El Consejo Constitucional de Francia rechazó la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años al considerar que la medida vulnera de manera desproporcionada su libertad de expresión y comunicación. La decisión frena una de las principales disposiciones de una ley diseñada para proteger a los menores de los riesgos asociados con las plataformas digitales.

La máxima autoridad constitucional francesa determinó que el artículo 1 de la legislación no supera los criterios de necesidad y proporcionalidad exigidos para restringir derechos fundamentales. Aunque reconoció la obligación constitucional de proteger el interés superior de los niños, consideró que una prohibición general no resulta adecuada cuando los riesgos para la salud y seguridad de los menores no están acreditados en todos los servicios afectados.

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La medida habría impedido a los menores de 15 años utilizar plataformas como TikTok, Snapchat, X e Instagram, además de determinados servicios de comunicación disponibles en páginas web. El alcance también incluía aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger y algunos videojuegos en línea, ampliando la restricción mucho más allá de las principales redes sociales.

Las excepciones contempladas por la ley tampoco convencieron al Consejo Constitucional. Aunque el texto permitía el acceso a enciclopedias digitales y determinadas plataformas educativas o científicas, los magistrados consideraron que esas excepciones eran demasiado limitadas frente al alcance de la prohibición.

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El pronunciamiento ocurrió después de que diputados socialistas y de la izquierda radical solicitaran a finales de julio revisar la constitucionalidad del artículo. El Consejo únicamente examinó esa disposición y no cuestionó la medida prevista por la misma ley para prohibir los teléfonos celulares en los centros de secundaria a partir del 1 de septiembre.

La reacción del presidente Emmanuel Macron fue inmediata. El mandatario pidió al primer ministro, Sébastien Lecornu, trabajar en una nueva redacción que sea jurídicamente sólida y que tome en cuenta los argumentos del Consejo Constitucional, con la intención de mantener vigente el proyecto de restringir el acceso de los menores a las plataformas digitales.

El gobierno francés no abandonó la iniciativa pese al revés constitucional. La Presidencia aseguró que mantiene su compromiso de sacar adelante una legislación de este tipo para la primavera de 2027, aunque ahora tendrá que modificar el texto para evitar que vuelva a ser invalidado por afectar de manera excesiva la libertad de expresión de los menores.

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Francia forma parte de una tendencia internacional que busca limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Australia se convirtió a finales de 2025 en el primer país en establecer una prohibición para menores de 16 años, mientras Brasil, Indonesia, Reino Unido y Nueva Zelanda han adoptado o analizan medidas similares.

La discusión también llegó a la Unión Europea, cuya Comisión anunció en julio su intención de impulsar un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las redes sociales. El caso francés deja así una advertencia jurídica para otros gobiernos: proteger a los menores frente a los riesgos digitales no necesariamente permite imponer restricciones generales cuando estas afectan derechos fundamentales de manera desproporcionada.

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