Finalmente, Trump no sacudió a México con una acción o información desarmante que demostrara los vínculos de políticos y/o gobernantes mexicanos con el crimen organizado con el objetivo de recuperar terreno electoral. Muchos comentaristas y columnistas, incluyéndome, dijimos que el veleidoso habitante de la Casa Blanca podría dar un golpe espectacular y distractor en nuestro País para demostrar poderío y fuerza ante un electorado cada vez más inconforme ante las políticas trumpianas.

Pero no fue así, a los votantes estadounidenses les preocupaba mucho más el estado de la economía, sobre todo la inflación, la guerra con Irán y las políticas antimigratorias. El combate al narcotráfico mexicano y la corrupción de los políticos coludidos con el crimen no fue una de sus preocupaciones mayores. Esto lo detectó el gobierno de Trump y simplemente dejó en amenazas las acusaciones al Gobierno de México de estar subordinados al narco. O, quizá, sólo tenga en sus manos testimonios de políticos opositores y de criminales protegidos contra gobernantes y dirigentes partidarios de Morena, así como reportajes periodísticos, pero no documentos, filmaciones u otras pruebas irrefutables. O, quizá sí las tenga, pero decidió no utilizarlas porque podrían estar involucrados integrantes de agencias norteamericanas, como ya sucedió en el pasado, con el caso Kiki Camarena-Caro Quintero-Félix Gallardo-Contras, en Nicaragua, donde dinero del narco mexicano fue utilizado por la CIA para armar a la guerrilla antisandinista. Lo cierto es que Trump no incursionó en México y no se llevó a nadie. ¿Podría intentarlo más tarde?

Lo que es más probable es que, Trump, con menos poder, a partir de la derrota electoral de su partido, se concentre en los temas que más les preocupan a los ciudadanos de Estados Unidos y relegue las críticas al Gobierno mexicano, algo que no les gustará nadita a los opositores de la 4T porque no les ayudaría en la recta final de las elecciones mexicanas de 2027.

Al margen de lo anterior, los resultados electorales de las elecciones de medio término en Estados Unidos confirman, aunque de otra manera, que las juventudes del mundo, sea cual sea el sistema económico y político que los gobierne, se están rebelando a los órdenes existentes porque ninguno les augura un buen futuro.

Mientras que en algunos países, como Cuba, Venezuela o Nicaragua, los jóvenes se sienten profundamente frustrados de su situación actual y de un futuro nada halagüeño, y protestan, abierta o soterradamente, contra diferentes formas de socialismo y estatismo, en Italia, Albania, Austria, Alemania, Francia, y muchos países más, se manifiestan, a veces con violencia, contra economías que favorecen marcadamente a los capitales y desmadejan el salario y los empleos, monopolizan la vivienda y encarecen la educación. Esto último fue lo que sucedió en Estados Unidos. Lo paradójico y sorprendente es que, a diferencia de otros países, fueron los jóvenes quienes más favorecieron a los candidatos demócratas que ofrecieron programas que ellos mismos, como la ganadora de la Gubernatura en Texas, llaman “populismo económico”, lo que implica políticas pro inmigrantes, vivienda accesible, transporte más económico, atención médica más accesible, servicios públicos menos costosos, etc. Es decir, medidas muy parecidas a las de Zohran Mamdani, Alcalde de Nueva York, quien se declara socialista.

The New York Times desglosó cómo votaron los estadounidenses en estas elecciones intermedias. Según sus estimaciones, los demócratas obtuvieron el 56 por ciento de los votos frente al 43 por ciento de los republicanos. Entre las mujeres (61 por ciento), los jóvenes de 18 a 29 años (73 por ciento) y los votantes hispanos (69 por ciento). El 66 por ciento de las personas con estudios de posgrado votaron por los demócratas y el 60 por ciento de los graduados universitarios. En contraste, el 59 por ciento de los votantes blancos sin título universitarios votaron mayoritariamente por los republicanos. El voto de los latinos, que fue muy favorable a Trump en 2024, ahora giró 26 por ciento hacia los demócratas, destacando los jóvenes que lo hicieron aún más: 32 puntos.

Es evidente que sea cual fuere el modelo económico y político, si no responde a las necesidades básicas de la mayor parte de la población van a reprobarlo, ya sea con el voto o con movilizaciones masivas. Quienes más lo demostraron fueron los jóvenes.

Pero, además de protestar en todas partes contra una situación económica desfavorable, los ciudadanos, y más particularmente la juventud, también lo están haciendo contra la corrupción gubernamental.

Si Morena no toma aviso de estas experiencias, sobre todo de acusaciones de corrupción, en 2027 podría perder numerosos escaños, alcaldías y gubernaturas. No obstante, se ven muy confiados y defendiendo casos vergonzosos como los de los hijos de López Obrador, quienes, sin duda, están perjudicando ampliamente a la 4T.

Si la ola brutal de asesinatos femeninos en Sinaloa sacude la conciencia de la sociedad, y particularmente la de las mujeres, gran parte de su voto sería de protesta contra quienes gobiernan. ¿Cómo obligarlos a que las vean? ¿Cómo obligarlos a que vean a las madres buscadoras? ¿Cómo obligarlos a que actúen con dignidad y eficacia frente a la violencia criminal? ¿Cómo obligarlos a construir una mejor sociedad?

A quien le parezca exageración la estampa apocalíptica con la cual Juan Alfonso Mejía López abre su documental “El Fin de la Escuela”, donde una madre y su hija entran en el posfuturo a los escombros de un aula sin acordarse qué sucedía allí, podría ser que no entienda el elemento de la hipérbole cinematográfica que nos advierte sobre una realidad cercana. La educación en México, no se diga en Sinaloa, se desliza por el tobogán de la desesperanza al dejar de ser posibilidad de porvenires de éxito y de vida digna para los niños y jóvenes de hoy.

La magistral producción dirigida por Carlos Armella y con la actuación de Ana Serradilla, que es parte del programa “La tarea nunca acaba”, adquiere la función de pinchazo en la conciencia colectiva y llamado a la acción social para ir al rescate de lo que más importa para las actuales generaciones: el conocimiento y competencias que desde lo escolar transforme expectativas sombrías en perspectivas confortantes. La incitación al “sí se puede” en medio de contextos devastadores y paralizantes.

En otra escena, al enterarse un grupo de alumnos en el salón de clases que la escuela dejó de ser la pedagogía de mañanas prometedores, proceden los escolapios a destruir todo lo que hallan a su paso en cuestión de materiales auxiliares de los procesos formativos. Nadie se asuste porque es partir de tal acto cuando inicia el esfuerzo por demostrar que hay modelos educativos que le dan vuelta a la página de desalientos y frustraciones.

Al exponer la cruda verdad del deterioro que sufre la educación indistintamente del signo político de los gobiernos al menos en las recientes tres décadas, Juan Alfonso Mejía acude al más sencillo ejercicio, mediante peras y manzanas, que confronta la autenticidad con los rescates posibles. A veces con histrionismo excesivo, el cual modera rápido con viñetas divertidas, trasladó del asombro a la introspección al numeroso y variado público que se dio cita a una de las salas de la plaza Cinépolis en Culiacán.

A la misma velocidad de movimientos súbitos de cámaras logró el viaje entre el eventual desastre de la escuela mexicana y los prototipos exitosos como el que ha sido calado con éxito desde 1978 en el Centro de Estudios Justo Sierra, fundado en Surutato, Badiraguato, por el visionario José de Jesús Malacón Díaz. El éxodo en el tiempo en que José Vasconcelos sentó las bases más sólidas del sistema educativo nacional, y luego sobrevino la cerril decantación contemporánea de aquellos cimientos a base de libertades de cátedra y de pensamiento. En un extremo el manotazo autoritario asestado a la Escuela de Tiempo Completo, y en el otro la emergencia de la instrucción didáctica desde la primera infancia.

El ex Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa incita a través del cine documental a fortalecer la lucha ciudadana por una mejor educación. A sobreponernos de los despojos perpetrados por gobiernos que le apuestan a la enseñanza mediocre; recuperar las asignaturas que nos robaron la pandemia y los días sin clases por la narcoguerra; saltar los bajos aprovechamientos lectivos que evidencia la prueba PISA, y restablecer los espacios lectivos como garantes de desarrollo y paz. En síntesis, que los padres de familia dejen de darse por satisfechos por el hecho de mandar a sus hijos a las escuelas y empiecen a colocar la atención en lo que están aprendiendo y si eso les va a ayudar para resolverse una vida.

El planteamiento no se anda por las ramas: “¿Para qué queremos las escuelas? El documental nos invita a reconocer que más allá de las reformas, las prácticas educativas permiten a cada comunidad desafiar su contexto y ampliar las posibilidades de sus estudiantes. Porque aprender es sinónimo de esperanza. Porque aprender es dejar de aceptar el presente como destino”.

Se trata de la convocatoria a “sumar esfuerzos y abrir la conversación sobre el papel del aprendizaje frente a los desafíos de nuestra sociedad”, mediante la cual Mejía López logra al menos instalar el chip de la inquietud consensuada respecto al presente y futuro de la educación en México. Sin abusar de culpar de todo a las barbaries en ciernes, sí las toca de refilón para que “El Fin (el propósito) de la Escuela” ocupe y preocupe a masas humanas demasiado aletargadas por el miedo a la violencia.

Para colmo de nuestros males,

En el presente de por sí gris,

Son víctimas colaterales,

También el pizarrón y el gis.

