal de Radiocomunicaciones Tetrapol, infraestructura esencial para garantizar la comunicación, coordinación y cobertura operativa de las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, destacando la ausencia de cobertura en una zona del municipio de Mexicali.

Específicamente se refiere a los sitios señalados de este municipio, así como la urgencia de ampliar la capacidad de canales en el valle, para asegurar una comunicación más eficaz entre corporaciones que tienen presencia en dichas zonas.

Correspondió a la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julia Andrea González Quiroz darle lectura al presente Dictamen en la sesión ordinaria, mismo que fue aprobado por 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

TIJUANA, NOVIEMBRE 5, 2026 .- Con el propósito de fortalecer la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios de salud, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Eligio Valencia López, sostuvo una reunión con representantes de organismos y colegios médicos, así como autoridades estatales, para escuchar sus inquietudes y propuestas.

Durante el encuentro, los especialistas expresaron su preocupación por la práctica de médicos que llegan temporalmente a Tijuana para realizar procedimientos quirúrgicos y posteriormente regresan a sus lugares de origen, lo que en determinados casos puede dificultar el seguimiento postoperatorio y la atención oportuna de posibles complicaciones.

Ante estos planteamientos, Eligio Valencia destacó que la seguridad de los pacientes debe ser una prioridad, por lo que resulta fundamental escuchar a los profesionales de la salud y construir soluciones que garanticen una atención médica segura, responsable y continua.

Como resultado de la reunión, se acordó realizar en los próximos días una Mesa de Trabajo Técnica Integral, con el propósito de analizar las disposiciones legales vigentes e identificar posibles adecuaciones a la Ley de Salud Pública del Estado, considerando que algunos aspectos de esta problemática corresponden al ámbito de competencia federal.

Asimismo, el legislador manifestó su compromiso de coordinarse con la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, para dar seguimiento a la iniciativa de reforma al artículo 52 de la legislación estatal, presentada por la diputada y relacionada con la continuidad de la atención médica.

Valencia López señaló que en abril de 2025 presentó un exhorto que fue aprobado por el Pleno del Congreso, para fortalecer la difusión del Catálogo de Excelencia de Turismo de Salud y Bienestar de Baja California, con el objetivo de brindar mayor información y certeza a los pacientes sobre los servicios médicos que se ofrecen en la entidad.

En la reunión participaron representantes de Baja Health Cluster, colegios y asociaciones médicas, así como funcionarios estatales, quienes compartieron sus propuestas para fortalecer la calidad y seguridad de los servicios de salud en Baja California.

Finalmente, el presidente del Congreso subrayó que el propósito de estos trabajos no es limitar el ejercicio de médicos provenientes de otras entidades, sino garantizar que los pacientes reciban la atención y el seguimiento que requieren, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza en Baja California como destino de turismo médico.

MEXICALI, NOVIEMBRE 3, 2026.- El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó una reforma para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales, garantizando que las decisiones consideren las necesidades, la edad y el desarrollo de las personas menores de edad.

La reforma, impulsada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero y avalada mediante el Dictamen número 35 de la Comisión de Justicia, adiciona el artículo 81 BIS a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, para establecer que las autoridades judiciales apliquen la perspectiva de infancia y adolescencia en todos los juicios donde sus derechos estén involucrados, de manera directa o indirecta.

Asimismo, la modificación obliga a observar y aplicar los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de asegurar procedimientos adecuados a las condiciones de cada niña, niño o adolescente y fortalecer su acceso a una justicia que reconozca sus necesidades particulares.

Durante el análisis legislativo se destacó que, si bien las autoridades judiciales ya cuentan con herramientas para juzgar con perspectiva de infancia, incorporar expresamente esta obligación en la legislación estatal permite reforzar su aplicación y brindar mayor certeza jurídica.

Entre los principales beneficios de esta reforma destaca el derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchadas, expresar sus opiniones y participar en los procesos judiciales que les afecten, así como recibir información clara y comprensible de acuerdo con su edad y madurez.

