En las próximas elecciones de 2027, el partido en el poder dominará las urnas, dicen los comentaristas pro Morena, pero también los críticos de él. Y lo será con mucho, a pesar de sus enormes carencias para gobernar, abusos y desvío de sus principios programáticos.

Precisamente porque Morena, según las encuestas imparciales, es el gran favorito de las mayorías, a pesar de que los partidos de Oposición digan lo contrario, la real, y a veces encarnizada, disputa por las candidaturas con altas posibilidades de ganar está al interior del partido que administra Palacio Nacional y la mayoría de los gobiernos estatales y municipales del País.

Y no es sorprendente que la lucha sea intensa y rasposa, aunque soterrada en prácticamente todos los estados.

En Sinaloa, tanto sus militantes y observadores externos, ven a un Morena dividido en dos: los que están con Imelda Castro y los que apoyan a Tere Guerra, Estrella Palacios, Graciela Domínguez, Ricardo Madrid, Omar López y Rodolfo Valenzuela, entre otros. Imelda Castro, es, quizá, la única que no cuenta con el apoyo del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Los demás, al menos la mayoría, sí.

Y no es que el ex Rector de la UAS tenga la última palabra para decidir quién será la virtual o el virtual candidato a la Gubernatura por Morena, porque esa, que está en disputa, estará en Palacio Nacional o en Palenque, pero su opinión y el poder con el que, a pesar del tsunami que tiene encima desde hace dos años, todavía cuenta, será importante para que Claudia Sheinbaum y/o López Obrador inclinen la balanza.

A juzgar por las más recientes visitas a Sinaloa de dos importantes operadores políticos de las elites morenistas, el Diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Senador Ignacio Mier, quienes visitaron Culiacán al finalizar la primera semana de agosto y se reunieron, en el caso de Ramírez Cuéllar, con empresarios sinaloenses de primera línea, y Mier con los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, se ven dos acciones políticas probablemente confrontadas que nos hablan de la pugna de Morena en nuestro estado.

Ramírez Cuéllar es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, un cargo importante sin duda, pero uno se pregunta si él está facultado para decidir quiénes serán los cuatro finalistas, dos mujeres y dos hombres, de los aspirantes de Morena para ser tomados en cuenta en la recta final de la lista de donde emanará la candidata o el candidato virtual de Morena a la Gubernatura. Y no tan sólo eso, sino que, además, en su listado incluye a Gerardo Vargas Landeros, sabedor de que es un adversario político de Rocha Moya. Por cierto, ya antes había respaldado al Diputado Jesús Ibarra para que fuera uno de los pretensos

Otra pregunta es: ¿Alfonso Ramírez Cuéllar, de quien se dice es uno de los operadores políticos más cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, está actuando por la libre o tiene la autorización de la Primera Mandataria?

Si lo segundo es lo cierto, veríamos un indicio de que la doctora Sheinbaum, por lo tanto, estaría apoyando a la Senadora Imelda Castro y a Gerardo Vargas, quienes en meses pasados tuvieron acercamientos entre ellos. No sorprendería el apoyo a Imelda Castro por parte de la Presidenta Sheinbaum y de Ramírez Cuéllar, pero sí el que se le concediera a Vargas Landeros, a pesar de sus fuertes ligas con el malovismo y de que una de las operaciones políticas más conocidas del ahomense fue haber apoyado, al lado de Héctor Melesio Cuén, a Lucero Sánchez, para que se convirtiera en Diputada, y después se descubrieran las relaciones de esta mujer con Joaquín Guzmán.

Por otra parte, Ignacio Mier, un político cercano a López Obrador, visitó Sinaloa al día siguiente que lo hizo Ramírez Cuéllar, y de inmediato, aunque de manera indirecta, salió al paso del promotor de Gerardo Vargas, cuando al reunirse con los 13 aspirantes de Morena llamó a “la disciplina y el respeto” en la 4T de Sinaloa, evidentemente refiriéndose a que Ramírez Cuéllar habría reducido la lista de Morena a sólo seis aspirantes, entre los que incluía a su amigo, el ex Alcalde de Ahome. Como parte del mensaje de que él sería el intermediario para operar la candidatura de Morena en Sinaloa y no Ramírez Cuéllar, anunció que visitaría con frecuencia los 20 municipios del estado.