Asúmase por los gobiernos federal y estatal como asunto de obvia y urgente resolución la dificultad que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa para cubrir las quincenas de noviembre y diciembre, más aguinaldo, lo cual requiere de mil 380 millones de pesos. Y tómese nota de dos circunstancias que marcarán la narrativa rosalina en las siguientes semanas. Una, “la UAS ha cumplido con los compromisos que le correspondían al llevar a cabo la Reingeniería Financiera y Administrativa solicitada en su momento por las autoridades federales, demostrando su disposición y responsabilidad institucional para atender la situación financiera”, según expresó el director de Comunicación Social, José Carlos Aceves y, dos, la plantilla laboral se prepara para evitar que la incertidumbre en salarios y prestaciones les haga pasar un amargo fin de año, de acuerdo a lo expuesto por Isfa Leal, dirigente del Suntuas Administrativos, ante Ricardo Villanueva, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.

La barbarie porteña

Una nueva jornada de violencia sacudió a Mazatlán en el lapso de unas cuantas horas, entre la noche del martes y la mañana y tarde de ayer miércoles, con el asesinato de dos mujeres y dos más lesionadas a balazos, en cuatro hechos de alto impacto en el puerto en menos de 24 horas.

El saldo de dos mujeres asesinadas, entre ellas una abogada penalista, además de una conocida maestra de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa gravemente herida por proyectil de arma de fuego, marca un punto alarmante que sobrepasa la contabilidad de los casos. Cuatro ataques sucesivos no representan hechos aislados ni meros “ajustes de cuentas” descontextualizados; revelan la severa descomposición del tejido social y el nivel de impunidad que permea en la región.

Cuando la violencia alcanza a los profesionales del derecho y a los gestores de las artes y la educación, el mensaje implícito para la ciudadanía es devastador y le dice que ningún espacio ni perfil está a salvo.

Un golpe al ámbito penalista y otro al cultural y académico no es algo simple que podamos pasar de largo. Máxime que la cultura es uno de los pocos bastiones que aún sostienen la resistencia comunitaria frente al miedo.

La ocurrencia de estos episodios en una ventana de tiempo tan reducida pone en evidencia la inoperancia de los esquemas de prevención y nos habla de la urgencia de abordar la violencia de las balas contra las mujeres.

Lo que es un hecho es que la focalización de los ataques contra mujeres de distintos ámbitos profesionales evidencia fallas estructurales en las estrategias de seguridad, y las reacciones institucionales que se limitan a acordonar la escena y si acaso emitir comunicados de rutina ya no bastan para frenar la escalada.

El esclarecimiento de los hechos es ya una falacia, mientras que en cuanto a garantías reales para la vida cotidiana podría decirse que están en duda.

Mazatlán no puede ni debe resignarse a vivir bajo la sombra del terror. La agresión a sus mujeres, a sus profesionistas y a sus educadoras es una herida en el corazón del puerto turístico más importante de Sinaloa y de la región noroeste de México, que debería demandar una acción de estado inmediata.

Hoy viene Miguel Torruco a Mazatlán

Y precisamente en medio de la ola de violencia que todos los días registra Mazatlán, aún y con más de 13 mil elementos federales, más los estatales y municipales patrullando, hoy jueves 5 de noviembre estará en el puerto Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias del Gobierno de México.

El funcionario federal participará en las Jornadas de Paz y Desarme Voluntario que se realizarán en la cancha de futbol del gimnasio de la colonia Lomas del Ébano, una zona con alto índice de incidencia delictiva en la periferia del puerto.

El evento será de las 12:00 a las 16:00 horas, pero los funcionarios llegarán a la 14:00 horas, donde el Gobierno de Mazatlán y autoridades federales acercarán a las familias acciones de prevención de la violencia, convivencia y atención a las causas.

Habrá que ver qué le cuenta la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios a Torruco Garza sobre la violencia en el municipio, que por ejemplo ayer en menos de 18 horas dejó dos mujeres asesinadas (una de ellas abogada) y dos más lesionadas de bala (una de ellas maestra de teatro) en cuatro hechos diferentes, ocurridos entre las 21:00 horas del martes y las 17:00 del mediodía de ayer miércoles.

Precisamente en la colonia Lomas del Ébano se han registrado hechos de alto impacto recientemente, como el asesinato de una mujer el pasado 19 de octubre, y el hallazgo, el pasado 16 de octubre, de los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición en un cerro de ese sector.

Los botones de auxilio, ¿tendrán auxilio?

¿Recuerda usted cuando anunciaron los botones de pánico para la ciudad de Culiacán? Había uno en el entronque de la avenida Álvaro Obregón y la continuación de la calle General Ángel Flores, hacia el poniente. ¿Usted estuvo en el Centro de la ciudad cuando se presentó alguna emergencia?, ¿presionó usted el botón?, ¿funcionó?, es decir, ¿hubo respuesta?

Lo decimos porque no recordamos algún caso en que los ciudadanos se hayan involucrado en este tipo de situaciones, más bien eran los policletos que andaban en la plazuela Obregón los que terminaban presionándolo o los del Palacio Municipal, que también había otro ahí.

Y es que ahora el Ayuntamiento de Culiacán anda muy lurio anunciando la instalación de 56 botones de auxilio para instalarse en la ciudad antes del mes de diciembre, además de otros 56 totems para colocar cámaras de videovigilancia también en el Centro de la ciudad.

Según la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, los equipos tendrán cámaras de vigilancia y una iluminación morada para identificarse, y forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Vaya, eso de estrategias de seguridad impulsadas por Juan de Dios nunca escuchamos hablar.

Lo que sí, es que cada vez que la ciudad entró en crisis, él tomaba el último vuelo del día y regresaba con un curso absurdo, pero nunca habló de estrategias de seguridad.

Ramos Villarreal explicó que cuando una persona presione el botón la alerta estará enlazada con las autoridades y corporaciones de seguridad para que acudan al lugar donde se solicite ayuda.

Que todavía no establece cuánto tiempo tardarán las corporaciones en atender los llamados de auxilio, pues continúan revisando los detalles técnicos y de coordinación.

Pues así en el panel leído todo suena muy bien, ahora sólo hace falta encontrar policías que hagan caso y respondan al llamado.

Seguridad y justicia también esperan a los diputados

Mientras Sinaloa enfrenta una de las crisis de seguridad más prolongadas de su historia reciente, el presupuesto para atenderla sigue sin estar a la altura del problema. El Consejo Estatal de Seguridad Pública plantea que se necesitan entre 4 mil y 5 mil millones de pesos adicionales para fortalecer las instituciones, pero la propuesta de incremento del 18 por ciento para 2027 apenas representaría unos 900 millones.

Sinaloa tiene un déficit de más de 4 mil policías estatales respecto al estándar nacional, las corporaciones municipales han perdido más de 2 mil integrantes en 16 años y la Fiscalía opera con alrededor de 430 agentes del Ministerio Público. El rezago no es nuevo, pero la crisis lo ha vuelto todavía más evidente.

Frente a este panorama, la pregunta es qué están haciendo los diputados para atender una de las necesidades más urgentes del estado. La discusión del presupuesto no debería reducirse a revisar porcentajes, repartir recursos o aprobar lo que envíe el Ejecutivo. Se necesita exigir, modificar y justificar cuánto dinero se destinará a resolver las carencias de seguridad y justicia.

Porque no se trata únicamente de contratar policías. También hacen falta mejores salarios, prestaciones, capacitación, equipamiento, infraestructura, ministerios públicos y capacidad de investigación. Son necesidades que llevan años acumulándose y que no se resolverán con incrementos marginales.

El comparativo del CESP es una llamada de atención: mientras Sinaloa destinó 2 mil 476.9 millones de pesos a su Secretaría de Seguridad Pública en 2026, Sonora asignó más de 5 mil millones, con una población prácticamente igual. La diferencia obliga a revisar qué lugar ocupa realmente la seguridad en las prioridades presupuestales del estado.

Los legisladores tendrán que demostrar si están dispuestos a discutir el problema de fondo o si nuevamente dejarán pasar un presupuesto sin exigir que responda a las dimensiones de la crisis. No basta con discursos de preocupación cuando las instituciones siguen arrastrando carencias que comprometen su capacidad de respuesta.

Sinaloa no necesita que sus diputados solamente levanten la mano para aprobar cifras; necesita que ejerzan su responsabilidad de fiscalizar, discutir y exigir recursos suficientes. Si la seguridad y la justicia son una prioridad, eso también debe reflejarse en las decisiones del Congreso, no solamente en las declaraciones de quienes advierten que el estado necesita más dinero.

¡FOUL!... La Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava aseguró que la celebración de la edición 2026 de la Feria Ganadera en Culiacán sigue en pie... ¡pese al ataque armado en la fachada!

La inversión en equipamiento, cámaras y patrullas para Culiacán representa un paso necesario en la dirección correcta, aunque la ciudadanía mantiene una postura de cautela vigilante.

Si bien la incorporación de 11 unidades, equipos de radiocomunicación y la inversión de 6.54 millones de pesos en videovigilancia, sumados a las 14 Jornadas de Paz, envían un mensaje de compromiso por parte de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y el Ayuntamiento, la verdadera prueba de fuego no estará en los números presentados, sino en la percepción directa de tranquilidad al recorrer las calles.

Hasta ahora, la presencia de agentes de la Policía y de Tránsito Municipal sigue siendo reducida, por lo que este esfuerzo operativo debe traducirse urgentemente en un despliegue visible y efectivo que recupere los espacios públicos.