De igual manera, se fortalece el principio del interés superior de la niñez, para que las autoridades prioricen su integridad física, emocional y social al momento de resolver controversias, sin que los procedimientos legales representen obstáculos para la protección de sus derechos.

Con esta aprobación, se promueve una impartición de justicia más accesible, sensible y respetuosa de los derechos humanos. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

MEXICALI, B.C, NOVIEMBRE 01, 2026.- Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica en la aplicación de multas y actualizar las disposiciones que regulan las casas de empeño en Baja California, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California.

Esta iniciativa impulsada por Araceli Geraldo Núñez, modifica los artículos 25, 40 y 47, sustituye las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como base para calcular las sanciones administrativas aplicables a estos establecimientos.

Con esta medida, las multas por presentar las solicitudes de revalidación de permisos fuera de plazo, se calcularán desde 50 hasta 100 veces el valor diario de la UMA vigente, mientras que las sanciones por incumplir las disposiciones de la ley en comento, podrán establecerse entre 50 y 500 veces dicho valor.

Asimismo, la reforma actualiza la denominación de la autoridad encargada de hacer efectivas las multas, al sustituir las referencias a la extinta Secretaría de Planeación y Finanzas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, conforme a la actual estructura de la administración pública estatal.

La propuesta responde a la necesidad de armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal de 2016, mediante la cual el salario mínimo dejó de utilizarse como referencia para determinar multas y otras obligaciones legales.

El dictamen número 04, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, establece que estas modificaciones permiten actualizar el marco jurídico estatal y dar claridad sobre las disposiciones aplicables a las casas de empeño, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su cumplimiento.

Durante el análisis, se determinó que la iniciativa resulta jurídicamente procedente y congruente con las disposiciones constitucionales federales y estatales, por lo que fue aprobada por unanimidad de las diputaciones presentes.

En ese sentido, las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

MEXICALI, B.C, OCRUBRE 31, 2026.- “Ningún derecho debe depender de cuánto dinero tenga una familia para hacerlo realidad”, señaló desde la tribuna la diputada Daylín García Ruvalcaba, al presentar una proposición para que Baja California identifique las necesidades de apoyo educativo de niñas, niños y adolescentes, y prevea los recursos necesarios para avanzar hacia una inclusión efectiva en las escuelas públicas.

La legisladora refirió que, durante el Parlamento Abierto de Autismo y Neurodivergencias, realizado el pasado 1 de octubre, madres, padres de familia, docentes, especialistas y personas neurodivergentes compartieron experiencias, necesidades y propuestas sobre los retos que enfrentan para acceder a una educación que responda a las distintas necesidades del alumnado.

En su exhorto solicita que la Secretaría de Educación del Estado, encabezada por Irma Martínez Manríquez, a realizar un diagnóstico estatal integral que permita conocer cuántas niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica necesitan apoyos para su inclusión, permanencia, participación, aprendizaje y desarrollo integral, y que particularmente requieran maestras o maestros auxiliares.

Con base en sus resultados, se propone diseñar y presentar un programa estatal para la asignación gradual de maestras y maestros auxiliares en los planteles públicos de educación básica.

Asimismo, la proposición contempla exhortar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda del Estado, a cargo de José Andrés Pulido Saavedra, para que, con base en el diagnóstico y el programa correspondiente, realicen las previsiones y gestiones presupuestales necesarias para el ejercicio fiscal 2027.

“Debemos convertir las necesidades en acciones, las acciones en políticas públicas y las políticas públicas en presupuesto y resultados, para que las niñas y los niños tengan oportunidades reales para aprender, desarrollar su autonomía y construir su propio futuro”, indicó Daylín García.

El Pleno del Congreso del Estado determinó turnar la proposición a la Comisión de Educación, para su análisis y un mayor acompañamiento, a fin de precisar sus alcances y dar seguimiento a los planteamientos expuestos.