Ignacio Mier, no sobra recordarlo, además de que es parte de la camada de López Obrador, también es un político cercano a Rubén Rocha Moya, así que no sería atrevido decir que operará en favor de las propuestas que sugiera el Gobernador con licencia.

Si la interpretación de las visitas y reuniones de Ramírez Cuéllar e Ignacio Mier son ciertas, entonces lo que veríamos de ahora en adelante sería una disputa más intensa acerca de quién definiría las candidaturas de Morena en Sinaloa, particularmente la que quiere habitar el Tercer Piso: Palacio Nacional o Palenque. ¿O, podría haber un acuerdo entre la Presidenta Sheinbaum y López Obrador?

Presidenta Sheinbaum: ¿Qué necesidad tiene Luisa María Alcalde de elaborar con dedo flamígero listas de los periodistas que critican su gobierno? No permita que esa acción le eche más leña al fuego de los enormes problemas que ya tiene México. No hay sociedad democrática sin crítica, aunque sea excesiva e infundada. La verdad se impone. Si está de su lado, usted saldrá avante.

La Suprema Corte acaba de ordenar a Claudia Sheinbaum expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El dato que debería alarmarnos no es el reglamento en sí, sino el plazo: 18 años de omisión, a través de cuatro presidentes, para cumplir un mandato legal que tomaría seis meses.

El caso pesquero no es una anomalía, sino el síntoma más visible de una patología recurrente del presidencialismo mexicano: la capacidad del Ejecutivo de neutralizar al Legislativo simplemente absteniéndose de actuar.

Esta parálisis deliberada opera en dos frentes distintos, pero emparentados.

El primero es la omisión reglamentaria, que la Corte acaba de sancionar en materia pesquera. El Congreso aprueba una ley, fija principios y directrices generales, y delega al Ejecutivo la tarea de “aterrizar” esos mandatos en reglas operativas. Cuando el Ejecutivo simplemente no reglamenta, la ley queda con motor pero sin transmisión: existe en el papel, pero no puede moverse en la práctica. La Corte tuvo que recordar algo que debería ser obvio: la vigencia de una norma anterior, pensada para un paradigma distinto, no puede usarse como pretexto para congelar indefinidamente un mandato legislativo posterior.

El segundo frente es más grave, porque no se trata de reglamentar los detalles de una ley ya vigente, sino de impedir que una reforma constitucional nazca a la vida jurídica. Es el caso de la reforma al artículo 123 que garantiza un salario base digno a policías, guardias nacionales, militares, médicos, enfermeras y maestros. Aprobada por el Congreso de la Unión desde octubre de 2024 y ratificada por prácticamente la totalidad de las legislaturas estatales, la reforma lleva casi dos años suspendida en el limbo administrativo. Formalmente, el trámite pendiente es la declaratoria de constitucionalidad en el Senado; en los hechos, la Presidenta ha anunciado públicamente en más de una ocasión -agosto de 2025 y de nuevo este año- que la publicación era inminente, sin que eso se haya traducido en la entrada en vigor de la norma. El resultado práctico, más allá de a qué órgano corresponda formalmente el siguiente paso, es idéntico al de un veto: una reforma con respaldo legislativo unánime y validación federalista plena, que policías y médicos no pueden invocar.

Lo que conecta ambos casos es una lógica común: cuando publicar una ley o emitir un reglamento resulta incómodo -porque implica costo fiscal, porque limita discrecionalidad, porque contradice la narrativa oficial de austeridad- el Ejecutivo mexicano ha aprendido que la inacción es políticamente más barata que el veto expreso. No hay que justificar una decisión que nunca se toma.

La sentencia de la Corte en materia pesquera es un precedente valioso porque, al fijar un plazo perentorio de 180 días, reconoce que la omisión también es una forma de gobernar. Falta ver si ese mismo criterio, aplicado con la misma firmeza, alcanza algún día a la reforma salarial de policías y médicos, donde el costo de la parálisis no se mide en biodiversidad marina, sino en la dignidad laboral de quienes sostienen la seguridad y la salud pública del País.

