Dejó de ser tema local y transmutó a notoriedad internacional la instalación en Topolobampo de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la firma alemana Proman, acentuando la disyuntiva entre más inversión extranjera que apuntale el desarrollo de Sinaloa o la supremacía del movimiento divergente que le antepone el vital cuidado del medio ambiente al también trascendente progreso industrial. Un estado con múltiples crisis que generan incertidumbres, libra las batallas por las economías sustentables y sostenibles.

Entre la camisa de fuerza que es la resistencia social del “Aquí no” y la función acicate que para los sectores público y privado desempeña la oferta de atraer capitales y empleos, el proyecto ha experimentado virajes inesperados durante los 13 años transcurridos desde que en 2013 el entonces Gobernador Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa, quien fuera Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, les vendieron espejitos a los inversionistas.

En tal maraña de desavenencias han intervenido los gobiernos federal y estatal, Poder Judicial, dependencias y organizaciones ciudadanas en materia ambientalista, pueblos e instituciones indígenas, instancias de atención a controversias de comercio, políticos aprontados y liderazgos que divisan un botín a obtener, sin embargo, la fábrica va a paso de tortuga en su equipamiento mientras las discrepancias corren a marcha veloz.

Y ahora presenciamos la viñeta de lugareños oponiéndose a que sean instalados en las naves industriales los gigantescos reactores que vienen de tierras lejanas, en contraposición a la persistencia que durante tres períodos del Gobierno estatal han mostrado los inversionistas, conflicto tras conflicto. La repetición, guardadas las proporciones, de aquella resistencia que los pobladores originarios presentaron durante La Conquista, al blandir sus lanzas contra los navíos y expedicionarios españoles acercándose a las costas aztecas.

También la realidad va en contra del sueño de Albert Kimsey Owen, que en el Siglo 19 descubrió la esplendorosa región de Topolobampo y tuvo la visión del puerto de altura Pacific City que sería el centro neurálgico del comercio y desarrollo que vinculara a México con Estados Unidos. Hoy allí lo que persiste es la obstinación de etnias y activistas cerrándole el paso a la entelequia del nirvana sinaloense. Domina la encrucijada entre la preponderancia de lo social o la preeminencia del crecimiento económico, brillando por su ausencia la factibilidad de acudir a las posibilidades intermedias para acoplar tales visiones.

Además, ha cobrado mayor fuerza la oposición a la planta cuyo establecimiento en la Bahía de Ohuira requirió de mil 600 millones de dólares y que una vez en operación producirá 2 mil 220 toneladas métricas de amoniaco al día, y también se ve debilitada la acción gubernamental y de los sectores económicos en defensa del coloso petroquímico que sin problemas ha operado durante 40 años 17 plantas en distintos países del mundo, no obstante que la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador con licencia Rubén Rocha y la Mandataria estatal interina Yeraldine Bonilla se manifiestan a favor del sí a la fábrica de amoniaco.

El cordón tendido alrededor la planta para impedir la instalación de los reactores químicos recién llegados, la manifestación que se realizaría ayer en la Embajada de Alemania en México, las protestas en ciudades sinaloenses como la que efectuó el miércoles en Mazatlán y la marcha convocada para el próximo domingo en el trayecto entre Los Mochis y Topolobampo parecen ser el intento final, el mayor de todos, para obstruir el funcionamiento de la nave industrial de GPO que está planeado para iniciar en 2027 en etapa de prueba.

Otra cosa que llama la atención es el hecho de que la Iniciativa Privada sinaloense no haya emitido posicionamientos firmes en apoyo a la inversión de Proman y GPO en Sinaloa. Ambas empresas son apabulladas por la reacción de colectivos ecologistas y todo buen final depende de que los promotores de la planta prosigan en la inaudita capacidad de entereza o bien caigan en la frustración que los haga retirar la inversión.

En tanto están en modo de “El Chapulín Colorado”, enunciando la frase de “¡Oh! ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?”.

No ha sido como día de campo,

Instalar la planta de amoniaco,

Y aún falta el final cardiaco,

En Sinaloa y Topolobampo.

Es verdad que se trata de una mujer valiente, pero la dirigente de Coparmex en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, debe administrar, como protocolo de protección, sus apariciones dando la cara para exponer la crisis que enfrenta la economía estatal debido a la narcoguerra que se aproxima a los dos años y las consecuencias terribles pagadas por los sinaloenses en general. En estos tiempos convulsos abundan las tribunas abiertas de par en par para presentar devastada a la tierra de los once ríos, pero una vez que obtienen la entrevista esos espacios en medios y redes sociales abandonan a su suerte a “voceros” que estamos aquí en situación de alto riesgo. No vale la pena servir de carne de cañón para los partidos políticos ni para los megáfonos del catastrofismo.

A diferencia de la actividad que realiza en Sinaloa el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez en defensa y fortalecimiento de las instituciones, con la convocatoria a unir esfuerzos para sacar a este estado de las crisis que enfrenta, la Senadora Paloma Sánchez Ramos se adhirió a la propuesta que su partido, el Revolucionario Institucional, realiza en unión con la Alianza Mexicana de Abogados consistente en la desaparición de poderes.

El contraste está en que Madrid Pérez, Legislador del Partido Verde Ecologista de México, recorre el territorio sinaloense con el exhorto al gran pacto ciudadano que aglutine los afanes por la estabilidad hoy dispersos, al margen de apetitos políticos y de diferencias de cualquier tipo, al mismo tiempo que Sánchez Ramos tomó la bandera que empuña Ricardo Beltrán Verduzco, autor del “fuera Rocha”, “fuera Yeraldine” y fuera quien llegue a la titularidad del Ejecutivo estatal si no proviene de las siglas tricolor.

Ricardo Madrid invita a pausar el futurismo político y potenciar el encuentro recuperando lo positivo como adhesivo de las buenas intenciones; Paloma Sánchez en mancuerna con Ricardo Beltrán incitan a capitalizar todas las dificultades que diezman a Sinaloa para pulverizar a las instituciones del Ejecutivo y Legislativo y trazar desde la nada quién sabe qué sancocho priista.

Cuando a Sinaloa le urge la gobernabilidad, el apremio de la Oposición consiste en la demolición de instituciones para que asuman el poder otros personajes o grupos de talante ilegítimo. Primero pedían la separación de Rubén Rocha del cargo de Gobernador, ahora menosprecian la aptitud de Yeraldine Bonilla para desempeñar el gobierno interino. Enseguida nadie les parecerá capaz si no se trata de alguno de los suyos.

Qué bien se les vería a los legisladores federales y estatales sentarse desprovistos de militancias en una gran mesa en la cual el tema crucial consista en cómo sacar a Sinaloa del complejo momento en que se encuentra. Madrid considera que existen múltiples arrestos en separado para resolver cómo salimos de aquí, pero unificados darían frutos formidables.

También le apuesta a la formación de liderazgos que logren la confianza de los sinaloenses como articuladores del gran plan de futuro que es indispensable a partir de estados de cosas que tocan fondo y a la vez significan oportunidades de alianzas que sean los parteaguas para la reconstrucción. Los jóvenes, considera, necesitan involucrarse en el proyecto del Sinaloa con seguridad pública, humanismo, civilidad, Estado de derecho y prevalencia de valores y convicciones originales.

Madrid Pérez se hace a un lado como aspirante a Gobernador y prefiere ser factor de gobernabilidad. La decisión de aparecer o no en la boleta electoral el año próximo la deja en manos de la dirigencia nacional del PVEM y mientras son peras o son manzanas viene todas las semanas a conocer las situaciones difíciles que derivan de las crisis de la seguridad pública, política y económica para ofrecerse como gestor de soluciones. En ese tenor se reunió el 2 de junio con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, para trazar sinergias en torno a los retos de la UAS.

