En 2026 el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno

 

Por Bulmaro Pacheco

La prometida y cacareada reforma política anunciada por el gobierno federal no llega todavía a las manos de quienes, interesados en ella, quisieran opinar y participar en su elaboración.

No será así, porque desde que la anunciaron, el encargado de elaborarla, plancharla y decorarla, Pablo Gómez, recibió indicaciones de que solo consultara a los aliados del gobierno.

Anunciaron foros de consulta y diálogos para recibir propuestas, pero no pasaron de simulaciones entre ellos mismos, lo que dejó al descubierto las inconformidades de sus aliados fundamentales, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.

Esas inconformidades encendieron las alarmas en el gobierno, porque al hacer cálculos sobre el número de votos que ambos partidos representan en el Congreso de la Unión —y tratándose de proyectos de reformas constitucionales—, no les alcanzaba para completar la mayoría calificada que requiere Morena en ambas cámaras, y el proyecto se ha retardado mientras avanzan las negociaciones con ambos partidos.

Desde el gobierno se han esbozado algunos temas que ya están en la opinión pública: la desaparición de legisladores de representación proporcional, la disminución del gasto en los partidos políticos y la centralización de las funciones electorales, metiéndole mano a las autoridades estatales que, en mayor o menor medida, han funcionado en los últimos procesos electorales, agilizando registros y resultados.

De seguir así, el proyecto de reforma se va a retrasar aún más, y el gobierno tiene en contra el tiempo, porque el artículo 105 constitucional establece que una reforma que no se realice tres meses antes de iniciar el proceso electoral —que comienza en septiembre— no tendría aplicación en el proceso electoral siguiente (2027). Por eso están contra el tiempo.

Por primera vez en la historia de México, las oposiciones (PAN, PRI y MC) no han sido tomadas en cuenta para elaborar la reforma anunciada. Sí, por primera vez desde que en los sesenta del siglo pasado se crearon los llamados “diputados de partido” que tuvieron su aplicación por primera ocasión en la elección de 1964, y que dieron lugar a que entraran como diputados federales Vicente Lombardo Toledano por el PPS, Juan Barragán por el PARM y Adolfo Christlieb Ibarrola por el PAN, entre otros.

Fue en 1977 cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, convocó a las oposiciones y a los intelectuales a una consulta general para elaborar la reforma política, muy necesaria en aquellos años ante la crisis política generada por la alta votación recibida por José López Portillo, candidato único a la Presidencia de la República. Tiempos en que el PAN, en 1976, por conflictos internos, no postuló candidato presidencial.

Tiempos en los que solo había cuatro partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PARM y PPS) y uno en la clandestinidad desde 1919: el Partido Comunista Mexicano.

El sistema político lucía casi agotado y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI enfrentaba serios problemas por la crisis de la representación política y la violencia post electoral en las calles al igual que la guerrilla rural y urbana.

La reforma política de don Jesús Reyes Heroles cuajó con la creación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados (100 diputados) y en los congresos locales, así como con la creación de nuevos partidos políticos como el PDM, el PRT, el PST y el Partido Comunista Mexicano.

Esa reforma llevó el conflicto político de las calles a los órganos de representación política y le dio estabilidad al sistema político, en tiempos en que la violencia política urbana y rural estaba en su máxima expresión mediante enfrentamientos, secuestros y balaceras en algunas regiones. La reforma atenuó esas crisis.

Posteriormente vinieron otras reformas —en la mayoría de las ocasiones a iniciativa de las propias oposiciones—: la ampliación de la Cámara de Diputados con 100 diputados más para completar 500; la creación de los senadores de primera minoría para ampliar la representación de los estados a tres senadores por entidad; y posteriormente la incorporación de los senadores de lista por partido político para sumar 128.

La creación de la credencial para votar con fotografía; la ampliación de las funciones del Tribunal Federal Electoral; la creación de un órgano autónomo del gobierno para organizar las elecciones (el IFE, después el INE); el fortalecimiento de los órganos electorales en las entidades federativas; el financiamiento público a los partidos políticos y la flexibilización de los requisitos para crearlos; la autorización de las candidaturas independientes; y la reforma del “voto por voto, casilla por casilla”, como resultado de la crisis electoral de 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial fue menor a un punto porcentual.

Las alternancias partidistas en los gobiernos, que iniciaron con la gubernatura de Baja California en 1989 y se consolidaron con la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, no detuvieron las reformas políticas, en su mayor parte y casi siempre, siempre impulsadas por las oposiciones.

La autorización para crear, en más de 40 años, más de 30 partidos políticos dio lugar al sistema de partidos —unos más, unos menos— que fueron apareciendo y desapareciendo en función del porcentaje de votos (3 %) señalado en la ley. Ese sistema hoy se concentra en el PAN, PRI, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano.

