A seis meses de que Estados Unidos acusó al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, Sinaloa ha tenido cambios en la titularidad del Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Culiacán y la Vicefiscalía General del Estado.

Aunque algunos de los señalados se separaron de sus cargos, las investigaciones continúan y las licencias de algunos de ellos llegaron a su límite legal.

La acusación que provocó los primeros relevos

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diez sinaloenses por presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos. Entre los señalados se encuentran Rocha Moya; el Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; el ex Secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; y mandos policiales estatales y municipales.

Las acusaciones también alcanzan a Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Los señalamientos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y delitos relacionados con el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, en el caso de Valenzuela Millán.

El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de Gobernador. Un día después, el Congreso de Sinaloa aprobó su separación temporal y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Ese mismo 1 de mayo, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió licencia. El Cabildo nombró a Ana Miriam Ramos Villarreal como Presidenta Municipal provisional.

El 5 de mayo, Dámaso Castro solicitó licencia sin goce de sueldo como Vicefiscal General del Estado.

Comparecencias ante la FGR y entregas a Estados Unidos

El 26 de mayo, cinco de los señalados fueron reportados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde acudieron a una entrevista relacionada con la investigación.

Entre ellos estuvieron Rocha Moya, Enrique Inzunza, Dámaso Castro, el ex jefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza y Juan de Dios Gámez.

Rocha e Inzunza confirmaron su asistencia mediante publicaciones en redes sociales. Dámaso Castro y Almanza hablaron con medios de comunicación al salir de las instalaciones.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea”, declaró Almanza.

Por su parte, Dámaso Castro respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.

La asistencia de Gámez también fue reportada por medios de comunicación, aunque el Alcalde con licencia no la confirmó públicamente. Inzunza informó que acudió sin acompañamiento legal y que actuó “como abogado de mí mismo”.

Dos días después, el senador solicitó una licencia de 22 horas en el Senado, en medio de la atención pública sobre las acusaciones.

Mientras avanzaban las diligencias en México, dos de los señalados quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses.

El 11 de mayo, el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos por Nogales, Arizona, y quedó bajo custodia. Posteriormente se declaró no culpable de los cargos en su contra.

El 15 de mayo, Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas, se entregó a las autoridades estadounidenses en Nueva York. El Gabinete de Seguridad de México confirmó ese día que el ex funcionario se había puesto a disposición de ese país.

Rocha vuelve a la gubernatura y se separa otra vez

Después de 112 días separado del cargo, Rocha Moya retomó sus funciones como Gobernador el 21 de agosto.

Sin embargo, su regreso duró alrededor de 34 horas. El 22 de agosto solicitó una segunda licencia, también por tiempo indefinido.

La decisión generó cuestionamientos políticos. Legisladores de Morena señalaron que no habían sido informados previamente de su regreso, mientras que el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, le pidió reconsiderar su decisión.

El 25 de agosto, el Congreso del Estado designó a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que termina el 31 de octubre de 2027.

Con ese nombramiento, Sinaloa tuvo tres titulares del Poder Ejecutivo en menos de cuatro meses: Rocha Moya, Yeraldine Bonilla y Graciela Domínguez, además del breve regreso del Gobernador con licencia.

Las licencias llegan a seis meses

En el Ayuntamiento de Culiacán también surgieron diferencias sobre la situación legal de Juan de Dios Gámez, cuya licencia cumplió seis meses el 1 de noviembre.

La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, solicitó que se declarara la ausencia definitiva del Alcalde y se notificara al Congreso estatal. Argumentó que el artículo 148 de la Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses.

Sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que la licencia continúa vigente porque fue aprobada por el Cabildo por un periodo mayor a diez días, sin establecer una fecha de conclusión.

Por ahora, Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del Ayuntamiento como Presidenta Municipal provisional.

En el caso de Dámaso Castro, su licencia como Vicefiscal cumplió seis meses el 5 de noviembre. La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había advertido que, si no se reincorporaba al concluir ese periodo, legalmente tendría que presentar su renuncia.

“La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró en agosto.

Durante su ausencia, José Roberto Quiñonez Coronado ha estado al frente de la Vicefiscalía.

La investigación sigue abierta

A medio año de la acusación, las investigaciones continúan tanto en Estados Unidos como en México. La FGR ha señalado que requiere más elementos de prueba para avanzar en el procedimiento relacionado con la solicitud estadounidense.

En estos seis meses, la acusación provocó la salida temporal de funcionarios de sus cargos, cambios en la estructura de gobierno y la entrega de dos de los señalados a autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones.

La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) arrastra un déficit financiero de 105 millones de pesos desde 2024 y todavía no tiene garantizados los recursos para pagar los aguinaldos de sus trabajadores, reconoció el Rector Pedro Flores Leal.

Explicó que el desequilibrio financiero se relaciona con los incrementos salariales que la institución ha tenido que aplicar a partir de la política federal de recuperación del salario mínimo.

“Desde entonces hemos tenido un déficit que hemos podido solventar; este año traemos un déficit de 105 millones que ya hemos estado revisando con las autoridades federales y estatales desde el principio de año”, señaló.