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El autor es abogado y Diputado federal.

Semujeres quiere revivir las pulseras de emergencia

Casi tres años después de que Sinaloa anunciara que tendría pulseras de emergencia para mujeres en alto riesgo, el proyecto vuelve a la mesa. Esta vez, la Secretaría de las Mujeres dice que está analizando alternativas como el “Pulso de Vida”. El detalle es que, por ahora, todavía se está viendo cómo, cuándo y con qué dinero.

En noviembre de 2023 se hablaba de un programa piloto de 60 dispositivos, con una inversión estimada de 3 millones de pesos, que incluso contemplaba equipos para víctimas y agresores. La idea era que, si el presunto agresor se acercaba, saltara la alerta. Pero 2024 llegó, pasó 2025 y aquí seguimos todavía viendo la viabilidad.

Mientras el proyecto estatal se quedó en veremos, en Guasave sí le entraron al asunto. En septiembre de 2024 entregaron 10 pulseras de pánico conectadas al C4 para mujeres en riesgo feminicida. Dos de ellas ya fueron utilizadas ese mismo año en situaciones de peligro.

Ahora Semujeres reconoce que el principal freno es el dinero. La Secretaria Brenda Rocío García Félix explicó que el presupuesto ya está comprometido en distintos rubros y que habría que buscar recursos para comprar los dispositivos. También planteó que las dependencias involucradas podrían firmar compromisos para que el proyecto camine.

Mientras se analiza si se compran, hay mujeres que no tienen el lujo de esperar a que las oficinas terminen de ponerse de acuerdo. La propia dependencia reporta cuatro mujeres actualmente resguardadas en Culiacán por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema.

El “Pulso de Vida” no debería quedarse otra vez en la categoría de proyectos que se anuncian, se presupuestan y luego se guardan en el cajón. Si ya existen experiencias en otros estados y hasta un antecedente en Guasave, lo que toca ahora es definir cuánto cuesta, quién lo opera, a quién se entrega y qué autoridad responderá cuando una mujer presione el botón. Porque en Sinaloa ya sabemos que los pendientes pueden durar años; lo que no puede esperar tanto es la seguridad de una mujer en riesgo.

¿Quién tiene la verdad en este tema?

Qué rara resulta esa información que tiene la propia Secretaría de Economía del Gobierno estatal, que insiste en que no hay salida de empresas de Sinaloa por la violencia, y que de hecho, tienen para reportar a nuevos proyectos de inversión...

Y es que el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, salió ayer y los medios lo pepenaron para que diera una declaración pública.

Ya ven que el librito de Morena dice que nadie declare, más que el mero mero petatero.

Pues en el evento, su evento de distinciones para empresas, Aguerrebere Espitia insistió en que “no hay registro” de empresas nacionales o extranjeras que hayan decidido retirarse o desistir de invertir en el estado debido a la situación de violencia.

Que, en cambio, dijo, hay nuevos proyectos de inversión en proceso, como una nueva planta industrial en Escuinapa, al sur del estado, que corresponde a la firma de arneses automotrices ATR Sumitomo, de origen japonés, además de la empresa minera canadiense Torex Gold Resources Inc. que se instalará en Cosalá, en la zona serrana del centro del estado.

Según el Secretario hay mucho todavía que el estado puede ofrecer, sin embargo, lo que a nosotros no nos checa es que seguimos viendo pérdidas de empleo en las calles y locales que cerraron porque se acabó el chisguete o de plano la falta de clientes fue el detonante.

Esperaremos a que los comerciantes de cámara o los unidos puedan hablar sobre este caso para entender mejor.

Para la calle, una buena y una mala

Una noticia mala y una buena, nos trajo el organismo civil Mapasin con su anuncio de que los siniestros viales crecieron un 40 por ciento en Culiacán, pero con una baja en la mortalidad durante el 2026.

Según los números de la ONG, en el primer semestre del año se registraron mil 462 hechos viales, frente a los mil 41 del mismo periodo de 2025, pero las muertes bajaron de 12 casos de fallecimiento en sitio a apenas seis en el siguiente periodo.

El análisis del equipo de Mapasin señala que durante el primer semestre de 2026 también se contabilizaron 664 personas lesionadas, que para nada son pocas.