Sin duda, la expansión de la infraestructura tecnológica y de prevención busca optimizar las condiciones de trabajo de las corporaciones e impulsar la proximidad ciudadana. No obstante, la efectividad de estas herramientas dependerá de la capacidad de respuesta oportuna ante el delito y de una coordinación real entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Las cámaras por sí solas no previenen el delito si no hay personal capacitado monitoreando y desplegándose con rapidez. Para que esta importante inversión no quede como un mero anuncio publicitario, se requiere un monitoreo permanente del impacto de estas medidas y una evaluación transparente de los resultados en los índices delictivos a corto y mediano plazo.

Frente a la compleja realidad que atraviesa el municipio, la sociedad sinaloense exige que el fortalecimiento institucional no sea solo un evento aislado de entrega de equipo, sino una política de Estado sostenida y transparente. El gran desafío radica en transformar esta infraestructura en un verdadero escudo protector que restituya la confianza en las autoridades y garantice el libre tránsito y la paz social que las familias de Culiacán merecen.

En Sinaloa la violencia ya alcanzó hasta al púlpito. El Padre Clemente Morales Topete estuvo tres días privado de su libertad, fue golpeado, quemado y amenazado de muerte reiteradamente, según reveló la Diócesis de Culiacán. Lo retuvieron para exigirle información que ni siquiera tenía.

El sacerdote regresó, pero las heridas físicas y emocionales no desaparecen con la liberación. Y mientras intenta recuperarse, queda una pregunta pendiente: ¿quiénes lo hicieron y por qué?

El Obispo Jesús José Herrera Quiñónez aprovechó para decir lo que las autoridades parecen resistirse a reconocer: las estrategias de seguridad no han sido suficientes. Después de más de dos años de violencia, las desapariciones, los homicidios y los feminicidios siguen marcando la vida de las familias sinaloenses.

Porque los operativos y las estadísticas pueden llenar conferencias de prensa, pero no necesariamente devuelven la tranquilidad. La seguridad no se presume, se demuestra. Y en Culiacán todavía hay demasiadas familias que esperan respuestas.

Lo único que se sabía del caso era que había desaparecido, que luego de la denuncia pública y la presión de la iglesia católica a nivel federal, el sacerdote regresó en su camioneta, por su decisión y a su parroquia.

En este medio hicimos una solicitud a la Fiscalía General del Estado y a la vocería de la Diócesis en ese momento, sólo para confirmar su regreso, y ninguno quiso hacerlo.

Este domingo, a través de un escrito, el obispo decidió sacudir la opinión pública, con este escrito que señala la privación de la libertad del sacerdote por un grupo de personas desconocidas, que fue golpeado, quemado y retenido durante tres días.

Aunque hay que recordar que el caso del Padre Clemente no debe merecer atención únicamente por tratarse de un sacerdote. En Sinaloa hay personas que llevan meses o años desaparecidas y familias que siguen buscando. Todas merecen la misma respuesta institucional.

El Obispo pidió detener la violencia. Una exigencia que parece elemental, pero que en este estado sigue siendo urgente. El padre Clemente volvió a casa. Miles de familias todavía esperan que los suyos también regresen.

Ahora falta esperar una respuesta de la autoridad, ojalá que sí la hagan sin enchuecar la boca.

Pese a la presencia de decenas de militares y policías federales y estatales en las calles de Sinaloa, y los anuncios solemnes que casi a diario comparten la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Sinaloa aún sufrimos meses como el de octubre que acaba de cerrar con más de 200 homicidios.

Según los números que llevamos en Noroeste, de esta guerra entre facciones que comenzó desde el pasado 9 de septiembre de 2024, la cifra supera por 31 por ciento de asesinatos a los otros.

Y una de las razones por las que creemos que esta situación continúa es por cómo el conflicto se ha mudado hacia el sur y ha alcanzado niveles y formas de violencia extraordinaria.

De Culiacán, Navolato y Elota, el fenómeno se trasladó 20 meses después a Escuinapa, Rosario y Mazatlán.

Y aunque las características de los primeros enfrentamientos ya cambiaron con respecto a lo que ocurre en el sur, los medios seguimos contabilizando víctimas mortales y hechos de violencia, a veces simultáneos.

¿Qué tanto nos quedará de seguir recibiendo y reportando noticias qué tengan qué ver con la guerra?, ¿cuánto tiempo veremos militares en nuestras calles?, ¿cuántas personas más deberán morir para que esto acabe?

En Culiacán, donde últimamente las noticias suelen venir acompañadas de sobresaltos, los panteones dieron una buena noticia este Día de Muertos: las familias pudieron acudir a recordar a sus seres queridos sin que se reportaran mayores incidentes. Entre flores, limpieza de tumbas y recuerdos, la jornada transcurrió con orden.

Protección Civil Municipal reportó que las atenciones brindadas fueron principalmente por fatiga y cansancio, además de apoyo a personas adultas mayores que necesitaron ayuda para desplazarse entre las tumbas. También se delimitaron zonas de riesgo por la presencia de abejas. Nada que empañara una tradición en la que miles de personas se reúnen para mantener viva la memoria de quienes ya no están.

El saldo también habla del trabajo preventivo de quienes estuvieron pendientes de los visitantes. La coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales permitió mantener la vigilancia y responder a las necesidades que surgieron durante la jornada. Porque cuidar a quienes van a despedirse, recordar o simplemente pasar un rato junto a una tumba también es parte de hacer comunidad.

En días en los que recuperar la tranquilidad parece una tarea cuesta arriba, que una celebración multitudinaria transcurra en orden es motivo para reconocer tanto la responsabilidad de la ciudadanía como el trabajo de quienes estuvieron al pendiente. Ojalá que esa armonía no se quede en los panteones y también se contagie al resto de Culiacán.

El Diputado federal Mario Zamora alcanzó ya a los morenistas y su chanchuy de realizar actos anticipados de campaña al realizar este fin de semana una reunión con panistas, abogados y empresarios en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado.

Por si tiene usted dudas de lo que se trató la reunión, el propio equipo de Comunicación de Zamora compartió material sobre la reunión y su contenido.

Por ejemplo, el material informó que Zamora destacó la necesidad de sumar esfuerzos para la seguridad y economía de Sinaloa.

Y pues también subrayó la importancia de la colaboración ante el proceso electoral de Sinaloa.

Imagínese. Esta raza ya anda encampañada y hablando a calzón quitado.

¡FOUL!... Cada año los floristas pueden obtener buenas ventas en esta época, pero ayer comentaron que apenas vendieron entre el ¡20 y 30 por ciento!

No hay semana en la que no aparezca un conflicto, una fricción o una revelación que afecte al partido en el poder.

Es natural que el ejercicio de gobierno desgaste, pero no con la aceleración e intensidad que se ve en Morena en meses recientes. Una de las razones de que esto sea así es la ausencia, prácticamente total, de autocrítica.

El ejercicio de la autocrítica es fundamental en cualquier actividad humana porque tal principio permite rectificar, corregir, enmendar o reorientar lo que los individuos y/o colectividades hagan.

En el ámbito político, no puede haber democracia sin autocrítica. De hecho, a menor autocrítica menor democracia. Y, también, a menor autocrítica más y mayores errores.

Cuando no hay autocrítica y, además, no se acepta la crítica externa, inevitablemente se cae en la cerrazón y el autoritarismo.

En México, la ausencia de autocrítica de quienes ejercen el poder prácticamente se ha convertido en una ley. Es una historia vieja. Para no ir muy lejos, sólo diremos que durante el priato fue uno de sus sellos distintivos. El PRI prácticamente nunca fue autocrítico. Esa fue una de las razones por las que, después de más de siete décadas en el poder, finalmente, le arrebataron la Silla del Águila.

El PAN fue muy crítico fuera del poder, pero no fue autocrítico ya con él en sus manos, y pronto, muy pronto, tan sólo en 12 años, lo perdió.

Con Morena está sucediendo lo mismo, pero de manera agravada porque los casos de corrupción brotan por todas partes.

Al margen de que todos los partidos políticos mexicanos han abrevado, directa o indirectamente, de la cultura política priista -no se olvide lo que decía Luis Cardoza Aragón, un gran intelectual guatemalteco que vivió muchos años en nuestro País: “Los mexicanos no se han dado cuenta (que en su idea del poder) todos son priistas”-, cuando la corrupción se ha convertido en el pan de todos los días y un lubricante del poder, quienes quieran combatirlo, como un ejercicio de autocrítica práctica, se ven seriamente limitados o francamente imposibilitados para hacerlo.

Algunos pensamos que la Presidenta Sheinbaum ha intentado combatir la corrupción de Morena, pero nunca ha podido ir a fondo porque la nomenklatura del partido, y particularmente López Obrador, no se lo ha permitido. Y, quizá ella misma está convencida que si quisiera pisar el acelerador a fondo, terminaría por autodestruir a la 4T y abortar el objetivo de consolidar un régimen que se sostenga por varios sexenios.

Fueron tantos amarres, algunos inconfesables, que estableció el caudillo de Macuspana para llegar al poder que les resulta imposible reconocerlos y, lo que es peor, deshacerlos. Es decir, la estrategia que fincó López Obrador para conquistar el poder, al margen de su cultura priista de origen, le impide a Morena ejercer la autocrítica y corregir el rumbo.

La situación es tan crítica en Morena que la ausencia del caudillo en Palacio Nacional, aunque siga influyendo desde Palenque, el cual ejercía un control absoluto sobre el partido que él creó, está entrando a una etapa de fricciones y contradicciones ascendentes.