Flores Leal indicó que desde principios de 2026 mantienen gestiones con autoridades federales y estatales para encontrar alternativas de financiamiento que permitan cubrir las necesidades de la universidad.

Mencionó que han trabajado con la Secretaría de Educación Pública y que recientemente abordó la situación con la Gobernadora Graciela Domínguez, de quien reconoció la disposición para apoyar a la institución.

Sin embargo, no tienen garantizado, aún, el pago de prestaciones de fin de año.

“Ahorita no lo tenemos garantizado”, expresó.

El rector confió en que durante noviembre y diciembre puedan completar el financiamiento mediante las aportaciones de ambos gobiernos.

“Consideramos que al final que queda este mes de noviembre y diciembre, podemos obtener el total y poder garantizar todo lo que se tiene que pagar al final de año, incluyendo los aguinaldos”, dijo.

Detalló que la universidad necesita alrededor de 86 millones de pesos para cubrir los aguinaldos y que, al sumar la prima correspondiente, el monto se acerca a los 100 millones de pesos, aparte del dinero necesario para las quincenas ordinarias.

Sin quejas formales de padres de familia y con cambios en la convivencia de los estudiantes, transcurrió la primera semana de aplicación de la restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas de Sinaloa, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Aclaró que la medida no representa una prohibición general de los dispositivos, sino una restricción de su uso en los espacios educativos.

“Yo he escuchado buen ánimo de los padres y madres de familia. Hay quien, una minoría, que disiente de la medida, es respetable; sin embargo, hay que entender que esto es por el bienestar de nuestras adolescentes”, expresó.

La medida comenzó a aplicarse el martes 3 de noviembre en todo el País, como parte de una disposición de la Secretaría de Educación Pública federal que busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los alumnos y fortalecer la convivencia escolar.

En educación básica, la regulación contempla restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, incluidos los recreos, salvo excepciones relacionadas con actividades pedagógicas o situaciones extraordinarias. En media superior y superior se contemplan disposiciones diferenciadas.

Félix Niebla aseguró que, durante los primeros días de implementación, no han recibido inconformidades formales, aunque sí han escuchado comentarios de algunas familias.

“Pero no hemos tenido ninguna queja que se haya presentado, hemos escuchado expresiones de algunos padres de familia, pero no han pasado de una expresión”, sostuvo.

Explicó que la disposición fue resultado de un proceso de socialización nacional en el que participaron pedagogos, investigadores especializados en tecnología, psicólogos y psiquiatras.

De acuerdo con la funcionaria, alrededor del 80 por ciento de las respuestas en las consultas respaldó la restricción de los teléfonos celulares.

Sobre los primeros resultados, mencionó que durante sus recorridos por diferentes planteles ha observado mayor convivencia entre los estudiantes, quienes ahora aprovechan los recreos para practicar deportes, bailar y realizar actividades artísticas.

“Cuando salían al recreo estaban más aislados, estaban en su teléfono solitos, y hoy tienen mayor convivencia entre ellos”, afirmó.

Félix Niebla agregó que la intención también es recuperar el hábito de la lectura y mejorar la atención de los estudiantes durante las clases, al evitar que estén pendientes de las notificaciones y otras distracciones de sus teléfonos.

“Yo creo que los vamos a ver muy palpables, porque en la medida que los jóvenes no tengan una distracción, no estén pendientes de esas notificaciones que les llegan en el teléfono, van a estar más atentos de recepcionar los aprendizajes”.

Sinaloa necesitará al menos 10 años de estrategias económicas para recuperar el daño estructural que enfrenta su economía, deteriorada por la pérdida de dinamismo de años anteriores y acentuada por la crisis de inseguridad que comenzó hace dos años, consideró Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

El economista señaló que el deterioro se refleja principalmente en el cierre de negocios, la disminución de las ventas y la pérdida de fuentes de empleo.

Explicó que la problemática comenzó a concentrarse en Culiacán, pero posteriormente se extendió a municipios como Navolato y Salvador Alvarado, mientras que actualmente Mazatlán también enfrenta una situación similar.

“Yo siempre he sostenido en mis conversaciones que Sinaloa va a necesitar cuando menos 10 años de buenas estrategias económicas para poder recuperar el daño que ha tenido la economía de Sinaloa”, expresó.

La pérdida de empleos también se refleja en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores asegurados, 19 mil 726 menos que en el mismo mes de 2024, cuando comenzó la crisis de violencia. Además, entre enero y septiembre de este año, la entidad registró una disminución de 2 mil 271 patrones afiliados al Seguro Social, de acuerdo con cifras del Instituto.

Ante este panorama, Aarón Sánchez consideró que la prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico mediante apoyos emergentes para las empresas que continúan operando, con el propósito de evitar más cierres.

Entre las propuestas del Colegio de Economistas se encuentran otorgar estímulos fiscales, reducir hasta en 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina y facilitar el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social.

También planteó recuperar la inversión privada y pública, pues aseguró que proyectos que estaban previstos para Sinaloa se han cancelado o detenido, mientras que otros no han podido concluirse.

Esta falta de inversión, dijo, agudiza el deterioro económico y contribuye a que continúe la pérdida de empleos.