Y algo que llamó mucho la atención fue que los cruceros con mayor número de siniestros durante los primeros seis meses del año fueron el bulevar Pedro Infante y Rolando Arjona, con nueve casos; Nicolás Bravo y Gabriel Leyva Solano, con ocho; y La Canasta, también con ocho.

Lo que también habría que tomar en cuenta es que la crisis de inseguridad ha alargado aún más el alejamiento de muchos conductores que se sumaban diferente antes de la pandemia.

Rinden protesta a nuevo funcionario... otro más

Y pues ayer la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, anunció que ya tomó la protesta al nuevo Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, al coronel Diplomado de Estado Mayor, Efrén Martínez Casimiro.

Esta persona, evidentemente también de extracción militar, viene a cubrir el cargo que dejó vacante el General Humberto Zerón Martínez, quien supuestamente se fue porque se reincorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Honestamente, desde hace varios años no vemos la diferencia entre un mando y otro, pues de todos ninguno ha destacado por sus resultados frente a la crisis.

Es más, los únicos inolvidables fueron Cristóbal Castañeda y sus colaboradores, uno de ellos tristemente asesinado Joel Ernesto Soto, y el Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva.

De ahí para acá han desfilado puro escurridizo, que ni con la prensa saben hablar, ¿para qué andan ocupando cargos para los que no están preparados?

Vulnerada la prevención en Mazatlán

La prevención en Mazatlán sigue vulnerada, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no da una en brindar seguridad en el municipio.

De no ser por el “gran trabajo” que hacen recuperando motocicletas o automóviles siempre abandonados en las calles de puerto, pues no presentarían chamba.

Y es que el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, sigue con su canción rayada de que siguen trabajando por la seguridad, de que no puede dar información porque la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación, de que la autoridad policiaca en Mazatlán no ha sido rebasada, de que son los primeros respondientes en llegar, en fin, palabrería con resultados nulos.

Lo mismo ocurren ataques armados en colonias de la periferia, que en la zona hotelera, el Centro y no se diga en la zona rural de Mazatlán.

Y aunque “cacaraquean” que les leen sus derechos y les piden autorización para revisiones a los detenidos, Barrón Valdez y sus elementos no dan resultados positivos a los mazatlecos.

¡FOUL!... Luego de admitir 20 meses “complicados” para Sinaloa, el titular de Economía, Diego Aguerrebere, dijo que ya ¡se ven señales de recuperación!

¡Les estamos diciendo!

Increible que la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde salga a declarar, como a cada rato, que hay una mejora en la seguridad en Sinaloa, pues es evidente que seguimos con la crisis de homicidio doloso.

De hecho, nuestro estado aparece entre los estados con más homicidios.

Ayer, la Mandataria interina recalcó que la seguridad en el estado ha mejorado este 2026, luego de ser cuestionada sobre los datos presentados por el Gobierno federal, que detallan una reducción de 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el estado, tras comparar los picos registrados en junio de 2025 con julio de 2026.

Este martes, en la conferencia de prensa mañanera con la Presidente de la República Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo la presentación de los números.

Pero pues esta declaración no tiene qué ver con lo que ocurre en Sinaloa, que todavía se mantiene entre las entidades con más homicidios del País.

Un dato que muestra la crisis es que de enero a julio de este año acumuló 735 víctimas, que representan 7.1 por ciento del total nacional y lo que lo coloca al estado en el cuarto lugar del País en este delito.Para Bonilla Valverde y su jefazo Rocha Moya esto es una manera de aprovechar, de tomar un poco de oxígeno fresco, y decir que a tirones y empujones esto va mejorando, aunque de poquito.

Mientras, las balaceras y ataques armados en Mazatlán siguen en las calles, se agravan el feminicidio con nuevos casos y en el norte hay preocupación con presencia de grupos criminales operando en las calles.

Según ellos, la mejoría es por su “vieja confiable”: la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y bla, bla, bla.

Lo peor es que Sheinbaum Pardo habla del pasado y asegura que la crisis, la problemática en Sinaloa “se vivió” durante 2024 y 2025.Casi por nada agarraron a 28 el fin de semana en Mazatlán y este martes anunciaron otros 10 detenidos, entre ellos siete colombianos. ¿Qué le decimos a la gente?, ¿que vienen al Carnaval?, pues si ¡ya pasó!