Claro que mediáticamente vende más el hecho de que Ricardo Beltrán, dirigente de la Alianza Mexicana de Abogados, vaya a la Ciudad de México y se diga vocero de amplios sectores de Sinaloa que según él reclaman la desaparición de poderes, pero ¿qué poderes habrá que anular y cuáles hacer que prevalezcan? Cuidado con el dilema de edificar la gobernabilidad con los ladrillos del constitucionalismo o erigirle castillos a la incivilidad con la saliva del oportunismo.

Sinaloa entero se halla lastimado y la acción cívica es también la que hará sanar las heridas. Tantas vidas humanas sacrificadas o víctimas de desapariciones forzadas, incalculables pérdidas en libertades y patrimonios, demasiadas balas sometiéndonos en la inmovilidad y la desesperanza, no se curan tan fácilmente y mucho menos ofreciendo como remedio la pócima envenenada de la politiquería. Sí estamos cansados pero no lo suficiente como para dejarnos arrastrar hacia peores males.

Allá quienes insistan en colocar a Sinaloa entre la pared que es el crimen y la espada que sería la desaparición de poderes. Los que creen que los sinaloenses vapuleados por la violencia son incapaces de alzarse con la tenacidad reconstructiva, son los mismos que se frotan las manos al apostarle al voto desesperado emitido desde la tribulación.

Bien podría la chapulinada,

Pelear por Sinaloa la lid,

De la restauración concertada,

Que les propone Ricardo Madrid.

Que prisas las de los priistas por asaltar la constitucionalidad a casi un año de que la votación del 6 de junio de 2027 les permita demostrar que los rieles democráticos podrían llevarlos a presidir el Gobierno de Sinaloa, las presidencias municipales y ocupar curules en los congresos nacional y estatal. Presentarse como heraldos de sinaloenses que los autorizan a postular la anarquía los distancia aún más de la intención del voto y los exhibe descuidando el contacto popular y aproximándose demasiado a la antítesis política donde el dislate ahuyenta el sufragio. ¿Nada les han enseñado los años?

Mientras se perfilaba para ser electa como presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, y una vez que la mayoría de los socios le otorgó tal liderazgo, la reportera e investigadora América Armenta fue objeto de una campaña brutal que la pone en riesgo con base en mentiras elucubradas desde la impunidad dada a los agresores. Por la gravedad del caso, hacemos responsables a quienes estén detrás de los ataques y la apatía que muestre la Fiscalía General del Estado para esclarecer la acometida infame.

Camuflada detrás de la anarquía que vive Sinaloa por la violencia sin fin, la narcoguerra que se acerca los 21 meses sin treguas, cobra fuerza la cobarde práctica que pone a personas de bien en la mira de la delincuencia organizada sólo porque las redes sociales resultan idóneas en la estrategia de lanzar detracciones totalmente desprovistas de pruebas. Y porque los perpetradores saben bien que los aparatos ministerial y judicial los encubren por intención u omisión.

Para colmo de males, la Vicefiscalía Especializada en Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que después de nueve meses de entrar en funciones no ha dado señales de eficacia en el esclarecimiento de carpeta alguna de investigación por delitos contra la libertad de expresión, insiste en turnar a los denunciantes a instancias de atención temprana sacándole la vuelta a casos en que comunicadores y activistas son evidentemente agredidos.

Aunque finalmente América Armenta logró denunciar los hechos ante la FGE, en razón de que los agresores utilizan su nombre e imagen en malos manejos para conjeturar vínculos con delincuencia, lo que se requiere es que la Vicefiscalía a cargo de Eladio García Arredondo dé señales, ya, de disponer de mecanismos como la Policía Cibernética y sistemas de prevención de delitos que por vías digitales colocan en vilo la integridad de sinaloenses íntegros.

La operación contra la periodista preocupa además por la amplia difusión que se busca en fanpages, patrocinándola inclusive con recursos económicos para mayor impulso, perfilando así el rastro de delincuencia a ras de lo robótico. ¿Qué pretende el bodrio sin pies ni cabeza armado con datos falsos? La única evidencia a la vista es la obsesión por arremeter sin tomarse la molestia de indagar sobre el blindaje moral que posee la destinataria del ataque.

Sin duda está en marcha en Sinaloa el pernicioso ardid que traba los engranajes de la Ley y activa la fábrica de peligros inminentes para la prensa, ofreciéndoles a las audiencias celadas de desinformación. Confabuladores sin rostros a mostrar ni consecuencias a pagar pretenden erosionar la confianza en periodistas y medios profesionales, apostándole a que la delincuencia tragará sin revisar los anzuelos con la difamación como carnadas.

Aunque esta vez la insidia es dirigida a América Armenta, periodista reconocida por su profesionalismo y los galardones obtenidos en los ámbitos nacional e internacional, que recibió en agosto de 2025 el Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto con Jesús Bustamante, por la indagación “Narco contaminación: Cocinando un desastre ambiental”, lo que en realidad se pretende arruinar es la credibilidad de la noticia construida por medios y redactores de alta confiabilidad.

Esto enciende otras luces de alarma en el Sinaloa bajo permanente estado de alerta. A los sobresaltos que a diario enfrenta la sociedad se le agregan amenazas al derecho a la información con tal de que continúe siendo rehén de contenidos que en las redes sociales promueven la parálisis colectiva y la normalización del terror como modo de vida. Tender más cortinas de confusión para que no veamos las salidas disponibles en el contexto de lucha frontal entre facciones del narco.

Y así periodistas y medios estarán muy ocupados en librar batallas legales contra agresores que la impunidad blinda, restándole oportunidades a la narrativa sustentada y corroborada que pretende hacer notar a los ciudadanos las posibilidades que nos saquen de la barbarie.

Prensa distraída mientras la gente pide auxilio en el fragor de la gran conflagración criminal.

Si la ausencia de Ley alienta,

Al miedo como atroz mordaza,

Siente tú, América Armenta,

Que el periodismo te abraza.

La principal condición para que los sinaloenses actuemos para el rescate de la seguridad, estabilidad, legalidad y unidad que nos han robado tiene que ver con el conocimiento pleno de la situación de violencia que vivimos y con base en dicha autenticidad implementar las acciones más adecuadas. No se entiende entonces por qué la Fiscalía General del Estado oculta a las víctimas mediante reclasificaciones tramposas que plantean hacernos creer en expectativas ficticias de pacificación. Pese a que laceran y arredran las muertes de la narcoguerra, es mucho mejor hacer el correcto pase de lista en el momento de calcular los arrestos cívicos que reclama la recuperación de nuestra patria chica.

A propósito de aspirantes a aparecer en la boleta electoral del 6 de junio del próximo año y que se apresuran a hacer deslindes en su relación con el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quizá la única que no pertenece al grupo político con el rótulo del “rochismo” es la Senadora Imelda Castro Castro quien ha llevado una trayectoria con rumbo propio en la izquierda sinaloense. Sin embargo llama la atención el hecho de que las demarcaciones que ella omite, las implementan otros morenistas que al pintar raya ponen a la vista ingratitudes muy cercanas a la traición.

En los casos de la Legisladora nacida en Agua Caliente de Cebada, Municipio de Sinaloa, y del Mandatario estatal oriundo de Batequitas, Badiraguato, ambos tienen razón en decir “no soy rochista” la primera y “no soy imeldista” el segundo sin averiar ninguno la convergencia en ciertos episodios de la actividad política o la amistad que los une al margen de puestos otorgados mediante la voluntad popular.

Imelda Castro inició su trayectoria en la izquierda desde que en 1989 decidió militar en el Partido de la Revolución Democrática que dirigió en Sinaloa de 2005 a 2008 y en 2000 fue candidata a Senadora sin lograr los votos suficientes, en 2001 y 2013 fue Diputada del Congreso del Estado. Hasta agosto de 2017 dejó el perredismo para afiliarse a Morena. Realmente la coincidencia política con Rocha Moya es a partir de que en 2018 Andrés Manuel López Obrador los postuló a ambos como fórmula de Sinaloa al Senado, escaños que obtuvieron por mayoría de votos.