“Se necesita toda una estrategia para evitar la mortandad de un mayor número de empresas, pero, por otra parte, también se necesita atraer inversión. La inversión se ha ausentado de Sinaloa”.

Sostuvo que la recuperación económica no puede plantearse de manera separada de la seguridad pública, pues ambas condiciones están relacionadas y deben atenderse simultáneamente.

“No podemos aspirar al progreso económico en un contexto de violencia. Necesitamos abatir la violencia y una forma de abatir la violencia al mismo tiempo es, pues, haciendo crecer la economía”, manifestó.

Por ello, insistió en que Sinaloa necesita trabajar tanto en el fortalecimiento de la seguridad como en la reactivación de las empresas y la generación de empleos, con una estrategia sostenida que permita revertir el deterioro acumulado y recuperar el dinamismo económico de la entidad.

Prevenir las adicciones, cuidar la salud mental y promover estilos de vida saludables entre las juventudes fueron los objetivos de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, realizada este viernes en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, con la participación de cientos de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades.

La actividad fue encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien señaló que proteger a las juventudes es una responsabilidad compartida entre sociedad, autoridades, madres y padres de familia, personas cuidadoras y docentes.

“Hoy estamos aquí, sociedad y Gobierno, para hacer una causa común y decirles a las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que no están solos, cuentan con nuestro acompañamiento para atravesar esta bella etapa de la vida llena de cambios, dudas, miedos, descubrimientos e intensa en emociones, pero también llena de sueños, utopías y aspiraciones”, expresó.

La Mandataria estatal indicó que su Gobierno busca acercarse a los jóvenes mediante actividades culturales, recreativas, deportivas y comunitarias para promover una vida saludable y contribuir a la prevención del consumo de drogas.

En la jornada también participó el medallista olímpico de boxeo Marco Verde, quien invitó a los estudiantes a desarrollar su potencial mediante la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

Además, hizo énfasis en la importancia de cuidar la salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario.

“Ser campeón no implica ganar una medalla, ser campeón también es levantarse después de una caída, tomar buenas decisiones, cuidar de uno mismo, respetar a los demás y luchar por un futuro mejor”, manifestó.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que la educación es una herramienta para construir paz y destacó la importancia de generar oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus proyectos de vida.

“Decirles a nuestras juventudes que su futuro nos importa, nosotros estamos trabajando para que construyan trayectorias educativas exitosas. Construir paz en Sinaloa, definitivamente va acompañada de la educación”, afirmó.

El encuentro incluyó actividades de sensibilización sobre prevención de las adicciones, fortalecimiento de valores y cuidado de la salud socioemocional, así como herramientas como el ABC de las Emociones.

También se presentaron el ballet folclórico juvenil Jiapsi Xochipill, del CBTis 224, y los coros de la secundaria Antonio Nakayama y de la escuela de educación migrante Campo Victoria, de Villa Juárez, Navolato.

Entre los asistentes estuvieron César Julio Saucedo, Secretario General de Gobierno; Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud; Ana Miriam Ramos Villarreal, Alcaldesa de Culiacán; Édgar Emanuel Campos, Comandante de la Novena Zona Aérea Militar; Benito Hilario García, Comandante del 94 Batallón de Infantería; Daniel Gutiérrez García, Capitán segundo de la Guardia Nacional, y Martina Salazar Rodríguez, coordinadora estatal de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

También acudieron representantes del Poder Legislativo, de los sindicatos magisteriales SNTE 27 y SNTE 53, así como autoridades educativas y militares.

Este jueves se cumplieron seis meses desde que Dámaso Castro Saavedra solicitó licencia sin goce de sueldo como vicefiscal general del Estado, luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En agosto, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, adelantó que el futuro del funcionario se definiría en noviembre, cuando concluyera el periodo de licencia.

Advirtió que, si no se reincorporaba a sus funciones, legalmente tendría que presentar su renuncia.

“El licenciado Dámaso está en licencia, en licencia por el tema de la propia investigación. Él continúa en esa decisión. Entonces, en este momento, la investigación continúa. La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, expresó.

El vicefiscal solicitó licencia el 5 de mayo de 2026, seis días después de que autoridades de Estados Unidos hicieran públicos señalamientos contra él y otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Castro Saavedra presuntamente recibía sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.

La solicitud fue presentada sin goce de sueldo. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes.

Tras su separación temporal, la FGE designó a José Roberto Quiñónez Coronado como encargado provisional de la Vicefiscalía General del Estado.

Aunque Sinaloa cuenta con prácticamente 20 mil elementos de seguridad, los homicidios continúan registrándose por la complejidad de la violencia en el estado, reconoció la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Cuestionada sobre los asesinatos que siguen ocurriendo en espacios públicos pese a la presencia de militares, la Mandataria estatal señaló que existe un compromiso de los gobiernos estatal, federal y municipales para atender la crisis de seguridad.

“Tenemos prácticamente 20 mil elementos, bien lo dicen, a pesar de eso sigue habiendo homicidios. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor”, expresó.

Domínguez Nava sostuvo que las Fuerzas Armadas realizan una “tarea titánica” en las calles y recordó que sus integrantes también mueren durante las labores de seguridad.