Sin lana y con cuentas por aclarar

La Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, dijo que antes de definir si el Gobierno de Sinaloa continuará entregando recursos al CIE, El Trapiche y el Teatro Ingenio de Los Mochis, sus administradores tendrán que transparentar en qué se gastaron los apoyos recibidos.

Y la petición, en principio, no tiene mayor ciencia pues si se trata de recursos públicos, hay que saber dónde terminaron. El detalle es que esta revisión llega cuando los tres espacios ya anunciaron que cerrarán sus puertas el 31 de agosto por falta de recursos.

La Gobernadora también puso sobre la mesa otro asunto de que aunque los recintos fueron construidos con inversión pública, actualmente son operados por particulares. Por eso cuestionó que el Gobierno siga destinando dinero público a espacios que no son propiedad estatal.

Una cosa es que un inmueble haya recibido inversión pública y otra que su operación cotidiana corresponda a una institución privada. La pregunta que queda en el aire es bajo qué condiciones se otorgaron esos apoyos, qué obligaciones tenían los administradores y qué mecanismos de comprobación existían.

Del otro lado está el cierre anunciado por Impulsora de la Cultura y las Artes IAP, que implicaría dejar sin operación al CIE, El Trapiche y el Teatro Ingenio, además de la desvinculación de alrededor de 95 trabajadores. No es poca cosa, pero tampoco convierte automáticamente en injustificada cualquier revisión del dinero público.

Mientras ambas partes tienen argumentos, falta algo bastante básico que es la información completa. Cuánto dinero recibieron los espacios, durante cuánto tiempo, en qué se gastó, qué se comprobó y bajo qué reglas se entregaron los recursos. Con esos datos se puede discutir si el apoyo público estaba justificado o si ya no lo está.

Tampoco se trata de aquello de “si antes les daban, que les sigan dando”. El dinero público no tiene dueño particular y debe justificarse. Pero tampoco basta con decir “son privados” para cerrar la discusión. Si hubo inversión pública desde su construcción y posteriormente recursos para su operación, habrá que explicar con claridad cuál fue el acuerdo y qué responsabilidades asumió cada parte.

Al final, toca pedir cuentas a ambos. Que se transparente el dinero público, que se explique el modelo de operación y que se informe qué pasará con los espacios y sus trabajadores. Porque entre el “ya no hay lana” y el “primero transparenten”, hay varios millones de pesos y una explicación que todavía falta.Estan cerca los equipos de definir un finalista.

Los llaman a cuentas

Sin tentar aro, este lunes tres productores agrícolas fueron citados a una audiencia pública para rendir declaraciones sobre su participación en la protesta por el campo en Culiacán de hace varias semanas.

Obvio que el proceso forma parte de una acusación en contra de estos tres agricultores, como seguramente luego serán otros, tras la toma y liberación de las casetas de cobro en la sindicatura de Costa Rica y el poblado El Pisal, ambas en el municipio de Culiacán y el centro del estado.

Según los documentos mostrados por uno de los líderes del movimiento, los citatorios, emitidos el 5 de agosto por la Célula B-I-3 de la FGR en Culiacán, establecen que los productores deberán presentarse ante la Fiscalía Federal para manifestar lo que a su derecho corresponda en relación con los hechos que dieron origen a una carpeta de investigación.

En uno de los documentos se fijó una comparecencia para el 10 de agosto, es decir el lunes, mientras que los otros dos se realizaron con fecha del día de ayer martes 11 de agosto. Sobre este caso, el líder agrícola Martín Lim confirmó que los tres productores fueron citados en relación con su participación en las manifestaciones realizadas en las casetas de Costa Rica y El Pisal.

Como se recordará estas movilizaciones tienen que ver con las realizadas por los sinaloenses en el llamado Paro nacional, durante jornadas de protesta de productores para exigir respuestas a las demandas del sector agrícola.

Con base en la experiencia de los líderes y los agricultores, es común que las autoridades busquen este tipo de acciones para intimidar y luego asustar a quien se encuentra harto de las injusticias y ha pensado en la movilización.Sabemos, pues, que eso pocas veces pasa aquí en Sinaloa... a ver qué sale.

