El primer domingo de marzo se ha dedicado para reconocer y conmemorar a la Institución de la Familia y claro, habría que preguntarse por qué un día, cuando todos los días vivimos, convivimos, nacemos y morimos dentro de una familia, aquella de nuestros padres y ahora la de nuestros hijos, y es que la sociedad, tal y como se vive y concibe actualmente, es una comunidad da familias, de hecho, si no hay familia no habría sociedad, razón por la cual se ha buscado, no sólo institucionalizar la entidad “familia”, relacionando su existencia con Dios y a través del reconocimiento jurídico y social del matrimonio, para con ello institucionalizar también la noción de padres, madres, hijos, nietos y en general de parentela familiar; razones por las cuales la convivencia en la familia es fundamental para la convivencia social, para la educación, para la integración en organizaciones, para la creación de los gobiernos y de conceptos esenciales como el de Patria o como el criterio de “pertenencia”, no sólo a una familia, sino también a un municipio, a una entidad estatal o a un país; sólo así se explica la nostalgia y los recuerdos de los mexicanos que han emigrado a otros países y añoran su país de origen, su municipio, su pueblo, su familia... el desarraigo es terrible y aunque allá en donde estén han formado su propia familia, lo han hecho a imagen y semejanza de aquella en la que nacieron, crecieron y se formaron.

Si nos parece lamentable el criterio del “desarraigo”, imagínese las situaciones actuales que sufren las familias que han perdido padres, madres, hermanos y parientes en estas luchas fratricidas que se están sufriendo en México; o lo que es peor, imagínese la catástrofe de las familias a los que se les ha “desaparecido” un familiar, sobre el cual no se sabe si vive o ha muerto, más aún, en las actuales circunstancias, si ya han pasado algunos días, la sospecha de que probablemente haya muerto y sólo queda la esperanza, la lejana esperanza, de que pudiera aparecer vivo o, en el peor de los casos, encontrarlo enterrado en alguna “fosa clandestina”; cada vez es mayor la cantidad de familias que se han visto prácticamente desintegradas por circunstancias que no siempre se explican y que ha sido causa de descomposición familiar.

Pero aún, en los casos en que “sí se explican”: porque el papá, la mamá o los hijos se hayan comprometido con los delincuentes tras el señuelo del dinero, del poder o de las drogas y con ello también se ha “destruido” la convivencia y el futuro familiar, porque una familia en la que alguno de sus miembros ha caído en las garras del vicio, o de la colusión con la delincuencia, está ya en proceso de destrucción, ya sea porque tengan que huir o que caigan presos, con lo que se inicia el peregrinaje familiar hacia los centros penitenciarios, los centros policiacos o los tribunales, por lo que ya la familia es otra.

Cuántas familias en México han sido destruidas por el narcotráfico y la violencia, ya sea porque no existieron condiciones favorables para sostener una familia, porque no hubo empleos o porque no encontraron la manera de subsistir; o bien, porque no haya habido condiciones adecuadas de educación y capacitación para integrarse a la economía y a la sociedad o bien porque sus miembros no encuentran en la sociedad condiciones favorables de educación, seguridad, salud, economía, libertades personales, clima sano y sociedad sana, factores que sólo se alcanzan si se tienen buenos gobernantes, preocupados más por los ciudadanos que por sus partidos o por su permanencia en los puestos públicos; se requiere pues una sociedad en la que se respire libertad para formar una familia, para educar a los hijos y a los nietos, proteger a los abuelos, donde haya un clima saludable, diversiones sanas, instituciones culturales, religiosas, de salud y de respeto ciudadano por y para el gobierno, en suma, una sociedad de familias en las que se pueda nacer, vivir y morir en paz.

Así pues, se ha de concluir que la familia en la actualidad está en serio peligro de desnaturalizarse y por lo tanto en peligro de desaparecer, por lo menos como se ha concebido como piedra angular de la convivencia social y de sobrevivencia de sus integrantes, ya que si no se cuenta con condiciones de seguridad, empleo, educación y buen gobierno, con leyes que protejan a la institución familiar, no uno sino todos los días, se está así en camino de destruir la esencia de cualquier sociedad organizada: la familia.