MEXICALI, OCTUBRE 29, 2026.- La Diputada María Yolanda Gaona Medina, exhortó a la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, a que realice las acciones necesarias para la instalación de antenas repetidoras y sitios de radiocomunicación que garanticen la cobertura de la red institucional, en la zona sur del Valle de Mexicali y carretera a San Felipe, contemplando los recursos en su proyecto de presupuesto 2027.

Asimismo, le solicitó que remita a esta Soberanía, en un plazo no mayor a treinta días naturales, un informe detallado del estado que guarda el proyecto de ampliación de cobertura de señal de radiocomunicación referido, durante la glosa de su Tercer Informe de Actividades, en el cual se precisen las zonas a cubrir, el costo estimado y el calendario de ejecución.

Mencionó en su exposición de motivos, que la zona valle atraviesa un periodo de violencia que ha alcanzado directamente a integrantes de las corporaciones de seguridad, y en la ruta hacia dicho puerto, autoridades federales han inhabilitado antenas repetidoras clandestinas que grupos delictivos instalaron para vigilar el movimiento de las autoridades.

La legisladora del Partido Acción Nacional consideró que, resulta inadmisible que la delincuencia cuente con una red de comunicación en la región, mientras la institución que la investiga carece de cobertura suficiente.

Añadió que, la propia Fiscalía ha demostrado que este problema tiene solución, argumentando que en su Tercer Informe de Actividades, la titular de la FGEBC reportó la instalación de tres nuevos sitios de radiocomunicación y tres antenas repetidoras en zonas con históricos problemas de cobertura, con lo que amplió en treinta y uno por ciento los canales disponibles. Y esa misma solución debe llegar ahora al sur del Valle de Mexicali.

Durante la glosa de dicho informe, la inicialista le planteó directamente a la Fiscal General esta problemática y, la titular reconoció que la zona no cuenta con suficientes antenas, e informó que la institución trabaja en un proyecto para ampliar la cobertura hacia el sur del Valle y la carretera a San Felipe, con una posible ejecución durante el siguiente ejercicio, sin precisar una fecha para su instalación.

Finalmente, Mayola Gaona dijo que contar con la información solicitada, permitirá a esta Legislatura, dar seguimiento puntual al compromiso asumido y tenerlo presente durante el análisis del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

TIJUANA, OCTUBRE 27, 2026.— A siete días de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el país se prepara para una jornada electoral que determinará la composición del Congreso y pondrá a prueba el respaldo ciudadano al gobierno del presidente Donald Trump.

El próximo martes 3 de noviembre estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, además de 36 gubernaturas y numerosos cargos estatales y locales.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en esta ocasión los estadounidenses no elegirán presidente, sino a los legisladores que tendrán la responsabilidad de aprobar leyes, discutir el presupuesto federal y supervisar las decisiones del Poder Ejecutivo durante los próximos dos años.

REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS DISPUTAN EL CONTROL DEL CONGRESO

El Partido Republicano buscará conservar su mayoría legislativa, mientras que el Partido Demócrata intentará recuperar espacios para ejercer mayor contrapeso frente a la administración de Trump.

Una eventual victoria demócrata en la Cámara de Representantes podría complicar la aprobación de iniciativas presidenciales y aumentar las investigaciones legislativas sobre las políticas del gobierno federal.

Por el contrario, si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras, el presidente contaría con condiciones más favorables para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO PARA MÉXICO?

Aunque se trata de una elección interna estadounidense, sus resultados tendrán especial importancia para México, particularmente en asuntos relacionados con migración, comercio internacional, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.

Entre los temas que podrían verse afectados destacan las políticas de deportación, el combate al tráfico de drogas y armas, las relaciones comerciales y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Baja California, especialmente Tijuana, las decisiones que adopte el próximo Congreso estadounidense serán relevantes debido a la relación económica, comercial y social que mantiene la región con California.

Las medidas sobre cruces fronterizos, comercio exterior, movilidad laboral y seguridad pueden tener consecuencias directas para empresas, trabajadores y familias de ambos lados de la frontera.

