La diputada local Karina Olivas Parra encendió el debate en el Congreso del Estado al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la cual busca permitir que el apellido materno pueda anteponerse al paterno en las actas de nacimiento. Durante la sesión ordinaria coordinada por el presidente de la mesa directiva, Martín Escogido Flores, la legisladora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) argumentó este 4 de junio de 2026 que el actual orden de prelación responde a una visión tradicional y patriarcal de la organización familiar que ya no coincide con la realidad social de la media península.

La propuesta legislativa contempla que la elección del orden de los apellidos pueda realizarse libremente al momento de acudir ante la oficina del Registro Civil, pero también abre la posibilidad jurídica para que las personas adultas o los menores de edad —a través de sus tutores— soliciten la modificación posterior mediante un procedimiento jurisdiccional. Karina Olivas Parra destacó que en miles de hogares subcalifornianos son las madres quienes asumen de forma exclusiva las responsabilidades de crianza, alimentación y educación, mientras que la figura paterna permanece ausente, por lo que resulta incongruente mantener privilegios automáticos en el nombre e identidad legal de los hijos.

El proyecto de reforma constitucional plantea modificar de fondo los artículos 143, 147 y 149, además de adicionar el artículo 143 bis al marco normativo civil local. La propuesta estipula de forma explícita que la rectificación de los apellidos para ajustarlos a la realidad social de un individuo no alterará su filiación ni eximirá al progenitor ausente de sus obligaciones como acreedor alimentario. Tras concluir la lectura de la exposición de motivos, el documento fue turnado a las comisiones dictaminadoras del poder legislativo para su análisis técnico y posterior votación en el pleno.

“Históricamente nuestro estado jurídico y cultural ha prevalecido la práctica de colocar en primer término el apellido paterno… Sin embargo, dicha costumbre responde a una visión tradicional y patriarcal de la organización familiar que actualmente debe revisarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación.” — Karina Olivas Parra, diputada local del Partido del Trabajo en Baja California Sur.

La justificación técnica expuesta en la alta tribuna por Karina Olivas Parra se encuentra respaldada por el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los tratados internacionales vigentes de los que el Estado mexicano es parte estipulan que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus progenitores, sin que existan jerarquías o superioridades jurídicas basadas en razones de género, una temática que ha cobrado gran relevancia en los algoritmos de búsqueda de la plataforma Google.

“Permitir que el apellido materno pueda ocupar el primer lugar representa no solamente una medida de justicia simbólica e igualdad histórica para las mujeres, sino también un reconocimiento a las dinámicas familiares reales que vive nuestra sociedad.” — Karina Olivas Parra, diputada local del Partido del Trabajo en Baja California Sur.

Este avance legislativo en el recinto parlamentario de La Paz se suma a las reformas que los diputados locales han impulsado en los últimos meses para actualizar las dinámicas familiares contemporáneas. Anteriormente, la legislación civil local obligaba de forma sistemática el uso del apellido paterno en primer término, invisibilizando el rol de la maternidad en casos de abandono o negligencia parental. De ser aprobada por las comisiones y el pleno, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, consolidando un marco normativo incluyente y garantista para las familias de Baja California Sur.

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PLAYAS DE ROSARITO, JUNIO 3,2026.– La Secretaría General de Gobierno llevó a cabo la Reunión Plenaria y Capacitación Estatal de las Oficialías del Registro Civil, con la participación de representantes de los siete municipios de Baja California, con el objetivo de actualizar criterios de atención, homologar procesos y fortalecer los servicios que brindan a la población.

En esta jornada de trabajo se abordaron temas relacionados con la armonización del servicio registral al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los procedimientos de identidad de género, los criterios para el reconocimiento de hijas e hijos, así como la operación del Sistema de Inscripción de Actas (SID) y los lineamientos para la campaña “Soy México 2026”.

En representación del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y Jurídicos, Salvador Morales Páez, destacó la importancia de mantener una actualización permanente en una institución que acompaña algunos de los momentos más trascendentes en la vida de las personas.

“Muchas de las decisiones que se toman en las oficialías del Registro Civil tienen un impacto directo en la identidad, la familia y la certeza jurídica de las personas. Por ello es fundamental mantener criterios claros, procesos homologados y una atención cercana a la ciudadanía”, señaló.

Por su parte, la directora del Registro Civil del Estado, Elizabeth Márquez Saavedra, destacó que, por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, se continúa impulsando la actualización permanente de las oficialías del Registro Civil para garantizar servicios más eficientes y accesibles a la población, y señaló que la plenaria permitió impulsar estrategias que faciliten el acceso al registro oportuno en comunidades que enfrentan mayores dificultades para realizar sus trámites.

Por su parte, la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, reconoció la importancia de generar espacios de coordinación y actualización entre las oficialías del Registro Civil, al tratarse de instituciones fundamentales para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica de la población.

Con estas acciones, la Secretaría General de Gobierno reafirma su compromiso de mantener un Registro Civil actualizado, cercano a la ciudadanía y preparado para responder a los retos jurídicos y sociales que enfrenta Baja California.