La falta de transparencia en torno a la construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo debe ser aclarada por las autoridades estatales y federales, consideró el presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Jorge Antonio González Flores.

Lo anterior, luego de las manifestaciones realizadas por comunidades indígenas de la bahía de Ohuira que se oponen al proyecto y exigen información clara sobre las posibles afectaciones ambientales.

El Diputado local por el PAN criticó la manera en que se ha desarrollado el proceso, al señalar que no existe información suficiente sobre los impactos que podría generar la planta en el ecosistema de la región.

Indicó que las autoridades deben informar con precisión cuáles serían las consecuencias ambientales de concretarse la obra, así como los avances que registra el proyecto, debido a que algunos trabajos ya se encuentran en marcha.

“Quiero decirte que exigimos que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y de la misma Secretaría de Economía que es la que justifica esta inversión, que manden y envíen un documento donde nos informen cómo se encuentra el avance de la obra, si existe deterioro ambiental o no” señaló.

Respecto a la consulta que presuntamente fue realizada por autoridades federales entre las comunidades indígenas, pero cuya existencia es cuestionada por los habitantes, González Flores señaló que también debe haber transparencia.

Consideró que, si dicha consulta se llevó a cabo, las autoridades deben presentar los resultados y la metodología empleada pues se debe escuchar directamente a la población involucrada.

“Dentro de esas manifestaciones de la autoridad donde ellos dicen que sí se hicieron; no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo y hay que probarlo ante la luz pública para que la ciudadana y los ciudadanos se enteren dónde están parados”, señaló.

Reconoció que existen posiciones diversas entre el sector empresarial, que respalda la inversión, y las comunidades indígenas que rechazan el proyecto, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades transparenten toda la información relacionada con la planta.

La sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa fue interrumpida este martes por integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, encabezadas por Reynalda Pulido, quienes acudieron al recinto legislativo para exigir mayor atención a las labores de búsqueda de personas desaparecidas y solicitar la destitución de funcionarias del Poder Ejecutivo estatal.

Durante la interrupción de la sesión, Reynalda Pulido denunció presuntas omisiones y amenazas por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, Patricia Figueroa, así como de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Katia Márquez.

“Queremos que ayuden a las mamás. No queremos simulaciones de búsqueda; queremos encontrar a nuestros hijos, no que sigan actuando como si no vieran esta situación. ¿Qué pasa? La Subsecretaria nos está amenazando por las búsquedas y la Comisionada de Búsqueda nos ignora. Estas madres no merecen que sus hijos estén desaparecidos a manos de policías municipales”, expresó.

Pulido busca a su hijo, Javier Ernesto Vélez Pulido, reportado como desaparecido el 8 de diciembre de 2020 en Culiacán. La integrante del colectivo señaló que, a más de cinco años de su desaparición, no ha recibido una respuesta que considere satisfactoria por parte de las autoridades estatales.

Asimismo, destacó que el trabajo realizado por el colectivo ha contribuido a la localización y recuperación de 350 cuerpos, resultado de las acciones de búsqueda efectuadas por sus integrantes.

“Hay búsquedas de cinco años; hay madres que han encontrado a sus hijos en fosas ellas solas. Ahorita voy sola por el cuerpo de una persona desaparecida, sin recursos”, señaló.

La madre buscadora también informó que recientemente sostuvo una reunión con la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla, a quien dijo, había hecho compromiso de brindar apoyo a las familias buscadoras, sin embargo, afirmó que no se han dado.

Posteriormente, las integrantes del colectivo se retiraron del pleno para sostener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, integrada por diversas diputadas y diputados, con el objetivo de exponer sus peticiones y planteamientos.

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para exentar del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones a las personas que recuperen sus vehículos después de haber sido víctimas de robo.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia a partir de diversas iniciativas tanto ciudadanas como de los grupos parlamentarios.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, señaló que esta medida representará un apoyo importante para la economía de las personas afectadas por este delito.

La legisladora destacó que la ciudadanía no debería asumir los costos derivados de la recuperación de unidades robadas.

Actualmente, las víctimas de robo de vehículo deben cubrir pagos que oscilan entre los 5 mil y 7 mil pesos por conceptos como estancia en pensiones o corralones y servicios de grúa para el traslado de las unidades recuperadas.

