MEXICALI, MAYO 31, 2026.- El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en la entidad.

En cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, la iniciativa busca adecuar la Constitución local al artículo 127 de la Constitución federal, atendiendo la obligación de armonizar el marco jurídico estatal en un plazo de noventa días.

“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público”, destacó el legislador de Morena.

Parte de la reforma considera que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del Estado y las condiciones de la Hacienda Pública; además, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la aprobada para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Asimismo, se prohíbe que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales específicos. La iniciativa también dispone que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos del Estado y los municipios deberán respetar en todo caso los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.

“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones, y mediante esta reforma se consolida un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a privilegios y excesos en el aparato público estatal y municipal”, subrayó Molina García.

MEXICALI, MAYO 25, 2026 .- La Comisión de Justicia presentó ante el Pleno del Congreso el Dictamen número 24, mediante el cual se aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California a fin de incorporar la figura del dolo eventual y fortalecer las sanciones contra conductas temerarias al conducir vehículos de motor.

El dictamen deriva de la iniciativa promovida por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, que modifica el artículo 14 del Código Penal estatal para incorporar expresamente la figura jurídica de dolo eventual, que es cuando una persona, con pleno conocimiento del riesgo, ocasiona un daño grave o la pérdida de la vida de otra persona.

Entre las modificaciones aprobadas, también se encuentra la adición de los artículos 124 Bis y 137 Bis para tipificar el homicidio y las lesiones cometidas bajo este delito, para que accidentes viales ocasionados por personas que conduzcan en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias, a exceso de velocidad o utilizando aparatos telefónicos, sean considerados como delitos dolosos.

La reforma aprobada contempla penas de ocho a quince años de prisión cuando se produzca la muerte de una persona bajo esta modalidad, además de agravantes cuando existan múltiples víctimas o las personas afectadas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. También se incrementan sanciones relacionadas con la conducción en estado de ebriedad y daños ocasionados a terceros.

Asimismo, cuando existan dos o más víctimas, o la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o persona con discapacidad, las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes.

Por otro lado, la diputada inicialista presentó una reserva en lo particular para modificar el artículo 137 Bis, con la finalidad de dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a su contenido normativo, evitando interpretaciones ambiguas al momento de su aplicación por parte de la autoridad jurisdiccional.

En ese sentido, se establece de manera clara y precisa la sanción penal aplicable en los casos relativos al delito de lesiones, garantizando así una adecuada impartición de justicia conforme a los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley penal.