CALIFORNIA TAMBIÉN ACUDIRÁ A LAS URNAS

En California, los electores elegirán al próximo gobernador, quien sustituirá a Gavin Newsom, además de representantes federales, legisladores estatales y otros funcionarios.

El resultado de esta elección tendrá particular importancia para Baja California por la coordinación binacional en materia de infraestructura, medio ambiente, seguridad, movilidad y desarrollo económico.

Las elecciones intermedias suelen interpretarse como una evaluación ciudadana del desempeño del presidente en funciones.

El resultado del 3 de noviembre permitirá conocer si Donald Trump conserva suficiente respaldo político para continuar con su programa de gobierno o si enfrentará un Congreso con mayor presencia de la oposición.

Mientras tanto, los procesos de votación anticipada ya se desarrollan en distintos estados, de acuerdo con sus respectivos calendarios electorales.

A partir de este martes 27 de octubre comienza la cuenta regresiva de siete días para una elección cuyos resultados tendrán repercusiones más allá de las fronteras estadounidenses.

MEXICALI, OCTUBRE 26, 2026.- Con el propósito de proteger el trabajo de las y los artistas locales, así como garantizar decisiones transparentes sobre las obras culturales en espacios públicos, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto al XXV Ayuntamiento de Tijuana para que establezca criterios claros que regulen su conservación, modificación, retiro o sustitución.

El punto de acuerdo, presentado por la diputada Gabriela Ponce Velázquez, busca que las autoridades municipales consideren la autoría de las obras, los derechos de sus creadores, las condiciones en que fueron realizadas y las razones que justifiquen cualquier intervención, con el fin de brindar certeza a la comunidad artística.

La legisladora señaló que esta propuesta surge a partir de la sustitución de un macro mural ubicado en las instalaciones del Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) de Tijuana, realizado por los artistas Carolina Muñoz Gil y Mode Orozco, como parte del proyecto denominado «Explanada de las Juventudes», inaugurado en enero de 2024.

Explicó que una de las artistas manifestó públicamente su inconformidad por el retiro de la obra original, cuya elaboración representó cinco semanas de trabajo, situación que puso de manifiesto la importancia de contar con procedimientos institucionales que reconozcan y respeten el esfuerzo creativo de quienes contribuyen al patrimonio cultural de la ciudad.

En ese sentido, la inicialista destacó que el arte urbano fortalece la identidad de las comunidades, promueve la participación de las juventudes y contribuye a la recuperación de los espacios públicos, por lo que resulta fundamental que las decisiones relacionadas con estas expresiones culturales respondan a criterios objetivos y profesionales.

Asimismo, precisó que el exhorto no pretende limitar la renovación de los espacios públicos ni establecer que las obras deban permanecer indefinidamente, sino garantizar que cualquier modificación o sustitución cuente con una justificación clara, respeto a los derechos de autor y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como parte del acuerdo legislativo, también se solicita al director del IMJUV, Gabriel García Delgado, informar al Congreso las circunstancias que motivaron la sustitución del mural, comunicar las razones de esta decisión a los artistas involucrados y evitar que situaciones similares ocurran sin procedimientos previamente establecidos.

La diputada Gabriela Ponce reiteró la importancia de fortalecer la relación entre las instituciones públicas y la comunidad artística, mediante mecanismos que permitan renovar los espacios de convivencia sin dejar de reconocer el esfuerzo y las aportaciones culturales para la ciudad.

MEXICALI, OCTUBRE 24, 2026.- El Pleno aprobó por 18 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Dictamen No. 32 de la Comisión de Justicia y se refiere a dos iniciativas en materia de sumisión química, presentadas por la Diputada Adriana Padilla Mendoza y el Diputado con licencia Ramón Vázquez Valadez.

Las diputaciones presentaron sus iniciativas de reforma y adición al Código Penal del Estado de Baja California, en fechas 1 de junio de 2026, y el día 20 de octubre de 2025, respectivamente.

