Mientras en Culiacán todavía no termina de asentarse el terremoto político provocado por la salida de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien pidió licencia después de que el Gobierno de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con Los Chapitos, resulta que la nueva Alcaldesa, Ana Miriam Ramos, ya aparece en el tercer lugar estatal de aprobación con un 50.8 por ciento.

Ni Harry Potter resolvía tan rápido los problemas de percepción.

Porque vale la pena recordar un pequeño detalle: Ana Miriam Ramos tiene apenas unas semanas en el cargo. Semanas. No meses. No años. Semanas.

Lo suficiente para aprender dónde están algunas oficinas del Ayuntamiento, pero aparentemente también para conquistar el corazón de más de la mitad de los culiacanenses, según la encuesta.

La pregunta es inevitable: ¿qué exactamente están evaluando?

Porque si se trata de obras, programas, proyectos o resultados propios, simplemente no ha habido tiempo material para generarlos. Si se trata de la administración municipal, entonces la calificación corresponde en gran medida al gobierno que ella misma heredó y del que formó parte.

Ana Miriam Ramos fue síndica procuradora durante buena parte de la administración de Gámez Mendívil. Un cargo cuya función principal es vigilar, fiscalizar y señalar irregularidades dentro del Gobierno municipal.

Sin embargo, durante el año y medio que duró en el cargo, su voz pública fue prácticamente invisible.

Mientras el Ayuntamiento enfrentaba cuestionamientos, crisis de seguridad, polémicas y debates políticos, la síndica procuradora parecía practicar una versión extrema del voto de silencio.

Ahora resulta que la funcionaria que menos ruido hizo es presentada como una de las alcaldesas mejor evaluadas del estado.

Cosas de la estadística.

Pero tampoco es un fenómeno nuevo.

Durante meses se difundieron encuestas similares donde el propio Juan de Dios Gámez aparecía entre los alcaldes mejor posicionados de Sinaloa. Se presumían los números, se compartían boletines, se celebraban rankings.

Todo eso ocurría mientras una parte importante de la ciudadanía cuestionaba la situación de inseguridad, los servicios públicos y el desempeño municipal.

Y ahora que Juan de Dios ya no está en el cargo, los mismos números parecen haberse transferido automáticamente a su sucesora, como si la aprobación fuera un paquete heredable junto con la oficina, la camioneta y las llaves del despacho.

Lo más curioso es que ni siquiera estamos hablando de niveles de popularidad extraordinarios.

Un 50.8 por ciento significa que prácticamente la mitad de la población no aprueba la gestión. En cualquier examen escolar sería una calificación que obliga a revisar resultados. En la política moderna, en cambio, se convierte en motivo de celebración.

Por supuesto, nadie dice que los estudios no tengan metodología o que los datos sean inventados. Pero sí vale la pena preguntarse si estos rankings miden realmente el desempeño de los alcaldes o simplemente funcionan como herramientas de promoción política disfrazadas de termómetro ciudadano.

Porque cuando una Alcaldesa con apenas un mes en el cargo ya aparece en el podio estatal, después de sustituir a un Alcalde que salió en medio de una crisis política internacional y tras haber ocupado un puesto de vigilancia desde el que rara vez levantó la voz, lo mínimo que merece el ciudadano es una explicación más convincente que un porcentaje con decimales.

Al final, la encuesta dice que Culiacán aprueba.

La calle, como siempre, tendrá la última palabra. Y esa no se levanta por teléfono dando las consecuencias.

El talento de los partidos políticos de convertir lo evidente en un debate jurídico de cientos de páginas.

Esta semana, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que la Senadora Imelda Castro Castro sí incurrió en promoción personalizada. Pero, al mismo tiempo, determinó que no hubo actos anticipados de campaña ni de precampaña.

Traducido al español cotidiano: sí se promocionó, pero no pidió el voto.

La diferencia parece técnica, pero en realidad es profundamente política.

Durante meses, bardas, lonas, publicaciones en redes sociales y anuncios pagados mostraron nombre, imagen y cargo de la legisladora. Lo suficiente para que el IEES concluyera que existió una estrategia de posicionamiento ante la ciudadanía. Lo insuficiente, según la autoridad, para demostrar una solicitud expresa de apoyo electoral.

Es la delgada línea que hoy separa la promoción institucional de la promoción personal; la misma que muchos aspirantes recorren con precisión quirúrgica cada vez que se acerca una elección.

La resolución deja una pregunta incómoda: ¿cuál es el verdadero propósito de inundar espacios físicos y digitales con la imagen de un político si no existe una intención electoral?

Porque difícilmente alguien invierte recursos en publicidad para recordar a los ciudadanos que existe. La política moderna funciona precisamente sobre el posicionamiento de nombres, rostros y narrativas mucho antes de que inicien formalmente las campañas.

Por eso resulta relevante que el IEES haya acreditado los tres elementos de la promoción personalizada: el personal, el temporal y el objetivo. Es decir, identificó a la protagonista, ubicó la difusión en un periodo cercano al arranque electoral y encontró una intención de posicionamiento.

Lo que sigue ahora es igualmente interesante. El instituto electoral no impondrá una sanción directa. El expediente viajará hasta el Senado de la República, donde serán los propios legisladores quienes determinen qué hacer con una de sus integrantes.

Y ahí aparece otra interrogante: ¿qué tan dispuesto estará el Senado a sancionar una conducta que, en mayor o menor medida, forma parte de las prácticas habituales de la política nacional?

La resolución llega además en un momento en que Morena comienza a mover sus piezas rumbo a 2027. Aunque nadie está oficialmente en campaña, cada vez son más visibles los nombres que buscan instalarse en la conversación pública.

Culiacán acaba de alcanzar una posición que nadie quisiera presumir. No se trata de un campeonato ni de una inversión histórica. Se trata de haberse colocado entre las tres zonas metropolitanas peor evaluadas del País en competitividad urbana.

El dato del IMCO es contundente: la capital sinaloense obtuvo apenas 48 puntos de 100 posibles, su peor resultado desde que existe registro. Más allá del número, lo preocupante es la tendencia. En apenas cuatro años, Culiacán pasó de figurar entre las ciudades más competitivas de México a ocupar los últimos lugares de la tabla.

En 2022, la ciudad alcanzó el cuarto lugar nacional. Hoy, apenas supera a Tijuana y Cuernavaca. La caída no es producto de un accidente estadístico ni de una mala racha temporal. Es el reflejo de una realidad que los ciudadanos viven todos los días.

La competitividad no se mide únicamente por cuánto dinero circula o cuántas empresas llegan. También evalúa seguridad, estado de derecho, infraestructura, calidad institucional, mercado laboral y condiciones sociales. Justamente los rubros que más se han visto presionados en Sinaloa durante los últimos años.

Desde septiembre de 2024, la crisis de seguridad derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa ha dejado una huella profunda en la actividad económica. Negocios cerrados, inversiones pausadas, turismo afectado y una percepción de incertidumbre que termina pesando en cualquier indicador serio.

El resultado del IMCO debería encender alarmas en todos los niveles de Gobierno.

La pregunta ya no es por qué cayó Culiacán. Los datos parecen responderla por sí solos. La verdadera interrogante es cuánto tiempo tomará revertir una tendencia que lleva varios años en descenso y que hoy coloca a la capital sinaloense en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

¡FOUL!...La minimización que hizo Yeraldine Bonilla de las protestas sobre Topolobampo no funcionó y en la semana hubo manifestaciones ¡en Mazatlán y en Culiacán! El asunto es que hay programada una más grande en Los Mochis el domingo.

Cuando pienso en absurdos, imagino pasajes ilógicos o momentos de la vida en que la realidad supera a la ficción. En muchos sentidos, lo absurdo forma parte de nuestra propia cotidianidad, dotándola de elementos sorpresa ante lo inesperado, lo ilógico o lo inimaginable.

Pero cuando lo absurdo rebasa la esfera privada o del círculo cercano y se transforma en un asunto que tiene efectos directos sobre el interés social o, peor aún, que afecta la salud del océano y el bienestar de la gente, se convierte en un problema público.