Aseguró que el Gobierno estatal no renunciará a la responsabilidad que tiene en esta materia, pero insistió en que se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para recuperar la tranquilidad.

“Por supuesto que el Gobierno no va a renunciar a la responsabilidad que tiene, pero sí es un esfuerzo conjunto, por eso hemos establecido diálogos largos, abiertos, profundos, con los distintos sectores”, manifestó.

También planteó la necesidad de modificar la percepción que existe sobre Sinaloa, señalando que la entidad cuenta con riqueza cultural, académica y recursos naturales que deben ser reconocidos.

“Tenemos que asumir todos para que vayamos recomponiendo también la percepción que tenemos, para que eso también ayude a que todas las familias puedan estar más tranquilas y ciertamente la tarea central asume el gobierno y ahí están las Fuerzas Armadas”.

Añadió que la participación social también puede contribuir a generar un ambiente de mayor tranquilidad desde el aspecto emocional y psicológico de las familias.

“Todos tenemos que contribuir desde nuestra trinchera y en nuestras funciones para que nuestro Estado recupere la tranquilidad”, concluyó.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa mantiene gestiones con la aseguradora Agroasemex para que se indemnice a la familia de Teresa Juliana, la madre de familia que murió electrocutada en la primaria Teófilo Álvarez Borboa, en Culiacán, el pasado 2 de septiembre.

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que los familiares ya entregaron parte de la documentación solicitada y están a la espera de que los ajustadores de la compañía acudan a Sinaloa para revisar el caso.

La funcionaria explicó que la familia se ha acercado directamente a la aseguradora para proporcionar información sobre el incidente, mientras que la Secretaría de Educación da seguimiento al procedimiento para conseguir el apoyo económico que corresponda.

“Cualquier incidente que ocurra al interior de una escuela se hace un reporte a nuestra aseguradora, que es Agroasemex. Ya los ajustadores están revisando la posible indemnización para quienes les corresponda en el orden de parentesco”, señaló.

Indicó que la dependencia espera una respuesta pronta por parte de la compañía, pues reconoció que la familia necesita una resolución sobre el respaldo económico.

“Estamos a la espera de que vengan a Sinaloa los ajustadores, pero ya estamos en el camino”, expresó.

Además de la indemnización, Félix Niebla informó que realiza gestiones con la Secretaría de las Mujeres para que el hijo menor de la víctima pueda acceder a un programa destinado a niñas y niños en situación de orfandad.

La secretaria confirmó que el menor ya fue reubicado en otra escuela pública por decisión de su familia y que la dependencia busca garantizar su continuidad educativa y acompañamiento psicoemocional.

“Este niño, pues es un niño que ha quedado en orfandad y hay un programa para niños en orfandad que tiene la Secretaría de Mujeres. Estamos haciendo una gestión también y la Gobernadora está muy pendiente del asunto”, manifestó.

Añadió que la dependencia continuará con las gestiones hasta conseguir que la aseguradora otorgue la indemnización correspondiente, aunque reconoció que el apoyo económico no puede reparar la pérdida de la madre.

“No vamos a bajar la guardia hasta conseguir que la aseguradora indemnice a esa familia, que eso quiero decir no restituye para nada lo que pasó”, sostuvo.

Sobre las condiciones del plantel, informó que las clases presenciales se reanudaron el pasado 26 de octubre, después de que se atendieran las instalaciones eléctricas y una barda perimetral que presentaba daños.

Félix Niebla dijo que durante una visita realizada el jueves 5 de noviembre encontró a los estudiantes contentos por regresar a las aulas.

Aunque el proceso de renovación del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa contempla 18 representantes ciudadanos, la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava informó que solamente designará a cinco nuevos integrantes, debido a que así lo establece la convocatoria.

Señaló que ya concluyó la evaluación de las personas aspirantes y que únicamente falta realizar las asignaciones, las cuales, aseguró, se darán a conocer en los próximos días.

“Ya tenemos ahí la evaluación y nos falta pasar a la asignación. En los días próximos lo estaremos haciendo”, declaró.

Cuestionada sobre cuántas personas se registraron para participar en el proceso, Domínguez Nava dijo no tener a la mano la cifra total, pero aclaró que la convocatoria establece un máximo de cinco nuevos nombramientos.

“La convocatoria establece que solamente podemos seleccionar cinco, porque la convocatoria nos limita a que tenemos nada más máximo cinco, no se puede mover de una a todos los integrantes”, expresó.

De acuerdo con Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, alrededor de 60 personas se registraron para participar en la renovación de los 18 espacios ciudadanos del organismo.

Calderón Quevedo también había planteado la importancia de incorporar a representantes de sectores afectados directamente por la crisis de seguridad, entre ellos madres buscadoras, víctimas de violencia y defensores de derechos humanos.

Al respecto, la Gobernadora dijo desconocer si se registraron personas con esos perfiles.

“No tengo claro que se hayan registrado perfiles de esa naturaleza”, respondió.

El proceso de renovación ocurre después de que el Consejo permaneciera más de dos años sin sesionar formalmente. Su última reunión plenaria fue convocada el 8 de febrero de 2024, durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya.