Por su parte, la carrera política de Rocha Moya empezó en 1968 como Secretario General de la Federación Estudiantes Campesinos Socialistas de México, luego como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección académicos a partir de 1980; fue Diputado local en 1983 por el Partido Socialista Unificado de México, así como candidato a Gobernador en 1986 por el Movimiento Popular Sinaloense, en 1998 por el PRD que dirigía en el País Andrés Manuel López Obrador, y en 2021 ganó ese cargo como abanderado de Morena.

Es decir, han ido separados cíclica y programáticamente pues cada cual ha ascendido en la política por esfuerzo y méritos propios. Inclusive “sin querer queriendo”, esta frase que inmortalizó Chespirito con uno de sus personajes para validar lo que se dice sin mediar la prudencia, Rocha Moya declaró en marzo que Imelda Castro no es su candidata a la titularidad del Ejecutivo estatal, y enseguida enmendó que ni ella ni cualquier otro pretenso lo son.

En la víspera, una ex integrante del Gabinete del Gobernador, que es María Inés Pérez Corral quien se desempeñó como Secretaria del Bienestar, manifestó en sus redes sociales el aviso de “a todos los que hemos declarado que estamos con Imelda Castro, nos han estado difamando, espero que no haya muertes por ello. Somos gente de paz”, lo que tal vez significó un primer intento por romper el binomio Rocha-Castro en la política sinaloense.

Si bien es cierto que Imelda Castro se ha abstenido de hacer su propio deslinde respecto al estatus de su relación con Rocha, todo indica que lo hace cuidando no caer en la tentación de moda que en privado o en público ha motivado a otros a desvincularse del rochismo. Es una mujer sensata que difícilmente hará coro con aquellos que creen que el árbol está caído y proceden a hacer leña.

Al contrario, en lo referente a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador y nueve funcionarios en activo o ex, la sinaloíta se ha ceñido a la estrategia de defensa de la soberanía que ayer refrendó la Presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar dos años desde que fue electa para ocupar el cargo, exigiendo las pruebas que sustenten las imputaciones y rechazo a la injerencia extranjera en asuntos que sólo competen resolver a los mexicanos.

En el lado opuesto está la posición que clarificó la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, quien al inicio del sexenio de Rocha se desempeñó como Secretaria de Educación Pública y Cultura pero el reciente 23 de mayo determinó utilizar el guinda de Morena para difuminar la marca rochista. Manifestó que “yo me sigo considerando morenista, integrante de la izquierda por muchos años. Yo me autodenomino de izquierda, siempre no de hoy sino desde que yo decidí en 1998 participar, siempre lo hice en esta ruta de la izquierda”.

Lo mismo sucede con otros integrantes de la administración pública estatal que una vez que RRM salió por unos días de su despacho del tercer piso de Palacio de Gobierno se apresuran a declararse ajenos al rochismo y adoptan el “inzunzismo” como coartada, pasando por alto que Enrique Inzunza Cázarez y Rubén Rocha representan el mismo proyecto cuatroteísta en Sinaloa. Tal digresión interfiere en la compactación que tendría que presentar el equipo que Yeraldine Bonilla Valverde preside de manera interina, unidad que no admite la desbandada, simulación o transfiguración de quienes hace unas semanas se juraban leales al Gobernador.

En su enésima transformación,

y por apetitos obsoletos,

rochistas hacen la acotación.

de ir juntos pero no revueltos.

Igual que en todo el País, en Sinaloa la Cuarta Transformación mostró ayer la unidad que contra viento y marea prevalece en torno al proyecto de Nación que en 2018 inició Andrés Manuel López Obrador y hoy continúa la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dígase lo que se diga, en Culiacán respaldada en la muchedumbre concentrada en la explanada de Palacio de Gobierno, la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se mostró firme en el timón sinaloense al parafrasear a la Mandataria federal: “La soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece”.

Existen señales a favor de la posible recomposición por las vías diplomática y política de la acusación que el 29 de abril emitió sorpresivamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios en activo unos y en situación de ex otros, por posibles vínculos con el crimen organizado. La intensidad de la tensión binacional baja gradualmente y todo indica que habría desenlaces que atenderán la gobernabilidad antes que la especulación y la inculpación sin pruebas.

En los días posteriores a la imputación ha ocurrido la secuencia de situaciones que vale la pena desentrañar. Lo más reciente es la aclaración que hizo el miércoles el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, descartando que exista alguna alerta internacional o notificación activa de Interpol en contra de Rocha Moya. Ello echó abajo la perturbada teoría de convoyes y aeronaves con barras y estrellas llegando a Culiacán para llevarse al político badiraguatense.

Pero lo principal es que a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República se fortalecería la hipótesis de la imputación injustificada y en el mismo sentido apuntan las testificaciones que las secretarías de Defensa Nacional, Marina y la SSPC han hecho llegar a la Casa Blanca dando cuenta de que en ningún momento Rocha ni los demás señalados obstruyeron la estrategia local antinarco y que, al contrario, colaboraron desde el ámbito de cada quien al buen resultado de los operativos.

Así como fue imposible prever las crisis de la seguridad pública y política que aquejan a Sinaloa, hoy es prematuro anticipar el regreso de Rocha Moya a la titularidad del Ejecutivo Estatal y de Juan de Dios Gámez a la Alcaldía de Culiacán, retornos que dependen de las deliberaciones ministeriales y judiciales respecto a si existen o no impedimentos para ello. En el análisis pesa el hecho de que ambos no fueron destituidos de los cargos sino que solicitaron licencias de separación temporal en tanto corren las indagatorias que efectúa la FGR.

Si el Ministerio Público Federal no encuentra elementos para atribuirles delitos a Rocha Moya y Gámez Mendívil, así como al Senador Enrique Inzunza Cázarez que ayer pidió licencia en la Cámara alta, y los fiscales estadounidenses siguen sin entregar las pruebas que soporten la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur con sede en Nueva York, estaría agotada la materia jurídica con base a la cual La 65 Legislatura estatal tendrá que decidir si le amplía el mando a Yeraldine Bonilla Valverde, hoy encargada del Despacho del Gobernador, designándola ahora como Mandataria interino, o bien opta por el regreso de Rocha.

Lo que sí hay son componentes de la valoración que también tienen que ver con la reunión que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sostuvo el 21 de mayo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un gesto de la administración Trump para corregir el entendimiento binacional que se tornó rígido desde la acusación contra Rocha y demás funcionarios morenistas. En dicha cumbre de seguridad se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos en el combate al tráfico de drogas, fentanilo y el crimen organizado.

A los días, el 26 de mayo, el Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, presentó su informe con un viraje positivo en lo concerniente a la ofensiva del gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado, reconociendo avances en materia de seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo y grupos criminales. Sobre la visita de Mullin consideró que “refuerza la histórica cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México que se lleva a cabo bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Otra verdad sí verificable es que el enigma político de Sinaloa está por llegar al final. De momento, según el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, Yeraldine Bonilla es la encargada del Despacho por un período de 30 días debido a que ocupaba el cargo de Secretaria General al ausentarse el Gobernador; si la ausencia excede tal plazo el Congreso deberá designar al Gobernador o Gobernadora interina. Y si fuera la falta absoluta de Rocha durante los últimos cuatro años del desempeño de funciones, el artículo 59 mandata al Legislativo a designar al Gobernador sustituto.

En síntesis, lo que asoma es la eventualidad de una salida negociada entre el País que acusa y la Nación que no encuentra pruebas firmes para judicializar el dossier Sinaloa, aunque falta muy poco para conocer las resoluciones porque ya está andando la carreta binacional y las calabazas de la diplomacia y la política proceden a acomodarse.

Sinaloa pronto podrá saber,

Cuál será el destino de Rocha,

Unos desean que pueda volver,

Otros verlo colgar de la brocha.