Esa es la situación de la pesca en México: alrededor del 25 por ciento de las especies de importancia pesquera se encuentran en condiciones de deterioro, conforme a lo que establece la Carta Nacional Pesquera, documento oficial que contiene la información y mecanismos de gestión de las pesquerías nacionales, elaborado periódicamente por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable. Esta situación en buena medida es consecuencia de la pesca ilegal, no regulada y no documentada, así como por la contaminación y degradación de los ecosistemas marinos.

A pesar de la cifra oficial, el Gobierno federal poco hace para atender el problema. Por una parte, no lleva a cabo ninguna estrategia para revertir el deterioro de las especies, y desde el inicio de la pasada administración federal ha ido reduciendo, prácticamente a cero, las acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en México llega al 40 por ciento a nivel nacional.

Desde hace años, prácticamente todas las organizaciones de pescadores han levantado la voz para denunciar que la pesca ilegal está fuera de control, que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) ha reducido significativamente las labores de inspección y vigilancia, y que la abundancia de especies marinas como mero, róbalo, lisa y jaiba ha disminuido considerablemente.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable otorga a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Conapesca la atribución de administrar los recursos pesqueros y de asegurar la gestión sustentable de la pesca en México.

La misma Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable define y contempla la protección, conservación, repoblamiento y recuperación de especies de importancia pesquera, así como el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como atribuciones exclusivas de la autoridad federal, sin que hasta este momento se hayan visto acciones contundentes ni resultados medibles para revertir dicha situación.

Desde el año 2019, Oceana ha insistido en la urgencia de revertir el deterioro pesquero y combatir la pesca ilegal como una de sus principales causas, por medio de acciones y mecanismos de trazabilidad, que permitan conocer el origen y legalidad de los productos pesqueros, desde el barco hasta el plato, cerrando la puerta a productos ilegales a lo largo de toda la cadena de valor y desincentivar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El artículo 119 BIS, inciso VI de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, define trazabilidad, como el “conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la Secretaría [Sader] que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola... desde su origen hasta su destino, a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución...”.

En otras palabras, la trazabilidad se convierte en el mecanismo que rastrea todo el camino que sigue un producto de origen pesquero, desde su captura hasta su consumo final, blindando cada eslabón de la cadena de valor contra la entrada de productos de origen ilícito. De esta manera, será difícil, si no es que imposible, que se coloquen en el mercado productos ilegales, lo que desincentivaría la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada al no tener espacio en el mercado.

Que las autoridades, Sader y Conapesca adopten finalmente mecanismos de trazabilidad sería un gran paso para hacer frente a la pesca ilegal, al tiempo que se permitiría a los consumidores finales conocer el origen, legalidad y calidad de los productos del mar. Como lo ha reportado Oceana mediante pruebas genéticas realizadas a productos de origen pesquero, en restaurantes y mercados, en más del 30 por ciento de ocasiones, estos son sustituidos por productos distintos, de menor calidad y precio; incluso por especies amenazadas. La trazabilidad permitirá que productores, comercializadores y consumidores conozcan la legalidad y calidad de sus productos.

Desde hace meses, el Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura ha informado públicamente que la dependencia a su cargo se encuentra en proceso de construcción de un sistema de trazabilidad con que hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Es importante que este compromiso se cumpla para tener una herramienta que apoye a combatir la ilegalidad en la pesca.

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El autor es Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana.

Los números a modo

Mientras el termómetro sube en Sinaloa, parece que en la Fiscalía General del Estado lo que sube es el consumo de cosméticos y no para verse mejor, sino para maquillar la realidad.

Dice el PAN municipal que mayo cerró con 164 muertes violentas, un 24 por ciento más que en abril, regresándonos a los niveles de terror de diciembre pasado.

Pero la novedad si es que a estas alturas algo nos sorprende es la creatividad, porque si siete mueren en un Penal, le llaman riña para no sumar al índice de homicidios y si matan a un comandante, le ponen agresión a la autoridad.

Una verdadera chicanada estadística para intentar tapar el sol con un dedo, o mejor dicho, para tapar una parte de los 3 mil 300 cadáveres acumulados en 640 días de esta paz que no llega.

La exigencia es simple, aunque para la Fiscal parece misión imposible clasificar los delitos como son y es que dejen de jugar al diccionario y pónganse a trabajar en la seguridad, que los sinaloenses ya no compran el discurso de las medias mentiras mientras les roban el carro o les quitan la paz.

El horizonte se ve negro, y no es por el clima, sino por la opacidad con la que pretenden gobernar.

El PAN señala que el Gobernador, Rocha Moya; el Alcalde Juan de Dios Gámez y el Senador Enrique Inzunza Cázarez están en modo invisible para no dar la cara ante la crisis.

Mientras aquí se esconden tras vidrios polarizados que ni la ley permite, desde Nueva York llegan noticias del General Gerardo Mérida encadenado y jueces hablando de la posibilidad de evidencia abundante.

Pero no se preocupen, que para el Gobierno la prioridad fue el mitin del domingo con acarreados y festejos, como si hubiera mucho que celebrar mientras la gente vive acosada por la inseguridad.

También hablaron sobre el Culiacán de la transformación y que un ciudadano tiene que convertirse en experto en la Plataforma Nacional de Transparencia para que le arreglen una fuga de aguas negras en una primaria.

Dejaron claro que si pides información y, mágicamente, a los tres días van y reparan para poder contestar legalmente que el problema ya está resuelto.

Es decir, el Ayuntamiento no trabaja por eficiencia, sino por miedo al folio y un gobierno que solo reacciona cuando se ve exhibido en un papel oficial es un gobierno que le falló a su gente.

En peligro verdadero

Dos colegas de Guasave tuvieron que interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta donde sabemos también los buscaron de organismos de defensa de periodistas desde la Ciudad de México, como Artículo 19 y el Comité de Protección de Periodistas, después de ser interceptados, vejados y amenazados por lo que señalaron eran civiles armados.

Los periodistas Carlos Raeb Morales, corresponsal de Milenio, y América Zambrano, de El Debate de Guasave, rondaban las inmediaciones de una zona en la que se realizaba, al parecer, un operativo especial de fuerzas federales contra presuntos delincuentes del crimen organizado el pasado 25 de mayo.

Con el paso de los días y las horas, se ha sabido que los elementos de la Marina Armada de México, en vehículos sin logos insignias ni colores oficiales, hicieron presencia y estuvieron muy nerviosos, tanto que ya habían maltratado y corrido a otros colegas que pretendían hacer reportes y transmisiones en vivo desde la zona, debido a lo atractivo del hecho para ser informado.

Morales explica que un vehículo Cherokee sin placas se les atravesó hasta bloquearles el paso y el piloto, vestido con ropa táctica, se les acercó y comenzó a amenazarlos a los dos periodistas, luego se bajaron otras tres personas con características y vestimenta similar, armada, que les exigieron los teléfonos celulares.

Los cuestionaron, amenazaron y exigieron que dejaran de seguirlos y grabarlos, con un rifle apuntándoles en todo momento. Al final se fueron y se llevaron los celulares y cámaras fotográficas. “Si te vuelvo a ver te voy a matar y te voy a quemar el carro”, le dijo.

Carlos Raeb recalcó que ninguno tenía una insignia de qué institución pertenecía o si de plano se trataba de civiles armados, trabajando junto a las fuerzas federales.

Algunos días después del hecho violento, comenzaron a difundir un flyer digital que mostraba el rostro de Carlos Raeb y de la periodista culiacanense América Armenta, en una clara confusión con América Zambrano, de Guasave.

La acusación se centró en tacharlos de trabajar como halcones para determinar grupo criminal.

Curiosamente Guasave no es uno de los lugares que ha tenido tantos brotes de violencia desde que estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, pero ahorita sí les tocó la amenaza a los colegas periodistas.

Lo mejor es que ya los organismos encargados están atendiendo a los verdaderos amenazados, los que sí estuvieron en la cobertura y al final fueron encañonados.

Se apagó la ‘luchadora social’

Tras varios días de ‘férrea lucha’ contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad a los usuarios de Mazatlán, la “luchadora social” Sugey García, del grupo Actúa, se apagó y ya no ha aparecido.

Surgió de la nada, encabezó la lucha para lograr apoyos contra los altos cobros de energía eléctrica, protestó en las oficinas de la CFE en Mazatlán, donde junto con familias porteñas bloquearon el acceso, encararon a los jefes y pidieron la presencia del superintendente, luego aparecieron en el acceso del SAT y encadenaron las puertas para no dejar entrar ni salir al personal.