Desde entonces, el organismo no volvió a reunirse, pese a que la Ley de Seguridad Pública estatal establece que debe sesionar al menos una vez cada seis meses.

Además, los periodos de los anteriores representantes ciudadanos concluyeron en diciembre de 2025, pero la convocatoria para renovar su integración se publicó hasta el 30 de septiembre de 2026, en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024.

El Gobierno de Sinaloa no tiene capacidad presupuestal para entregar más recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que necesita mil 380 millones de pesos para cubrir aguinaldos y las dos quincenas de diciembre, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que su administración continuará acompañando a las autoridades universitarias en las gestiones ante el Gobierno federal, pues la solución a las necesidades financieras de la institución depende de la autorización de recursos extraordinarios por parte de la Federación.

“El Gobierno del Estado, ya lo conoce el Rector, no tenemos capacidad ya presupuestal para poder ampliar un presupuesto”, declaró.

Cuestionada sobre la posibilidad de otorgar otro préstamo o apoyo económico a la Universidad, Domínguez Nava recordó que recientemente se autorizó un adelanto de aproximadamente 146 millones de pesos.

“Pues ya les adelantamos, ¿no? Ya les hicimos un adelanto y ahorita lo que resolvería la demanda, la necesidad que ellos tienen, tendría que ser un presupuesto extraordinario por parte de la Federación”, respondió.

El adelanto fue de alrededor de 146 millones de pesos, correspondientes a recursos del presupuesto de diciembre que fueron entregados anticipadamente para que la UAS pudiera cubrir la segunda quincena de octubre.

La necesidad de recursos extraordinarios ha sido expuesta nuevamente por autoridades universitarias y representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), quienes advirtieron que la institución llega a noviembre sin tener asegurados los recursos para cerrar el año.

El vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, informó que de los mil 380 millones de pesos que requiere la Universidad, 840 millones corresponden al pago de aguinaldos y otros 540 millones a las dos quincenas de diciembre.

Por su parte, el secretario general del Suntuas Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, reportó un déficit acumulado de mil 600 millones de pesos durante 2026 y señaló que los adelantos de participaciones y préstamos ya no son suficientes para atender las necesidades financieras de la institución.

Entre los problemas estructurales que la Universidad ha señalado se encuentran un subsidio por estudiante inferior a la media nacional, horas clase sin reconocimiento presupuestal y prestaciones que no están contempladas en los convenios oficiales de financiamiento.

Una de ellas es la jubilación dinámica, que beneficia a más de 6 mil extrabajadores y representa un gasto anual de 2 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el dirigente sindical.

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, confirmó el cambio en la dirección del Instituto MIA, donde Samara Yukier Gámez López asumió la titularidad en sustitución de Brianda Crystal Murillo Meza, quien dejó el cargo por motivos personales.

La Alcaldesa informó que el movimiento forma parte de los ajustes que realiza el Ayuntamiento en su equipo de trabajo, el cual, dijo, se mantiene bajo supervisión constante para mejorar los servicios que se ofrecen a la población.

Explicó que Gámez López anteriormente se desempeñaba en la Dirección de Administración del Ayuntamiento.

Añadió que también se realizó un movimiento en la estructura administrativa municipal, pues el jefe de departamento ascendió a la Dirección General.

“Somos un equipo que está en constante supervisión, un equipo que está en constante movimiento, si así lo requiere la población, siempre buscando cómo darles un mejor servicio”, expresó.

La Secretaria de Salud de Sinaloa confirmó un cuarto caso de gusano barrenador en humanos y mantiene otros cuatro pacientes bajo análisis para determinar si presentan la infestación

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud estatal, informó que los cuatro pacientes sospechosos están a la espera de los resultados de laboratorio para establecer si se trata de nuevos contagios.

“Hay cuatro diagnosticados, hay cuatro más sospechosos. Estamos esperando el diagnóstico de esos cuatro sospechosos”, aclaró.

González Galindo precisó que, en el registro histórico de la dependencia, suman 13 personas que han sido analizadas por posible presencia de gusano barrenador.

Esta cifra, precisó, corresponde al acumulado de pacientes estudiados y no al número de casos confirmados.

Sobre la procedencia de los pacientes, mencionó que hay personas de la zona sur de Culiacán, Mazatlán y El Rosario, además de un paciente procedente de Durango y otros del norte del Estado.

El Secretario señaló que los casos se han presentado principalmente en adultos mayores y personas que permanecen postradas, quienes tienen heridas abiertas que no reciben los cuidados necesarios.

“Son pacientes adultos, muchos adultos mayores, gente que está postrada con heridas abiertas, que no están mal cuidadas”, explicó.

También indicó que han identificado pacientes con heridas infectadas o tumores expuestos en la piel, condiciones que facilitan que la mosca deposite sus larvas.

“Un tumor que no está cubierto y ahí llega la mosca”, ejemplificó.

Respecto a la evolución de los pacientes, González Galindo aseguró que no han registrado fallecimientos por esta causa.

Explicó que el tratamiento contempla retirar todas las larvas y administrar medicamentos para combatir la infestación.

“Lo importante es la curación y sacar todas las larvas (...) afortunadamente no hemos tenido decesos”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, informó que esta semana capacitaron a 300 trabajadores de la salud que realizan visitas casa por casa.