Después, ya avanzada la primera década del siglo XXI, se dieron reformas —a iniciativa de las oposiciones— para derrumbar prohibiciones históricas como la de la reelección, eliminada en 1933 tras el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, Álvaro Obregón Salido, dando lugar a la reelección (o elección consecutiva) de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores.

La colaboración, vía consensos y negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, dio frutos incluso en la transición política de 2018: paz política y estabilidad social, alternancias civilizadas en los gobiernos (federal, estatal y municipal), crecimiento económico modesto —pero crecimiento real—, disminución de los conflictos postelectorales que ahora se canalizan a través de las leyes y las instituciones, y un sistema político-electoral —no exento de problemas—, pero con credibilidad construida a lo largo de los años (1977-2014).

Ahora, en 2026, el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; el gobierno de Morena ha centralizado el ejercicio de los tres poderes; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno; la mayoría calificada en las cámaras fue alcanzada mediante mecanismos tramposos; y el proyecto de reforma que se dice se aprobará, luce arreglado entre el gobierno y sólo sus aliados, sin participación de las oposiciones, por primera vez en la historia de las reformas políticas que vienen desde 1964.

¿Por qué no sale la reforma todavía?

Porque está atorada por los aliados de Morena: el Verde y el partido del Trabajo. ¿Qué piden? Solo ellos lo saben, pero quieren sobrevivir y seguir con las concesiones que les dan desde el poder para mantener las franquicias hasta ahora privilegiadas. Nada más, nada menos.

¿Y Las oposiciones? Fuera del Proyecto, muy al estilo de la autollamada 4T.

¿Regresión o avance? A como lucen las cosas por ahora y en el futuro inmediato, más lo primero que lo segundo.

bulmarop@gmail.com

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Por Manlio Fabio Beltrones R.

Nos encontramos en el preámbulo de una reforma electoral insólita, pues proviene de un poder concentrado que pareciera pensado más para estrechar las veredas de la democracia que para ampliarlas. Discutir cuánto cuesta nuestra democracia, no cuánto vale, distorsiona el objetivo. En el pasado reciente las exigencias de apertura, liberalización y democratización provenían de movimientos civiles y sociales, algunos inclusive armados, para ampliar la participación de las y los mexicanos en la vida política. No fue fácil. Hubo que luchar mucho por tener elecciones libres, creíbles y confiables. Es por ello necesario apelar a la memoria democrática nacional, integrada por la participación de muchos, quienes fuimos, de una u otra manera, espectadores o actores en la política mexicana contemporánea, impulsando la transición para unos, democratización para otros o alternancia para algunos más. 

La ampliación y desarrollo de nuestra democracia contemporánea habrá de cumplir cincuenta años en 2027, año en que una reforma política anti-cíclica podría estarse aplicando —en lo que podría ser la primera regresión en cinco décadas de cambio continuo hacia más, y no menos, democracia—. No perdamos nuestros recuerdos y registros porque han sido casi cinco décadas de desarrollo político para construir, entre muchos —actores políticos, académicos y ciudadanos—, una forma de integrar la representación política y de elegir gobernantes de manera pacífica, con legitimidad, certeza y orden público. 

Hagamos memoria. El 6 de diciembre de 1977 vio la luz una legislación pionera porque representaba los primeros pasos hacia la apertura política e integración de la pluralidad en un sistema político cerrado que, hasta ese momento, había permanecido casi estático, lo que limitaba las libertades civiles y la participación política. Muchos recordamos aquellas mesas y meses en los que se discutió la manera en que varias opciones políticas podrían salir de la clandestinidad y participar públicamente en la política, inaugurando el tiempo de una democracia moderna y representativa. 

La situación venía de un contexto internacional de guerra fría, de confrontación ideológica y temores varios, pero al fin temores de injerencias extranjeras. Había países que apoyaban dictaduras y otros que alentaban y financiaban guerrillas o revoluciones armadas. Pero nuestra decisión como mexicanos, acordada en mesas de diálogo, fue el optar por la apertura y el pluralismo. Es así como se logró, por vez primera, llevar a la Constitución la figura de las diputaciones plurinominales que daría origen a nuestro sistema mixto; se amplió la Comisión Federal Electoral, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en la que se reconocía a todas las opciones políticas, incluidas las que hasta ese momento eran “clandestinas”. Don Jesús Reyes Heroles convocó el esfuerzo para lograr “una mejor representación de las minorías, hacer que la representación abarque cabalmente al país en su diversidad de la mejor manera posible, perfeccionar nuestros métodos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias”. 

Personalmente escuché cómo don Fernando Gutiérrez Barrios, encargado de la seguridad nacional por muchos años, le argumentaba a don Jesús que esa reforma política le traía la esperanza de que, en el futuro, se escucharan “muchos gritos en las Cámaras y pocas bombas en las calles o disparos en las montañas”. Aprendimos que podría ser mejor dialogar y debatir que confrontar o reprimir. Eran tiempos en que el Estado y el gobierno se mimetizaban, eran prácticamente uno, y la Presidencia de la República ejercía poderes metaconstitucionales —como los definiría Jorge Carpizo—. Esta conjunción lo abarcaba prácticamente todo: la vida de los partidos y la selección de candidaturas, las asociaciones civiles, la organización de las elecciones, el conteo de los votos, la calificación de los comicios y la integración de los congresos federal y locales. Todo un sistema político bajo la hegemonía de un partido casi único —diría don Daniel Cosío Villegas—. 

