Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en personas que sufrieron actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte indica que la entidad registró una tasa de 19 mil 836 personas víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó a Sinaloa solo por debajo de Hidalgo y Oaxaca.

La encuesta mide a las personas que experimentaron al menos un acto de corrupción durante trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos u otros contactos con autoridades.

Además, Sinaloa superó ampliamente la media nacional, que se ubicó en 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados también muestran que en la entidad hubo un incremento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 17 mil 728 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a incidencia, es decir, el número total de actos de corrupción registrados, Sinaloa reportó 31 mil 995 actos por cada 100 mil habitantes, nuevamente por encima de la media nacional de 27 mil 438.

En percepción ciudadana, 88.6 por ciento de la población sinaloense consideró que los actos de corrupción en la entidad son frecuentes o muy frecuentes, cifra superior al promedio nacional de 84.1 por ciento.

Asimismo, el estudio indicó que 65.1 por ciento de la población en Sinaloa considera a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia, mencionada por el 82 por ciento de los encuestados.

La percepción más alta de corrupción se concentró en las corporaciones policiacas, ya que 90.2 por ciento de la población consideró que estas prácticas son frecuentes dentro de la policía. En segundo lugar se ubicaron los gobiernos estatales, con 84.8 por ciento.

Pese a ello, la encuesta mostró altos niveles de satisfacción en la realización de trámites y servicios públicos en la entidad. El 90.3 por ciento de los usuarios manifestó sentirse satisfecho al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, porcentaje superior al promedio nacional de 82.3 por ciento.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío confirmó la apertura de una investigación relacionada con posible enriquecimiento ilícito al exdirector del área de Informática del estado, a partir de denuncias ciudadanas y revisiones internas. El mandatario señaló que el caso ya fue canalizado a instancias como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de esclarecer el origen de posibles inconsistencias patrimoniales. 

Durante una conferencia, el mandatario aseguró que la indagatoria responde a un compromiso público de combatir la corrupción en la administración estatal. “Sí estoy investigando por órdenes directas… vamos a seguir investigando por denuncias, a veces ciudadanas”, afirmó, al subrayar la importancia de que los señalamientos estén respaldados con información verificable y no solo rumores.  

Entre las medidas adoptadas, se solicitó revisar las declaraciones patrimoniales de servidores públicos para detectar posibles incongruencias entre sus ingresos y bienes. Castro explicó que, en caso de encontrar irregularidades, se procederá conforme a la ley, reiterando que “no voy a permitir” actos que comprometan el uso correcto de los recursos públicos. 

Respecto al titular del área investigada, el gobernador indicó que ya se encuentra en proceso de separación del cargo mediante entrega-recepción, debido a la pérdida de confianza. Además, confirmó que se han asegurado al menos 2 vehículos de lujo como parte del procedimiento en curso, aunque aclaró que no es posible adelantar conclusiones sobre montos o responsabilidades.  

El mandatario enfatizó que su administración continuará con estas acciones hasta el final de su periodo, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. “Prefiero que la gente sepa que estamos combatiendo la corrupción hasta el último día y que no hay impunidad”, declaró, al destacar que cualquier funcionario señalado tendrá derecho a defenderse conforme al debido proceso. 

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