También buscan reforzar la coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería para ampliar las labores de prevención.

A casi un mes de las riñas registradas en el Penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas, el director del centro penitenciario, Enrique Mora García, todavía no ha sido separado de sus funciones, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Aclaró que el funcionario permanece en el cargo de manera temporal, pese a que anteriormente se había anunciado que sería separado para facilitar las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos al interior del reclusorio.

“No ha sido removido, no ha sido removido. Está ahí temporal”, respondió al ser cuestionada este viernes.

Domínguez Nava indicó que no tenía información precisa sobre quién podría ocupar la dirección del penal y señaló que es la Secretario de Seguridad Pública está directamente involucrada en el proceso.

“No les podría informar en este momento, no tengo el dato preciso, es una tarea en la que está involucrado directamente el Secretario de Seguridad Pública y no ha sido separado aún”, expresó.

Las riñas ocurrieron los días 8 y 9 de octubre y dejaron 12 personas fallecidas, entre ellas 11 internos y un niño de dos años que se encontraba de visita familiar.

Los hechos también dejaron 17 personas lesionadas y derivaron en investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones y la entrada de armas al penal.

El Ayuntamiento de Culiacán adjudicó la adquisición de 25 camiones nuevos recolectores y compactadores de basura por un monto de hasta 74 millones 470 mil 600 pesos, de acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional CLN-LCP/018/2026.

La compra contempla 15 unidades con capacidad de 21 yardas cúbicas y otras 10 con capacidad de 10 yardas cúbicas, destinadas a la Dirección General de Servicios Públicos.

De acuerdo con el acta de fallo, la partida correspondiente a los 15 camiones de mayor capacidad fue adjudicada a la empresa Isaza Soluciones Integrales S.A. de C.V., por un monto de hasta 53 millones 915 mil 640 pesos, IVA incluido.

Las unidades serán de la marca International, modelo 2026, con un precio unitario de 3 millones 98 mil 600 pesos.

Mientras que la segunda partida, correspondiente a los 10 camiones de 10 yardas cúbicas, fue asignada a Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción S.A. de C.V., por un monto de hasta 20 millones 555 mil 200 pesos, también con IVA incluido.

Estos vehículos serán marca Ford Super Duty, modelo 2026, con un precio unitario de un millón 772 mil pesos.

En el procedimiento participaron tres empresas: Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción, Conversiones de Unidades Móviles Fleurs e Isaza Soluciones Integrales.

Aunque las tres propuestas fueron consideradas solventes en las evaluaciones técnicas, el comité determinó asignar cada partida a las empresas más convenientes y que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Choferes del transporte urbano de Culiacán marcharán el próximo lunes para exigir al Gobierno de Sinaloa que subsidie los descuentos que se otorgan a estudiantes y adultos mayores, cuyo costo recae sobre sus ingresos y de los permisionarios.

Flavio Rolando Ibarra, dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, anunció que la movilización será desde la Catedral de Culiacán hacia Palacio de Gobierno, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, dependencia encargada de tramitar las tarjetas inteligentes para estudiantes que permiten acceder a tarifas preferenciales en el transporte público.

Aseguró que no están en contra de que estos sectores de la población reciba descuentos, sino de que sean los propios operadores quienes absorban parte del costo sin recibir una compensación por ello.

“Lo único que queremos es que el Gobierno sea el responsable y que asuma que él está otorgando el descuento, cuando los que estamos otorgando el descuento somos nosotros, que no estamos cobrando directamente”, expresó Flavio Ibarra.

Explicó que actualmente el pasaje general cuesta 15 pesos, mientras que los estudiantes pagan 3.50 pesos, lo que representa un descuento de 11.50 pesos.

Sin embargo, señalaron que de esa diferencia los choferes únicamente reciben 35 centavos, por lo que consideran que pierden ingresos por cada estudiante que trasladan.

Indicó que de acuerdo con sus cálculos, un conductor que transporta alrededor de 200 estudiantes al día deja de percibir aproximadamente 530 pesos diarios y estimó que las pérdidas podrían alcanzar los 108 mil pesos anuales por trabajador y, considerando a unos 700 choferes, sumar alrededor de 68 millones de pesos.

“El chofer está perdiendo de estos descuentos, están perdiendo de ganar su comisión”, afirmó.

Cuestionaron las propuestas legislativas para ampliar los descuentos a adultos mayores, pues consideraron que antes de aumentar los beneficios debe establecerse quién cubrirá el costo para los trabajadores.

Señalaron que buscarán entregar nuevamente un planteamiento a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para que se revise el esquema de descuentos y se establezca una compensación para los choferes y permisionarios.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa acreditó violaciones al derecho de acceso a la justicia en 10 de las 12 recomendaciones que ha dirigido durante este año a la Fiscalía General del Estado, principalmente por omisiones en las investigaciones, falta de diligencias y retrasos en la integración de carpetas.

Las resoluciones documentan casos en los que las víctimas denunciaron delitos y, pese al paso de los meses o incluso años, no obtuvieron avances sustanciales en las investigaciones.