¡FOUL! CIE, Trapiche y Teatro Ingenio anuncian cierre total de operaciones por falta de ¡recursos estatales!

A la llegada el sábado de mil 700 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar los operativos contra la violencia en Mazatlán le correspondió de manera simultánea el operativo de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas que logró la detención de 28 presuntos delincuentes en la zona rural de la Sindicatura de El Roble, tratándose ambas cosas del mayor golpe asestado al crimen y de una especie de salvavidas arrojado al destino de playa cuando la marea roja de la narcoguerra le llega al cuello.

El despliegue de marinos llega en contrasentido del discurso que han mantenido las autoridades locales al repetir como disco rayado que la seguridad pública está garantizada en Mazatlán, e inclusive atreverse a clasificar con saldo blanco la actual temporada vacacional de verano, con corte al 5 de agosto. Esa falta de tacto declarativo o dificultad para guardar silencio pasó por alto los 36 homicidios dolosos de julio y los 15 de la primera semana de agosto que si bien es cierto no ocurrieron en la zona turística sí fueron perpetrados dentro del casco urbano.

El apremio de las instituciones por dar mejores resultados en seguridad pública, como los presentados el fin de semana, debe concordar con la desesperación de la gente pacífica debido al hartazgo que causa la violencia en su avance hacia dos años constante y atemorizante. La estrategia de permitir que los resultados hablen y los servidores públicos adopten adecuados márgenes de cautela son condiciones fundamentales en la consecución de paz.

Es decir, en caso de que los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, hubieran hecho suyo el informe de Mazatlán como paraíso de apacibilidad y legalidad, entonces ninguna razón habría para destacamentar al gran número de efectivos navales. Hicieron la lectura adecuada: no es necesario que las balas rocen a los turistas para deducir que el peligro es también para éstos.

Por fortuna, el arribo de los efectivos de Marina fue secundado por el operativo en la Sindicatura de El Roble, municipio de Mazatlán, que detuvo a 28 personas presuntas generadoras de violencia y les aseguró el enorme arsenal de 15 armas largas, 94 cargadores, 3 mil cartuchos útiles y ocho chalecos con 16 placas balísticas. Véase como se vea, esto abona bastante a que la gente adquiera confianza respecto a las labores de pacificación de Sinaloa.

También se trata de un apoyo federal que llega tarde. Sin ánimo de ponerle plazos a la atención de acontecimientos que esparcen terror y frustración en Sinaloa, cada vez que desembarcan militares, guardias nacionales y policías federales habrá el reclamo del retraso en la operación anticrimen con sustento en la dolorosa suma de las vidas sacrificadas, los hogares en los cuales la fuerza delictiva se llevó a uno o más de los suyos, y la afectación que las armas de los maleantes causan al patrimonio de familias y actividades económicas.

Ojalá que estas acciones contra el hampa adquieran un efecto irradiador hacia los municipios de Concordia, Escuinapa y Concordia en los cuales se ha concentrado en las semanas recientes la disputa entre facciones del narco por el control de territorios. El sur se ha convertido en la joya de la corona para las organizaciones criminales que chocan a partir de que Ismael Zambada García, jefe del Cártel de Sinaloa, fue llevado con engaños a un lugar de Culiacán donde lo secuestraron para llevarlo a la fuerza a Estados Unidos donde la justicia lo sentenció a cadena perpetua.

En síntesis, la apuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por más marinos para restablecer la Ley y el orden en Mazatlán, contrasta con la idea de generales y jefes policiacos que creen que mientras los crímenes no ocurran en la franja turística que abarca de El Faro a Cerritos, entonces la Perla del Pacífico goza de paz aceptable. O viceversa, si los asesinatos se registran en el malecón ¿en nada afectan al resto de perímetro citadino?

Con estos “mínimos” ajustes que dejen atrás el método separatista en materia de incidencia delictiva y en cambio fortalezcan los logros en beneficio de la tranquilidad de la sociedad, no es descartable que Mazatlán y el sur transmuten a la percepción de calma y amparo aportadas por las instituciones de seguridad pública.

