La Comisión Europea, con sede en Bruselas, decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su legislación dos directivas comunitarias relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entre ellas se encuentra la normativa que permite a autónomos y pequeñas empresas acceder a un régimen de exención del IVA.

La decisión coloca nuevamente el foco en el sistema España IVA, ya que el país es actualmente el único miembro de la Unión Europea que no ha adaptado completamente su normativa a estas disposiciones comunitarias dentro del plazo establecido.

Bruselas inicia acción legal contra España

Según explicó la Comisión Europea, Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España después de que el gobierno no notificara la incorporación de las directivas a su legislación nacional antes de la fecha límite fijada: el 31 de diciembre de 2024.

Tras enviar cartas de emplazamiento en enero de 2025 y emitir dictámenes motivados en julio del mismo año, Bruselas concluyó que España seguía sin aplicar completamente la normativa, por lo que decidió remitir el caso al TJUE.

En su demanda, el Ejecutivo comunitario solicita que el tribunal declare el incumplimiento y contempla la posibilidad de sanciones económicas si España no adapta su legislación fiscal.

El conflicto gira en torno al régimen de exención del IVA

La disputa se centra en una directiva europea aprobada en 2020 que introdujo un régimen especial de IVA para pequeñas empresas y autónomos.

Esta normativa permite a los países de la Unión Europea eximir del impuesto a negocios con una facturación anual de hasta 85.000 euros, con el objetivo de reducir la carga administrativa y facilitar la actividad económica de microempresas.

Aunque la directiva permite a los Estados decidir si aplican esta exención dentro de su territorio, sí exige que adapten su legislación para que las empresas puedan acogerse al régimen cuando operan en otros países de la UE.

En el caso del sistema España IVA, la Comisión considera que la normativa nacional no cumple plenamente con ese requisito.

España, el único país que no ha aplicado la directiva

De acuerdo con la Comisión Europea, España es el único Estado miembro que aún no ha transpuesto completamente estas reglas.

Esta situación podría generar problemas fiscales dentro del mercado común, como riesgos de doble imposición o, en algunos casos, de ausencia de impuestos, debido a que el resto de países ya aplican criterios distintos.

El caso quedará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá determinar si España incumplió la normativa comunitaria.

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