El Gobierno de Sinaloa impulsará una consulta ciudadana para identificar qué información adicional deberán publicar las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, como parte de una iniciativa para fortalecer la transparencia y facilitar la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad el 20 de octubre de 2026, durante una sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, para incorporarla a su Programa de Trabajo Anual 2026-2027.

El proyecto será encabezado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en colaboración con el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, y tendrá como objetivo integrar el Catálogo de Información de Interés Público del Estado.

A través de una consulta abierta, se buscará conocer qué información necesita la población para evaluar la gestión gubernamental, vigilar el destino del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades, particularmente sobre aquellos datos que actualmente se encuentran dispersos, son difíciles de consultar o carecen de suficiente actualización y contexto.

Las propuestas ciudadanas serán sometidas a una evaluación técnica y jurídica para determinar cuáles podrán incorporarse al catálogo.

Este documento establecerá los contenidos mínimos que deberán publicar las instituciones, la justificación de su interés público, los formatos abiertos para su consulta y reutilización, los plazos de actualización y los mecanismos para verificar su cumplimiento.

La convocatoria estará dirigida a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general.

También se contempla identificar las necesidades de personas y grupos que enfrentan barreras para acceder a la información pública y cuyas demandas no siempre quedan reflejadas en las solicitudes de transparencia.

El proyecto prevé mecanismos de seguimiento para informar a los participantes cuáles de sus propuestas fueron incorporadas y las razones por las que otras fueron descartadas.

Sin embargo, la metodología para desarrollar la consulta todavía se encuentra en proceso de diseño.

La Paz. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión presentó una iniciativa legislativa orientada a tipificar severamente a los servidores públicos y actores políticos que establezcan nexos con la delincuencia organizada, denominados “narcopolíticos”.

La propuesta plantea establecer sanciones severas que oscilan entre los 80 y 140 años de cárcel —equivalentes a una cadena perpetua—, además de decretar la imprescriptibilidad de dichos delitos para evitar que prescriban con el paso del tiempo.

En entrevista con el senador Mauricio Vila Dosal, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se abordó la urgente necesidad de implementar un criterio transparente en la procuración de justicia y en la selección interna de candidaturas para las gubernaturas y puestos de elección popular.

El legislador panista enfatizó que la iniciativa busca evitar tratos preferenciales en las indagatorias oficiales y demandó actuar con imparcialidad en los casos donde existan acusaciones de vínculos con el crimen.

“Mira, pues un poquito la idea de la iniciativa es sentar las bases para que esto pase a una realidad. Hoy, por ejemplo, tenemos acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha, contra el senador Insunza y contra otros muchos personajes. ¿Y qué pasa aquí en México? Pues nada, te dicen que ni siquiera los están investigando. Entonces, por un lado, cuando son personajes ligados a Morena, como al Nicar y todos estos que vemos en los videos, en los audios, pues vemos unas investigaciones que van a paso de tortuga. Y por otro lado, cuando se trata de la oposición de Rufo, de César Jauregui, pues vemos que en tres días arman los expedientes y al cuarto día ya están metidos en la cárcel del altiplano. Entonces, quiere decir que si hay la eficiencia de la Fiscalía General de la República, nada más que lamentablemente tenemos una justicia que es partidista. Nosotros lo que estamos pidiendo es piso parejo, que no importa de qué partido político sea, quien se vincule con el crimen organizado, tenga cadena perpetua.”— Mauricio Vila Dosal, Senador de la República y vicepresidente de la Mesa Directiva.

Evaluación gubernamental y responsabilidad política

Al analizar el contexto político del país y los retos de cara a las próximas renovaciones gubernamentales en entidades como Baja California Sur, Vila Dosal señaló que los partidos al frente del Ejecutivo deben asumir la responsabilidad de sus gestiones en lugar de señalar administraciones pasadas.
Asimismo, remarcó que las decisiones parlamentarias e institucionales deben priorizar el bienestar de la ciudadanía y abrir espacios de diálogo para resolver problemáticas prioritarias como infraestructura, agua y servicios públicos.

“Pues mira, yo lo que creo que es importante es que Morena ya gobernó ocho años, ya se tienen que hacer responsables de lo que está pasando en el país. A mí me parece increíble que ocho años después, cuando pasa algo, sigan culpando a Felipe Calderón y sigan culpando a Fox y que Peña Nieto. Háganse responsables ya del país. Hoy la realidad que está viviendo el país es el resultado de los gobiernos de ocho años de Morena, a nivel federal, de cinco años ya aquí en Baja California Sur. Y es momento de que sean responsables, que asuman su parte de culpa y que se sienten en la mesa a dialogar cómo entre todos podemos buscar las mejores soluciones para que a Baja California Sur y a México le vaya mejor.”— Mauricio Vila Dosal, Senador de la República y vicepresidente de la Mesa Directiva.