En la otra arena, que es la pelea por las postulaciones de los partidos políticos a los cargos que se definirán en Sinaloa durante la elección constitucional del 6 de junio de 2026, el Diputado federal priista Mario Zamora Gastélum subió la expectativa a que la Comisión Federal de Electricidad aplique el programa “Adiós a tu deuda” en beneficio de familias que no le pueden pagar a la paraestatal los cobros abusivos; mientras que la Legisladora Graciela Domínguez, de Morena, activó un buzón de quejas para darle seguimiento a estos reclamos y convertirlos en gestiones ante la Secretaría de Hacienda. Qué bien que se acerquen a los sinaloenses en momentos en que más los necesitan, independientemente de que les den o no votos.

Quizás en Sinaloa no nos baste ni la lámpara con la que Diógenes buscaba a ciudadanos honestos, en la emergencia de ubicar a mujeres y hombres para creer que ellas y ellos nos llevarían a estructurar el gran movimiento social que saque a nuestro estado de la maraña de intereses que se mueven en el mismo sentido que las crisis de seguridad pública, económica y política. Alguien que nos extraiga del territorio de las balas, miedo, inestabilidad e incuantificables pérdidas humanas, materiales y morales.

Dónde están los líderes a los cuales podemos darles el cheque en blanco de la confianza, firmarles a ciegas el pacto social y acompañarlos en jornadas arduas por la seguridad, el desarrollo y los valores, sin temor a la traición. Bajo cuántas lupas cívicas tendremos que colocarlos para sondear en los intersticios profundos que esconden corrupción, engaños y oportunismos. Qué microscopio popular es tan potente que permita diseccionar las entrañas de las y los que se ofertan como redentores del pueblo. Si es que las y los hay cómo buscarlos hasta dar con ellas y ellos.

¿Quién que nos diga cuál de ellas o ellos que se promueven como diques contra corrupción, violencia y narcopolítica puede garantizar el cumplimiento de la palabra? ¿Una comunidad tan herida como lo está la sinaloense querrá asirse de viejas manos extendidas que luego la suelten para que caiga al abismo? ¿Estamos acaso a tiempo aunque sea para construir los nuevos liderazgos del futuro? Son preguntas lanzadas al océano de la perplejidad dentro de una botella en espera de que no las encuentren y respondan las mismas sirenas que por décadas nos embaucaron con seductores cantos.

Sin embargo, los embates de la decepción no deben doblegarnos a los sinaloenses en el ímpetu por un mejor mañana si es que el hoy ya está del todo perdido. La pesada carga de la narcoguerra, el lastre de la codicia política tendiéndonos redes de demagogia, la pesadumbre generalizada que agrega como víctima colateral al sentimiento social, le dejan poco lugar a la esperanza. Por desgracia, los ideales y los principios son los primeros caídos en el campo de batalla que es vivir aquí.

No es poca cosa despertar corroborando los 5.3 homicidios dolosos y 6.2 privaciones ilegales de la libertad que en promedio ocurren a diario como posdatas del interminable memorando que evita olvidar que cada uno resistimos con el arma apuntándonos siempre a la sien. Y la maldición de ecos nacionales e internacionales que repiten incesantemente la fatalidad de coexistir en la cuna del narcotráfico y nos quiere mimetizar a la generalidad en ese linaje criminal. Normalizar a modo de resiliencia la imposibilidad de rebelarnos ante la delincuencia sin el riesgo de perder la vida en el intento.

Por ello volteamos a los lados escudriñando si el pasado, presente o futuro muestran a aquellos que quieran ser cabeza de ratón en vez de cola de león para seguirlos en la operación rescate de Sinaloa. Ya no más madres empuñando palas y zapapicos al buscar a sus desaparecidos sino gente de bien blandiendo las ideas y el voto libre como herramientas de reconstrucción de Sinaloa. La no repetición de ametralladoras demoliendo las fuentes lícitas del desarrollo y sí la multiplicación de tesones legítimos por la paz y civilidad.

Cada inocente caído, niñas y niños, mujeres y jóvenes entre ellos; cada noche en vela por la pólvora que avisa de la proximidad de la fatalidad; cada empleo o empresas perdidos que se traduce en hogares sin medios de sustento; cada ausencia de seres entrañables que parece se los tragó la tierra, son motivación para seguir de pie restaurando las corroídas tranquilidad y justicia. Por más difícil que resulte retomar optimismos, caer en la pesadumbre no es opción.

Pero Y sí. Estamos en la encrucijada de proseguir pasivos en situación de habitantes resignados a sufrir todos los males habido y por haber, o bien encontrar las agujas de la dignidad que hemos perdido en el pajar de la barbarie. Es muy probable que en el segmento de quienes sin deberla ni temerla son los más vapuleados por la violencia existan esas mujeres y hombres que decreten el ya basta de guerras criminales y el hasta aquí de rendición de los pacíficos. Tenemos que encontrarlos donde estén.

Habremos de hallarlos no obstante el ruido, el escándalo y el escarnio. Sacarlos de entre las marejadas de sensacionalismo y especulación y los ríos de lágrimas derramadas por las muertes de inocentes.

Y si en medio del hartazgo,

La intrepidez nos convence,

Que en cada sinaloense,

hiberna un buen liderazgo.

Con la premisa de “creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando”, Rubén Rocha Moya fue de los primeros en acudir ayer a las indagatorias que inició la Fiscalía General de la República con las “entrevistas” a funcionarios en calidad de licencias y de ex. Todos externaron la confianza en las instancias que investigan sus casos, mientras que a los ciudadanos nos corresponde instalar las condiciones indispensables para que el principio de “dura lex, sed lex” prevalezca por encima de cacerías de brujas, satanizaciones y piras encendidas al estilo inquisitorio del Santo Oficio de la Edad Media. Que cese el clímax de los que sentencian con base a apetitos de poder o venganzas políticas, para hacer posible que domine la acción, nos guste o no, de las instituciones del Estado.

Como neblina que aparece de manera repentida y de pronto se esfuma, los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres, Gerardo Vargas Landeros y Jesús Estrada Ferreiro regresan al escenario político de Sinaloa para presentarse como perseguidos políticos del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez. Con procesos penales los tres por desempeño irregular de la función pública, utilizan la bruma de la ingobernabilidad para ocultar las carpetas de investigación que los obligaron a dejar los cargos.

Destituidos como presidentes municipales Benítez Torres en Mazatlán, Vargas Landeros en Ahome y Estrada Ferreiro en Culiacán, se han vuelto muy entrevistables en la coyuntura en que el escándalo hace posible invisibilizar largas colas de corrupción con tal de encontrar resentimientos que le agreguen tensión a la de por sí tirante atmósfera sinaloense a raíz de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios en activo o en situación de ex, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A esa historia que está por resolver la Fiscalía General de la República le faltaba la carga dramática de ex ediles de inocencia angelical que buscan engañar a los públicos de medios y redes sólo porque fueron expulsados del edén del mesías tropical Andrés Manuel López Obrador, quien los castigó por violentar el triduo moral de “no robar, no mentir, no traicionar”. Después del bingo logrado con el erario, ahora pretenden ganar el premio mayor de la desmemoria colectiva.

Fue un error que los tres ex Alcaldes el hecho de salir juntos en perfecta sincronía y con el mismo discurso en el que se autodenominen víctimas del rochismo, en el ardid para obtener la misericordia de ciudadanos a los que expoliaron. Al contrario de la clemencia ciudadana solicitada, lo que logran tiene que ver con refrescar en la memoria colectiva los ilícitos contra el patrimonio público en los cuales los juzgados correspondientes han tardado en dictar sentencias.

Benítez Torres lleva tatuado el caso Azteca Lighting desde que la Auditoría Superior del Estado le descubrió en 2022 la compra anómala de 2 mil 139 luminarias para instalar en Mazatlán, por un monto de 400 millones de pesos, encontrándose en el proceso de fiscalización un daño a las finanzas municipales por 60 millones de pesos que derivó en la acusación que formuló la Fiscalía General del Estado y la causa penal todavía no cerrada.

El mismo año, la FGE abrió dos carpera de investigación contra quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al hallar evidencias de que éste participó en la contratación de servicios a través de la adjudicación directa pese a que la ley establecía que debían concursarse, e incurrió en discriminación y abuso de autoridad contra viudas de policías, lo que le valió ser desaforado y vinculado a proceso por el Juez Adán Alberto Salazar.