Y allí sí hay que ponernos las pilas todos en la lógica de reconocer que así se trate de una sola vida humana la que es rescatada de la atroz narcoguerra, indistintamente de si es lugareño o visitante, las instancias de salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los sinaloenses activaron a tiempo y en sincronía los engranajes de la maquinaría pública para la pacificación, tal como ocurrió el sábado.

Nadie entiende la indolencia,

De acudir a falsas aristas,

Si son víctimas de la violencia,

Sean mazatlecos o turistas.

Y en Los Mochis, que se supone es territorio ajeno a la narcoguerra, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado reportó el domingo el ataque a elementos de la Guardia Nacional por parte de un grupo de civiles armados. El resultado consistente en la detención de ocho de los agresores también le aporta a la esperanza de retomar a Sinaloa como lugar para vivirlo, nunca más para temerle o coexistir sintiendo la sensación del arma en la sien de cada ciudadano que ni la debe ni la teme. ¿Alguien que reconozca estos aciertos poniendo en pausa el negativismo que le es intrínseco a barbaries como la que inició el 9 de septiembre de 2024?

Los municipios de Sinaloa recibieron más dinero durante el primer semestre de 2026.

Pero no se emocionen.

Cuando se descuenta la inflación, resulta que en realidad recibieron menos.

Los ayuntamientos acumularon 5 mil 771.8 millones de pesos en transferencias entre enero y junio, contra los 5 mil 612 millones del mismo periodo del año pasado. En el papel, son más recursos.

En términos reales, sin embargo, hubo una reducción de 0.5 por ciento.

Y el golpe más fuerte está en las participaciones federales.

Los municipios recibieron 3 mil 802.8 millones de pesos por ese concepto, cuando un año antes habían recibido 3 mil 918.5 millones.

Son alrededor de 116 millones de pesos menos en términos nominales y una caída real de 6.1 por ciento.

Para Culiacán, el recorte ronda los 42 millones de pesos y representa una disminución real de 6.9 por ciento.

Mazatlán tampoco salió bien librado: alrededor de 26 millones de pesos menos y una caída real de 7.4 por ciento.

Pero si de porcentajes se trata, El Fuerte, Angostura y Navolato tienen motivos para mirar con más preocupación sus números, con reducciones reales de 9, 8.1 y 8 por ciento, respectivamente.

Y esto ocurre mientras los ayuntamientos tienen que hacer frente a las mismas, o mayores, necesidades de servicios públicos, seguridad, infraestructura, agua, recolección de basura y mantenimiento urbano.

Porque la inflación no reduce las necesidades de una ciudad.

También disminuyeron las participaciones estatales y los ingresos derivados del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles. En este último concepto, la caída real fue de 35.1 por ciento.

Así que el problema no está únicamente en una bolsa.

Está en varias.

Y el contexto tampoco ayuda demasiado.

El propio Gobierno de Sinaloa recibió menos participaciones federales durante el primer semestre: 16 mil 724.9 millones de pesos, contra 17 mil 331.5 millones en el mismo periodo de 2025.

Una reducción real de 6.6 por ciento.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto dinero recibieron los municipios.

La pregunta es qué tendrán que dejar de hacer cuando el dinero ya no alcance.

Porque en los presupuestos las reducciones aparecen como porcentajes.

En las calles pueden terminar apareciendo como obras que no se hacen, servicios que se retrasan o necesidades que se quedan esperando.

Otra noticia que produjeron nuestros reporteros de Noroeste durante este domingo fue el estatus de nuestra deuda pública y de la que cada que la vemos nos preocupa más, porque se nota que quien la maneja no es alguien al que le guste administrarla o de plano pagarla.

Recordamos cómo, muy sácalepunta, llegaron los gobiernos a decir que no iban a endeudar más las administraciones tanto del municipio como del Gobierno estatal y cayó más pronto un hablador que un cojo.

Todavía recordamos cómo Jesús Valdés, como Presidente Municipal de Culiacán, dejó un crédito ya pedido y autorizado, pensando que iba a regresar a la Alcaldía, pero perdió la elección con Jesús Estrada Ferreiro.