Todo esto le sirvió para que fuera vista como una verdadera luchadora social, pero... el pasado lunes 25 de mayo, Sugey García, la voz del movimiento Actúa, “aprovechó” que la Senadora de la República Imelda Castro, quien busca ser candidata a la Gubernatura de Sinaloa por Morena, sostuvo un evento en Mazatlán, para presentarse “sorpresivamente” y entregarle expedientes de cientos de afectados para que gestione ante Hacienda y la CFE que sean atendidos los reclamos.

Luego, tras reiterar que su lucha no es un movimiento político sino ciudadano, la “luchadora social” dijo que había logrado el apoyo, el cual consistía en pagos diferidos del recibo de luz, cosa que no agradó a nadie, ya que eso no es lo que se buscaba.

Y tras ese acercamiento con Imelda Castro y el “logro” con la CFE, Sugey García simplemente se “apagó”, y ya no ha dado señales de nuevas protestas.

¡FOUL!... La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla defendió que los proyectos de inversión en Topolobampo ya son privados y la población se confunde y por eso se reclama como si fuera inversión pública... y con eso, evidencia que no entiende el conflicto.

Conocí “La chercheta y el saxhorn” mucho antes de que existiera sobre un escenario, lo conocí en forma de idea, de conversación, lo conocí cuando todavía era un ensayo escrito por Julián Vidal que me voló la cabeza, porque entendí que ahí había algo más profundo que una puesta en escena, había una búsqueda. Una de esas búsquedas humanas que parecen pequeñas desde afuera, pero que por dentro son gigantescas.

A veces olvidamos que hacer arte en lugares atravesados por la prisa, por la violencia, por la supervivencia y por la lógica brutal de la utilidad inmediata, es casi un acto de resistencia.

Porque el arte rara vez sirve para algo que pueda medirse fácilmente, no genera rendimientos trimestrales, no resuelve la inflación, no tapa baches, no produce métricas espectaculares y sin embargo, cuando la vida se rompe, cuando el lenguaje cotidiano deja de alcanzar, terminamos refugiándonos ahí, en una canción, en una película, en un poema, en una obra de teatro, en una trompeta resonando en un pequeño foro de Mazatlán.

El arte parece inútil hasta que uno necesita sobrevivir emocionalmente y entonces entendemos que quizá era una de las cosas más importantes de todas.

Vivimos en una época obsesionada con la productividad. Todo tiene que justificar su existencia desde la rentabilidad, desde el alcance, desde el número de vistas o desde la posibilidad de monetizarse, pareciera que únicamente tiene valor aquello que puede convertirse rápidamente en negocio, en tendencia o en consumo, bajo esa lógica, el arte muchas veces queda relegado a un lujo, a un accesorio o a una especie de entretenimiento prescindible pero basta atravesar una crisis personal, un duelo, una pérdida o un momento de incertidumbre profunda para entender que las personas no sobrevivimos solo de cosas útiles.

Sobrevivimos también de sentido y el arte es uno de los lugares donde más sentido intentamos construir.

Lo que Julián y su equipo hicieron con “La chercheta y el saxhorn” no fue solamente investigar instrumentos de viento-metal o reconstruir un puente histórico entre Bélgica y Sinaloa, lo que hicieron fue tomar una raíz cultural profundamente sinaloense y mirarla desde otro lugar, con respeto, con curiosidad y con amor.

Eso es importantísimo porque una cultura que deja de revisarse a sí misma termina convertida en caricatura y una identidad que no se explora termina reducida a estereotipo.

Por eso me parece tan valioso que alguien decida detenerse a pensar de dónde viene el sonido que nos atraviesa desde niños, que alguien quiera preguntarse cómo nació esa fuerza musical que hoy define emocionalmente a Sinaloa, que alguien quiera convertir investigación histórica en experiencia escénica.

Hay algo profundamente humano en eso y también profundamente valiente.

Porque hacer arte implica exponerse, implica tomar emociones, dudas, preguntas y obsesiones internas para ponerlas frente a otros, implica aceptar que quizá nadie entienda del todo lo que uno intenta decir y aun así hacerlo.

Tal vez por eso el arte funciona tantas veces como salvavidas porque permite decir lo que no cabe en ninguna conversación normal, hay dolores que sólo encuentran salida en una canción, hay preguntas que únicamente pueden explorarse desde el teatro, hay identidades que sólo logran entenderse cuando alguien les pone música, imagen o palabras encima. El arte es desahogo, sí, pero también exploración, es una manera de preguntarnos quiénes somos cuando todo lo demás parece demasiado rígido para contenernos.

Pienso mucho en esto porque vivimos tiempos profundamente contradictorios, nunca habíamos tenido tanta tecnología para comunicarnos y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil conectar emocionalmente, consumimos contenido a velocidades absurdas, deslizando historias con el dedo como si todas fueran intercambiables, nos acostumbramos a mirar sin observar y a escuchar sin detenernos realmente.

Por eso encontrarse con una obra hecha con profundidad, investigación y sensibilidad se siente casi subversivo, como si alguien nos recordara que todavía podemos detenernos a sentir y eso, en estos tiempos, ya es muchísimo.

Además, hay algo particularmente poderoso en que proyectos así surjan desde Sinaloa. Un estado que tantas veces aparece retratado únicamente desde la violencia, el prejuicio o la simplificación, como si nuestra identidad pudiera resumirse en una sola narrativa, como si aquí no existieran también músicos, investigadores, actores, escritores y artistas intentando entender el mundo desde otros lenguajes.

El arte también sirve para disputar relatos.

Para recordarnos que una sociedad es mucho más compleja que sus peores noticias.

Por eso me conmueve ver a personas apostando por crear belleza incluso en contextos difíciles, porque crear belleza cuando todo alrededor parece empujar hacia la desesperanza tiene algo profundamente rebelde y quizá ahí radica una de las funciones más importantes del arte, recordarnos nuestra humanidad cuando el mundo empieza a volvernos indiferentes.

Pienso mucho en cómo las comunidades sobreviven gracias a las historias que se cuentan sobre sí mismas y el arte tiene justamente esa función, ayudarnos a imaginar otras posibilidades de existencia, ayudarnos a recordar que somos algo más que estadísticas, titulares o algoritmos, quizá por eso salí pensando que “La chercheta y el saxhorn” no era únicamente una obra sobre música, era también una defensa silenciosa del derecho a crear, del derecho a explorar nuestras raíces sin simplificarlas, del derecho a hacer preguntas sensibles, incómodas o aparentemente inútiles.

Porque ahí, justamente ahí, suele esconderse lo más humano que tenemos y porque a veces resistir no significa gritar.

A veces resistir significa seguir haciendo arte.

El 22 de junio, se supone, Morena anunciará a los coordinadores estatales de Defensa de la 4T. En los hechos, quienes lo sean, serán los candidatos y candidatas de Morena a gobernar sus estados. La noticia es relevante, no tan sólo porque es el partido en el poder tanto a nivel federal como en Sinaloa, sino porque, a pesar de la grave crisis política por la que atraviesa desde el 9 de septiembre de 2024, que ya ha golpeado los niveles de aceptación de la Presidenta Sheinbaum, es el partido, según las encuestas del momento, más perfilado para ganar la contienda electoral de 2027. No obstante, hay que matizar diciendo que, si sigue esta tendencia a la baja de la imagen presidencial, Morena se verá inevitablemente afectado en las elecciones del próximo año.

En Sinaloa, después de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de una Corte neoyorquina, a Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, quienes eran los favoritos del Gobernador Rocha Moya para ser candidatos de Morena a la Gubernatura, parecía que la competencia interna se reducía a dos aspirantes, si acaso tres: Imelda Castro, Tere Guerra y Graciela Domínguez. Sin embargo, ahora vemos que el Diputado Jesús Ibarra, con el respaldo de Alfonso Ramírez Cuéllar, otro congresista federal de Morena y quien, se supone muy cercano a Claudia Sheinbaum, levanta la mano para registrase en la lid interna. De confirmarse su registro, estaríamos contemplando un nuevo e inesperado frente de guerra al seno de los morenos.

