Como parte de la estrategia nacional denominada “Terremoto Azul”, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán realizará este sábado una jornada de acercamiento ciudadano a través del programa “Toca, Toca”, con el objetivo de escuchar las inquietudes, quejas y propuestas de los habitantes.

El dirigente municipal del PAN, Luis Ángel Salinas Gudiño, informó en rueda de prensa que esta actividad forma parte de una convocatoria nacional en la que participarán los comités directivos municipales del partido en todo el País, tratando de fortalecer el contacto directo con la población.

“El día de mañana (sábado) nuestra dirigencia se suma al evento nacional convocado por nuestro partido, denominado ‘Terremoto Azul’. Cada comité directivo municipal del PAN va a estar activándose a través del programa que denominamos ‘Toca, Toca’, donde visitamos las colonias, tocamos los hogares, escuchamos a las personas, escuchamos sus quejas y les recordamos todas las situaciones de cuando el PAN gobernaba a favor de la ciudadanía”, expresó Salinas Gudiño.

En el caso de Mazatlán, la actividad se llevará a cabo en la Colonia Benito Juárez, específicamente en el cruce de las avenidas Las Américas e Internacional, donde en punto de las 8:30 horas, militantes y dirigentes recorrerán diversas calles para dialogar con los vecinos de esa zona.

“Vamos a estar promocionando que el PAN está cerca de los ciudadanos actualmente, ya que los ciudadanos lo que necesitan son partidos en las calles, no partidos que estén solo con el café y de brazos cruzados”, dijo.

Destacó que durante estos recorridos no solo recibirán reclamos o inconformidades, sino también propuestas ciudadanas que puedan contribuir a la construcción de mejores políticas públicas.

“Buscaremos escuchar a las personas, sus quejas o los reclamos que tengan, pero también oír sus sugerencias, porque muchas veces no solamente tienen reclamos, sino que tienen ideas y les gusta ser escuchadas”.

Durante la conferencia de prensa, Salinas Gudiño también abordó el tema de la transparencia gubernamental, al señalar que la rendición de cuentas debe ser una práctica permanente de las autoridades y no una concesión, pues el acceso a la información pública es un derecho y una obligación de los gobiernos; por lo que consideró preocupante cuando las autoridades retrasan, dificultan o niegan la entrega de información.

“Cualquier Gobierno que retrase la información, cualquier gobierno que niegue la información o que ponga dificultades para acceder a ella empieza a generar desconfianza en los ciudadanos. La transparencia y el acceso a la información son una obligación del gobierno y un derecho que muchas veces los ciudadanos desconocen”.

Luego del deceso por ahogamiento durante una competencia de triatlón el pasado domingo en Mazatlán, la familia de Julián Alejandro Fontes Aguilar, de 35 años, presentó ante la Fiscalía de Sinaloa una denuncia penal por homicidio culposo contra varios funcionarios del Gobierno de Mazatlán y el organizador del evento Trimaz.

Fernanda Bañuelos López, viuda del triatleta, acudió este viernes junto al abogado Guillermo Quintana Pucheta a interponer una demanda ante quienes se encargaron de dar la autorización, supervisión y seguridad del evento, señalando entre ellos a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y al titular del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Ezequiel Mora.

“Es una denuncia por homicidio culposo, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones atribuciones o las de los que resulten, en contra de Ricardo Antonio Guzmán Mejía, Ezequiel Antonio Mora Bracamontes, director del Imdem, Estrella Palacios Domínguez, Presidenta Municipal de Mazatlán, Yenice Elvira Tinoco Sotomayor, Secretaria de Presidencia, Luis Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto Regional con sede en Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil, el comandante Gustavo Espinoza Bastidas, titular del Escuadrón de Salvamento Acuático, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Otoniel Barrón Valdés,”, informó Quintana Pucheta.

Declaró que parte de la responsabilidad recae en el promotor del evento Trimaz, Ricardo Guzmán, debido a la ausencia de medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los competidores, pues señalan que no había autoridades durante el evento y se hicieron presentes hasta que se reporto el extravío de Julián Fontes tras la competencia.

“El proceso para obtener los permisos comienza desde marzo. El señor Ricardo Guzmán Mejía concurre al Imdem y plantea que quiera hacer este triatlón. Él es ajeno al Imdem, ni siquiera es coordinador del Comité Municipal de Triatlón. Es un organizador particular, pero no quiere decir que Mazatlán se puedan hacer libremente cualquier tipo de competencia; se tienen que pedir los permisos y anuencias”.