La Diputada comentó que con la aprobación de este dictamen, dichos gastos serán tomados mediante convenios entre la Fiscalía y los Ayuntamientos.

Explicó que se llevaron a cabo reuniones con distintas autoridades para concretar estos acuerdos, incluyendo a la Secretaría de Hacienda.

“Quiero decirles que este caminar, porque fue mucho andar tanto con las oficinas recaudadoras, pedir opinión de los ayuntamientos y Sates para ver cómo iba a quedar distribuida la carga financiera”, expresó.

“Establecimos que, para que hubiese un convenio con la Fiscalía, primero debe hacerse el reporte de reconocimiento de víctima; tratar de hacer convenios con los ayuntamientos para los corralones y también establecer convenios con los ayuntamientos para que sean las grúas de Tránsito las que puedan brindar el servicio” señaló la Diputada.

Por su parte, y tras aprobarse el dictamen, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Hólincer Castro Marañón, destacó que una de las principales áreas que tomaron en cuenta para elaborar el dictamen fueron las necesidades de la ciudadanía, pues comentó que, mientras las víctimas de robo de vehículo no podían cumplir con el pago correspondiente, no se les entregaba la unidad.

Asimismo, señaló que este tema cobra especial relevancia debido al incremento de los hechos de violencia en la entidad desde septiembre de 2024, periodo desde que el delito de robo de vehículos ha mostrado una tendencia al alza.

“En nuestro posicionamiento y como grupo parlamentario estamos conscientes de eso. Nosotros vemos los daños que estamos viviendo; eso no se ha negado. Estamos conscientes de ello y una de las afectaciones más grandes es el incremento de los robos. Hemos tenido meses en los que estos delitos encabezan las estadísticas donde puntean y también meses como mayo en los que se observa una disminución; sin embargo, no estamos ciegos, estamos conscientes de que es un área de oportunidad muy grande, el área de robo de vehículos” enfatizó.

Además, destacó que esta medida abona a la economía familiar en Sinaloa al no revictimizar a las personas afectadas, pues señaló que ya existe una afectación desde el momento en que ocurre el robo de la unidad y que ahora ya no será necesario que cubran esos costos para recuperarla.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se registraron en Sinaloa 3 mil 598 carpetas de investigación por robo de vehículo, lo que representa una tasa de 104 casos por cada 100 mil habitantes.

En ese año, Sinaloa ocupó el lugar 22 a nivel nacional en incidencia de este delito.

Sin embargo, tras más de un año de la ola de violencia que afecta a la entidad, el robo de vehículos se ha incrementado de manera significativa, registrando un aumento del 170 por ciento durante el último año.

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó este viernes la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el objetivo de la reforma es otorgar más tiempo para perfeccionar el marco normativo y permitir una mayor participación ciudadana en el proceso de elección judicial.

La iniciativa generó posturas divididas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

El Diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, manifestó su rechazo a la reforma y aseguró que representa un retroceso para el País.

“Morena celebra, pero México pierde de una forma nunca antes vista. Pienso que la etapa que estamos atravesando ahorita en México es una de las peores de todas”, expresó durante su intervención.

La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, cuestionó la forma en que la reforma fue aprobada en el Senado, al señalar que la discusión ocurrió durante la madrugada.

“Realizan estas sesiones en medio de la madrugada, cuando todos duermen, cuando nadie se da cuenta. Se destruye al Poder Judicial”, señaló.

En contraste, el Diputado de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, se pronunció a favor de la minuta y afirmó que los cambios permitirán fortalecer los procesos relacionados con la elección del Poder Judicial.

“No estamos frente a una nueva reforma judicial, estamos frente a cambios que mejoran aspectos operativos”, comentó.

Asimismo, la Diputada morenista, Juana Minerva Vázquez González, defendió la propuesta y respondió a los señalamientos realizados por la oposición respecto al gasto público.

“Dicen que en este Gobierno gastamos mucho dinero, pues yo digo que somos buenos administrando en la Cuarta Transformación, tenemos elecciones y procesos de desarrollo y nos alcanza para hacer elecciones sin deudas”, expresó.