Y en 2025 el entonces Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue vinculado en tres ocasiones a procesos penales por la acusación de presuntos actos de corrupción que tienen que ver con la renta irregular de 100 vehículos para actividades de seguridad pública por un monto de 171 millones de pesos, así como pagarle 33.7 millones de pesos a un despacho que ayudó al Ayuntamiento a recuperar 96 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta.

Esos hechos se borran en los alegatos públicos de los ex alcaldes que a raíz de que Rocha Moya pidió licencia como Gobernador procedieron a presentarse como víctimas de persecución política y amenazas, seres de manchas imperceptibles en el contexto de confusión donde los sinaloenses los podrían considerar puros, inclusive elevarlos al culto de los altares, por tan transparentes y ejemplares desempeños en el ejercicio del gobierno.

Así, aprovechando la pesada cortina de humo que Estados Unidos implementa en Sinaloa por los señalamientos de narcopolítica, la demás delincuencia expía sus culpas y pretende la transformación camaleónica de ignominiosos a santos. Creen que la lupa cívica transmutó a caleidoscopios donde la gente los ve a todos indistintamente con ropajes áureos que los libran de ser los malvados de la película.

A Benítez, Estrada y Vargas,

Con vestiduras de hombres probos,

Se les nota que tras las botargas,

Hay ovejas con pieles de lobos.

Para creer en la necesaria dinámica que presente al Poder Ejecutivo Estatal funcionando en medio de la crisis política que vive Sinaloa, todos los integrantes del Gabinete de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla necesitan mostrarse activos, sin esconderse en sus oficinas ni ignorar llamadas telefónicas y mucho menos cambiar los datos de contacto. Al contrario, deben dar la cara y ser más responsables en sus funciones porque lo peor que le puede ocurrir a los ciudadanos es que la licencia temporal concedida por el Congreso a Rubén Rocha Moya transmute a ausencia de gobierno. Si los dejaron a cargo del changarro es para que hagan equipo con Bonilla Valverde en atender de la mejor manera a los gobernados.

Llegó el momento de que las instituciones competentes determinen si existen elementos para inculpar al Gobernador y al Alcalde de Culiacán con licencias, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, y al Senador Enrique Inzunza Cázarez, quienes aceptaron el llamado a comparecer que les hizo la Fiscalía General de la República después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló acusaciones por delitos vinculados al narcotráfico.

Desde que Rocha Moya y Gámez Mendívil se retiraron del cargo para permitir el libre cauce de las indagatorias, e Inzunza Cázarez se ausentó de sus funciones en la Cámara alta, ha corrido el ruidoso proceso extrajudicial de enjuiciamiento público y mediático, apartado del principio fundamental de la justicia en cuanto a la presunción de inocencia. Nunca como ahora, servidores públicos de tan alto nivel fueron llevados a la hoguera del descrédito atizada por la Oposición y los fanáticos promotores de la intervención extranjera.

Desde que esto empezó las audiencias se han dejado arrastrar por el maremoto de la incertidumbre que las ahoga en las oleajes tempestuosos, sin hacer el máximo esfuerzo por mantenernos a flote así sea en la frágil balsa de la esperanza. Además de las víctimas letales, desapariciones forzadas e impacto económico, los grupos del narcotráfico en choque han convertido a las masas en habitantes a quienes el horror dejó sin habla ni criterio.

Las capacidades de discernimiento y de enmienda son parte del daño colateral en este momento cuando la crisis económica en Estados Unidos y la caída de la popularidad de Trump operan para que el inquilino de la Casa Blanca intente recuperar su imagen a través de golpes tácticos hasta hoy erráticos contra varias naciones, bajo el voraz lema de “América para los estadunidenses”, con terribles consecuencias ya conocidas.

Confluye también la elección en México del 6 de junio de 2027 para renovar la Cámara de Diputados y los gobiernos estatales en 17 entidades y ayuntamientos y congresos locales, oportunidad que la partidocracia considera ganancia a río revuelto. Peces sin esperanza ni confianza en el acuario del desaliento, el oportunismo sabe que los sinaloenses morderíamos cualquier carnada con plena conciencia de que podría estar envenenada.

Para colmo de males desde hace cien semanas el Mundo referencia a Sinaloa por el narcotráfico, a partir de que el 25 de julio de 2024 sucedió el crack en el cártel local por el secuestro de uno de sus líderes, Ismael Zambada García, que organizó y perpetró uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, para llevarlo por medios no judiciales a Estados Unidos y entregarlo a la justicia de aquel País. Allí comenzó nuestra historia de sociedad decadente, Gobierno incapaz de detener la narcoguerra, y la injerencia de Trump con fines políticos disfrazados de salvamento de la tierra azteca.

Y luego nos extraviamos en los laberintos que entre todos construimos durante casi un siglo con omisiones, colusiones y negocios, a tal grado que nos nació la preocupación sobre cómo llegamos hasta aquí. En la locura de violencia exacerbada que deriva en alrededor de 3 mil 300 homicidios dolosos y casi 4 mil personas privadas de la libertad de manera ilegal, nos dio por construir villanos y demoler instituciones, abrirle la puerta a la intervención extranjera, legitimar la mentira como forma de expropiar el voto democrático y rendirnos ante teorías de los mil y un complots e intrigas palaciegas urdidas en la narcopolítica.

Sin embargo, lo fundamental tiene que ver con la determinación que adopte la FGR pues se trata de recuperar la gobernabilidad que le es crucial a Sinaloa en la emergencia de salir de las crisis de seguridad pública, económica y política. Nada ni nadie debería distraernos a los ciudadanos en el armado del gran pacto social por la paz, la estabilidad, el desarrollo con visión de futuro. Si la comunidad internacional y los agoreros del desastre nos muestran caídos, es tiempo de mostrar el formidable puntal cívico que sostiene de pie al solar de los cuatro ríos.

Ahora el camino es uno solo. Disponernos a permitir que las instancias ministeriales desarrollen las investigaciones y exigir que la verdad jurídica se haga escuchar por encima de la arenga de partidos políticos que roza con la perorata que incita a la justicia por mano propia, así como identificar y rechazar la incitación a que sea el Presidente del vecino País del norte el que nos inmiscuya en sus afanes por debilitar la soberanía de las naciones para apropiarse de sus riquezas y libertades.

La ruta está clara: dejar de ser carne de cañón y convertirnos en protagonistas de la madre de todas las batallas para recuperar a Sinaloa para los sinaloenses.

No tardará la habladuría,

en proponer la nueva arista,

para que la locura trumpista,

bombardee a la Fiscalía.

Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil rompieron el silencio que mantenían desde que el 1 de mayo solicitaron licencia para separarse del cargo. Al momento en que la FGR los citó a comparecer activaron sus tuits para coincidir, igual que lo hizo Enrique Inzunza, en que van convencidos de que no cometieron delito alguno y confiados en que la investigación permitirá aclarar los hechos. Cumplieron la regla del mutismo en redes y aguantar la escalada de especulaciones, y lo que sigue es el apego a la determinación que adopte la Fiscalía. La voz la tiene la Fiscal Ernestina Godoy Ramos.

A la embestida indiscriminada que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirige contra Sinaloa, repartiendo acusaciones a diestra y siniestra, se le debe de anteponer la presunción de inocencia, pues delata la estrategia del refrán “calumnia, que algo queda” donde la intención de manchar la reputación de sirios y troyanos rebasa la obligación de presentar las pruebas. Frente a tal ardid más inquisitorial que judicial, tiene razón Ricardo Jenny del Rincón al blindarse judicialmente de la moda de quemar por igual a culpables e inocentes en piras de leña verde.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública otea la posibilidad de que una denuncia presentada en 2024 por el Partido Sinaloense, derivada de la licitación de 18 vehículos y 48 camionetas pick up destinadas al equipamiento de la Policía, sea utilizada como paja que mantenga ardiente la narrativa que inculpa a servidores públicos por presuntos nexos con organizaciones y negocios del crimen organizado.