El Diputado Ibarra tiene todo el derecho a aspirar a ser el portador del lábaro morenista, pero no parece congruente y serio que en un momento donde Morena necesita una congruencia ideológica, ética y política, tal y como lo ha exigido, Ariadna Montiel, la nueva presidenta del partido, él aparezca como aspirante de la izquierda a gobernar Sinaloa. Ibarra es un político que hasta hace poco era militante del PANAL, funcionario de varios gobiernos priistas, y muy poco conocido en la política estatal. Si, como dicen los dirigentes de Morena, las encuestas de popularidad son decisivas para seleccionar a las candidatas o candidatos y él no la tiene, ¿por qué lo lanza Ramírez Cuellar? En menos de un mes ¿cuánto puede hacer Jesús Ibarra para que lo identifiquen los ciudadanos y ponerse por encima de las tres mujeres señaladas, que, de lejos, son más conocidas que él y tienen una larga trayectoria en la izquierda sinaloense?

Si Ramírez Cuellar lo mete como el caballo negro de la competencia interna de Morena, ¿acaso lo hace con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum? Lo dudo. Sería demasiado aventurado e irrespetuoso de lo que dice ser Morena.

Si, Morena en Sinaloa, como gobierno y partido, pasa por un periodo de confusión e inestabilidad debido a las acusaciones gringas al doctor Rocha Moya, a la ausencia de liderazgo en el Tercer Piso, y a la brutal información y debate que satura los medios noticiosos mexicanos -nunca experimentada por ningún gobierno en la historia de nuestro estado- ese partido debería, y esto es políticamente elemental, guardar unidad, pero no sucede eso cuando vemos que de la nada emerge un aspirante a la Gubernatura que intenta sacudir el tablero al cuarto para las 12.

Fuera de Sinaloa, el panorama se le puede oscurecer más a Morena porque, por su flanco izquierdo no partidario, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, iniciaron sus movilizaciones anuales, pero ahora con la seria amenaza de torpedear, al menos, la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, el próximo 11 de junio.

Los maestros han sido capaces de poner patas pa’ arriba a la Ciudad de México cada año como medida de negociación de alcanzar sus objetivos gremiales y políticos, sin embargo, ahora, con la enorme necesidad que tiene el Gobierno federal de mostrar capacidad organizativa y convencer al mundo de que México puede subordinar la violencia delictiva y evitar que se desborden las movilizaciones sociales, están aprovechando la coyuntura para exigir a Palacio Nacional que responda plenamente a sus exigencias.

Por lo pronto, ya cerraron varias calles del Centro Histórico de la Capital y planean tomar el Zócalo, además de bloquear varias arterias vitales de la ciudad.

¿Hasta dónde escalarán sus acciones los maestros?, es difícil pronosticarlo, pero parece que quieren llegar más lejos que nunca.

Por otro lado, parecía por un momento que el crimen organizado, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, después de que cayó “El Mencho”, su líder, llegarían a afectar con su violencia la atmósfera futbolera, pero los continuos golpes que se le han dado indican que se han debilitado severamente y no podrán intentarlo.

Esperemos que ningún evento político, delictivo o social afecte el curso de la competencia futbolística en México porque lo que está en juego es mucho más que el desempeño deportivo de la oncena nacional o el éxito económico que traigan los visitantes internacionales. El mundo estará observando a México durante varias semanas y es vital, en un escenario mundial y nacional crítico, que el País muestre estabilidad social, capacidad organizativa y grandeza para enfrentar enormes desafíos y situarse con mayor solidez en el mundo contemporáneo.

“Ustedes la tienen más difícil. La delincuencia organizada no va a mi casa a matar a mi familia, pero en México no tienen límites. Por lo que sé, allá todo se vale”. Me dijo un policía turco hace unos 20 años conversando en un evento de la ONU en Panamá. Impartía yo clases sobre delincuencia organizada en esos tiempos y profundizaba en el contraste internacional desde la perspectiva cultural.

Ahora nuestras investigaciones y las de otras universidades y organizaciones de la sociedad civil nos enseñan violencias masivas asociadas a la crueldad, como mecanismo masificado en sistemas de control político y social (https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2026/05/geografias_de_la_crueldad.pdf).

Entendemos en el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX que en México se están reconstituyendo los sistemas de regulación de las conductas, siendo ocupados por las violencias en todos los ámbitos posibles, privados y públicos.

Observamos la masificación, diversificación, agudización y normalización de las violencias, lo que parece mostrar políticas públicas deficientes, a su vez haciendo parte de procesos de reconfiguración social que vienen desmontando la frontera de lo tolerable. Sabemos que se han construido montañas de teoría en torno a las violencias desde múltiples disciplinas, pero difícilmente encontramos la vinculación entre estas y esas políticas públicas.

El relato oficial hegemónico que enseña la reducción inusitada de homicidios intencionales, a la vez invisibiliza el catálogo de atrocidades (https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2026/04/menos_homicidios_mas_preguntas_psc.pdf).

El Estado hace generalmente todo lo posible por no reconocer la reconfiguración política y social de las violencias, alejándose así del posible liderazgo en su transformación.

Habiéndose hecho evidente como nunca antes la simbiosis entre la delincuencia organizada y múltiples redes políticas y empresariales, las mismas usan su influencia y control mediático para impedir el flujo de información que podría incentivar la acción colectiva crítica ante la captura del Estado.

Si bien no podemos desde el PSC concluir nada de cara a tal complejidad, sí podemos afirmar algo: parece colapsar, si es que antes lo hubo, el límite de lo tolerable, cuando de violencias hablamos. Por eso recordé aquella conversación en Panamá. Preguntémonos entonces: ¿todo se vale aquí y no en otras partes? De ser así, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos?

Así como hemos convocado a redes de especialistas a construir alternativas para la reducción de los homicidios, espacio que nos llevó a descubrir que ahora tenemos geografías de la crueldad, ahora convocaremos a la interpretación transdisciplinaria que intente responder a esto.

Llamaremos, entre otras, a la psicología, las neurociencias, la antropología, la filosofía social, la ciencia política y la sociología. Llamaremos a quienes han hecho de las violencias un área de especialidad en sí misma. Convocaremos propuestas pedagógicas modernas. Invitaremos también a los enfoques críticos de género y feminismos. Y mucho más.

Como lo ha explicado Rita Segato, estamos siendo entrenados para deshumanizarnos, transformando la vitalidad humana en mercancía o desecho. Nuestro compromiso ético y político se inspira en lo que ella llama las contrapedagogías de la crueldad, rescatando la empatía, el arraigo local y los vínculos humanos para combatir la pérdida de sensibilidad.

Contribuiremos a recuperar la frontera de lo tolerable, desde una pregunta más, en este caso, apenas soportable: ¿aún estamos a tiempo?

Pese a contextos complicados que amenazan con trabar los afanes colectivos que saquen adelante al estado, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa procede a darle forma a un plan estratégico de largo plazo de involucramiento plural y con visión de futuro para que la sociedad sea por sí misma la luz al final del túnel y también puertas de emergencia frente a las crisis que amenazan. Simplemente se trata de construir las salidas que el desánimo, la inestabilidad y las desidias nos cierran.

La iniciativa que encabeza Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo del Codesin, encuentra disposición en empresarios, académicos, profesionistas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones civiles para trabajar en definir qué se necesita hacer para colocar a Sinaloa entre las 10 entidades más competitivas de México. Al fin salta a la escena deprimente la acción social que anima a intentar los necesarios rescates.

Tal vez presenciamos el mayor esfuerzo que se haya hecho al lograr que alrededor de 500 liderazgos se involucren con carácter constructivo a través de cuatro foros presenciales realizados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, con alcance desde lo regional a lo estatal donde el optimismo logre derrotar a la pesadumbre. La premisa es que nadie deje de nadar, así sea a contracorriente, hasta llegar a la orilla donde lo fundamental esté a salvo.

Es que ya estuvo bien de preguntar cómo llegamos a esta coyuntura compleja y comenzar a preocuparnos y ocuparnos en hacia dónde queremos ir y cómo alcanzar dichas metas. Basta de disgregarnos como polvo de negligencia y entender que el alineamiento tipo roca en torno al Sinaloa que queremos es lo que permitirá conquistar las divisas de paz, legalidad, desarrollo y valores. La esperanza no se da en racimos; la tenemos que construir con las tenacidades.