Al momento de la votación, la reforma constitucional fue aprobada con 32 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa emitió un comunicado dirigido a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, para visibilizar la inquietud de miles de sinaloenses que han reportado altos cobros en sus recibos por el servicio de energía eléctrica.

Durante la sesión ordinaria se dio lectura a este comunicado, firmado por las y los coordinadores de cada grupo parlamentario, documento que será enviado a la directora de la CFE.

En el comunicado se expresó la molestia de las y los ciudadanos, sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en Sinaloa y que obligan a muchas familias a utilizar aparatos como el aire acondicionado.

“Esta Legislatura ha dado seguimiento permanente al tema de las tarifas eléctricas aplicables a Sinaloa, reconociendo las condiciones climáticas extremas que prevalecen en nuestro estado y que impactan directamente en el consumo doméstico de energía eléctrica”, argumentaron en el documento leído.

De igual manera, se señalaron casos en los que pudiera resultar necesario revisar procesos de facturación, debido a una posible mala lectura de los medidores en los domicilios.

Entre las solicitudes planteadas en el documento destacan:

* Revisar la temporalidad actual de aplicación del subsidio de verano para Sinaloa, a efecto de ampliar la cobertura hacia meses previos o posteriores al periodo actualmente vigente.

* Revisar y, en su caso, rectificar aquellos cobros que presenten diferencias relevantes respecto al historial de consumo de las personas usuarias.

* Suspender el corte de energía eléctrica a las familias sinaloenses que presenten reclamos por las dificultades derivadas de los altos cobros.

* Apoyar en la reconexión a las familias que han presentado reclamos por cobros desproporcionados.

Las y los integrantes de la Jucopo reiteraron su compromiso de dar seguimiento a las demandas ciudadanas relacionadas con el servicio de energía eléctrica en el Estado.

La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

La Diputada y presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Montoya Ojeda, respaldó la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, la cual busca prohibir en Sinaloa la aplicación de procedimientos de transición de género en menores de edad.

La Legisladora señaló que considera positivo que se impulsen este tipo de propuestas, al argumentar que las niñas, niños y adolescentes aún no tienen la madurez necesaria para asumir decisiones de esa importancia.

“Creo que debemos cuidar a las infancias en todos los sentidos y siendo menores de edad, aún no se cuenta con la madurez cognitiva y la madurez física suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza, las infancias, nosotros como adultos lo que debemos hacer es que ellos tengan un buen desarrollo”, expresó.

Montoya Ojeda precisó que no está en contra de los procedimientos en sí, sino que estos deberían realizarse únicamente cuando se alcance la mayoría de edad y exista una mayor madurez para asumir este tipo de decisiones.

Además, mencionó que en materia de infancias existen otros temas prioritarios como la salud mental y el autismo, los cuales deben ser atendidos en Sinaloa para fortalecer el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

“Creo que hay temas que debemos abordar que son mucho más urgentes, como el hecho de que haya las medicinas que necesitan las niñas y niños; temas como la educación, que haya una mejor educación; que se incremente la atención en salud mental y que haya más personal preparado en este tema y en el autismo, que desafortunadamente ha estado aumentando a pasos apresurados y gigantes. Entonces, hay muchos temas por los cuales tenemos que trabajar por nuestras infancias”, señaló.

La Legisladora reiteró su respaldo a la iniciativa y afirmó que, en caso de llegar al Pleno, emitiría su voto a favor.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa presentó la iniciativa “Va por tus hijos”, con la que busca prohibir los procedimientos de transición de género en menores de edad y establecer sanciones contra quienes practiquen este tipo de intervenciones en niñas, niños y adolescentes.

La Diputada Roxana Rubio Valdez señaló que los cambios de género en menores podrían representar riesgos para la salud, particularmente por el uso de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con cambios de sexo.

Expresó además el rechazo de la bancada panista a propuestas impulsadas por Morena a nivel federal que, aseguró, permitirían que menores de edad puedan tomar decisiones relacionadas con el cambio de sexo.

“En el PAN sostenemos que los menores no tienen la capacidad mental para tomar este tipo de decisiones; no tienen esa capacidad mental para decidir cambiarse de sexo y afrontar todas las consecuencias que conlleva este tipo de procedimientos”, expresó.