El abogado sí se aguantó las ganas, pero el ahijado Juan de Dios Gámez Mendivil comenzó a utilizar el crédito y algo parecido pasó desde el gobierno de Rubén Rocha Moya, ya muy emocionado con las obras públicas fue y pidió otros más de 2 mil 200 millones de pesos.

Y miren, ni siquiera la crítica es por pedir, porque ya todos pidieron, pero la bronca es que están viendo y no quieren ver, que se trata de heredar problemas a nuestro futuro que tampoco se ve muy muy alentador que digamos.

Mire usted, nada más, que el chistecito creció de 5 mil 563 millones de pesos en marzo a 5 mil 801.96 millones al cierre de junio.

En números directos, estamos hablando que por los tres meses, la deuda creció 238.7 millones de pesos.

Imagínense los programas de ayuda que se podrían pagar con eso, las obras que se podrían construir.

Lo peor es que la mayoría de este tipo de créditos se piden con intereses bastante altos.

Pero pues claro, cómo quien lo pide no lo va a pagar de su bolsa, pues ¡viva México!

Lamentable.

Llama la atención que este fin de semana ocurra una tragedia en otro centro de rehabilitación en la ciudad de Los Mochis, ál norte de Sinaloa.

La semana pasada fue de interés debido a la celebración de una audiencia inicial contra tres implicados por el presunto homicidio de un interno.

Los tres empleados del centro, al principio, señalaron que la persona sin vida había sufrido una caída y los golpes seguramente habrían propiciado el fallecimiento.

Sin embargo, luego de la necropsia y otras pruebas recabadas la sospecha recayó en los tres trabajadores del centro.

Durante la audiencia se narró lo sucedido y la Fiscalía General mostró las pruebas recabadas que llevaron a la jueza a vincularlos a proceso.

El presunto crimen levantó el interés debido a las denuncias por presuntos abusos que siempre se reportan en este tipo de centros.

Y cuando ya todo iba pasando a la normalidad, este domingo un voraz incendio en un centro de rehabilitación en Los Mochis dejó a dos personas sin vida y cinco más heridas de gravedad.

Según los primeros reportes, el fuego consumió parte de este centro de rehabilitación ubicado en el fraccionamiento La Cuchilla durante la tarde de el domingo, del que dos de los sobrevivientes ingresaron al hospital en estado crítico.

Por las condiciones del siniestro y las muertes y heridos que resultaron, la Fiscalía General del Estado ya comenzó con la investigación de las posibles causas.

¡FOUL!... Tras el escándalo por la vulnerabilidad de la plataforma SaberesMX, resulta que la UAS y la UAdeO también ofrecen cursos en esa plataforma.

Durante años el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo quitando la pensión por viudez a las viudas que se volvían a casar o que entraban en un concubinato (unión libre).

Las viudas afectadas por lo que hacía el IMSS no tenían a su alcance algún remedio legal para evitar ese despojo.

La situación acaba de cambiar, después de recorrer un largo camino legal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver un asunto en donde sostiene que el IMSS no puede quitar la pensión por viudez, aunque la viuda se vuelva a casar o viva en concubinato.

Las razones de la Suprema Corte entre otras, es que eliminar la pensión por viudez porque la viuda se vuelve a casar o vive en concubinato, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, volviéndose una amenaza para que, una mujer en situación de viudez no pueda iniciar una nueva relación sentimental.

El criterio de la Corte me parece acertado y justo y va en la línea de la finalidad de la pensión por viudez que es garantizar que la viuda no quede desprotegida ante el fallecimiento de su marido.

Así que, si usted tiene una pensión por viudez, se vuelve a casar o vive en concubinato y el IMSS inicia trámites para quitarle su pensión, no se asuste, acuda con su abogado de confianza, platíquele lo que aquí le digo y defiéndase en los tribunales.

Si su abogado es medianamente bueno, no tendrá problemas en obtener una sentencia favorable a usted garantizando su pensión por viudez.

Y por si se lo pregunta, este criterio aplica tanto a una pensión por viudez en favor de la mujer como en favor del hombre dado que también la SCJN ya ha reconocido que el hombre tiene derecho a una pensión por viudez cuando fallece su esposa y esta era la asegurada.

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david@bufetealvarez.com