En Sinaloa, como en todo México, la sociedad prácticamente sólo ha esgrimido los actos públicos de protesta como las marchas, los mítines de grupos como el de las madres con hijos desaparecidos, o las denuncias por los asesinatos de familiares muertos que no han sido investigados y mucho menos aclarados, en cuanto a quién realizó el asesinato y el motivo del mismo; todavía esta semana, en un importante acto realizado en el Campus Culiacán del TEC de Monterrey, se exigía: ...“la pacificación debe convertirse en prioridad... para la recuperación de la economía del Estado”, más aún, el empresario Alberto Coppel Luken señaló que “la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades es necesaria para enfrentar la crisis de seguridad en Sinaloa” e igualmente, en Mazatlán, el presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios hizo un “llamado urgente a reforzar las estrategias de seguridad y a blindar destinos clave como Mazatlán... para el futuro económico de Sinaloa”.

Hay que agregar que diversos grupos ciudadanos, políticos, religiosos y de víctimas de los actos delictivos, exigen en términos generales justicia, que “la autoridad actúe”, que se aprehenda a los delincuentes, etc., pero todas esas exigencias como que se quedan en la generalidad y los absorbe la “normalidad” y pronto se olvidan o pasan a un segundo o tercer término ante los nuevos actos, a veces más dramáticos que los anteriores, por lo que las autoridades responsables acaban por “guardar” los expedientes de denuncias o simplemente no hay denuncias qué documentar y sólo queda, cuando mucho, el registro de un muerto más, un desaparecido más o un cuerpo más encontrado en las múltiples fosas clandestinas.

Esto ocurre no sólo en Sinaloa, sino prácticamente en todo México, en donde el fenómeno de “la impunidad” es el común denominador, reforzado por la falta de transparencia “por seguridad nacional”, con los que la autoridad se oculta y se refugia en el “olvido social”, como ha sucedido en diversos actos delictivos, pero si algunos de esos actos involucran a políticos o personajes importantes, entonces sí gozan de la correspondiente investigación y aclaración, sí conviene a los responsables de aplicar la ley.

Urge entonces que se ordene, priorice y acumulen las exigencias en un planteamiento de “exigencia total”, a las autoridades obligadas por la ley:

1. Claro que urge que la sociedad coopere con la autoridad, pero esto sólo será posible sí se confía en la autoridad, la cual debe dar muestras claras de que desea esa cooperación social, que termine con la práctica de ocultar información y que se compromete a llevar un buen registro de los actos delictivos y de la forma en que se están atendiendo.

2. Urge también que la autoridad pase ya de las acciones punitivas, a crear un verdadero sistema de inteligencia, a través del cual no sólo las policías y el Ejército actúen, sino que también la sociedad confíe y pueda colaborar; ¿dónde quedó el sistema digital de seguimiento y vigilancia, la Plataforma México, instalado en tiempos del Presidente Calderón?, mismo que si no era perfecto, por lo menos era una herramienta inteligente para el seguimiento de los delincuentes.

3. No sólo se trata de involucrar al sector empresarial, sino también a los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones ciudadanas, los partidos políticos, a los padres de familia, para la concientización de niños, jóvenes, trabajadores, profesionistas y los mismos funcionarios públicos, sobre las consecuencias de tolerar o ser parte de los grupos delictivos, del consumo y tráfico de drogas, pero sobre todo de inculcar el sagrado respeto a la vida, a la educación, a la salud, a la propiedad y al trabajo, etc.

4. La sociedad debe confiar que, si colabora con la autoridad, ésta se compromete a proteger a quienes denuncian o rechazan a los grupos criminales y hacerlo en forma constante y contundente.

5. Exigir también que haya más y mejores policías, con mejores sistemas de actuación, con mejor equipamiento y capacitación, no sólo para disparar, sino para saber cuándo, dónde y por qué disparar.

6. Exigir más presupuesto y mejor trato y aceptación de las fuerzas policiacas y, sobre todo, mejor coordinación entre elementos municipales, estatales y federales, así como en cuanto a cómo responder a las exigencias de EU.

En fin, la idea es que se consideren las diferentes exigencias sociales en un planteamiento que conjunte los enunciados casuísticos, para que la sociedad y las autoridades actúen coordinadamente.