A través de esta iniciativa, también se contempla aplicar castigos a personas o instituciones que promuevan, autoricen o realicen estos procedimientos en menores.

Durante la presentación, integrantes de la organización civil Vía Familia respaldaron la propuesta del PAN y señalaron que buscan evitar que en Sinaloa se aprueben procedimientos de transición de género para menores de edad, como ha ocurrido en otras entidades del País.

Ana Laura Hernández, presidenta del organismo, argumentó que las y los menores no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones definitivas sobre este tipo de procesos.

“Nosotros, a nombre de Vía Familia, una organización de la sociedad civil, respaldamos esta iniciativa. Ya lo habíamos hablado cuando hubo el parlamento abierto para el cambio de género en las actas de nacimiento, claramente dijimos que era una atrocidad, porque un niño, desde la neuroendocrinología, no tiene la capacidad para tomar este tipo de decisiones, la corteza prefrontal es la última en madurar; madura hasta después de los 21 años y es el área con la que tomamos decisiones. Por lo tanto, los niños no tienen esa capacidad biológica para decidir si quieren o no cambiar de género” señaló.

Asimismo, en esta rueda de prensa señalaron que en instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE en la Ciudad de México ya se brindan de manera gratuita algunos servicios relacionados con procesos de transición de género para menores de edad.

Diputados del PAN reiteraron que el objetivo de la iniciativa es evitar que este tipo de prácticas lleguen a implementarse en Sinaloa.

El Congreso del Estado de Sinaloa analiza la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria este viernes para discutir la reforma constitucional que contempla aplazar las elecciones judiciales hasta el año 2028.

Este jueves, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto, luego de que durante la madrugada la Cámara de Diputados aprobara el dictamen por mayoría, tanto en lo general como en lo particular.

Se prevé que este mismo día, alrededor de las 16:00 horas, el Senado ponga a discusión la propuesta de reforma.

En caso de concretarse su aprobación, diputados del Congreso de Sinaloa podrían convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema en el ámbito local.

Entre los principales cambios que contempla la iniciativa, se establece que la jornada electoral judicial, originalmente prevista para 2027, se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

El argumento central es evitar la coincidencia de diversos procesos electorales federales, locales y judiciales en un mismo periodo.

La propuesta también busca realizar modificaciones que permitan simplificar el proceso de votación para la ciudadanía y mejorar el mecanismo de elección judicial, luego de las complicaciones y la confusión que, de acuerdo con diversas opiniones, se registraron durante el proceso realizado en 2025.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa se pronunció sobre la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que la institución solicitara un nuevo apoyo al Gobierno federal.

Señaló que la casa de estudios necesita optimizar el uso de sus recursos, así como revisar la estructura de su planta laboral, particularmente en lo referente al personal de confianza, al considerar que existe un número elevado que podría representar excesos en el gasto administrativo.

“Yo creo que también desde los institucional se debe reforzar a reducir la plantilla laboral de confianza, así como disminuir las prestaciones excesivas que existen dentro del personal” expresó.

Indicó además que tanto el Gobierno federal como el estatal han mostrado disposición para otorgar apoyos económicos a la Universidad; sin embargo, subrayó que la institución debe acompañar estos recursos con estrategias de eficiencia interna.

Guerra Ochoa también mencionó que la UAS ha mantenido esquemas de jubilación con montos que, dijo, en algunos casos superan los límites establecidos por la Ley.

En ese sentido, reconoció que existe inconformidad entre algunos trabajadores jubilados ante posibles ajustes en sus percepciones, aunque consideró que dichas medidas podrían ser necesarias para mejorar la viabilidad financiera de la institución.

“Creo que la reingeniería debe pasar por revisar algunas jubilaciones que rebasan los topes establecidos a nivel federal. Yo considero que institucionalmente se pueden y se deben seguir haciendo esfuerzos. Si bien aún existe controversia sobre este tema, entiendo que hay un número de personas jubiladas que no están de acuerdo con estos descuentos; sin embargo, creo que desde las instituciones se debe mostrar voluntad y también apelamos a que desde el Gobierno Federal haya una respuesta”, enfatizó.