En Sinaloa, por ejemplo, vemos cómo a pesar del respaldo de Claudia Sheinbaum para que Imelda Castro se convirtiera en la candidata virtual de Morena a la Gubernatura y ella fuese el factótum para decidir las candidaturas a diputaciones y alcaldías, como sucedió con Rubén Rocha al interior de su partido, tal hecho no ha podido concretarse porque es evidente que enfrenta las presiones y exigencias del mismo ex Gobernador, del grupo de Feliciano Castro y la Gobernadora Graciela Domínguez, muy seguramente de jefes y jefecillos del Senado y del Congreso de la Unión e, incluso, de los avisos amenazantes del crimen organizado, como puede interpretarse la intimidación no tan sólo a la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, sino a cualquiera que llegue al Gobierno municipal.

En estas circunstancias, con tantos grupos de presión y poder e intereses en juego, en cada estado donde habrá elecciones Morena entrará a procesos electorales en condiciones complicadas, e incluso adversas, sobre todo cuando se descubren, gracias a trabajos periodísticos, casos de corrupción y excesos de poder como los que vemos en el INE. Sucesos como estos golpean y debilitan a Morena ante ciudadanos cada vez más inconformes.

Si en Sinaloa Morena quisiera mínimamente enmendar el camino, tiene la oportunidad de presentar para el próximo año candidatos y candidatos exentos de amistades sospechosas y oscuras, con firmeza ideológica y claridad política y programática. Tiene con qué, pero abundan los perfiles vacuos, oportunistas.

Si no piensa bien y ganan el acceso al Tercer Piso, y la mayoría en el Congreso y las alcaldías, va a ser una tortura para los militantes honestos. Pero, sobre todo, sería una larga pesadilla para Sinaloa.

¿Dará Trump un golpe espectacular al Gobierno Mexicano antes del martes?

Paloma Sánchez se ganó los reflectores esta semana, dijo ser “candidata incómoda” incluso de su mismo partido. Sabe que la militancia y los liderazgos locales no están con ella, que en territorio sus contrincantes Mario Zamora y Paola Gárate tienen mayor presencia. “Más que paloma, es golondrina. Su presencia en Sinaloa es poca, se aparece en los veranos previos a las elecciones, no es de alianzas, confía poco en los liderazgos tradicionales y su única fortaleza son sus amarres en el Comité Ejecutivo Nacional”, me comenta un viejo líder del PRI, uno de esos que ya no mueven un alma, pero aun los consultan como oráculos.

Paloma no descubrió el “hilo negro”, pero habló de lo que pocos en el PRI. De la narcopolítica y particularmente de la que hay en su partido, fue especialmente clara al decir que en todos lados hay casos vinculantes entre el crimen y la función pública, puso el dedo en la herida más dolorosa para los sinaloenses y de inmediato cobró la atención de los reflectores y micrófonos de los que, por muchos meses, estuvo esquiva y ausente.

En términos comunicacionales hizo lo correcto, se insertó en la agenda pública con un golpe contundente, pasó de tres a cuatro notas a la semana a 37 en un solo día. La repercusión de su declaración desde el Senado comenzó a correr como bola de nieve, tiene más de una semana en titulares, portadas, columnas y tema central en mesas de análisis locales. Esos asesores españoles y gabachos que se alquilan para “hacer campañas” aplaudirían, ese es justo el camino para sacudir la agenda y comenzar la escalada en las encuestas.

El problema, que generalmente no analizan los “gurúes” de la comunicación en campañas electorales radica en las consecuencias de los dichos, que ciertamente, para los fines político-publicitarios están bien dichos. Las palabras que ciertamente la desmarcan y deslindan de los vínculos delincuenciales no recalaron en pensar que, dado el grave daño que ha causado la narcoviolencia en Sinaloa, lo que socialmente se le pedirá a la Senadora, será la formalización de las denuncias respecto a quienes son aquellos de su partido a los que se ha referido, o para tales o los cuales es “incómoda”.

En asuntos tan serios y delicados como los que denunció desde el Senado de la República, no caben las medias tintas, no satisface a la ciudadanía la declaración al aire, y los señalamientos “al que le caiga”. Una declaración tan valiente como venenosa, debe tener el sustento institucional que tanto se ha exigido el PRI en esta coyuntura. Alito Moreno, el líder tricolor, todos los días señala a Morena y sus aliados de ser parte de un clan mafioso que tiene el control de todo lo traficable en el país. Justo sería que. al reconocer la Senadora Sánchez que también entre los suyos hay mañosos, pues lo mínimo que se espera es que los denuncie con las formalidades que el caso ocupa.

De lo contrario, sólo quedará en una llamarada de petate, en el equivalente a una buena bola conectada de hit que no trascenderá más allá de la segunda entrada. Porque los ciudadanos, medios y comunicadores que prestaron atención a su dicho, terminarán convencidos que era solo una estrategia de posicionamiento y no la fiel convicción de ir a fondo en el gran problema que representa la narcopolítica en México.

En Sinaloa, varios medios de comunicación, sobre todo los especializados en seguridad, comenzaron a tejer hilos conductores y especular sobre los destinatarios de los dichos. Algunos apuntando a priistas aliados de Paola Gárate y otros de Mario Zamora; que si los dichos se refieren a líderes del norte de estado, o si del sur, que, si son empresarios, o serán ex alcaldes, hermanos, primos, tíos, padres o abuelos incómodos. Pero eso es absolutamente irrelevante mientras Paloma no complete a la valiente y difícil tarea de ponerle nombre y apellido a sus mencionados.

Mientras en el PRI decidieron abrir fuego de escopeta entre precandidatos, en la alianza de enfrente parece que siguen sin tomar rumbo a los acuerdos. Se vienen las mediciones municipales, la repartición de distritos locales y municipios, que dejarán a más de uno o una sentida. Mucho de lo que pasará en 2027, se define en las próximas semanas. Luego le seguimos.

A la estancia secuenciada en Sinaloa de los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se les debe conceder el beneficio de la duda respecto a la implementación, ya, de la gran operación militar y policial para forzar la tan esperada pacificación después de 780 días de la narcoguerra que se cumplen hoy. En todo caso, si el regreso de los altos mandos federales es parte del peregrinar de trámite que acostumbran hacer, será otra evidencia de prolongación de la violencia con el decreto adjunto de sálvense quien pueda.

La víspera anunció el escalamiento de la confrontación de células del narcotráfico a métodos que retan a las instituciones públicas responsables de hacer predominar la Ley. El martes estaba por llegar a Mazatlán el General Trevilla cuando la colocación de restos cadavéricos humanos en la sede del Ayuntamiento de Mazatlán operó como notificación de que la reyerta por el control del Cártel de Sinaloa está dispuesta a ir más allá, a apuntar a lo más alto.

Claro que es mejor que los integrantes del Gabinete de Seguridad federal vengan, juntos o separados, a tomar nota de la circunstancia inhumana que supera con mucho el manejo de estadísticas y el ofrecimiento de paz, porque los sinaloenses agotan la capacidad de resistencia y la confianza en que las autoridades cristalicen la tranquilidad y certidumbres una y otra vez aplazadas. Nadie les pide a Trevilla Trejo y García Harfuch que no regresen; a lo que se les apremia es que vuelvan con la estrategia que clausure los más de 25 meses de horror ininterrumpido.

Aunque la realidad tampoco le aporta a la expectativa de paz, pues el mismo día del acto de amedrentamiento al Gobierno de Mazatlán se registraron en Sinaloa 12 de los 49 homicidios dolosos perpetrados en México, que significan una cuarta parte de los asesinatos reportados a nivel nacional, el hecho de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordene a los titulares de la Sedena y SSyPC que acudan a la entidad más violenta trae implícita la noción de alta emergencia y de acciones anticrimen de mayor envergadura.

Pero también ocurrió, en contraparte, según informó García Harfuch en sus redes y retomó Sheinbaum en la mañanera de ayer, el operativo en el cual fue abatido Jesús González Peñuelas, presunto operador del llamado Cártel de Guasave y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofreció la recompensa de 5 millones de dólares por información para arrestarlo.

La Mandataria nacional respaldó con ello la teoría que ha sostenido desde que entró en crisis la seguridad pública en Sinaloa cuya atención, insistió, “no se limita a los operativos policiales, sino que incluye coordinación entre los tres niveles de gobierno, trabajo conjunto con las fiscalías y colaboración institucional”.

La cuestión central reside en ofrecer sin más postergaciones la respuesta a sinaloenses que debido a la violencia de alto impacto se ven impedidos a retomar la vida normal en los hogares, escuelas, espacios comunes, actividades económicas y en general todos los quehaceres legítimos de cualquier sociedad. Ponerle fin a la coexistencia atestiguando el sacrificio de vidas humanas, coterráneos que son arrancados a la fuerza del núcleo familiar, negocios que bajan sus cortinas por miedo y causan el daño colateral del desempleo, afectaciones al patrimonio construido con sacrificios, y desplazamientos donde los cañones de las armas obligan a abandonar los terruños y bienes en comunidades controladas por el hampa.

Esto es lo queremos que termine en Sinaloa, secretarios Trevilla Trejo, García Harfuch y demás funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad federal que acudan en los próximos días. Dejar de corroborar la contradicción de la seguridad pública en la cual la delincuencia logra cometer sus fechorías rompiendo cercos militares y policiales, así como ocurrió ayer cuando un comando de civiles armados privó de la libertad a cuatro jóvenes en el sector Villas del Real de Culiacán, liberándolos horas después.