Es ahí cuando iniciamos el camino hacia una democracia cada vez más amplia y plural, enfrentando innumerables resistencias dentro y fuera del sistema político, crisis económicas y situaciones autoritarias, pero con la nueva conciencia cívica iría surgiendo la movilización ciudadana y la participación política. Tras los sismos de 1985 y las elecciones en Chihuahua en 1986, se creó el primer Código Federal Electoral y se amplió la Cámara de Diputados con cien diputados adicionales —de representación proporcional—, llegando a 500 legisladores. Se dispuso la cláusula de gobernabilidad en la Constitución para garantizar que una mayoría relativa pudiera ser una fuerza gobernante y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer paso para la jurisdicción estrictamente electoral. Tras ello, vendrían los reclamos de apertura desde dentro del régimen y se gestaría la corriente democrática en el PRI, encabezada por insignes precursores del pluralismo y la democracia como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Podía estarse de acuerdo o no con ellos, pero su aportación al pluralismo y a la democracia resultarían fundamentales en la construcción de las nuevas instituciones políticas representativas. 

 

 

Lo sabemos: en 1988 tuvieron lugar elecciones federales muy competidas, de gran polémica, en las que se cuestionaba el conteo de los votos, todavía realizado con la participación directa del gobierno y es así como, ante el cuestionamiento de una legitimidad electoral, al amparo del Acuerdo para la Ampliación de la Vida Democrática, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral —si bien aún presidido por el secretario de Gobernación, pero contando ya con cambios en los que tuvo mucho que ver la agudeza democrática de Diego Fernández de Cevallos. 

En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE), con mayores derechos y prerrogativas para los partidos políticos y los ciudadanos. En 1993, se otorgó al IFE la capacidad de ratificar las elecciones, se eliminó la cláusula de gobernabilidad, se amplió el Senado a 128 integrantes y se canceló el mecanismo de auto calificación electoral de las cámaras del Congreso al otorgarle al Tribunal Federal Electoral la declaración de validez de la elección. 

En 1994 sucederían muchas cosas de enorme trascendencia que marcarían un parteaguas. Se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el cual nuestra economía se transformaría de una manera sustantiva; surgiría una rebelión indígena en Chiapas encabezada por una organización político-militar —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional—, y sucedería el doloroso homicidio de Luis Donaldo Colosio que nos pondría a todos a prueba. Con el dolor y consternación que una situación de esta magnitud siempre trae, el IFE se reformó en pleno proceso electoral para integrarse con consejeros ciudadanos y con la representación de los partidos, para luego, en 1996, ser dotado de autonomía plena. Asimismo, se realizó una auditoría externa del padrón electoral y se establecieron topes de campaña a efecto de transparentar y racionalizar el gasto electoral. 

Tras las elecciones presidenciales de 1994 —y no obstante la gran crisis económica iniciada a finales de ese año—, se reformó el Poder Judicial y en 1996 el Tribunal Federal Electoral pasó a ser parte del mismo. En la reforma de ese año se estableció el financiamiento público para partidos y la consecuente fiscalización, se puso límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a un máximo de 8 % y se realizó la reforma política del Distrito Federal. Así, en 1997, por vez primera se elegiría al jefe de Gobierno, siendo Cuauhtémoc Cárdenas el primer jefe de Gobierno democráticamente electo. Con estos cambios, la Cámara de Diputados y el Senado proseguirían la apertura democrática y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos al poder presidencial —previsto en la Constitución—, y que es propio de sistemas de gobierno compartidos. 

Como nunca antes en un régimen político hegemónico, fue posible impulsar, mediante el diálogo del propio gobierno con quienes le cuestionaban o enfrentaban, los cambios políticos y económicos necesarios para fortalecer nuestra democracia. Con tales avances, la apertura política y económica del país, la autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, la pluralidad política consolida- da en el Congreso y la reforma política del Distrito Federal, sucedió la primera alternancia política, —la primera gran prueba de fuego como democracia funcional—, en las elecciones federales del año 2000. 

Pese a todo lo anterior, al día de hoy (2026) nadie conoce una propuesta formal de las posibles modificaciones electorales que pretende realizar el gobierno y su Comisión Presidencial —integrada sólo por ellos mismos—. Valdría la pena reflexionar sobre el futuro para evitar una contrarreforma electoral en esta difícil hora que vive nuestro país en relación con lo que sucede en el mundo. 

*Fue presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Desde 2024 es senador sin partido.

Tomado de la revista Voz y Voto

 

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