“En este caso, se solicitó permiso a la Presidencia Municipal, hay permiso otorgado y firmado por la sede de Palacios Domínguez, en la cual ella comisiona a Ezequiel Mora. Ezequiel Mora no se presenta el día de la competencia, no manda personal durante la competencia, a pesar de haberse requerido la presencia de salvavidas acuáticos, de motos acuáticas, de lanchas, etcétera. Entonces, la propia organización debe de garantizar que se lleve una contabilidad momento a momento de los competidores que pasan al agua”.

Indicó que el triatlón es una competencia regulada en la que tienen que salir por bloques; deben estar 10 y 15 minutos en cada bloque para que no se crucen unos con otros y eso provoque que algún competidor resulte lesionado.

No obstante, señalan que Protección Civil no actuó de manera correcta y eso derivó en un homicidio culposo.

“En esta caso, la primera decisión de Protección Civil, que también hay otra irregularidad, en vez de buscarlo en el agua, van y lo buscan al hotel y pierden minutos que son fundamentales. La autopsia revelaría que duró 15 minutos en morir. Hubo tiempo suficiente para haber sido rescatado, que esto debió haber sido en menos de un minuto”.

“No es un juego. El triatlón tiene una normatividad en México y en el mundo, y hay reglas que tienen que respetarse. O sea, esas mismas reglas están vinculadas a la Ley de Cultura, Física y Deporte del Estado de Sinaloa, y por lógica es como acreditamos de manera clara y contundente el tema de omisión, que en este caso culminó en un homicidio”.

Reitera que buscarán llevar a puerto la denuncia ante las múltiples omisiones que se generan desde la máxima autoridad hasta las dependencias involucradas.

En tanto, menciona que Julián Fontes, originario de Culiacán, no padecía ningún insuficiencia cardíaca y se dedicaba únicamente al deporte.

‘Solo quiero llevar paz a la familia’: viuda de Julián Fonte

Fernanda Bañuelos López, viuda del deportista, insistió que su único objetivo al presentar la denuncia es evitar que esta situación, la cuota califica como negligencia, no le vuelva a ocurrir a ningún atletas de alto rendimiento; así como para darle paz a las familias que hoy perdieron a un hijo, a un hermano y a un esposo.

“Él creció en el deporte, por eso mucha gente lo conoce, lo quiere, lo aprecia y hemos recibido el apoyo de todos. Principalmente quiero llevarle algo de paz a la familia, que se sepa la verdad y sobre todo que este tipo de circunstancias no lo vuelva a pasar ninguna otra familia, porque de verdad fue muy duro, fue muy traumático y dejaron a una madre sin su hijo”, declaró Bañuelos López.

“Yo solo quiero de verdad que se haga justicia y que nunca más a nadie le vuelva a pasar, es todo. Él estudiaba para ser abogado, no lo pudo concluir, pero siguió sus sueños de seguir apoyando y ayudando a la gente a crear su mejor versión en el gimnasio. Hoy mucha gente lo lleva en el corazón, así que yo de verdad pongo en las manos de Dios esto, en las manos de Guillermo, para que todo se aclare, para que todo salga a la luz”.

Por Mónica Calles Miramontes

¡¡¡Escándalo!!! Fuentes fidedignas afirman que el árbitro de la final de futbol mexicano se reunió con el equipo ganador para festejar el penal que marcó y llevó a la victoria al equipo. Según los informes, el árbitro —ese personaje que debía cuidar la correcta aplicación de las reglas del juego—, acudió a las instalaciones del ahora campeón para celebrar el “buen arbitraje que hizo en el partido”.

Lo anterior debe ser causa de indignación del equipo perdedor. Seguramente exigirá llevar a ese árbitro a la Comisión de Arbitraje, buscará que lo sancionen y, sobre todo, evitará que vuelva a pitar un solo partido en la liga. ¡Ese árbitro ha perdido toda imparcialidad, respeto y dignidad para aplicar las reglas!

Lamentablemente, lo anterior en realidad no se trata de futbol, sino de las elecciones en México; este símil sirve para ilustrar lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral). Un paralelismo que refleja la realidad de quien hoy tiene la última palabra en los comicios en nombre de la Constitución y la ley.