Dicho episodio, que se creía ya solventado y se adelanta a resolutivos de exculpación que están por emitir las instancias ministeriales y de transparencia, para nada significa la antorcha que active la llamarada que lo incinera todo y abona a la aberración de comunidad de potenciales indiciados sólo en espera de que al principal inquilino de la Casa Blanca se le ocurra agregarnos a su lista del sospechosismo. Y al paso de los días, una vez que la norma jurídica exonere a los presuntos, perdurará la mácula para los fines que a otros intrigantes convengan.

Por donde se le revise, a Jenny del Rincón se le encontrará únicamente la convicción por contribuir desde la atalaya ciudadana a que los sinaloenses vivamos seguros y veamos hacia la meta de progresar ceñidos a cánones legítimos. En materia económica ninguna necesidad tiene de lucrar con el erario ni de pagar costo político alguno por la vocación cívica pacificadora desplegada en el contexto de violencia que es peligroso para él y cualquiera.

Pero nadie se toma la molestia de conocer los procesos administrativos y judiciales que están por determinar la ausencia de irregularidades en el procedimiento de asignación del contrato para la compra de automotores destinados a mejorar la seguridad pública. Claro que la crónica de estos tiempos aciagos prescinde de reseñas respecto a desempeños honestos en el Gobierno porque no son carnada apetitosa para audiencias ávidas de escándalos.

El hobby generalizado es ahora la acusación insidiosa sin la responsabilidad de sustentarla en evidencias. A muchos les gusta utilizar el dedo flamígero y les parece ejercicio lúdico en tanto la lumbre del sospechosismo no llegue a los aparejos de ellos. Nos ha cambiado o enfermado la interminable narcoguerra a tal grado que nos hace ver un maleante por cada prójimo.

Nunca antes fuimos los inquisidores de todo y contra todos. Al contrario, la presunción de inocencia operó hasta en aquel día que unos cuantos salieron a defender a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exigiendo su liberación cuando en 2014 fue detenido en Mazatlán. Igual nos mimetiza en la complicidad la asignación de “en algo malo andaba metido” que hacemos cada vez que el hampa ultima a quienes catalogamos como víctimas colaterales. ¿Cuándo rompimos el lazo de la fraternidad que nos hacía confiar de unos a otros?

Cuidado con las artimañas del sospechosismo que levantan humaredas densas en medio de las cuales indistintamente a cada sinaloense los golpee la maquinación fraguada en redes sociales o medios de comunicación. En el caso de Ricardo Jenny del Rincón allí están los expedientes que dan cuenta que la asignación del contrato se realizó con todas las de la Ley, comprándose las unidades al mejor precio y la mayor calidad, sin embargo, eso no interesa en el barullo que busca quién la pague antes de confirmar quién la debe.

Como sociedad tenemos que mantenernos en alerta ante la tentación e intervención de actores y factores políticos extasiados por el deporte de moda que consiste en poner bajo sospecha a quien se les ocurra, así se trate de personas o grupos de intachable trayectoria pública y privada. Con su táctica similar a los ajustes de cuentas que efectúa el narcotráfico al atacar sólo por el hecho de creer que alguien pertenece al bando enemigo, así segmentos e individuos se asumen como modernos inquisidores con hogueras dispuestas para zanjar fobias febriles.

En el caso que nos ocupa, Jenny del Rincón no se sentó de brazos cruzados a esperar que la insidia lo vulnere y procedió a ampararse contra cualquier treta inculpatoria. La razón jurídica y las barreras testimonial y moral están de su lado y el tiempo se encargará de certificarlo.

Como un asalto a la razón,

Y desdén a la inteligencia,

Involucran a Jenny del Rincón,

En ardides de maledicencia.

Aquí a Sinaloa y la mayor parte de México llegan de pronto las listas negras de las autoridades de Estados Unidos entablando cargos contra personas o grupos reeditando la práctica de tatuar “acusaciones” que en la mayoría de los casos quedan en dichos, pero marcan de por vida a los inscritos en el padrón de los sospechosos. Es la “tómbola” de las barras y las estrellas que ayer volvió a girar hacia el lado de Culiacán, esta ciudad una y otra vez estigmatizada por el narco.

Con el Partido Revolucionario Institucional víctima de un cuadro grave de amnesia que olvida décadas de narcopolítica en sus gobiernos, y Movimiento Ciudadano que con la posición más prudente llama a no aprovecharse del tema con discursos simples y reduccionistas que estigmatizan a Sinaloa con una realidad vieja que afecta a todo México, Culiacán continuó siendo ayer temporada de patos para quienes apuntan las escopetas contra una sociedad que creen presa fácil pero acaban los cazadores cazándose ellos mismos.

Son las dos caras de la narrativa dantesca que no conforme con la demolición de uno de los pilares de la gobernabilidad sinaloense le apuesta a derruir el edificio constitucional entero porque en lugar de preocuparles el sufrimiento de toda una sociedad, lo que los mueve es la zafra de votos así sean los rastrojos reservados para el placer de los eternamente perversos. Cuando deberían traer esperanza, lo que ofrecen a raudales es mayor caos añadido a la devastación institucional.

Los priistas han asumido que para ellos es cuestión de prolongación de vida o de muerte súbita en política la situación que enfrenta Sinaloa a raíz de acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos enderezó contra el Gobernador y Alcalde de Culiacán con licencias, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios en activo o en condición de ex, aunque se están viendo mal los agoreros del tricolor al apostarle a que se encienda la pradera completa.

En la rueda de prensa de ayer cuyo objetivo consiste en agregarle leña a la hoguera de por sí incandescente, Paola Gárate saca sus mejores frases oportunistas al resumir que “en Sinaloa nos sentimos bien chingones, pero somos el primer estado en exportar narcopolíticos” e Irma Garmendia pide más cabezas colgadas en la plaza porque considera que el Estado actúa como protector de los acusados por Estados Unidos.

Por otra parte, apostándole más a la mesura que a la estridencia, la presencia ayer en la capital del estado del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para instalar un grupo de acción con la premisa de “Sinaloa tiene futuro”, trajo un poco de agua fresca que enfría el sobrecalentamiento preelectoral que la Oposición propone. Dejó la sensata reflexión de que toda esa terminología que gira en torno de la narcopolítica le parece “odiosa, enfadosa”, porque no se trata nada más de Rubén Rocha Moya sino también “del que está de Embajador en España, de lo que ha sucedido durante muchos años por las omisiones de los que se dan golpes de pecho y de pureza; es una situación compleja la que nos ha traído a este punto”.

“No es sólo Sinaloa. No es un problema aislado aquí que no se refleje en otras partes del País y por eso creo que hay que ser respetuosos del pueblo de Sinaloa, de la cultura de Sinaloa, del momento que se atraviesa, del dolor de las personas que no se puede instrumentalizar como asunto político-electoral”, consideró quien fue candidato naranja en la elección presidencial de 2024.

En tal panorama la opinión pública preguntará en qué momento el PRI hará el indispensable repaso de su propia historia en la cual la aberrante fusión de crimen y gobierno fue visible y cínica frente a sinaloenses de bien, con capos que se paseaban abrazados con gobernadores y las maletas de dólares que llegaban a los despachos de éstos mientras miles de vidas les eran arrebatadas a inocentes. Para parecer confiables, los miembros de la cúpula priista tendrían que recordar los agravios que Sinaloa nunca olvidará, si es que en realidad proponen un presente de paz y legalidad.

La ingobernabilidad como credo partidista constituye profanación a la ilusión popular por salir de esta crisis con un proyecto de Sinaloa que desde la acción social edifique el monumento a la resistencia y determine el edicto del nunca más la barbarie. Para que ello ocurra, los partidos y los oportunistas deben dejar de concebir a la tierra de los once ríos como territorio de caza y pesca y olvidar esa propuesta de la violencia política que empeora la atrocidad del crimen.