Entre las razones que detalló la inicialista Adriana Padilla se encuentran: que existe una obligación constitucional y convencional del Estado de proteger la dignidad, libertad, integridad y seguridad de las personas, mediante medidas eficaces para prevenir y sancionar toda forma de violencia.

Así mismo, señaló que, actualmente existe un vacío normativo, ya que la conducta suele quedar subsumida en otros delitos, dificultando su investigación, sanción y visibilización, aun cuando por sí misma representa una grave afectación a bienes jurídicos fundamentales.

Por su parte, el inicialista Ramón Vázquez señaló que, en Baja California se han documentado casos y testimonios relacionados con esta práctica en bares, centros nocturnos y eventos masivos, mientras que otras entidades federativas ya han incorporado figuras penales específicas para sancionarla.

Se propone tipificar la sumisión química como delito autónomo para cerrar vacíos legales, fortalecer la protección de la dignidad y autonomía de las personas, mejorar la prevención y armonizar la legislación estatal con las tendencias nacionales.

Por su parte, al analizar la Comisión de Justicia los contenidos, advierte que los proyectos legislativos abordados en el presente Dictamen, guardan entre sí una estrecha coincidencia temática, pues ambos se encaminan a fortalecer el Código Penal de Baja California, con la finalidad de establecer en el marco referido el delito de la sumisión química.

Por tales motivos, se aprobó por las diputaciones presentes, con dos abstenciones (Diputadas Corral y Gaona) la reforma que crea un capítulo XIV, denominado “de la Sumisión química” al título primero Delitos contra la Vida, la Salud Personal y Dignidad Humana, de la sección primera Delitos contra el Individuo en el Libro Segundo parte Especial, adicionándole el artículo 160 septies al Código Penal para el Estado.

De esta forma, queda como sigue: Comete el delito de sumisión química quien, sin el consentimiento de la víctima o sin causa justificada, le administre, suministre o haga ingerir o introduzca, por cualquier vía sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, anestésicas, tóxicas o cualquier otra sustancia para disminuir o anular su conciencia, voluntad o capacidad de resistencia. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando: La víctima sea persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad.

Cuando el sujeto activo se valga de una relación de autoridad, confianza, guarda, custodia, atención médica, docencia o cualquier otra que implique un especial deber de protección respecto de la víctima.

Y, como consecuencia de la conducta se produzcan lesiones que afecten de manera permanente la salud de la víctima. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan con motivo de la sumisión química.

MEXICALI, OCTUBRE 22, 2026.- Ante los posibles riesgos a la salud de las familias que viven cerca del basurero clandestino ubicado en el fraccionamiento Cedros de Santa Fe, la diputada Yohana Gilvaja exhortó al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, a instruir a la autoridad competente para que realice una inspección y proceda a la clausura del sitio conforme a la normatividad aplicable.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, camiones ingresan residuos al lugar y las quemas generan humo que llega a viviendas de la zona, incluso a colonias de Playas de Rosarito. En ese sentido la legisladora pidió al alcalde coordinarse con las autoridades de salud para realizar campañas e identificar a las personas que pudieran haber resultado afectadas, con especial atención a mujeres embarazadas, niñas, niños y personas adultas mayores.

“Exigimos una inspección inmediata, clausura conforme a derecho, investigación y sanción a los responsables, un manejo seguro de los residuos y atención médica para las personas afectadas”, subrayó.

En un segundo punto, se solicita a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, al alcalde Ismael Burgueño y al titular de la SIDURT, Arturo Espinosa Jaramillo, informar sobre el estado de los trabajos de reparación del socavón ubicado en el puente de Terrazas del Valle, además de instruir las acciones necesarias para reparar el hundimiento localizado en el bulevar 2000, a la altura del retorno de Natura.

Por otra parte, requirió al presidente municipal de Tijuana a informar al Congreso del Estado cuánto se ha ejercido de los 2 mil 300 millones de pesos asignados al plan plurianual de su administración para el periodo 2025-2027. También llamó a que explique los motivos por los que decidió no atender el litigio relacionado con las empresas que representan al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).