Como avance hacia el modelo de Sinaloa con Visión al año 2050, el Codesin realizó durante mayo en curso los encuentros “Sinaloa Logistics Hub”, el 19 en Los Mochis, dedicado consolidar la plataforma logística, industrial y energética sostenible del estado, y “Sinaloa Food Industry”, el 20 en Guasave, orientado a la alimentación, la innovación y el futuro productivo de la agroindustria.

El 21 efectuó en Culiacán lo referente a “Sinaloa Smart Services”, enfocado a la economía del conocimiento, el talento tecnológico y los servicios de alto valor, y 22 en Mazatlán llevó a cabo el apartado “Sinaloa Health & Culture Hub”, con el análisis específico del turismo especializado, las industrias creativas, la cultura y la economía de experiencias y bienestar. Estas activaciones que son el eje de la estrategia Sinaloa 10+ continuará abierta hasta el 14 de junio pero a modo de consulta digital.

El primer mérito consiste en el hecho de abrir la conversación en la encrucijada dura donde el silencio se torna cosa de vida o muerte. Compartir experiencias, ideas, triunfos, fracasos e inclusive frustraciones y desamparos constituye el primer andamio que lleve primero a la visión estratégica y enseguida a cristalizar los objetivos. Todo se irá dando apegado al croquis en el cual las entelequias transmutan a realidades siempre y cuando las ilusiones se tejan con hilos de perseverancia y convicciones.

El Codesin considera que La planeación de largo plazo permite identificar las vocaciones productivas de un territorio, reconocer tendencias, anticipar retos globales y ordenar las inversiones estratégicas. “También ayuda a alinear a la sociedad, el gobierno, la academia y el sector empresarial en torno a una visión común, capaz de transformar la economía, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades sostenibles con continuidad y rumbo”.

Entonces bienvenida la iniciativa y doblemente enhorabuena por el ímpetu ciudadano que se integra alrededor de proyectos y anhelos por el mejor nivel de vida posible para los sinaloenses en general. Esto no germina desde el hartazgo sino de la posibilidad de convertir las debilidades en fortalezas. Tampoco es que acabe la pesadilla sinaloense sino de estar siempre despiertos para no darle lugar a malos sueños.

Ya dejemos de quejamos,

De adversidades sin fin,

Y tracemos con Codesin,

Las rutas para salvarnos

Los diputados federales de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, del PRI; Graciela Domínguez Nava y Merary Villegas Sánchez, de Morena, dieron a conocer el martes gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para lograr acuerdos como la suspensión temporal de cortes de energía, la revisión de casos con cobros excesivos, pagos de adeudos de manera fraccionada a mensualidades y la instalación de módulos de atención ciudadana. Pero la realidad real se mostró ayer con usuarios del servicio eléctrico enfrentando las mismas penurias y desdén porque aquello que la paraestatal ofreció en la capital del País, aquí acabó siendo promesa incumplida. Y lo que parecía un arreglo terminó siendo enojo popular potenciado. Ojalá insistan los legisladores hasta que las palabras se enchufen con los hechos.

Los momentos de crisis como los que se viven en Sinaloa, con la violencia generada por el crimen organizado y su impacto en las actividades económicas y sociales, no sólo es una prueba para cómo el Gobierno resuelve esa situación, sino cómo comunica con la población.

Desde hace más de 20 meses, quienes viven en Sinaloa tienen claro cómo la vida, sino la de ellos sí la de muchos, se ha visto trastocada por las acciones que los grupos criminales han emprendido y sobre todo, tiene un juicio definido de que las autoridades no han podido hacer nada para resolver esta situación crítica.

Y como resultado, es que las autoridades en Sinaloa perdieron la confianza de la población durante ese período.

En un estudio realizado en 2023 por parte del Inegi ubicaba a Sinaloa entre los 10 estados donde su población confianza en quien gobernaba en la entidad.

Pero en medio de la crisis de violencia, principalmente en el centro y sur del Estado, dos años después en que se repitió la encuesta, la confianza en las autoridades estatales tuvo un desplome que casi la deja en el último lugar, apenas por encima de Zacatecas.

La falta de resultados ante una crisis que muta de lugar con una aparente facilidad que las autoridades no han podido contener ha sido una de las principales causas para que la desconfianza en las autoridades crezca.

Los brotes de violencia lo mismo ocurren un día en Culiacán que después en Navolato y posteriormente en Escuinapa o Concordia y regresa para la zona de Elote.

Y bajo esas condiciones, la operación de las autoridades, aún con los refuerzos federales desplegados en la entidad, no ha sido capaz de restablecer las condiciones de paz y tranquilidad en el Estado.

El Gobierno, según se puede entender en los resultados de la encuesta, no ha sido capaz de cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad para la sociedad y la certeza para las empresas.

Y ante ello, en medio de la crisis violenta en Sinaloa, la gente decide mejor trasladar la confianza hacia donde más se siente segura: en la familia. ¿Las autoridades? Que resuelvan y recuperen lo perdido.

Venía de un fin de semana de trabajo en la Ciudad de México, entrevistas, reuniones, aeropuertos, tráfico, conversaciones rápidas entre cafés y trayectos eternos y mientras observaba esta maquinaria compleja que es el País funcionando al mismo tiempo entre caos y rutina, me surgió una pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿México tiene remedio?

No como consigna política, no como frase optimista para sentirnos mejor, sino como una pregunta honesta frente a la realidad que vemos todos los días.

Porque basta abrir las noticias para encontrarse con violencia, corrupción, desapariciones, impunidad, polarización, deterioro institucional o desconfianza social. Basta recorrer algunas regiones del País para entender que hay lugares donde el Estado parece haberse ido hace mucho tiempo, basta escuchar ciertas conversaciones para notar cómo el cinismo se volvió un mecanismo de defensa colectivo y, aun así, hay algo extraño en México, nunca termina de derrumbarse.

A veces pienso, y he escrito anteriormente sobre esto, que el gran error es creer que el País solamente existe en sus instituciones, en sus gobiernos o en sus crisis, pero México también vive en otra parte, vive en la gente que sigue levantando negocios aun cuando el contexto parece castigar el esfuerzo, vive en quien abre una cafetería, una escuela, un consultorio, un taller o una pequeña empresa, vive en científicos investigando con presupuestos ridículos, en maestros intentando sostener alumnos que llegan desde entornos fracturados, en madres buscadoras haciendo el trabajo que el Estado no hizo, en periodistas documentando realidades incómodas, en ciudadanos organizándose para arreglar aquello que oficialmente nadie arregló.

México tiene una capacidad casi absurda de generar vida incluso dentro del desorden.

Y eso no significa romantizar el sufrimiento, porque sí hay cosas profundamente graves ocurriendo y sería irresponsable fingir que no existen. Hay regiones atrapadas por economías criminales, hay generaciones enteras creciendo bajo una normalización de la violencia que debería alarmarnos mucho más de lo que lo hace, hay una erosión progresiva de la confianza pública y quizá una de las peores heridas, la sensación de que muchas veces las reglas sólo aplican para quien decide respetarlas.

Eso desgasta a cualquier sociedad, porque los países no se rompen únicamente por pobreza o inseguridad. También se rompen cuando la gente deja de creer que vale la pena construir algo colectivo, cuando desaparece la noción de futuro.

Y, sin embargo, creo que México todavía no llega ahí.

Lo noto cuando viajo y encuentro personas intentando hacer bien las cosas incluso en circunstancias difíciles, lo noto en empresarios que entienden que generar valor también implica responsabilidad social, en jóvenes que siguen apostando por crear, en artistas, en investigadores, en gente que, aunque esté cansada, todavía conserva cierta voluntad de empujar el país hacia adelante.

Quizá por eso la pregunta correcta no sea si México tiene remedio, quizá la pregunta sea si estamos dispuestos a asumir la parte que nos toca dentro de ese remedio.

Porque durante mucho tiempo hemos reducido la política a elecciones y partidos, cuando en realidad la política es algo mucho más amplio, es la manera en la que administramos la vida en común, está en cómo hacemos negocios, cómo tratamos empleados, cómo educamos hijos, cómo participamos en comunidad, cómo reaccionamos ante la corrupción cotidiana, cómo consumimos información, cómo usamos nuestra voz pública, cómo decidimos actuar cuando nadie nos está viendo.

