Por Manlio Fabio Beltrones R.
Nos encontramos en el preámbulo de una reforma electoral insólita, pues proviene de un poder concentrado que pareciera pensado más para estrechar las veredas de la democracia que para ampliarlas. Discutir cuánto cuesta nuestra democracia, no cuánto vale, distorsiona el objetivo. En el pasado reciente las exigencias de apertura, liberalización y democratización provenían de movimientos civiles y sociales, algunos inclusive armados, para ampliar la participación de las y los mexicanos en la vida política. No fue fácil. Hubo que luchar mucho por tener elecciones libres, creíbles y confiables. Es por ello necesario apelar a la memoria democrática nacional, integrada por la participación de muchos, quienes fuimos, de una u otra manera, espectadores o actores en la política mexicana contemporánea, impulsando la transición para unos, democratización para otros o alternancia para algunos más.
La ampliación y desarrollo de nuestra democracia contemporánea habrá de cumplir cincuenta años en 2027, año en que una reforma política anti-cíclica podría estarse aplicando —en lo que podría ser la primera regresión en cinco décadas de cambio continuo hacia más, y no menos, democracia—. No perdamos nuestros recuerdos y registros porque han sido casi cinco décadas de desarrollo político para construir, entre muchos —actores políticos, académicos y ciudadanos—, una forma de integrar la representación política y de elegir gobernantes de manera pacífica, con legitimidad, certeza y orden público.
Hagamos memoria. El 6 de diciembre de 1977 vio la luz una legislación pionera porque representaba los primeros pasos hacia la apertura política e integración de la pluralidad en un sistema político cerrado que, hasta ese momento, había permanecido casi estático, lo que limitaba las libertades civiles y la participación política. Muchos recordamos aquellas mesas y meses en los que se discutió la manera en que varias opciones políticas podrían salir de la clandestinidad y participar públicamente en la política, inaugurando el tiempo de una democracia moderna y representativa.
La situación venía de un contexto internacional de guerra fría, de confrontación ideológica y temores varios, pero al fin temores de injerencias extranjeras. Había países que apoyaban dictaduras y otros que alentaban y financiaban guerrillas o revoluciones armadas. Pero nuestra decisión como mexicanos, acordada en mesas de diálogo, fue el optar por la apertura y el pluralismo. Es así como se logró, por vez primera, llevar a la Constitución la figura de las diputaciones plurinominales que daría origen a nuestro sistema mixto; se amplió la Comisión Federal Electoral, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en la que se reconocía a todas las opciones políticas, incluidas las que hasta ese momento eran “clandestinas”. Don Jesús Reyes Heroles convocó el esfuerzo para lograr “una mejor representación de las minorías, hacer que la representación abarque cabalmente al país en su diversidad de la mejor manera posible, perfeccionar nuestros métodos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias”.
Personalmente escuché cómo don Fernando Gutiérrez Barrios, encargado de la seguridad nacional por muchos años, le argumentaba a don Jesús que esa reforma política le traía la esperanza de que, en el futuro, se escucharan “muchos gritos en las Cámaras y pocas bombas en las calles o disparos en las montañas”. Aprendimos que podría ser mejor dialogar y debatir que confrontar o reprimir. Eran tiempos en que el Estado y el gobierno se mimetizaban, eran prácticamente uno, y la Presidencia de la República ejercía poderes metaconstitucionales —como los definiría Jorge Carpizo—. Esta conjunción lo abarcaba prácticamente todo: la vida de los partidos y la selección de candidaturas, las asociaciones civiles, la organización de las elecciones, el conteo de los votos, la calificación de los comicios y la integración de los congresos federal y locales. Todo un sistema político bajo la hegemonía de un partido casi único —diría don Daniel Cosío Villegas—.