En 2024, el Tribunal Electoral avaló la sobrerrepresentación indebida de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Gracias a esa súper mayoría, el oficialismo ha podido demoler uno a uno los pilares de la democracia mexicana: destruyó al Poder Judicial de la Federación, eliminó a los órganos constitucionales autónomos y ahora quiere cambiar las reglas electorales para perpetuarse en el poder a como dé lugar.

La subordinación de los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto no es oculta ni un secreto a voces, es abierta y descarada. Lo evidencian en cada resolución parcial que toman. Han sido “juez y parte”, pero como si no fuera esto suficiente, los magistrados también editan libros para justificar la sobrerrepresentación que le entregaron a Morena y luego acuden a San Lázaro o a la Cámara Alta a presentarlos entre aplausos de los beneficiarios de sus propias sentencias. ¡Así de destruida está la justicia electoral en México!

Regresando al futbol, sería inconcebible e indignante que el árbitro fuera a festejar con el campeón a quien benefició en el último momento, ¿no? La indignación surgiría de saber que el árbitro se vendió y arrebató —por la mala— lo que debió ganarse de forma limpia; no sólo daña a un equipo, traiciona a una afición y desmorona un sistema.

Asimismo, cuando un árbitro electoral sirve al poder político no solo condena a un sector político, traiciona a una nación, destruye la confiabilidad de un sistema y roba a los millones de mexicanos que confiaban en que su voto tendría el poder de definir el rumbo del país.

A pesar de ello, en México indigna más una final del futbol robada, que un árbitro electoral coludido con un régimen que día a día nos arrebata más derechos y libertades. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué los partidos políticos opositores, sus dirigentes, senadores, diputados de oposición, academia y la ciudadanía no están unidos protestando en una sola voz para que ese árbitro (el Tribunal Electoral) no vuelva a decidir sobre la constitucionalidad y legalidad de las elecciones?

Ahora mismo, porque así lo dispuso el oficialismo, en periodo extraordinario se discuten varias iniciativas de reforma electoral y judicial que entregarán un poder inmenso a esos magistrados para que decidan sobre las siguientes elecciones, y, al mismo tiempo, a esos mismos magistrados les prorrogan por tercera vez el cargo que por mandato constitucional no debe ser extendido.

¿Por qué eso no causa indignación? ¿Por qué, tal como ocurre en el futbol, no indigna de la misma manera que los conflictos en los próximos comicios serán resueltos por seis magistrados electorales que sirven a un partido político? Cuatro magistrados cuyo silencio y sumisión nuevamente se está comprando con el premio de otra prórroga y dos más que hoy tienen una toga gracias a las trampas de acordeones y los pactos con Morena.

Es verdad que la oposición debe rechazar esas nuevas reformas electorales oficialistas donde se pretende instaurar una absurda “Comisión de Integridad de Candidaturas”, así como los desastrosos intentos de enmienda de la reforma judicial y las peligrosas causales de nulidad de elección por “intervención extranjera”.

Sin embargo, la oposición no debe pasar por alto que el riesgo más grave está en que todo eso será operado y definido por los mismos magistrados a los que, en la misma reforma, se les está sobornando con una prórroga de mandato.

Todas las fuerzas políticas de oposición deben alzar la voz, evidenciar esta embestida y exigir, sin titubeos, que no se entregue esta prórroga. Los magistrados de la Sala Superior no deben ser recompensados, una vez más, por haber vendido la alta dignidad de su cargo y su imparcialidad, a cambio de poder, la impunidad y los privilegios que obtienen con la toga.

De no hacerlo, de permitir que se mantenga el mismo árbitro y que esos magistrados cooptados continúen en el cargo, poco importará que las reglas del juego (las leyes electorales) pretendan garantizar elecciones auténticas, porque será el árbitro el que se haga de la vista gorda, el que no vea los penales, el que no marque el fuera de lugar y, lo peor de todo, quien valide goles indebidos o triunfos electorales que no se ganen en las urnas.

Así, tal como pasó en 2016 y en 2024, está pasando en 2026. Nuevamente están comprando al árbitro y nadie dice nada…

Al final, la historia recordará a aquellos que llegaron al poder y engañaron por ambición, recordará también a aquellos tribunales que, debiendo cuidar de la Constitución, la pisotearon buscando su salvación; pero habrá de ser igual de implacable para aquellos que guardaron silencio.

*Abogada electoral y constitucional; Columnista; Análisis político

Directora del observatorio LupaReforma2026.mx

Web: defensaelectoral.com.mx

X: moni_calles

Por Antonio López Moreno

Con el objetivo de preservar la memoria colectiva y mantener vigente la exigencia de justicia, fue plasmado un mural monumental en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el cual representa la tragedia de la Guardería ABC ocurrida en 2009, uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Sonora.