Los países también se construyen desde lo cotidiano.

Las grandes transformaciones rara vez empiezan desde arriba, empiezan cuando suficientes personas modifican su relación con lo público, la historia está llena de países que parecían condenados y lograron reconstruirse. Medellín pasó de convertirse en símbolo mundial del narcotráfico a transformarse en referencia urbana y cultural, Corea Del Sur pasó de la pobreza extrema a convertirse en potencia tecnológica, Rwanda reconstruyó un país devastado por el genocidio, ninguno lo hizo rápido, ninguno lo hizo perfecto, pero todos entendieron algo fundamental, el futuro no aparece solo; se diseña, se empuja y se sostiene.

México necesita algo parecido, una conversación más profunda sobre quiénes queremos ser como sociedad, menos obsesionada con el escándalo inmediato y más enfocada en construir visión de largo plazo.

Porque quizá el verdadero riesgo no sea la violencia ni la corrupción por sí solas, quizá el verdadero riesgo sería resignarnos, aceptar que esto es inevitable, perder completamente la capacidad de imaginar otro país posible y honestamente, creo que todavía no estamos ahí.

Mientras exista gente dispuesta a hacerse responsable de un pequeño fragmento del futuro, desde su empresa, su familia, su comunidad, su oficio o su ciudad, México seguirá teniendo remedio.

No porque alguien vaya a salvarlo, sino porque todavía hay quienes se niegan a abandonarlo.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.

Hay generaciones que estudian una carrera. Hay otras que, sin saberlo del todo, estudian un momento histórico. Mi tránsito del ITAM a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona pertenece, quizá, a esta segunda categoría.

Entré al Instituto Tecnológico Autónomo de México en la segunda mitad de los años 90, cuando el País intentaba reconstruirse después del trauma financiero de 1994. Los años de Río Hondo, de San Ángel y de aquellas discusiones universitarias estuvieron marcados por una mezcla muy particular de incertidumbre económica y optimismo institucional.

México atravesaba una etapa compleja, pero también profundamente esperanzadora. El gobierno de Ernesto Zedillo avanzaba hacia su recta final y el País parecía dirigirse hacia algo que muchos creíamos posible: una democracia constitucional más madura, una economía más moderna y un Estado cada vez más profesional.

En las aulas del ITAM se hablaba de competencia económica, apertura comercial, autonomía del Banco de México, organismos reguladores, transición democrática, tribunales constitucionales y modernización institucional. El derecho comenzaba a estudiarse no solamente como un conjunto de códigos, sino como una herramienta para construir confianza social.

Había una sensación difícil de explicar hoy en retrospectiva: la idea de que México avanzaba. Quizá no al ritmo deseado. Quizá con enormes desigualdades y problemas todavía irresueltos. Pero avanzaba.

Recuerdo particularmente el ambiente intelectual de San Ángel en aquellos años. Una Ciudad de México todavía menos crispada y menos dominada por la polarización permanente. Cafés, librerías, discusiones universitarias y conversaciones interminables sobre política, filosofía, economía y derecho. Uno podía salir de una clase sobre teoría jurídica y terminar discutiendo sobre Octavio Paz, Hayek, Ferrajoli, García Máynez, Kelsen, Hart, Rawls, Dworkin o la transición española.

Y entonces llegó el año 2000. La victoria de Vicente Fox fue interpretada por muchísimos como la culminación de una transición democrática largamente esperada. Por primera vez en décadas, el cambio político parecía producirse plenamente dentro de las reglas institucionales. Muchos jóvenes profesionistas de aquella generación sentimos que el País entraba finalmente al Siglo 21 con instituciones suficientemente fuertes como para sostener el pluralismo, la alternancia y la estabilidad constitucional.

Fue justamente en ese contexto cuando me fui a Barcelona a estudiar el anhelado doctorado. Llegar a la Universitat Pompeu Fabra después del ITAM fue como pasar de una modernización latinoamericana acelerada a una Europa que transmitía siglos de institucionalidad acumulada. España vivía el cierre del gobierno de José María Aznar y comenzaban ya las transformaciones políticas que desembocarían posteriormente en el ascenso de José Luis Rodríguez Zapatero. Barcelona todavía irradiaba la confianza europea posterior a los Juegos Olímpicos de 1992.

Pero el lugar que más me marcó no fue una plaza, ni un edificio gubernamental, ni siquiera un aula. Fue la biblioteca.

La antigua biblioteca del Dipòsit de les Aigües tenía algo profundamente inspirador. Sus columnas repetidas, sus bóvedas de ladrillo, el silencio casi monástico y la sensación de permanencia intelectual hacían que uno estudiara de otra manera. Ahí pasé incontables horas leyendo sobre derecho patrimonial, teoría institucional, consumidores, economía y organización del Estado.

Pero, sobre todo, pensando en México. Recuerdo todavía conversaciones con María del Carmen, mi esposa, durante aquellos años en Barcelona. Vivíamos modestamente como muchos estudiantes extranjeros. Caminábamos entre la Ciutadella, el Eixample, la Barceloneta y los alrededores de la universidad mientras ella me preguntaba, más de una vez, por qué no considerábamos quedarnos a vivir allá.

Y honestamente, la pregunta tenía sentido. Barcelona poseía -y sigue poseyendo- una capacidad seductora difícil de explicar para quienes venimos de América Latina: orden urbano, seguridad cotidiana, institucionalidad funcional, respeto por el espacio público, convivencia relativamente civilizada y una sensación de estabilidad que para muchos mexicanos resultaba casi exótica.

Pero yo siempre respondía algo parecido. Le decía que yo no me había ido de México huyendo de México.

Incluso alguna vez, medio en broma y medio en serio, utilicé una frase que todavía recuerdo: “yo no me vine de mojado”. Pensaba en esa imagen tan presente en el imaginario mexicano de quienes cruzan el río hacia Estados Unidos escapando de la pobreza o de la falta de oportunidades.

Yo sentía exactamente lo contrario. No había llegado a Barcelona para abandonar México, sino para prepararme mejor y regresar. Había en mí -como en muchos jóvenes de aquella generación- una convicción genuina de que el País todavía estaba construyéndose y de que nos correspondía participar en esa construcción.

Europa no representaba para mí una fuga. Representaba un punto de observación. Desde aquella biblioteca pensaba constantemente en cómo lograr que México desarrollara instituciones más sólidas, mercados más confiables, autoridades más profesionales y una cultura jurídica menos improvisada. Me obsesionaba la idea de que el desarrollo económico no depende solamente del dinero o de las inversiones, sino de algo más profundo: reglas confiables, legalidad estable y ciudadanos capaces de creer en sus instituciones.

Quizá por eso, años después, terminé dedicando buena parte de mi trabajo intelectual al análisis del consumidor, al bienestar, a la seguridad jurídica y al papel institucional del notariado. Muchas de esas preocupaciones nacieron precisamente ahí, entre aquellos muros de Barcelona, observando a México desde la distancia.

Porque la distancia produce un efecto extraño: uno deja de ver a su país solamente como rutina y empieza a verlo como proyecto histórico.

Hace algunos años, María del Carmen y yo estábamos tomando café y salió nuevamente aquella vieja conversación de Barcelona. Con esa mezcla entre ternura, ironía y honestidad que solamente existe después de décadas compartidas, me preguntó: “¿Y cómo vas con aquella idea que tenías hace 23 años? La de regresar a México para ayudar a que mejorara... ¿cómo vas?”.

La pregunta me golpeó más de lo que imaginé. Porque quienes pertenecemos a aquella generación crecimos pensando que México avanzaba hacia instituciones cada vez más fuertes. Creíamos que la democracia electoral, la profesionalización técnica, los organismos autónomos, la apertura económica y el constitucionalismo moderno terminarían consolidando un país más racional, más estable y más predecible.

Y sin embargo, también vimos cómo muchas de esas certezas comenzaron a erosionarse. La polarización desplazó parte del diálogo público. El prestigio institucional se debilitó. La inmediatez política comenzó a imponerse sobre la visión de Estado. Y apareció muchas veces la incómoda sensación de que el país avanzaba y retrocedía simultáneamente.