Bienvenidos mientras persista la fe colectiva en que la seguridad que ustedes ofrecen no es entelequia sino objetivo alcanzable.

A estos funcionarios vinientes,

Les tendemos la alfombra roja.

Color de sangre de inocentes,

Que a Sinaloa acongoja.

En la circunstancia de seguridad pública comprometida que vive Mazatlán, a la Alcaldesa Estrella Palacios y las secretarias de Turismo en lo estatal, Mireya Sosa, y Josefina Rodríguez en lo federal, les vendría como anillo al dedo tomar la recomendación que hizo el líder reconocido internacionalmente en la industria sin chimeneas, Rodrigo Esponda, en el marco del foro sobre esta actividad económica que realizó la Coparmex Mazatlán el 2 de octubre. Al plantear que en un destino turístico es básico tener un plan de crisis porque “las situaciones de emergencia son inherentes a la actividad turística, a destinos turísticos” aconsejó que “no puedes pensar que tienes una gestión de destino y que no vas tener una situación de emergencia donde no puedes ni sobrerreaccionar ni quedarte corto”. La única forma de contar con el protocolo perfectamente bien estructurado, orientado, es con pasos y alineación de mensajes de comunicación sobre quién debe decir qué cosa y basado en qué elementos.

En el directorio de la Cámara de Diputados, hay al menos 10 personas que tienen a Sinaloa como su estado de origen y por lo tanto su representación.

Y si algo tienen en común la mayoría de ellos, además de su estado de origen, es el silencio que han preferido guardar en torno a la crisis de violencia e inseguridad que padece la entidad.

Es cierto que sus responsabilidades son otras, como la de hacer leyes que permitan mejores condiciones de vida para los mexicanos y sobre todo, para sus representados.

También son responsables de aprobar el gasto que realiza el Gobierno de México y entre ellos, los que se le asignan a Sinaloa y a sus distritos.

Y tienen, además, una tarea importante, que es la de la fiscalización de los recursos públicos, para que su aplicación se haga conforme a lo aprobado en el presupuesto y de manera responsable.

Pero cumplir con esas tareas no les impide voltear a ver lo que está pasando en su Estado, o al menos en su Distrito electoral.

Desde luego que no se espera que se vistan con uniforme policial y tomen armas para restablecer la seguridad que la población demanda, pero sí al menos un poco de empatía para que sus representados se sientan algo atendidos.

Pero no ha sido así. Seguro hay electores que a bote pronto no sabría decir quién es la persona que representa a su Distrito electoral en la Cámara de Diputados ni cuáles son las gestiones que ha emprendido para su comunidad.

Y eso resulta cómodo para los representantes, porque no están obligados a comprometer su posición en solidaridad con la población que ha estado sometida a la crisis de violencia que vive la entidad.

Son 10 las personas que desde la Cámara de Diputados legislan para Sinaloa y la mayoría de ellos han optado por el silencio ante una crisis que tras más de dos años, aún no parece terminar.

La victoria de Lula en Brasil me produce alegría, aunque no necesariamente tranquilidad, celebro su triunfo sin olvidar las deudas que mantiene con el pueblo brasileño, las contradicciones de su trayectoria y los enormes desafíos que tiene por delante, porque una cosa es reconocer el resultado de una elección y otra muy distinta concederle a quien gana una especie de absolución política.

Sin embargo, más allá de Lula, hay algo en lo ocurrido en Brasil que debería invitarnos a reflexionar sobre el momento que atraviesan nuestras democracias y, particularmente, sobre el futuro que estamos construyendo en México.

Estar en contra de alguien no significa estar a favor de algo.

Parece una obviedad, pero buena parte de nuestra conversación política se ha construido precisamente sobre esa confusión, hemos aprendido a identificar con extraordinaria claridad aquello que rechazamos, pero cada vez nos cuesta más explicar qué queremos construir en su lugar.

La indignación se ha convertido en identidad, el adversario, en enemigo y la derrota del otro, en una aspiración que parece suficiente para justificar cualquier alternativa. Así, el hartazgo puede terminar siendo más importante que las propuestas, la confrontación más rentable que el diálogo y la promesa de destruir lo existente más atractiva que el compromiso de construir algo mejor.

No se trata de equiparar las trayectorias, ideas o gobiernos de Donald Trump, Javier Milei, Flavio Bolsonaro o Abelardo de la Espriella, cuya expresión pública desprecio, se trata de preguntarnos por qué, en diferentes sociedades, los discursos de ruptura encuentran ciudadanos dispuestos a depositar en ellos sus esperanzas, sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a los políticos y la popularidad de estas alternativas también obliga a mirar las frustraciones acumuladas, las promesas incumplidas y la incapacidad de muchas instituciones para responder a las necesidades de las personas.

Nadie debería sorprenderse de que una sociedad cansada busque alternativas, lo que debería preocuparnos es que, en ocasiones, parezcamos más interesados en castigar al pasado que en imaginar el futuro y aquí es donde México tendría que mirarse al espejo.

No basta con rechazar al Gobierno, tampoco basta con defenderlo frente a cualquier crítica, una Oposición que únicamente ofrece indignación no necesariamente está construyendo una alternativa, del mismo modo que un gobierno que interpreta cualquier cuestionamiento como una agresión termina empobreciendo la conversación pública.

La democracia necesita contrapesos, pero también necesita propuestas, necesita diferencias, pero no puede sobrevivir únicamente de ellas. ¿Dónde están los proyectos capaces de convocarnos más allá de nuestras simpatías políticas? ¿Dónde las conversaciones serias sobre educación, seguridad, justicia, desarrollo económico y oportunidades? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos qué necesita el País para concentrarnos exclusivamente en quién debería gobernarlo?

Quizá uno de nuestros mayores errores ha sido permitir que las etiquetas sustituyan a las ideas, izquierda y derecha, conservadores y progresistas, oficialistas y opositores, categorías que pueden ayudarnos a comprender distintas visiones del mundo, pero que resultan insuficientes cuando se convierten en fronteras que nos impiden reconocer lo que compartimos, porque antes que cualquier identidad política somos personas, personas que queremos vivir sin miedo, encontrar oportunidades, cuidar a nuestras familias, recibir atención cuando enfermamos y confiar en que nuestros hijos podrán construir una vida mejor.

Podemos disentir profundamente sobre los caminos para conseguirlo, de hecho, necesitamos hacerlo, el desacuerdo es una parte indispensable de cualquier sociedad democrática, pero una cosa es discutir sobre los medios y otra muy distinta olvidar los fines y quizá eso sea lo que estamos perdiendo, el sentido de lo común.

No me preocupa que existan distintas ideas de país, me preocuparía mucho más que dejáramos de reconocer que compartimos uno.

La radicalización no comienza necesariamente cuando alguien defiende con pasión sus convicciones, sino cuando esas convicciones le impiden reconocer la dignidad, las razones o incluso el derecho a existir políticamente de quien piensa diferente, cuando dejamos de escuchar, dejamos también de aprender, cuando convertimos al otro en enemigo, cualquier posibilidad de colaboración comienza a parecer una traición y cuando la política se transforma en una batalla permanente entre buenos y malos, terminamos justificando en los nuestros aquello que condenamos en los demás.

Por eso, más allá de celebrar victorias o lamentar derrotas, deberíamos exigir algo más de quienes aspiran a gobernarnos y también de nosotros mismos, un proyecto de país no puede consistir únicamente en impedir que gane el adversario, tiene que ofrecer una visión de futuro, instituciones capaces de sostenerla y, sobre todo, la voluntad de incluir a quienes no votaron por él.

Porque gobernar no es administrar una victoria electoral, es asumir la responsabilidad de una sociedad entera y tal vez el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea decidir si queremos un país de izquierda o de derecha, sino recuperar la capacidad de imaginar un país en el que quepamos todos, incluso aquellos con quienes nunca estaremos de acuerdo, no se trata de renunciar a nuestras convicciones ni de fingir que todas las ideas son igualmente buenas, se trata de comprender que ninguna sociedad puede construirse de manera duradera sobre el desprecio hacia una parte de sí misma.

Al final, las grandes derrotas de los países no siempre ocurren en las urnas, a veces suceden mucho antes, cuando sus ciudadanos dejan de reconocerse como parte de una misma comunidad, porque podemos ganar elecciones y perder países, y quizá la victoria que más necesitamos sea recuperar la capacidad de construir juntos

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.

El mayo francés de 1968, con los estudiantes parisinos marcando la pauta, ya sabemos, sacudió a varios países del mundo, incluyendo a México.

Checoslovaquia, Estados Unidos, Italia, Japón, Argentina, entre otros, vieron a sus juventudes salir a las calles con demandas y banderas no siempre iguales, pero que tenían varias coincidencias: respeto a los derechos civiles y confrontación con gobiernos autoritarios, así como, en todos los casos, excepto en México, exigencias por una mejor educación.

En octubre de 2026, nuevamente se manifiestan masiva y radicalmente cientos de miles de estudiantes en diferentes partes del mundo. Nuevamente Francia destaca por su intensa movilización, y no tan sólo en París, sino en varias de las más importantes urbes del país.