“Las familias ya hicieron su parte, denunciaron, insistieron y esperaron. No les pidan más paciencia mientras arriesgan la salud y su vida”, afirmó Yohana Gilvaja.

El exhorto obtuvo el consenso del Pleno, con el propósito de que las autoridades competentes atiendan los planteamientos, protejan la salud de las familias, den seguimiento a las reparaciones viales y transparenten el ejercicio de los recursos públicos.

MEXICALI, OCTUBRE 21, 2026.- Con el propósito de fortalecer los derechos laborales, promover la igualdad de oportunidades y brindar mayor protección a las familias trabajadoras, la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Diego Lara Arregui, aprobó por unanimidad tres proyectos de dictamen en materia de permisos parentales, estabilidad laboral y acceso al empleo para las juventudes.

Correspondió al director de la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, Héctor Israel Ceseña, exponer los proyectos de dictámenes para su análisis, como parte de los trabajos de revisión y actualización del marco jurídico estatal en materia laboral.

El primer dictamen, derivado de una iniciativa presentada conjuntamente por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, propone reformar la Ley del Servicio Civil para reconocer permisos parentales en igualdad de condiciones y ampliar de cinco a treinta días el permiso actualmente otorgado a los hombres, con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad en el cuidado familiar.

Asimismo, se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, que busca fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a despidos relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la adopción, mediante disposiciones que permitan atribuir responsabilidad a las autoridades públicas por estas prácticas.

En materia de oportunidades para las juventudes, la Comisión avaló una propuesta del diputado Diego Lara Arregui para reformar la Ley de la Juventud de Baja California, a fin de que el servicio social relacionado con la formación académica, debidamente acreditado, sea reconocido como experiencia laboral en los procesos de acceso al empleo dentro del sector público estatal y municipal.

Esta última medida busca reducir una de las principales barreras que enfrentan las personas jóvenes al incorporarse al mercado laboral: la exigencia de experiencia previa. Con ello, se pretende que los conocimientos y habilidades adquiridos durante el servicio social sean considerados al momento de competir por una oportunidad de trabajo.

En la sesión estuvieron presentes, además del presidente, las diputadas Gloria Arcelia Miramontes Plantillas y Santa Alejandrina Corral Quintero, así como los diputados Jaime Eduardo Cantón Rocha y Juan Manuel Molina García. De igual forma, se contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo de Baja California

MEXICALI, OCTUBRE 20, 2026.- Con el propósito de evitar que las mujeres víctimas de violencia enfrenten nuevas afectaciones al acudir a las instituciones públicas en busca de justicia, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma para fortalecer las obligaciones de las autoridades y garantizar procedimientos con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y debida diligencia.

La legisladora señala que las instituciones públicas deben garantizar una actuación responsable, imparcial y libre de prejuicios, especialmente cuando intervienen en procedimientos relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, debido a que una respuesta institucional deficiente puede profundizar las consecuencias de la violencia sufrida.

Para atender esta problemática, plantea adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de establecer expresamente que las autoridades encargadas de investigar y resolver procedimientos administrativos relacionados con violencia contra las mujeres deberán actuar con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.

Asimismo, establece la obligación de prevenir prácticas discriminatorias, evitar retrasos injustificados y abstenerse de realizar acciones u omisiones que obstaculicen los procedimientos, con pleno respeto a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y a los derechos de las personas involucradas.

Como parte de la iniciativa, también se contempla reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California, con el objetivo de actualizar las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en prácticas discriminatorias, dilatorias o de tolerancia hacia la violencia de género.

Con esta reforma, la diputada Santa Alejandrina Corral busca prevenir esta problemática que ocurre cuando las instituciones, mediante actos de discriminación, omisiones, retrasos injustificados o prácticas inadecuadas, ocasionan nuevas afectaciones a quienes solicitan atención, protección o justicia.

En caso de aprobarse, las autoridades competentes dispondrán de un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para revisar y adecuar sus protocolos de actuación, así como capacitar al personal responsable de atender estos procedimientos.