¿Qué responder entonces? Quizá la respuesta honesta es que México no mejoró tan rápido ni tan linealmente como imaginábamos desde aquella biblioteca en Barcelona.

Pero también es cierto que la edad enseña algo importante: los países no se transforman en una sola generación. Las instituciones no se construyen como quien inaugura una obra pública; se construyen lentamente, mediante pequeñas contribuciones acumuladas de miles de personas que deciden no abandonar del todo la idea de un país mejor.

Y quizá eso era, en el fondo, lo que intentaba decir hace más de 20 años sin tener todavía las palabras precisas. Que regresar a México no era un sacrificio. Era una forma de pertenencia.

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El autor es notario público y analista en temas jurídicos y económicos.

No está claro desde cuándo se generó el problema, pero se ha hecho más notorio cuando los reclamos se han ido multiplicando en las últimas semanas en diferentes comunidades de Sinaloa.

Tal vez otras regiones del País tengan el mismo problema y ha puesto a los usuarios en aprietos al no tener los recursos suficientes para pagar lo que se les está cobrando.

Se trata del servicio de electricidad, en el que usuarios han reportado que el último recibo les ha llegado con cobros fuera de lo normal, algunos de ellos imposibles de pagar en una sola exhibición.

La solución más rápida que se les ha dado ha sido la de establecer convenios para cubrir en pagos el recibo que les ha llegado con un consumo fuera de lo habitual para esos hogares.

Pero lo que ha hecho falta ha sido el esfuerzo institucional para escuchar los reclamos de los usuarios que se sienten afectados por los cobros que se han presentado y encontrar explicaciones a lo que ha ocurrido.

En diferentes espacios se han planteado explicaciones diversas que van desde una mala lectura hasta consumos de electricidad que en realidad no están ocurriendo, y podría ser.

Pero también es cierto que en Sinaloa el invierno no existió y se han tenido jornadas de calor en momentos en que aún no entraba en vigor la tarifa del horario de verano, vigente apenas desde el 1 de mayo.

Y bajo esas condiciones, en algunos hogares ha sido necesario el uso de más aparatos para refrescar las habitaciones y con ello, el consumo de electricidad se ha elevado.

Sí, es verdad que los usuarios deben pagar lo que consumen, pero también, una realidad es que el Gobierno federal, a través de la CFE, debe considerar, lo que aún no se ha hecho, que Sinaloa, como otros estados, requiere de una consideración especial por el calor que padece y en eso, también ha hecho falta escuchar.

Los usuarios de la empresa estatal necesitan de soluciones, no sólo en esos casos críticos que se han denunciado, sino también en el futuro, con tarifas más justas.

“¿Qué Estado construye sin las víctimas? [...] Tienen la vergüenza de pedirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos, cuando quienes los politizan son funcionarios públicos, porque a nosotras sólo nos importa regresarlos y regresarlos con vida”, aseveró Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato, quien busca a su hermano Manuel.

Lo hizo durante la presentación del Informe sobre desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde participaron autoridades y a la que fuimos invitadas desde el Centro Prodh a comentarlo.

La CIDH publicó este documento un día después de la XIV Marcha por la Dignidad, realizada en distintas entidades de la República, la cual resignifica el “Día de las Madres”, fecha que las buscadoras han reinterpretado con demandas de verdad, justicia y memoria.

La publicación del informe ocurre además en un momento clave, marcado por el debate sobre el escrutinio internacional frente a la crisis de desaparición, tras la polémica visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la reciente determinación del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas impulsada por el gobierno federal. Además, de las distintas manifestaciones de los colectivos de búsqueda en torno a mundial para visibilizar la crisis.

En este último informe, la Comisión Interamericana analiza la situación a partir de 2018, como un fenómeno vigente y generalizado, que constituye una grave crisis de derechos humanos, la cual se ha agravado con el tiempo. Al respecto, y a diferencia de lo que se ha señalado desde la tribuna presidencial en múltiples ocasiones, se constata que las desapariciones no son un fenómeno del pasado, sino que persisten hasta la actualidad, sin que aún exista una Política Nacional para revertirla.

La CIDH destaca que las desapariciones forzadas cometidas directamente por elementos del Estado continúan ocurriendo y no han sido erradicadas en el presente; es decir, no sólo se cometieron en la época de la llamada “Guerra Sucia”.

Al analizar las desapariciones cometidas por elementos no estatales, en particular el crimen organizado, el organismo internacional señala que esta grave violación a derechos humanos se comete en connivencia, apoyo o coordinación de grupos criminales con autoridades estatales en el marco de redes de macrocriminalidad, hechos en los que se configurarían desapariciones forzadas.

Al respecto, destaca que el Estado reconoció en su Estrategia Nacional de Seguridad de 2018-2024, que la extensión y el poder del crimen organizado en México no puede explicarse sin un grado de involucramiento de personas funcionarias públicas que le den protección e impunidad, en el marco de los altos niveles de corrupción en instituciones del Estado, específicamente en las instituciones vinculadas con la lucha contra el crimen y la procuración de justicia; ratificando lo que se ha dicho en múltiples ocasiones en este espacio, respecto a que los nidos de impunidad se encuentran en las mismas fiscalías.

Por ello, la Comisión reconoce que en casos como Teuchitlán es imposible que las autoridades no conocieran de la connivencia con las redes macrocriminales, lo que apunta a una posible situación de aquiescencia.

Lo que hoy ocurre en la Montaña baja de Guerrero -con denuncias de violencia exacerbada contra la población civil y de decenas de desapariciones- refleja la gravedad de los contextos descritos en el informe. Se trata de escenarios en los que resulta difícil pensar que las autoridades desconocieran lo que ocurría o el riesgo real de que hechos como lo que vemos ocurrieran contra la población, donde las autoridades no han adoptado medidas para evitarlos durante años. Ese es uno de los retos más profundos para nuestra democracia.

El informe debe revisarse con atención; presenta con mucha claridad los perfiles de víctimas, los contextos de reclutamiento forzado y los impactos diferenciados en las niñas y adolescentes. Aunque reconoce esfuerzos del Estado, particularmente en los marcos normativos, señala que éstos han sido insuficientes debido a la falta de implementación adecuada, la descoordinación institucional y la impunidad estructural que prevalece en estos casos.

Asimismo, advierte sobre el impacto de la militarización de la seguridad pública en el aumento de las desapariciones y señala que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) profundiza una política sostenida desde 2006.

Sobre la crisis forense, que hoy suma más de 80 mil cuerpos sin identificar, la CIDH destaca el desmantelamiento de mecanismos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH); y la falta de implementación adecuada de herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), por el que también han luchado buscadoras como Olimpia Montoya. En ese sentido, destaca el reconocimiento de la falta de trazabilidad para los esfuerzos de identificación que hay a nivel local.

La Comisión también destaca la situación de violencia contra personas buscadoras, especialmente mujeres. Hoy son más de 35 buscadoras asesinadas desde 2010, y en este panorama el órgano interamericano subraya la obligación del Estado de reconocerlas como defensoras de derechos humanos. A la vez, la Comisión da cuenta de cómo se han ido cerrando verdaderos espacios de consulta con las víctimas y sociedad civil.

Al final, el organismo regional presenta 40 recomendaciones al Estado con el objetivo de que sean atendidas para abordar esta crisis y ofrece su asistencia técnica para ello.

Durante el evento y en un comunicado, los representantes del Estado reconocieron el diálogo con la Comisión Interamericana.

Sin duda la posición del Estado dista de lo que hemos visto recientemente en su respuesta con otros mecanismos internacionales, en particular respecto del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED); por ello, debe ser reconocida la determinación de la Comisión para lograr tener diálogo con la sociedad civil, víctimas y Estado.

El reto para todas las partes -Comisión, Estado e incluso sociedad civil- se encuentra en cómo dar seguimiento a estas recomendaciones e impulsar acciones que se alejen de inercias institucionales que han probado ser insuficientes. Porque más allá de los tecnicismos y de marcos normativos aplicables, la CIDH concuerda con lo que en semanas pasadas ha determinado el Comité CED: que estamos ante una crisis de dimensiones no vistas en la región y que la misma requiere de acciones extraordinarias, implementadas con las familias, así como de un verdadero compromiso por hacerle frente y prevenir que siga avanzando.