En México las movilizaciones, marchas, bloqueos y barricadas son pan de todos los días. Tan sólo en la Ciudad de México ha habido de enero a septiembre de este año 3 mil 108 acciones de ese tipo. Unas muy pequeñas, otras masivas. Unas pacíficas y otras violentas. Se han manifestado prácticamente todos los sectores sociales, desde los más pobres hasta las clases altas de Polanco y otros barrios ricos de la capital.

Pero, fuera de las marchas y plantones de los maestros a mediados de este año que no recibieron un respaldo ciudadano importante, las manifestaciones de los trabajadores del IMSS por la destitución de su entreguista, corrupto y burocrático líder sindical, y los habitantes de Guadalajara, acompañados por los estudiantes universitarios, que exigen agua potable y un mejor gobierno en el estado, son los movimientos que podrían catalizar el descontento social en México por la inseguridad, los malos servicios médicos, la corrupción y el autoritarismos en instituciones educativas y de salud.

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas de los gobiernos europeos -Francia, Italia, Grecia, Albania, Austria, Suiza, Alemania, Portugal, España- y de sus diferentes niveles de desarrollo, o de los americanos- México, Argentina, Estados Unidos- los movimientos sociales que en la actualidad han estallado, revelan coincidencias sociales: todos los gobiernos, sin excepción, ya no están respondiendo a las necesidades de las nuevas generaciones. La calidad de la educación en todos los niveles está descendiendo en Europa y América. La inseguridad de diferentes maneras y grados se está incrementando. La calidad de la atención médica se está deteriorando. Los servicios públicos están empeorando y los precios de la vivienda, comprada o rentada, se han desorbitado, lejos de los alcances de la inmensa mayoría de los jóvenes. No hay buen futuro para las nuevas generaciones plebeyas y clasemedieras.

Es decir, ni los gobiernos de derecha y centroderecha con economías neoliberales o populistas asistencialistas orientados a la izquierda, como el mexicano y español, están respondiendo satisfactoriamente a las necesidades y demandas de los jóvenes.

El problema va a más allá de las izquierdas o las derechas, y tiene que ver sí, con una cada vez mayor concentración del capital, con la desigualdad del ingreso, con las profundas inequidades sociales, educativas y culturales, pero también con la revolución tecnológica en marcha, quizá la más profunda de la historia humana. México es una excepción en la distribución del ingreso, con un aumento significativo de los salarios mínimos, pero en todo lo demás la situación no es nada halagüeña, incluso es crítica en rubros como la inseguridad y la salud.

En contextos así, los movimientos sociales son inevitables. El problema es que ninguno de los gobiernos ha encontrado la fórmula para, al menos, responder a sus demandas más importantes. Pero lo peor, lo trágico, es que aun mejorando las condiciones de las escuelas y mejorando sustancialmente los niveles educativos, elevando los indicadores de titulación universitaria, como sucede en varios países europeos, los egresados no encuentran trabajos dignos de su nivel educativo. Sobran los jóvenes con grado de doctor que, en Francia, España, Italia o Estados Unidos, para sólo mencionar unos casos, conducen un taxi, son agentes de ventas o meseros en un restaurante.

Todo lo anterior empeora cuando los gobiernos y las élites sociales son soberbios y sordos a los gritos demandantes de las mayorías. Son con frecuencia insensibles, arrogantes y corruptos. Los políticos por lo general sólo piensan en las dinámicas del poder: como ganarlo, cómo mantenerlo- mientras más, mejor-, y qué provecho personal y/o familiar, sacarle.

Y eso será así mientras la sociedad sea débil y, y no me refiero a los empresarios porque ellos lucran, sino a las clases subalternas que, al no lucrar, como dice Antonio Gramsci, son más igualitarias y democráticas.

Si hubiese un mínimo de sensibilidad en las próximas elecciones mexicanas, los candidatos se podrían comportar con mayor decencia y humildad real para construir mejores gobiernos. Si entendieran que México y el mundo están entrando a etapas sociales sumamente convulsas, podrían dejar su arrogancia e ignorancia por un lado para, al menos, ser menos corruptos, más serviciales y más eficaces.

Cuando nos enteramos que una aspirante de Morena a ser candidata a gobernar Culiacán hace a un lado a unas niñas para llevar a cabo un evento político partidario nos damos cuenta que, al menos para ella, la sensibilidad y la legalidad no cuentan en la política.

Johan tiene 9 años y sabe que no todos los lugares de su escuela son seguros. Ha aprendido a identificar amenazas, reconocer zonas de riesgo y distinguir los espacios donde puede resguardarse ante una emergencia. Vive en una comunidad de Chiapas donde las lluvias intensas y los huracanes forman parte de las amenazas del entorno. Su escuela está cerca de un río que ya se ha desbordado y ha causado daños en las instalaciones.

Cuando le preguntan qué es lo más importante de lo que ha aprendido, su respuesta es contundente: “Lo importante es prevenir muertes y accidentes”.

Johan participa junto con su padre en el Club de Escuelas Seguras, una iniciativa que impulsamos junto con Volvo. A través de juegos y actividades participativas, hemos acompañado a niñas, niños y sus familias para fortalecer sus conocimientos sobre los riesgos de su entorno, reconocer zonas seguras y comprender cómo actuar ante distintas amenazas. Lo que podría parecer un ejercicio sencillo, como dibujar un mapa de la escuela, se convierte en una oportunidad para mirar el entorno de otra manera y reconocer riesgos que antes podían pasar inadvertidos.

Su experiencia nos recuerda algo fundamental: aunque no podemos anticipar todas las emergencias ni evitar todos los fenómenos naturales, sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias. Y esa preparación no debe comenzar cuando suenan las alarmas, sino mucho antes.

En México, más de 11 millones de niñas, niños y adolescentes viven en municipios con alto riesgo de inundaciones. El dato fue compartido durante el foro “Protección integral a la niñez y adolescencia en contexto de emergencias e impacto del cambio climático”, un espacio en el que participamos junto con instituciones como Sipinna, Cenapred y Unicef para poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención y la protección de la niñez frente a las emergencias.

Estar expuestos a una amenaza no significa que el desastre sea inevitable. Las consecuencias dependen también de las condiciones de los entornos, las vulnerabilidades existentes y las capacidades para prevenir y responder. Por eso, hablar de reducción del riesgo implica ir más allá de la reacción inmediata: requiere identificar peligros, preparar a las comunidades, fortalecer las capacidades locales y establecer medidas para proteger a quienes enfrentan mayores barreras para ponerse a salvo.

Esta conversación adquiere especial relevancia camino a la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Mientras los países discuten cómo avanzar en la acción climática, la adaptación y la resiliencia, debemos recordar que estos compromisos también tienen una dimensión cotidiana: qué tan preparadas están nuestras escuelas y comunidades para proteger a la niñez ante los riesgos que ya enfrentan.

Esta urgencia también se refleja en el ámbito educativo. Según el informe Learning Interrupted, publicado en enero de 2025, al menos 242 millones de estudiantes de 85 países y territorios tuvieron interrupciones en su escolarización debido a fenómenos climáticos extremos durante 2024, entre ellos olas de calor, ciclones, tormentas, inundaciones y sequías

No se trata únicamente de suspender clases por unos días. Los fenómenos extremos pueden dañar instalaciones, dificultar el traslado a las escuelas y comprometer las condiciones necesarias para aprender. Cuando una emergencia obliga a cerrar un plantel, el desafío consiste en proteger la integridad de las niñas y los niños y, al mismo tiempo, encontrar alternativas para que su educación continúe.

Por eso, la reducción del riesgo de desastres y la continuidad educativa deben pensarse de manera conjunta. La prevención no solo implica responder mejor: también significa proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de una emergencia.

En Save the Children trabajamos para fortalecer la seguridad escolar desde una perspectiva participativa, en la que niñas, niños, docentes y familias puedan reconocer los riesgos de su entorno y desarrollar herramientas para afrontarlos. En el Club de Escuelas Seguras, el aprendizaje no se limita a transmitir información: buscamos que las personas participantes puedan relacionarla con situaciones concretas de su vida cotidiana.

Johan recuerda que una de sus primeras actividades consistió en elaborar un mapa de su escuela para identificar riesgos y zonas seguras. También ha participado en juegos como “El gato y el ratón”, en los que una persona representa una amenaza y otra debe encontrar un lugar seguro. A través de estas dinámicas, conceptos como peligro, vulnerabilidad y prevención dejan de ser palabras abstractas y adquieren sentido en la experiencia.

Este enfoque importa porque reconocer un riesgo exige observar, preguntar y tomar decisiones. Un punto de reunión no necesariamente es seguro si hay árboles u objetos que pueden caer. Un espacio conocido no siempre ofrece protección ante todas las amenazas. Aprender a distinguir estas situaciones permite desarrollar criterios que pueden aplicarse dentro y fuera de la escuela.

Pero la prevención no puede recaer exclusivamente en las niñas y los niños. Por eso, involucramos también a madres, padres, personas cuidadoras y docentes. Trabajamos en la identificación de riesgos, la preparación de planes escolares de emergencia y el desarrollo de herramientas para que las comunidades sepan cómo actuar y puedan organizarse ante una situación crítica. La coordinación con actores como Protección Civil también permite complementar los conocimientos disponibles en la comunidad.

La participación de las familias es especialmente importante. Herbert, el padre de Johan, ha compartido con nuestro equipo que estos aprendizajes le permiten reconocer peligros que antes podía pasar por alto y sentir mayor tranquilidad al dejar a su hijo en la escuela. También destaca que Johan podrá recurrir a lo aprendido incluso cuando él no esté presente.