Al parecer Movimiento Ciudadano empezó a darle al caso Sinaloa el sesgo de la participación ciudadana indicando la agenda a seguir, con la integración de liderazgos como los de Enrique Riveros, Edna Fong, Mirna Nereida Medina, Carlos Lim y Daniel Blanco en el Consejo Consultivo “Pensemos en México: Capítulo Sinaloa”. Y el PRI no entiende que no entendió las reprimendas dadas por los electores en 2021 y 2024, en rechazo a la postura camorrista que presenta.

A lo recóndito de esta zanja,

Del Sinaloa de fétidos lodos,

El PRI propone echarnos a todos,

Incluso a la cordura naranja.

En la encrucijada de ser opción que avale la mayoría electoral o seguir siendo la chiquillada que cacha migajas de poder, los partidos de Oposición deben intentar la medición de escenarios y el cálculo de oportunidades quitándose la venda irascible que les evita ver la mugre en la pezuña propia y sobredimensionar la suciedad en la uña ajena. Todos tienen la cola sucia por la narcopolítica y el hecho de ocultarla no necesariamente la invisibiliza en la memoria social. La entelequia del sufragio corrigiéndolo todo hoy es más utopía debido a la partidocracia hipócrita.

Jesús Alfonso Ibarra Ramos alza la mano para competir por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional al Gobierno de Sinaloa tras la valoración, dice, de la emergencia de reconstruir los ciudadanos de bien al otrora granero de México, a tal grado de que ningún sinaloense se sienta en peligro o se avergüence de vivir aquí por los estigmas que se le recalcan al solar de los once ríos. Además recopila opiniones e intenciones para presentar un proyecto de gobierno elaborado por la sociedad.

Afirma que se registrará cuando la convocatoria de Morena determine los plazos y términos y el tiempo que falta por transcurrir lo utilizará en involucrar a la población en el diagnóstico de cómo estamos y cuál Sinaloa ha de emerger de las circunstancias adversas que tocan fondo con las crisis de la seguridad pública, política y económica a ras de la ingobernabilidad.

La apuesta consiste en que el movimiento de la Cuarta Transformación todavía no determina, ni está escrito en ningún lado, que la cuota de género les corresponde a mujeres en lo concerniente a la postulación para la titularidad del Ejecutivo estatal. Cree que está en curso la valoración partidista de qué perfil de gobernante deberá presentar para hacerle frente a la complicada coyuntura sinaloense.

Por supuesto que el evento encabezado el domingo en Culiacán por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, significa la voz de arranque de Ibarra Ramos en la contienda interna fundada en la posibilidad de que la cúpula guinda dé un viraje sorpresivo en la decisión donde todas las encuestas proyectan, hoy, a la Senadora Imelda Castro Castro a la candidatura a Gobernadora y a las siglas del cuatroteísmo a una victoria abrumadora.

La diferencia sería en todo caso que Jesús Ibarra le da forma a un plan de gobierno 2027-2033 participativo en el cual plantea incluir a los más aptos para el ejercicio de la función pública sin importar el partido del que provengan, con la égida que delineó Ramírez Cuéllar en la Convención Culiacán: reconstruir la grandeza de Sinaloa a través del fortalecimiento de las actividades productivas; lograr seguridad pública como factor de estabilidad para atraer inversiones y recuperar el crecimiento económico, y empujar la estrategia de recuperación basada en la coordinación y la participación social al margen de diferencias partidistas.

Hasta ahora Ibarra Ramos irrumpe como el único candidato del sector masculino que se registre en el proceso intramuros del movimiento de la Cuarta Transformación trayendo en el currículum las credenciales de haber sido dos veces Diputado local, una por el Partido Nueva Alianza y otra por Morena, y ahora Diputado federal tras haber renunciado al PANAL en 2018. Fue secretario particular en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los tiempos en que Enrique Martínez y Martínez estuvo al frente de esta dependencia.

También registra el desempeño como asesor del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; director de Promoción e Inversión Turística del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en el gobierno de Jesús Aguilar Padillla, y Subdirector de Enlace con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación cuando Miguel Ángel Osorio Chong presidió la Segob.

Ibarra se reta a sí mismo, a los 45 años de edad. Se atiene a que cualquier viraje súbito en el timón de la 4T sinaloense lo requiere peleando por la Gubernatura con su planteamiento para que la salud política, económica y social del estado mejore al inyectarle participación ciudadana. “No tenemos por qué vivir así ni estar pensando en irnos a otros lugares antes de recuperar la fortaleza que invariablemente pone de pie a Sinaloa”, sostiene.

Lo real es que la dirigencia nacional de Morena ni la Presidenta Claudia Sheinbaum le ponen en rojo el semáforo futurista a los hombres, declarando el conveniente “serenos, morenos” que les dejaría la vía libre sólo a las mujeres. Al contrario, el lenguaje político es el silencio que alienta al ruidoso hándicap de la sucesión donde la caballada ni siquiera sabe hacia dónde corre aprisa Sinaloa.

Y ellos, todos, se presentan como alazanes tostados antes que cansados.

Si el corral carece de trancas,

Y el taste es de pesadilla,

Que las mujeres monten en silla,

Y los hombres cabalguen en ancas.

Nadie debe tomar a la ligera el pronunciamiento que publicó ayer la Universidad Autónoma de Sinaloa sintetizado en “la UAS ya cumplió; falta la corresponsabilidad del Gobierno” porque se trata de la viabilidad financiera de la casa de estudios y de la solución a problemas estructurales que la aquejan desde hace años, entre estos el esquema de jubilación dinámica. Los pactos social e institucional deben activarse por tres frases claves de la solicitud de auxilio: existe el riesgo de suspender actividades por insuficiencia de recursos; no se pide desde la comodidad sino desde la necesidad del contexto, y en los últimos tres años no ha recibido recursos extraordinarios federales mientras que el apoyo estatal a través de préstamos ha permitido continuar operaciones pero no resuelve el problema de fondo.

Como a Sinaloa le están cayendo encima todas las crisis posibles mientras un amplio segmento ondea banderas festivas sin alzar la mirada más allá de apetitos políticos y el caos que postula, poco se habla de la dificultad colosal que se cierne sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa que atendió las pautas de la reingeniería académica y administrativa que establecieron los gobiernos federal y estatal, pero los recursos financieros asignados se ajustan a garantizar sólo el gasto operativo y desestiman los apoyos a las funciones sustantivas de la casa de estudios.

Sin ser exageración, ya que las luces de alarma están encendidas en color amarillo, de continuar así la presión económica la UAS podría dejar de pagar a mediados del año no sólo la jubilación dinámica sino salarios y a proveedores. Por lo grave de la cuestión el Rector Jesús Madueña Molina acude a todas las instancias de gestión a contrarreloj de la situación que viene. La Secretaría de Educación Pública le reconoce la reestructuración realizada, pero desde Palacio Nacional le insisten que si quiere seguir pagando la jubilación dinámica lo haga con los recursos que se dispone porque no se le otorgarán apoyos extraordinarios para ello.

La complejidad amenaza con escalar a niveles insostenibles porque mientras el Gobernador Rubén Rocha que apoyaba a la UAS está retirado temporalmente del cargo, el Congreso del Estado se plantea insensible ante el problema que pone en riesgo la estabilidad de uno de los pocos baluartes que están de pie en Sinaloa, y el Gobierno Federal prosigue sometiendo a la Universidad a inequidades como es el hecho de otorgarle la inversión de 50 mil pesos por alumno en contraste con otras IES, como es el caso de Yucatán, de 100 mil pesos por estudiante.

Debiéramos como sociedad proteger a la educación en medio de las crisis de la seguridad pública y de la política, más allá de actores y factores que en lugar de participar en el restablecimiento de la gobernabilidad proponen profundizar la desestabilización exigiendo a grito abierto la declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa. Los promotores de mayor caos les faltan al respeto a sinaloense que desde el esfuerzo lícito coadyuvan a la paz y Estado de derecho.