Esas medidas requieren de reconocer -sin tapujos o matices- la crisis y los rostros que hay detrás de ella, porque como lo mencionó en reunión con la CIDH, Diana Iris García, madre de Daniel Cantú desaparecido en Coahuila en 2007: “El Estado no quiere reconocer a nuestros seres queridos, pero nosotras, sus madres, somos la prueba de que existen”. La voz de estas madres será la prueba si se dan pasos en la dirección correcta y de su mano.

El problema no fue solamente que organizaciones civiles abandonaran la mesa de diálogo sobre la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa. El problema es lo que denunciaron al levantarse: que todo estaba decidido desde antes.

La acusación es grave porque toca uno de los puntos más delicados en cualquier democracia: la simulación de participación ciudadana. Convocar a colectivos, académicos y especialistas para “escucharlos”, mientras el objetivo real sigue siendo sacar adelante una iniciativa prácticamente intacta, convierte el diálogo en un simple trámite político.

Según relataron, la convocatoria llegó apenas con un día de anticipación y sin explicar claramente que la discusión giraría en torno a la iniciativa impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Durante casi dos horas insistieron en que el Congreso debía desechar completamente la propuesta por considerar que contiene retrocesos y vacíos preocupantes en materia de acceso a la información.

Pero la respuesta nunca llegó.

Hasta que el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó lo que muchos sospechaban: que la intención era construir observaciones para mejorar el documento ya presentado y continuar el proceso legislativo.

Es decir, no discutir si la iniciativa debía sobrevivir, sino cómo maquillarla.

El fondo del conflicto es todavía más delicado por el contexto político que atraviesa Sinaloa. La transparencia no se discute en tiempos normales. Se debate mientras el ex Gobernador enfrenta señalamientos internacionales y mientras existe una creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas.

Por eso el mensaje de las organizaciones tiene peso: sostienen que aprobar una ley debilitada en transparencia justo ahora enviaría una señal de cierre institucional y opacidad.

Porque si algo quedó exhibido en esta reunión es que el Poder Legislativo sigue teniendo dificultades para convencer de que realmente escucha a la ciudadanía. Y no es una percepción nueva: las propias organizaciones recordaron que hace un año presentaron una iniciativa ciudadana que terminó desechada.

El riesgo para los diputados es claro. Cuando los espacios de diálogo parecen únicamente ceremoniales, la desconfianza pública crece. Y cuando la ciudadanía siente que participar no cambia nada, termina buscando otras rutas: presión social, litigios o amparos.

Todavía hay tiempo para corregir.

Desechar la iniciativa actual y abrir una discusión real quizá implique retrasar el proceso legislativo, pero podría darle legitimidad a una ley que, por su naturaleza, debería construirse precisamente con apertura, consenso y máxima transparencia.

Porque una Ley de Transparencia nacida entre acusaciones de opacidad carga, desde el origen, una contradicción difícil de explicar.

Si algo deja claro el desplegado que la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, es que todas las medidas que presumió en los últimos meses no alcanzaron para resolver su problema financiero.

La Universidad habló de una reingeniería integral, de austeridad y de transparencia. Incluso tomó decisiones importantes como fusionar programas académicos y ajustar su estructura administrativa.

La idea era que, con esos cambios, la UAS pudiera reducir gastos y estabilizar sus finanzas.

Pero ahora la propia institución reconoce que sigue sin dinero suficiente para operar y que existe el riesgo de suspender actividades por falta de recursos.

Es decir, después de todos esos ajustes, el problema sigue exactamente donde estaba.

La Universidad también admitió que ha logrado mantenerse gracias a préstamos del Gobierno del Estado. O sea que más que solucionar la crisis, sólo la han ido aplazando.

La UAS está diciendo que ya hizo todo lo que estaba a su alcance y que, aun así, no pudo salir adelante por sí sola.

Visto de otra manera, el desplegado es una confesión pública de que la estrategia financiera implementada por la universidad no logró corregir el déficit.

Y eso abre una pregunta de que si después de recortes, reestructuración y cambios académicos la institución sigue al borde de la insuficiencia financiera, entonces el problema es mucho más profundo de lo que se había reconocido.

Resulta escalofriante el diagnóstico que el Consejo Estatal de Seguridad Pública pone sobre la mesa según, ya que la crisis de inseguridad en Culiacán no sólo es una estadística, es una carnicería de jóvenes menores de edad o apenas en los 20 años.

Lo más doloroso es que, mientras deberían estar en las aulas de secundaria o preparatoria, muchos terminan como víctimas mortales o en centros de internamiento para adolescentes.

La realidad nos grita que el tejido social está roto, pero la respuesta oficial sigue siendo el silencio o la inacción.

La aparición de peluches en forma de cerditos junto a los cuerpos de los jóvenes ha sembrado una inquietud que la Fiscalía General del Estado no ha sabido o no ha querido despejar.

Mientras la sociedad civil exige respuestas, la Fiscalía se queda en el desafío, atrapada en un rezago de carpetas de investigación a las que nadie tiene acceso y al parecer, para la autoridad, la incertidumbre es el estado natural de las cosas.

Dice el CESP que para combatir el índice de impunidad, se necesita más presupuesto, más peritos y más agentes del Ministerio Público.

La lógica es simple, sin capacidad de resolución, no hay justicia pero mientras el dinero se va a otros lados, las instituciones de justicia siguen operando a medias, dejando que el porcentaje de casos resueltos sea, históricamente, una cifra para el olvido.

Comparar la violencia en Culiacán con un huracán o una montaña rusa no sólo es una analogía precisa, es el reconocimiento de que la autoridad ha perdido el control del timón.

Un día tenemos calma y al siguiente una jornada extremadamente trágica con hasta 17 homicidios.

Si la seguridad en Sinaloa depende de comportamientos tan erráticos como los fenómenos climatológicos, entonces estamos a la deriva, esperando que el próximo pico de la montaña rusa no nos toque de cerca.

El consejo estatal dice que ni las detenciones masivas aseguran que al día siguiente habrá una paz más plena porque la violencia sigue su propia trayectoria, caprichosa y letal, ajena a los cambios de nombres en el gabinete o a las promesas de control.

En Culiacán, la única constante es que no hay trayectoria que se cumpla, y mientras tanto, la ciudad sigue contando peluches y enterrando jóvenes.

¡FOUL!... Jubilados de la UAS anunciaron que promoverán demandas contra la Universidad, para que les devuelvan sus cuotas descontadas por la reingeniería, al tiempo que las autoridades anuncian que no tienen dinero ¡ni para operar!

Durante años el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo quitando la pensión por viudez a las viudas que se volvían a casar o que entraban en un concubinato (unión libre).

Las viudas afectadas por lo que hacía el IMSS no tenían a su alcance algún remedio legal para evitar ese despojo.

La situación acaba de cambiar, después de recorrer un largo camino legal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver un asunto en donde sostiene que el IMSS no puede quitar la pensión por viudez, aunque la viuda se vuelva a casar o viva en concubinato.

Las razones de la Suprema Corte entre otras, es que eliminar la pensión por viudez porque la viuda se vuelve a casar o vive en concubinato, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, volviéndose una amenaza para que, una mujer en situación de viudez no pueda iniciar una nueva relación sentimental.

El criterio de la Corte me parece acertado y justo y va en la línea de la finalidad de la pensión por viudez que es garantizar que la viuda no quede desprotegida ante el fallecimiento de su marido.

Así que, si usted tiene una pensión por viudez, se vuelve a casar o vive en concubinato y el IMSS inicia trámites para quitarle su pensión, no se asuste, acuda con su abogado de confianza, platíquele lo que aquí le digo y defiéndase en los tribunales.

Si su abogado es medianamente bueno, no tendrá problemas en obtener una sentencia favorable a usted garantizando su pensión por viudez.

Y por si se lo pregunta, este criterio aplica tanto a una pensión por viudez en favor de la mujer como en favor del hombre dado que también la SCJN ya ha reconocido que el hombre tiene derecho a una pensión por viudez cuando fallece su esposa y esta era la asegurada.

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david@bufetealvarez.com