En algunos expedientes, la Comisión encontró periodos prolongados de inactividad por parte de los agentes del Ministerio Público y falta de seguimiento a las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Entre los casos documentados se encuentra el de una familia que denunció la desaparición de un hombre en diciembre de 2013, quien posteriormente fue localizado sin vida en el municipio de Elota.

La investigación permaneció durante años sin avances suficientes, pese a que sus familiares aportaron testimonios e indicios para identificar a los posibles responsables.

En su Recomendación 21/2026, la CEDH señaló que la investigación presentó diversos periodos de inactividad y que, desde diciembre de 2017 hasta 2026, transcurrieron más de ocho años sin que se realizaran diligencias que verdaderamente contribuyeran al esclarecimiento de los hechos.

Aunque durante 2026 se ejercitó acción penal y el expediente fue remitido a un juzgado, el organismo acreditó que la dilación y la deficiente integración vulneraron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Otro caso corresponde a una denuncia por fraude presentada el 26 de septiembre de 2016 ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra el Patrimonio.

Casi 10 años después, la víctima continuaba sin obtener una resolución concreta sobre su denuncia.

En la Recomendación 10/2026, la Comisión documentó que después de que la carpeta fue reasignada a otro agente del Ministerio Público, no se advirtieron nuevas diligencias de investigación.

Además, una propuesta de no ejercicio de la acción penal por prescripción, presentada en diciembre de 2022, fue declarada improcedente en agosto de 2025, por lo que se ordenó agotar los actos de investigación necesarios.

Las omisiones también alcanzaron investigaciones por discriminación, amenazas, daños dolosos, allanamiento de morada, lesiones culposas y otros hechos denunciados ante distintas agencias del Ministerio Público en Culiacán, Escuinapa y Guasave. En estos expedientes, la CEDH acreditó desde la falta de actos y técnicas de investigación hasta dilaciones en la integración de las carpetas.

En una de las recomendaciones relacionadas con una denuncia por discriminación, la Comisión encontró que transcurrieron más de dos años sin que se iniciara una investigación ni se realizaran diligencias para esclarecer los hechos. La autoridad tampoco había emitido oportunamente una determinación sobre la abstención de investigar.

Por otra parte, una de las 12 recomendaciones se relaciona con el derecho a la búsqueda y localización de personas desaparecidas y a la identificación de personas localizadas sin vida. En ese expediente, la CEDH documentó deficiencias en la coordinación y en las acciones de investigación que ocasionaron que una persona localizada sin vida en septiembre de 2022 fuera identificada hasta casi dos años después.

La recomendación restante, correspondiente al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, señala la negativa de personal de la Fiscalía a proporcionar copias certificadas de una carpeta de investigación a una persona reconocida como víctima.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregaron este miércoles 4 de noviembre la planta potabilizadora de Las Cucas, al norte de la ciudad, una obra en la que se invirtieron 84 millones 518 mil pesos y que beneficiará a 45 mil habitantes de 28 colonias.

La infraestructura tiene capacidad para producir 100 litros de agua por segundo y ya se encuentra en operación.

Durante el acto, Domínguez Nava aseguró que el Gobierno estatal mantendrá el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Culiacán para atender las necesidades del municipio.

“Vamos a seguir trabajando de manera coordinada, una coordinación absoluta con el gobierno municipal de Culiacán que encabeza nuestra amiga y compañera Ana Miriam. Siempre con nuestro apoyo Ana Miriam”, afirmó.

La Gobernadora también destacó la participación de la Alcaldesa en las mesas de seguridad y su seguimiento a los servicios públicos de la capital sinaloense.

Además, señaló que la obra permitirá atender el rezago en el acceso al agua potable, al tratarse de un servicio considerado un derecho humano.

“Este tipo de obras para los gobiernos de la cuarta transformación son lo más importante. Ir atendiendo el rezago en un derecho humano tan elemental como es el acceso al agua potable. Estas obras que son de justicia social, sobre todo en una zona urbana, no podemos dejar de atenderlas”, expresó.

Por su parte, Ramos Villarreal señaló que la planta representa la atención a una necesidad que durante décadas enfrentaron habitantes del norte de Culiacán, debido al crecimiento de las colonias y la falta de nueva infraestructura de gran escala.

“Durante más de tres décadas, Culiacán creció sin incorporar una nueva planta potabilizadora de gran escala como la que tenemos el día de hoy aquí frente a nosotros”, manifestó.

La Alcaldesa explicó que la nueva infraestructura también permitirá atender la demanda de agua de los desarrollos habitacionales que se contemplan en ese sector, particularmente los relacionados con el programa Vivienda para el Bienestar.

“Para las familias, contar con un servicio más regular significa poder preparar los alimentos, poder bañar a sus hijos y poder realizar las tareas de la casa con mayor facilidad y mayor tranquilidad”, expresó.

La planta de Las Cucas representó una inversión de 84 millones 518 mil pesos, de los cuales 43 millones corresponden al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y 41 millones a recursos gubernamentales, de acuerdo con la ficha técnica presentada durante el evento.

El proyecto fue anunciado durante la administración del entonces Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El 22 de mayo de 2025, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya y el Presidente Municipal encabezaron el banderazo de construcción.