Con este planteamiento, la representación del PAN en la Cámara Alta reafirmó que condicionará el avance del paquete de reformas en materia de seguridad a que se incluyan reglas estrictas de elegibilidad y la imprescriptibilidad de delitos cometidos por servidores públicos, con el objetivo de evitar que el aparato del Estado sea utilizado como escudo de impunidad partidista.

El cargo Exige el senador Mauricio Vila Dosal “piso parejo” y cárcel de por vida para funcionarios ligados al crimen organizado apareció primero en Tribuna de México.

TIJUANA, OCTUBRE 28, 2026.- En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostenemos que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, la competitividad y la generación de empleos. Sin seguridad no hay condiciones para crecer, invertir ni generar confianza. Particularmente, la seguridad en las carreteras es fundamental para garantizar la operación de las cadenas de suministro, proteger la integridad y la vida de miles de operadores, y asegurar el traslado oportuno de mercancías e insumos en todo el país.

Reconocemos la importancia de las demandas del sector transportista y consideramos indispensable que sean atendidas con seriedad, mediante mecanismos efectivos de diálogo, coordinación institucional y seguimiento puntual a los compromisos asumidos por las autoridades. No deberíamos llegar a escenarios de paro que afecten la movilidad, el abasto de mercancías, la actividad productiva y los derechos de terceros.

La inseguridad carretera no solo pone en riesgo la vida y el patrimonio de quienes trabajan en el transporte de carga; también impacta directamente en la logística, los costos operativos, la competitividad de las empresas y el funcionamiento de las cadenas de proveeduría que abastecen a las fábricas, los comercios y las familias mexicanas.

Por ello, desde COPARMEX insistimos en la urgencia de fortalecer la seguridad en las carreteras y atender de fondo los problemas que enfrenta el sector transportista. Es indispensable que las autoridades y los representantes del sector productivo construyan soluciones conjuntas, con acuerdos concretos, responsabilidades definidas, resultados verificables y mecanismos de seguimiento.

Nuestro llamado es a privilegiar el diálogo y la coordinación para alcanzar soluciones eficaces que respondan a las legítimas preocupaciones del sector, eviten afectaciones a terceros y garanticen la continuidad de las actividades económicas.

En otro posicionamiento, ante el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), COPARMEX sostiene que la separación del cargo no sustituye la obligación de esclarecer los señalamientos de presunta corrupción ni debe convertirse en el cierre de las investigaciones.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, que llegue hasta las últimas consecuencias legales. Los elementos difundidos públicamente deben ser examinados con rigor para determinar responsabilidades y, de acreditarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La investigación no debe limitarse a quien encabezó el Instituto. Debe abarcar las áreas administrativas, contrataciones, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas, incluidos los funcionarios designados durante su gestión. Es indispensable esclarecer si existieron redes de complicidad, conflictos de interés, encubrimiento u omisiones. Ningún nombramiento ni vínculo jerárquico debe servir como protección frente a la rendición de cuentas.

Asimismo, demandamos que las autoridades responsables de la sucesión actúen con urgencia, transparencia y estricto apego al marco constitucional. La prontitud debe acompañarse de una evaluación pública y rigurosa de los perfiles, sin cuotas partidistas ni acuerdos que comprometan la autonomía del organismo.

México requiere al frente del INE a una persona de honestidad acreditada, capacidad técnica, experiencia electoral y talento para conducir una institución fundamental para nuestra democracia. Su independencia e imparcialidad deben ser demostrables y ofrecer garantías a todas las fuerzas políticas y, sobre todo, a la ciudadanía.

De cara a las elecciones de 2027, resulta indispensable asegurar la continuidad institucional y una organización electoral profesional, confiable y ajena a intereses particulares. Las y los ciudadanos deben tener la certeza de que su voto será respetado, contado correctamente y reflejado fielmente en los resultados.

Desde COPARMEX defendemos un INE autónomo, íntegro y sólido. Exigir cuentas a quienes lo conducen contribuye a protegerlo y a recuperar la confianza ciudadana. La renuncia no debe cerrar el caso. La verdad, la justicia y la imparcialidad electoral deben marcar el siguiente paso.

En COPARMEX reiteramos que la seguridad y la certeza logística son pilares fundamentales para la inversión, el empleo y el crecimiento económico de México. Fortalecerlas es una responsabilidad compartida y una condición necesaria para construir la confianza que nuestro país requiere para competir, desarrollarse y generar mayores oportunidades para todos.

La seguridad en las carreteras no puede esperar: es una prioridad para proteger la vida, garantizar el abasto y fortalecer la competitividad de México.