La obra, creada por el artista Esteban Lechuga, busca convertirse en un espacio simbólico de denuncia, reflexión y acompañamiento para las víctimas y sus familias. El propio autor explicó que el proyecto fue construido en consenso con padres de familia, priorizando el mensaje de no repetición como eje central.

“Para que estos sucesos no vuelvan a suceder, la no repetición el objetivo final, por eso es que digo que no me costó el tiempo, fue un tiempo afortunado, a mi me interesaba que estuviera en un lugar como este, un lugar de denuncia, un lugar que los civiles podamos venir a denunciar”, dijo.

El mural, que abarca cuatro paredes y alcanza una extensión de 108 metros, fue elaborado durante el año 2025. 

Como parte del acto simbólico, la CEDH renombró el recinto como “Auditorio Memorial 5 de Junio”, en honor a las víctimas del incendio ocurrido hace más de una década.

En la obra se integran diversos elementos visuales que representan el dolor, la resistencia y la lucha social. 

Entre ellos destacan escenas de “Noches dolorosas”, “La revictimización” y “La justicia sin velo”, así como figuras simbólicas como “El Héroe anónimo” y “21 golpes para derribar el muro de la guardería”, que aluden a la exigencia constante de verdad y rendición de cuentas.

“Dentro de estos parámetros quiero destacar que el mural está hecho para envolvernos y recorrerlo de manera progresiva. La puerta una vez abierta nos da la entrada a un muro, la parte de los dolientes”, anotó.

Uno de los segmentos más significativos es la transición representada por animales protectores que acompañan a los niños, una metáfora visual que sugiere cuidado y guía hacia otra dimensión. Esta narrativa se conecta con la idea de vida después de la muerte, plasmada en figuras que evocan la presencia espiritual de las víctimas.

“Estas almas vienen a visitarnos nuevamente, pero esto es en figura de las almas que se nos fueron de manera temprana por esta situación y vienen a consolarnos”, agregó.

Además de su valor artístico, el mural fue concebido como una herramienta viva para la sociedad civil. El espacio podrá ser utilizado por colectivos, activistas y ciudadanos para visibilizar causas sociales, realizar actos de protesta o fortalecer la memoria histórica.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa calificó como una burla por parte del Gobierno federal minimice el impacto de la crisis de violencia y el colapso económico que atraviesa la entidad.

La presidenta del partido Wendy Barajas Cortés arremetió contra la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, a quien acusó de minimizar la realidad de los sinaloenses al desmentir las cifras de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Luisa María Alcalde, te hacemos una invitación para que vengas a Sinaloa. Y la invitación es muy sencilla, deja por un momento los discursos y las cifras maquilladas”, solicitó Barajas Cortés.

Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, sostuvo que desde el inicio de la guerra criminal el pasado 9 de septiembre de 2024, los saldos en el Estado son alarmantes, a pesar de lo que llamó un maquillaje de las cifras oficiales.

La dirigente panista denunció que Sinaloa enfrenta un saldo alarmante de violencia que incluye más de 3 mil 300 homicidios registrados, una cifra de personas privadas de la libertad que supera las 3 mil 800 y el despojo de más de 11 mil vehículos.

“No son números, son personas que ya no están con nosotros y que pues han dejado un gran dolor en sus familias”, expresó.

Citando datos de la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, el PAN denunció que alrededor de 7 mil empresas han cerrado o han sido dadas de baja, provocando la pérdida de más de 38 mil empleos formales.

Además, se informó que la falta de oportunidades y la violencia han forzado a cerca de 84 mil personas a abandonar sus lugares de origen en busca de seguridad o sustento.

Barajas Cortés destacó que más de medio millón de trabajadores en el Estado sobreviven apenas con un salario mínimo, lo que calificó como una señal del deterioro económico.

Lanzó un reto directo a la Consejera Jurídica para que visite el Estado sin discursos preparados.

“Deja por un momento las cifras maquilladas, ven a caminar a las calles de Sinaloa, ven a dar un recorrido a los negocios del Centro para que veas la cantidad de locales cerrados”, reclamó.

También hizo referencia a hechos recientes de violencia extrema, como la presencia de una bomba en una preparatoria y ataques a hospitales, asegurando que existe una crisis de gobernabilidad.