Expresó su confianza en que se realicen las modificaciones necesarias y se fortalezca la ingeniería financiera de la Universidad, al destacar que se trata de una de las instituciones educativas más importantes del Estado.

El Congreso del Estado analiza una iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México para que las y los candidatos a cargos de elección popular sean sometidos a pruebas antidoping como parte de los requisitos para participar en los procesos electorales.

Así lo informó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien explicó que la propuesta ya recibió una primera lectura.

“Yo también he dicho que se les haga un antidoping a todo servidor público y a toda persona que quiera ser candidato; es una manera de demostrarle a la ciudadanía que están limpios” expresó.

La iniciativa surge en medio del debate nacional sobre los mecanismos de control y revisión de perfiles políticos, luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteara la necesidad de investigar a candidatas y candidatos para descartar vínculos con el narcotráfico o grupos del crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre este tema, el legislador consideró positiva la propuesta federal y señaló que, además de las investigaciones de antecedentes, también sería viable aplicar pruebas antidoping a quienes aspiren a un cargo público.

“Desde luego que ninguna persona que quiera ser candidata debería tener vínculos con el narcotráfico y debe contar con un historial limpio. A veces nos dejamos llevar por la popularidad de algunos perfiles, pero esa popularidad termina siendo adversa para el beneficio de la población”, señaló.

Las declaraciones ocurren en un contexto donde autoridades de Estados Unidos mantienen señalamientos y acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras desde el ámbito político se promueven nuevas medidas de control para quienes buscan ocupar cargos de elección popular.

En ese sentido, mientras a nivel federal se insiste en que deben existir pruebas sólidas para proceder legalmente contra personas señaladas por presuntos nexos criminales, también se impulsa una propuesta para que sean las y los propios candidatos quienes mediante revisiones e investigaciones comprueben no tener vínculos con actividades ilícitas.

Luego del altercado entre el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez y colectivos ciudadanos por la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, el Legislador aseguró que sí existe apertura para recibir y escuchar a los representantes de las organizaciones civiles.

Comentó que podrían realizarse cambios y ajustes a la iniciativa de ley, además de abrir más mesas de trabajo donde los colectivos sean tomados en cuenta.

Señaló que el objetivo de la propuesta es homologar la ley estatal con la legislación federal y que, aunque no se contempla desecharla en su totalidad, sí podrían hacerse modificaciones.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada por completo, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Sobre los señalamientos de algunos colectivos, quienes aseguran que la nueva ley busca blindar a funcionarios acusados por Estados Unidos, especialmente al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Diputado rechazó dichas acusaciones y reiteró que la intención únicamente es homologar la legislación estatal con la federal.

“Yo creo que es parte del posicionamiento político que han hecho y que la ley tenga que estar siendo homologada con una legislación federal. No considero que exista una intención de la particularidad que se menciona. Lo que queremos es darle continuidad legal y estamos cumpliendo con el proceso”, expresó.

Asimismo, declaró que ya revisó los videos difundidos en redes sociales para analizar con detenimiento los argumentos de los colectivos, y afirmó que varios de ellos carecen de fundamentos.

“No hay indicios ocultos, yo invito a las personas interesadas en el tema a que revisen el video de la reunión que tuvimos. Así como estamos hablando de transparencia, ahí quedó todo claro, se le permitió la palabra a todos; incluso algunos participaron directamente y me pareció positivo que varias personas mostraran una postura propositiva y conocimiento del tema, sin embargo, la mayoría llevaba una intención política, tan es así que estuvo presente un Diputado federal que realmente no tiene injerencia sobre este tema”, detalló.

También sostuvo que en el Congreso del Estado sí existe apertura para recibir a las organizaciones y escuchar sus planteamientos.

Sin embargo, integrantes de la sociedad civil han denunciado que estas reuniones solo representan una simulación y no una verdadera disposición para atender las voces ciudadanas.

Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.

Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.

“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.

Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.

Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.

También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.

Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.

“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.

“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.

Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.

Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.

Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.

Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.

Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.

La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.

“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.

Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.

Señalamientos de organizaciones civiles

En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.

Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.