La infraestructura cuenta con obra de toma, floculador, sedimentador, filtros y sistemas de automatización, cloración y electrificación.

Durante la atención a medios, Ramos Villarreal también informó que la planta potabilizadora Sur-Poniente, ubicada en el sector Barrancos, registra un avance aproximado del 85 por ciento y tendrá capacidad para producir 250 litros de agua por segundo.

“Esta planta tiene un abasto de 100 litros por segundo, la Sur-Poniente es de 250, entonces es un poco más del doble de abasto”, explicó.

La Alcaldesa agregó que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) y del Ayuntamiento continúa trabajando para concluirla y ponerla en funcionamiento lo antes posible.

Las tres plantas potabilizadoras contempladas para el municipio son Las Cucas, Sur-Poniente y Valle de San Lorenzo, en la comunidad de El Salado. En conjunto, representan una inversión de alrededor de 360 millones de pesos, según lo informado por Ramos Villarreal.

CULIACÁN._ La Unión Ganadera Regional de Sinaloa mantiene en pie la realización de la Feria Ganadera, pese al ataque a balazos contra la fachada de sus instalaciones ocurrido el pasado lunes, informó la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

La Mandataria señaló que, de acuerdo con lo que le han comunicado los organizadores, el evento continúa en sus planes y tentativamente se realizaría a partir del 19 o 20 de noviembre en Culiacán.

“La Unión Ganadera nos ha dicho que sí y nosotros estamos ayudando con ellos en lo que ellos requieren”, expresó.

Sobre el ataque armado, Domínguez Nava dijo que las autoridades correspondientes ya informaron sobre la detención de presuntos responsables y confió en que no haya impunidad.

“Todos sabemos que hay un sistema de seguridad que está muy al pendiente, ellos ya dieron resultados de la detención de quienes han sido responsables y esperemos que en cualquier hecho no haya impunidad”, declaró.

Domínguez Nava añadió que la seguridad continuará reforzándose para que la ciudadanía recupere la confianza de salir a las calles.

Respecto a presuntas amenazas contra organizadores de la Feria Ganadera y el Palenque, la Gobernadora interina dijo desconocer si han ocurrido.

“Desconozco y, si lo ha habido, pues me imagino que ellos pueden acudir a las autoridades”, respondió.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que las finanzas estatales no se encuentran en buenas condiciones debido a los adeudos que arrastra el Gobierno desde administraciones anteriores.

Entre esos compromisos están las deudas fiscales y los pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, algunos de los cuales han obligado a la administración de Rubén Rocha Moya a contratar créditos para hacerles frente.

“Es claro que no están las finanzas bien, hemos arrastrado esa deuda y que no solo es la deuda que se estableció a través del SAT, sino también la deuda al IPES, que venimos arrastrando desde el gobierno de Malova”, declaró.

La funcionaria hizo referencia a los adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de irregularidades fiscales de administraciones anteriores, así como a las retenciones que gobiernos pasados dejaron de entregar al IPES.

El problema financiero fue reconocido desde el inicio del Gobierno de Rocha Moya. En diciembre de 2025, el entonces Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, informó que la administración recibió compromisos financieros heredados por 17 mil 141 millones de pesos, principalmente de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

De ese monto, 11 mil 890 millones correspondían a retenciones y aportaciones no enteradas, mientras que 5 mil 251 millones eran deuda de largo plazo, según el funcionario.

Pese a reconocer las dificultades, Domínguez Nava sostuvo que los compromisos financieros no han detenido la operación del Gobierno estatal ni la atención de las demandas ciudadanas.

“Por supuesto que hay problemas, pero no nos llevan a paralizar, a dar respuesta a las necesidades más apremiantes para la ciudadanía”, afirmó.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que sostuvo una reunión de trabajo con Diputados de Morena y del Partido Verde para revisar asuntos legislativos, la agenda de los próximos días y el proyecto del presupuesto para el 2027.

Domínguez Nava explicó que el encuentro se realizó a petición de los legisladores, con quienes ha mantenido comunicación y trabajo conjunto.

Entre los temas abordados estuvo el presupuesto, aunque rechazó que durante la reunión se plantearan solicitudes de recursos o compromisos entre el Ejecutivo y los diputados.

“Ni yo les pido ni ellos me piden, lo que acordamos fue revisar de manera conjunta”, señaló al ser cuestionada sobre las peticiones relacionadas con el gasto público.

Domínguez Nava manifestó que también estaría dispuesta a reunirse con legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, si existe interés de su parte.

“Si ellos están interesados en tener una reunión de trabajo, con mucho gusto lo hacemos”, expresó.

Explicó que estos encuentros forman parte de la coordinación institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque cada uno mantiene sus propias atribuciones.

Como ejemplo, mencionó el proceso para aprobar la nueva Ley de Transparencia, una propuesta presentada por el Ejecutivo estatal que actualmente se encuentra en revisión en el Congreso.

Indicó que este tema no corresponde únicamente a Morena y al Partido Verde, sino que deberá revisarse con todos los grupos parlamentarios para buscar que la legislación pueda aprobarse en el corto plazo.

“Esto implica no solo a los diputados de Morena y del Verde, es con todos los grupos parlamentarios”, sostuvo.