Esa posibilidad revela uno de los alcances más valiosos de la educación para la prevención: el conocimiento puede circular entre la escuela, el hogar y la comunidad. Las niñas y los niños no son únicamente quienes necesitan protección; también pueden compartir lo aprendido, formular preguntas, identificar problemas y participar en las decisiones que afectan su seguridad.

Preparar una comunidad escolar implica mucho más que saber dónde resguardarse durante una tormenta o un sismo. También requiere contar con planes que permitan organizar la respuesta, identificar responsabilidades y prever cómo continuar las actividades educativas si una emergencia impide utilizar las instalaciones habituales.

Desde Save the Children promovemos la preparación escolar y la participación de las comunidades para que la prevención y la continuidad educativa formen parte de la planificación. Esto supone reconocer que cada escuela enfrenta condiciones distintas y que las medidas deben considerar las amenazas de su entorno, las características de sus instalaciones y las necesidades de quienes estudian y trabajan en ellas.

La preparación también exige escuchar a niñas y niños. Su conocimiento de los espacios que habitan, sus observaciones y sus preguntas pueden contribuir a una mejor planificación de las medidas de seguridad. Incorporar sus voces no es un gesto simbólico: es reconocer su derecho a participar en las decisiones que les afectan y aprovechar su capacidad para contribuir a entornos más seguros.

Necesitamos que la conversación sobre adaptación climática y resiliencia se traduzca en acciones que alcancen a las comunidades escolares. Los compromisos internacionales son indispensables, pero su relevancia también debe reflejarse en la prevención cotidiana, la preparación ante emergencias y las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos incluso cuando ocurre un desastre.

La experiencia de Johan nos muestra que prepararse es un aprendizaje que puede comenzar desde la infancia y extenderse a toda una comunidad. Un mapa de riesgos, una conversación familiar, un plan de emergencia o un juego pueden parecer acciones pequeñas frente a la magnitud de los desafíos climáticos. Sin embargo, forman parte de una tarea colectiva mucho más amplia: construir entornos capaces de anticipar peligros y reducir vulnerabilidades.

No podemos prometer que una emergencia no ocurrirá. Pero sí podemos trabajar para que nos encuentre mejor preparados. Porque proteger a la niñez no consiste únicamente en responder cuando el daño ya está hecho: también significa actuar antes, escuchar sus voces y crear las condiciones para que su vida, su seguridad y su educación no queden a merced de una emergencia.

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Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo.

El 8 de octubre, las autoridades recurrieron al apoyo de fuerzas federales y estatales para recuperar el control del Penal El Castillo, en Mazatlán. Una riña con armas de fuego al interior del presidio dejó 10 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años que se encontraba de visita familiar. Otros 16 internos resultaron lesionados. Al día siguiente, dos internos más fueron asesinados durante otro enfrentamiento. En menos de 48 horas, la violencia había cobrado 12 vidas dentro de una instalación bajo custodia del Estado.

Mazatlán es el episodio más reciente de una crisis que lleva años manifestándose en distintas prisiones del País.

En diciembre de 2019, una riña en Cieneguillas, Zacatecas, dejó 16 internos muertos. En enero de 2023, un ataque al Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivó en 17 asesinatos, incluidos los de 10 custodios, y permitió la fuga de 25 reclusos. En marzo de 2024, un motín en La Pila, San Luis Potosí, terminó con dos policías y un interno muertos. En agosto de 2025, nueve personas fallecieron durante un motín en Tuxpan, Veracruz.

En todos estos acontecimientos, grupos de internos han conseguido disputar espacios, resistir decisiones institucionales y ejercer violencia dentro de instalaciones donde las autoridades deberían garantizar el orden.

Los motines son la expresión más visible de una crisis institucional en el funcionamiento cotidiano de las prisiones. Los censos penitenciarios del Inegi permiten identificar tres problemas: la persistencia de incidentes que alteran el orden interno, la sobrepoblación y las limitaciones para garantizar una vigilancia adecuada.

Sobre el primer problema, entre 2021 y 2025 se registraron 12 mil 744 incidentes en centros federales, estatales y especializados. De ellos, aproximadamente dos de cada tres (8 mil 548) ocurrieron en instalaciones estatales y especializadas. Tan solo en 2025, estos últimos establecimientos reportaron mil 579 incidentes, incluidas 893 riñas y cuatro motines, un incremento de 41.7 por ciento respecto de 2024. La frecuencia de estas alteraciones revela dificultades de las autoridades para prevenir conflictos y garantizar el orden dentro de instalaciones bajo su responsabilidad.

El segundo problema, la sobrepoblación, dificulta la separación de internos según sus perfiles de riesgo, incrementa las exigencias de vigilancia y presiona los servicios penitenciarios. Estas condiciones pueden favorecer los conflictos y reducir la capacidad de las autoridades para prevenirlos.

En 2021, los centros estatales y especializados alojaban 106.7 personas por cada 100 espacios disponibles; para 2025, la relación alcanzó 119.2. En contraste, los centros federales registraron una ocupación de 72.4 personas por cada 100 espacios en 2025. Esta comparación debe considerar que el último censo no incluyó las prisiones para adultos de Ciudad de México.

El tercer problema corresponde a las capacidades de vigilancia y custodia.

En 2025, los sistemas estatales y centros especializados reportaron 33 mil 337 trabajadores, de los cuales 62.9 por ciento desempeñaban estas funciones. Aunque el dato no permite establecer un déficit nacional de custodios, tampoco garantiza que su distribución responda a las necesidades de cada prisión. La suficiencia del personal depende del número de internos, sus perfiles de riesgo, los turnos, la capacitación y las condiciones de trabajo. Cuando estas capacidades resultan insuficientes, se debilitan la supervisión cotidiana, la prevención de conflictos y la capacidad de respuesta ante episodios violentos.

Estos problemas ayudan a explicar la fragilidad institucional de las prisiones, pero dejan abierta una cuestión central: cómo consiguen determinados grupos criminales aprovechar esas vulnerabilidades para ejercer autoridad dentro de instalaciones que formalmente permanecen bajo control del Estado.

La respuesta a la pregunta anterior exige investigar la gobernanza criminal dentro de las cárceles.

Las organizaciones delictivas pueden construir autoridad mediante la corrupción de servidores públicos, las amenazas contra el personal y la violencia ejercida sobre otros internos.

Estos mecanismos pueden combinarse hasta producir arreglos relativamente estables. Las autoridades conservan la responsabilidad formal del establecimiento, mientras determinados grupos criminales ejercen poder sobre parte de su funcionamiento cotidiano.

La información disponible impide conocer con precisión la extensión de estas prácticas y las relaciones que las sostienen.

Hace falta determinar quién controla los espacios, cómo circulan el dinero y los objetos prohibidos, qué funcionarios facilitan esas actividades y qué amenazas enfrenta el personal penitenciario. Conocer estas relaciones es indispensable para diseñar intervenciones que debiliten las estructuras criminales de poder.

Algunos antecedentes muestran la pertinencia de esta tarea.

En La Pila, las autoridades atribuyeron el motín a la resistencia frente al traslado a otro Penal de un interno señalado por cobrar cuotas a otros reclusos.

Después de los acontecimientos de Tuxpan, tres funcionarios penitenciarios fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En Mazatlán, la presencia de armas de fuego y la violencia letal dentro del penal plantean interrogantes sobre el control efectivo de los espacios y la circulación de objetos prohibidos.

Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes y las posibles relaciones entre el poder criminal y la administración penitenciaria.

La intervención debe comenzar por identificar las redes que permiten a las organizaciones criminales ejercer autoridad dentro de las prisiones. Se necesita un mecanismo permanente de investigación de corrupción penitenciaria, coordinado entre fiscalías, autoridades de seguridad y órganos de control. Su trabajo debe incluir inteligencia financiera, investigación patrimonial, seguimiento del ingreso de armas y dinero, protección efectiva a custodios que denuncien amenazas y supervisión externa de las decisiones administrativas más sensibles.

La rotación de personal, los traslados de internos y los cambios de directivos también deben someterse a controles que permitan identificar posibles redes de protección.

La investigación penal debe acompañarse de reformas en el funcionamiento cotidiano de los centros. De poco serviría detener a funcionarios corruptos si permanecen intactos los mecanismos que permitieron sustituirlos y mantener las mismas prácticas. El objetivo debe ser desarticular las relaciones que hacen posible el gobierno criminal y evitar su reconstrucción.

Tras los hechos de Mazatlán, el Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevas cárceles, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La primera se proyecta en Sinaloa. Los establecimientos incorporarán tecnología de vigilancia, bloqueo de comunicaciones y espacios para actividades de reinserción.

La ampliación de infraestructura puede contribuir a reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de internamiento. Sin embargo, las nuevas instalaciones estarán expuestas a las mismas vulnerabilidades si no se investigan las redes de corrupción, se protege al personal y se establecen mecanismos permanentes de supervisión.

La crisis penitenciaria mexicana tiene una dimensión material que requiere inversión pública y otra relacionada con el ejercicio de la autoridad que exige desmantelar las estructuras de gobernanza criminal. Construir más cárceles puede ampliar la capacidad del Estado para encerrar personas. Recuperar el control de las que ya existen exige impedir que las organizaciones criminales sigan gobernando dentro de ellas.

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El autor es Armando Vargas (@BaVargash), doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)

Para sorpresa de nadie, el mar ha demostrado que las cosas que se hacen sin respetarlo, tarde o temprano serán destruidas.