La UAS necesita que entre todos la consolidemos como faro que guíe en la ruta al mejor Sinaloa que de seguro emergerá de esta coyuntura en la cual lo esencial procede a tocar fondo. Hoy mismo hace dicha función dignificadora, por ejemplo, al colocarse en segundo lugar de los juegos nacionales de la ANUIES en que participan 200 universidades. Se trata de la Universidad más grande del noroeste del país y la segunda con mayor en cobertura en México, al atender a 170 mil alumnos. La misma que se alista para aplicar exámenes de diagnóstico el 23 de mayo a alrededor de 50 mil jóvenes que buscan ingresar a un espacio en los niveles medio superior y superior.

Por indicaciones de la Federación la UAS hizo la reingeniería conforme a la directriz de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México. El paquete incluye reformas laborales aprobadas por el Sindicato universitario con la expectativa de dar viabilidad a la jubilación dinámica de todo el personal, no obstante que un sector de los trabajadores en situación de retiro acude a la movilización cuando la única solución factible consiste en unir voluntades para que le aporten al respectivo fideicomiso los gobiernos federal y estatal, sin dejarle toda la carga a la casa rosalina.

Este es el momento de articular acciones de la misma dimensión que las crisis que afectan a Sinaloa y que están por repercutir en la UAS. La Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, está convocada a la continuidad de la agenda que había desarrollado Rubén Rocha para contener las afectaciones en la educación superior por políticas públicas que determinó la SEP y necesitan de la participación tripartita.

Según han certificado las autoridades nacionales, la UAS ya cumplió. Lo que sigue entonces es que la administración Sheinbaum apoye para que el esquema de jubilación dinámica no llegue al extremo de desaparecer porque durante nueve quincenas que la Universidad la ha cubierto en 2026 con recursos destinados al gasto operativo, las finanzas universitarias se acercan al punto de quiebra.

Salvar a la educación profesional y media superior que imparte la UAS significaría, sólo por dar una muestra de las soluciones, que en un acto de justicia el Gobierno federal mínimamente iguale al alma máter sinaloense con la media nacional en cuanto al recurso presupuestal que se otorga por alumno en otras casas de estudios. Y ello sería posible mediante la aglutinación del esfuerzo ciudadano en favor de la viabilidad de la Universidad como pilar de la estabilidad de Sinaloa.

No logre la inestabilidad,

que a Sinaloa hoy lastima,

detener a la Universidad,

en su vuelo libre a la cima.

El Senador Enrique Inzunza Cázarez le puso el pertinente tache a la verificación de la información de medios y redes que acuden al sensacionalismo para pescar audiencias ingenuas, así se trate de anzuelos con mentiras como carnada. Frente a la versión de que se había entregado o fue capturado por autoridades de Estados Unidos, el ex Secretario General del Gobierno de Sinaloa, aclaró que “es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad. Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”.

A Imelda Castro Castro la prospectan la mayoría de las encuestas, si no es que todas, a ser la candidata del Movimiento Regeneración Nacional a Gobernadora de Sinaloa en caso de que el partido y los centros de decisión de la Cuarta Transformación determinen que una mujer encabece lo que ellos llaman coordinadores estatales de defensa de la 4T. En eso sí adquieren claridad la estrategia política y las mediciones de proyección del voto, no obstante lo revuelto de la sucesión por factores y actores que en la Oposición, e inclusive dentro de Morena, insisten con enturbiar las aguas de la sucesión.

Lo otro que también perfilan los estudios de intención del voto es que Morena mantiene una mayoría sólida en las primeras dos semanas de mayo sin que las dos crisis vigentes en Sinaloa, la de la seguridad pública y la de la política, hagan mella notable en el virtual direccionamiento del sufragio con miras al 6 de junio de 2027. Aquí vale la acotación de esperar mayor tiempo y desenlaces para tener la radiografía completa porque lo de hoy significa una foto instantánea.

Según la evolución que presentan los tracking que se realicen con rigor metodológico, sin la injerencia de cuchareos o datos ajustados sobre pedido, Castro está posicionada como la favorita con reflejo en las consultas que realice por su cuenta Morena como uno de los elementos de peso para designar a las y los candidatos a 17 gubernaturas. Lo otro tiene que ver con lo programático y trayectorias libre de máculas, en lo que todo indica que la Senadora no presenta negativos.

El único punto pendiente de resolver consiste en la concreción de la posibilidad que se maneja desde hace años, alentada desde la 4T nacional y estatal, en lo que concierne a que una mujer sea la primera en gobernar Sinaloa por el período constitucional de seis años, definición que hasta el momento no registra virajes, sin pasar por alto que la política suele dar giros vertiginosos y muestra de ello es la actual recomposición temporal del poder público estatal.

Las encuestas podrían estar manipuladas unas cuantas pero no en su totalidad y en todo caso al analizarlas en su conjunto aportan realidades que a corto plazo o en el futuro inmediato son irreversibles. En mayo, después de que la injerencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos alterara el tablero futurista local, la medición de Rubrum pone como puntera a Imelda Castro con la amplia ventaja de 34.2 puntos y en segundo lugar a Graciela Domínguez con 11.8; Gobernarte le da a la Senadora 28.1 de aceptación siendo María Teresa Guerra la más cercana competidora con 10.7, mientras que Demoscopía-La Jornada revela que 30.1 desea que Castro sea la candidata de Morena y 21.8 apoya a Guerra.

También las encuestas de mayo le otorgan ventaja a Morena ante la pregunta de ¿si hoy fueran las votaciones para elegir Gobernador/a de Sinaloa por cuál partido optarías? Por ejemplo, C&E Research registra porcentajes de 42.3 por ciento a favor de Morena, 23.1 al PAN, 7.7 a MC, 7.7 al PRI y 3.8 al PVEM; en los hallazgos de De las Heras Demotecnia el 45 por ciento sufragaría por Morena, 9 por el PAN, 6 por el PRI, 6 por MC, 1 por el PVEM y 1 por PT. Es pertinente aclarar que se trata de estados de ánimo actuales que por supuesto están sujetos a variaciones tomando en cuenta los distante del día de la votación y que las campañas formales aún no empiezan.

Igual cabe la precisión de que si bien es cierto que en las encuestas Imelda Castro se halla firme en la eventualidad de que su partido la nomine como candidata, cuestión que a estas alturas es de alta probabilidad, todavía falta que la legitimen los órganos de dirección de la fuerza guinda. Y que en caso de determinar un abanderamiento femenino existen otras mujeres que andan en campaña y que están en la jugada mientras la tómbola siga girando como ahora lo está. En cuestión de política las cosas que flotan en el aire no son del todo seguras para nadie.

Imelda Castro se encuentra bien posicionada en el conocimiento de los ciudadanos y las redes sociales dan crecientes señales de empatía hacia ella. Pero siempre debe estar presente la experiencia política que dice cómo en 1998 la candidatura del PRI prácticamente la tenía en la bolsa el agricultor Lauro Díaz Castro y se le atravesó Juan Millán Lizárraga para obtener la postulación y ganar la elección, y el episodio de 2016 cuando Gerardo Vargas Landeros se aprestaba a ser investido por el tricolor y el entonces Presidente Enrique Peña sacó el as que traía bajo la manga con Quirino Ordaz Coppel, que desempeñó la titularidad del Ejecutivo estatal de 2017 a 2021.

Nada está garantizado cuando hay tantos gallos que quieren maíz.

Debería saber muy bien Imelda,

Lo que los ruines estilan ahora,

Que ya le tienen lista una celda,

Para cuando sea Gobernadora.

Si bien es cierto lo que dice el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, de que Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán con licencia, y el Senador Enrique Inzunza no tienen impedimento para registrarse como candidatos, porque la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han repetido una y otra vez que no hay en México investigación ni sentencia firme que les impida la participación política, de cualquier forma el líder morenista debería mostrar algo de malicia para no agregarle más arena a esa mezcla con poca cal. Qué caso tiene echarle sal a una herida que en la opinión pública tiende a cicatrizar y que los partidos y candidateables de la Oposición le rascan para que no deje de sangrar.