Es ahí cuando iniciamos el camino hacia una democracia cada vez más amplia y plural, enfrentando innumerables resistencias dentro y fuera del sistema político, crisis económicas y situaciones autoritarias, pero con la nueva conciencia cívica iría surgiendo la movilización ciudadana y la participación política. Tras los sismos de 1985 y las elecciones en Chihuahua en 1986, se creó el primer Código Federal Electoral y se amplió la Cámara de Diputados con cien diputados adicionales —de representación proporcional—, llegando a 500 legisladores. Se dispuso la cláusula de gobernabilidad en la Constitución para garantizar que una mayoría relativa pudiera ser una fuerza gobernante y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer paso para la jurisdicción estrictamente electoral. Tras ello, vendrían los reclamos de apertura desde dentro del régimen y se gestaría la corriente democrática en el PRI, encabezada por insignes precursores del pluralismo y la democracia como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Podía estarse de acuerdo o no con ellos, pero su aportación al pluralismo y a la democracia resultarían fundamentales en la construcción de las nuevas instituciones políticas representativas.
Lo sabemos: en 1988 tuvieron lugar elecciones federales muy competidas, de gran polémica, en las que se cuestionaba el conteo de los votos, todavía realizado con la participación directa del gobierno y es así como, ante el cuestionamiento de una legitimidad electoral, al amparo del Acuerdo para la Ampliación de la Vida Democrática, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral —si bien aún presidido por el secretario de Gobernación, pero contando ya con cambios en los que tuvo mucho que ver la agudeza democrática de Diego Fernández de Cevallos.
En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE), con mayores derechos y prerrogativas para los partidos políticos y los ciudadanos. En 1993, se otorgó al IFE la capacidad de ratificar las elecciones, se eliminó la cláusula de gobernabilidad, se amplió el Senado a 128 integrantes y se canceló el mecanismo de auto calificación electoral de las cámaras del Congreso al otorgarle al Tribunal Federal Electoral la declaración de validez de la elección.
En 1994 sucederían muchas cosas de enorme trascendencia que marcarían un parteaguas. Se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el cual nuestra economía se transformaría de una manera sustantiva; surgiría una rebelión indígena en Chiapas encabezada por una organización político-militar —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional—, y sucedería el doloroso homicidio de Luis Donaldo Colosio que nos pondría a todos a prueba. Con el dolor y consternación que una situación de esta magnitud siempre trae, el IFE se reformó en pleno proceso electoral para integrarse con consejeros ciudadanos y con la representación de los partidos, para luego, en 1996, ser dotado de autonomía plena. Asimismo, se realizó una auditoría externa del padrón electoral y se establecieron topes de campaña a efecto de transparentar y racionalizar el gasto electoral.
Tras las elecciones presidenciales de 1994 —y no obstante la gran crisis económica iniciada a finales de ese año—, se reformó el Poder Judicial y en 1996 el Tribunal Federal Electoral pasó a ser parte del mismo. En la reforma de ese año se estableció el financiamiento público para partidos y la consecuente fiscalización, se puso límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a un máximo de 8 % y se realizó la reforma política del Distrito Federal. Así, en 1997, por vez primera se elegiría al jefe de Gobierno, siendo Cuauhtémoc Cárdenas el primer jefe de Gobierno democráticamente electo. Con estos cambios, la Cámara de Diputados y el Senado proseguirían la apertura democrática y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos al poder presidencial —previsto en la Constitución—, y que es propio de sistemas de gobierno compartidos.
Como nunca antes en un régimen político hegemónico, fue posible impulsar, mediante el diálogo del propio gobierno con quienes le cuestionaban o enfrentaban, los cambios políticos y económicos necesarios para fortalecer nuestra democracia. Con tales avances, la apertura política y económica del país, la autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, la pluralidad política consolida- da en el Congreso y la reforma política del Distrito Federal, sucedió la primera alternancia política, —la primera gran prueba de fuego como democracia funcional—, en las elecciones federales del año 2000.
Pese a todo lo anterior, al día de hoy (2026) nadie conoce una propuesta formal de las posibles modificaciones electorales que pretende realizar el gobierno y su Comisión Presidencial —integrada sólo por ellos mismos—. Valdría la pena reflexionar sobre el futuro para evitar una contrarreforma electoral en esta difícil hora que vive nuestro país en relación con lo que sucede en el mundo.
*Fue presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Desde 2024 es senador sin partido.
Tomado de la revista Voz y Voto
La entrada Memoria democrática (Parte I) se publicó primero en Primera Plana Digital.
Conectar