Todos los mazatlecos sabemos de los socavones que se han dado a lo largo del malecón, algunos impresionantes que se llevaron la banqueta y la ciclovía.

Los que tenemos la edad suficiente para haber sido testigos de los huracanes que tocaron el puerto, el último en 1975 (Olivia) sabemos que nunca se habían presentado socavones en el malecón del tamaño de los actuales.

Los que saben de construcción dicen que antes de la modificación que se llevó a cabo en los tiempos de Quirino Ordaz, el malecón no sufría socavones porque existían una especie de “rompeolas”, consistente en un declive que se construía en la parte baja del muro que llegaba a la arena, que impedía que el impacto de las olas afectara directamente la base del muro.

Pues bien, ese “rompeolas” se eliminó cuando se hizo la modificación al malecón que también eliminó los cajones de estacionamiento y agregó la ciclovía.

En lo personal me parece buena idea que se haya construido la ciclovía y se hayan eliminado los cajones de estacionamiento, pues la primera protege la vida de los ciclistas y patinadores que usan la ciclovía y los segundos se utilizaban indiscriminadamente para emborracharse y poner música a todo volumen.

Pero, lo que, según los expertos en construcción, se debió hacer además de lo ya mencionado, es mantener y hasta reforzar el “rompeolas” (declive) en la base del muro que llega a la arena.

Como no se hizo eso, con la marea alta que se ha presentado durante varios días, las olas reventaron el muro y provocaron los socavones.

Desde el punto de vista legal, es importante que la Síndica Procuradora inicie los procedimientos administrativos que correspondan, para descubrir si los que remodelaron el malecón fueron negligentes al no mantener y reforzar los rompeolas y, de ser culpables, deberá aplicar las sanciones administrativas que marca la ley.

Además, de existir responsabilidad administrativa, se debe demandar a los culpables, incluyendo los constructores, para que paguen todo el dinero que se tenga que gastar en reparar los socavones que, según declaraciones de la Alcaldesa y la Gobernadora, serán varios millones de pesos.

La Síndica Procuradora no debe quedarse cruzada de brazos, ya que, si no actúa, estará cometiendo faltas administrativas y delitos por omisión en el desempeño de su cargo.

Si hubo negligencia de alguien en la remodelación del malecón que trajo como consecuencia los socavones, no es justo que no se recupere el dinero público que se va a gastar en repararlo.

Mientras el mundo parece desmoronarse entre bandos, ideologías y verdades irreconciliables, me pregunto si todavía somos capaces de hacer algo que durante siglos nos ha permitido avanzar como humanidad, construir juntos.

No me refiero a pensar igual, votar por los mismos candidatos o compartir una interpretación del mundo, me refiero a algo aparentemente más sencillo, pero quizá mucho más difícil, reconocer que, nos guste o no, compartimos una misma realidad y que ninguno de nosotros podrá transformarla por sí solo. Vivimos tiempos en los que parece indispensable tomar partido, las conversaciones se convierten en trincheras, las diferencias en amenazas y las opiniones en declaraciones de identidad, ya no basta con estar de acuerdo en algunas cosas; pareciera que debemos coincidir en todo para reconocernos como parte del mismo grupo y en medio de esta confrontación hemos comenzado a olvidar algo fundamental, una sociedad no se construye solamente con quienes piensan como nosotros.

Me preocupa que hayamos confundido tener razón con encontrar soluciones, que dediquemos tanta energía a demostrar que los otros están equivocados y tan poca a preguntarnos qué podríamos hacer juntos, que celebremos la derrota de nuestros adversarios incluso cuando nuestras condiciones de vida permanecen exactamente iguales, porque ganar una discusión no significa resolver un problema, y tener la última palabra no construye una escuela, no recupera un espacio público, no mejora un hospital ni devuelve la tranquilidad a nuestras calles.

Quizá el problema no sea que estamos divididos, las diferencias siempre han existido y, en buena medida, son indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad, el problema podría ser mucho más profundo, hemos dejado de creer que necesitamos unos de otros.

Nos hemos acostumbrado a imaginar que el futuro será mejor cuando finalmente prevalezcan nuestras ideas, cuando los otros pierdan influencia o cuando quienes consideramos responsables de nuestros problemas desaparezcan de las decisiones colectivas, pero ¿qué ocurre si ese momento nunca llega? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para comenzar a construir?

Una comunidad no puede permanecer suspendida hasta que todos sus integrantes estén de acuerdo, la vida continúa mientras discutimos, los niños siguen creciendo, las ciudades siguen transformándose, las oportunidades se pierden y los problemas se acumulan. Por supuesto, construir puentes no significa renunciar a nuestras convicciones, existen principios que debemos defender, injusticias que debemos denunciar y diferencias que no pueden resolverse mediante acuerdos superficiales, tampoco todas las posiciones tienen el mismo sustento ni todas las conductas merecen justificarse en nombre de la unidad, pero entre renunciar a nuestros principios y negarnos a colaborar con cualquiera que piense distinto existe un territorio enorme que quizá hemos dejado de explorar.

Ese territorio se llama convivencia.

Y la convivencia democrática no exige unanimidad, exige reconocer que las personas con quienes discrepamos también forman parte de nuestra comunidad, tienen intereses legítimos y poseen experiencias que podrían ayudarnos a comprender problemas que nosotros solos no alcanzamos a ver y pienso particularmente en nuestras ciudades, en las organizaciones civiles, los colectivos culturales, los clubes deportivos, las instituciones educativas, las asociaciones profesionales, los grupos comunitarios y tantas personas que todos los días hacen algo por mejorar el lugar donde viven.

¿Cuántos de esos esfuerzos permanecen aislados? ¿Cuántas personas trabajan por objetivos semejantes sin conocerse? ¿Cuántas posibilidades de colaboración se pierden porque nadie se ha detenido a tender un puente?

Tal vez construir una mejor ciudad no consista necesariamente en inventar grandes proyectos, sino en comenzar por reconocer, conectar y fortalecer lo que ya existe, identificar nuestras coincidencias sin negar nuestras diferencias, construir objetivos compartidos sin exigir adhesiones ideológicas, establecer compromisos concretos, responsabilidades claras y mecanismos que permitan evaluar si nuestras acciones realmente están mejorando la vida de alguien.

Porque la esperanza, por sí sola, no transforma nada, necesita organización, trabajo, confianza y una disposición permanente a colaborar.

Y la confianza no aparece mágicamente, se construye mediante experiencias compartidas, compromisos cumplidos y la posibilidad de comprobar que, a pesar de nuestras diferencias, podemos hacer algo valioso juntos.

Quizá debamos abandonar la fantasía de que algún día todos estaremos del mismo lado, tal vez el verdadero desafío sea aprender a construir una sociedad en la que podamos vivir dignamente sin necesidad de estarlo. Después de todo, compartimos mucho más que un territorio, compartimos las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras omisiones y de nuestra incapacidad para organizarnos.

Cuando una ciudad fracasa, sus consecuencias difícilmente distinguen entre quienes tenían razón y quienes estaban equivocados y cuando una comunidad consigue mejorar sus condiciones de vida, sus beneficios pueden alcanzar incluso a quienes nunca estuvieron de acuerdo sobre cómo lograrlo.

Por eso me resisto a pensar que la polarización deba condenarnos a la inmovilidad, todavía podemos encontrarnos alrededor de aquello que nos importa, siempre que estemos dispuestos a escuchar, ceder cuando corresponda y asumir responsabilidades que trasciendan nuestros intereses particulares. No sé si seremos capaces de construir un futuro mejor todos juntos, tampoco sé si alguna vez lo hemos conseguido plenamente, pero sospecho que la pregunta más importante no es si podemos ponernos de acuerdo, sino si estamos dispuestos a reconocer que nos necesitamos.

Porque quizá no necesitamos estar de acuerdo en todo para hacernos responsables de algo juntos y si todavía existe alguna esperanza de construir una sociedad mejor, seguramente comienza por aceptar que nadie puede construirla solo.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.

Durante años el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo quitando la pensión por viudez a las viudas que se volvían a casar o que entraban en un concubinato (unión libre).

Las viudas afectadas por lo que hacía el IMSS no tenían a su alcance algún remedio legal para evitar ese despojo.

La situación acaba de cambiar, después de recorrer un largo camino legal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver un asunto en donde sostiene que el IMSS no puede quitar la pensión por viudez, aunque la viuda se vuelva a casar o viva en concubinato.

Las razones de la Suprema Corte entre otras, es que eliminar la pensión por viudez porque la viuda se vuelve a casar o vive en concubinato, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, volviéndose una amenaza para que, una mujer en situación de viudez no pueda iniciar una nueva relación sentimental.

El criterio de la Corte me parece acertado y justo y va en la línea de la finalidad de la pensión por viudez que es garantizar que la viuda no quede desprotegida ante el fallecimiento de su marido.

Así que, si usted tiene una pensión por viudez, se vuelve a casar o vive en concubinato y el IMSS inicia trámites para quitarle su pensión, no se asuste, acuda con su abogado de confianza, platíquele lo que aquí le digo y defiéndase en los tribunales.

Si su abogado es medianamente bueno, no tendrá problemas en obtener una sentencia favorable a usted garantizando su pensión por viudez.

Y por si se lo pregunta, este criterio aplica tanto a una pensión por viudez en favor de la mujer como en favor del hombre dado que también la SCJN ya ha reconocido que el hombre tiene derecho a una pensión por viudez cuando fallece su esposa y esta era la asegurada.

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david@bufetealvarez.com