EDITORIAL

En la historia moderna del desarrollo industrial en México, pocas narrativas resultan tan desgarradoras como la metamorfosis sufrida en el estado de Sonora, en lo que la sociología ambiental denomina una “zona de sacrificio”. Detrás de indicadores de exportación, utilidades millonarias y discursos de progreso, se esconde el rostro de degradación ecológica y envenenamiento paulatino.

Grupo México, el gigantesco conglomerado minero encabezado por Germán Larrea, ha dejado en suelo sonorense una huella indeleble que trasciende el plano económico para convertirse en un emblema nacional de impunidad corporativa. A lo largo de la última década, al menos cuatro desastres ambientales de gran magnitud, debidamente documentados por la comunidad científica, organizaciones civiles e incluso por dependencias federales, han dejado al descubierto un patrón sistemático de negligencia operativa y una persistente falta de remediación integral.

El ecocidio del Río Sonora (Agosto, 2014). Considerado la peor catástrofe ambiental en la historia de la minería metálica mexicana, la falla de contención en un represo de la mina Buenavista del Cobre arrojó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, cromo) a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora. El impacto paralizó la economía agrícola, clausuró fuentes de agua potable y afectó de manera directa e irreversible la salud de más de 22 mil habitantes en ocho municipios de la cuenca. 

El descarrilamiento de ácido en Nogales (Agosto, 2014). Apenas semanas después del colapso en el Río Sonora, un tren operado por la división ferroviaria de la misma empresa vertió 240 toneladas de ácido sulfúrico a escasos metros del cauce del río Santa Cruz, en el municipio de Nogales. 

El vertimiento de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés (Julio, 2019). Un fallo en las instalaciones de la Terminal Marítima de Guaymas provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico directamente en las aguas del Golfo de California. 

El más reciente, ocurrido tres semanas atrás en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco. Un tren de Ferromex se descarriló provocando el escurrimiento de 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio corrosivo y 240 toneladas de concentrado de cobre hacia el arroyo del Ejido Cuauhtémoc. El gas liberado provocó hospitalizaciones y evacuaciones locales.

Frente a la contundencia de estos hechos, la respuesta de los distintos niveles de gobierno ha sido un ejercicio constante de burocracia dilatoria, simulación y cálculo político. El abordaje de las emergencias ecológicas revela cómo las instituciones encargadas de velar por la protección ambiental y la salud de la ciudadanía sucumben con frecuencia ante la enorme capacidad de presión del capital privado.

El Fideicomiso Río Sonora, constituido tras la tragedia de 2014 con la promesa de aportar 2,000 millones de pesos para la remediación del entorno y la atención médica de los afectados, terminó cerrándose de forma extemporánea e inoperante. La infraestructura hospitalaria prometida para el monitoreo de metales pesados en la población quedó reducida a un edificio inconcluso, una suerte de «hospital fantasma» que simboliza el desdén del Estado y de la empresa hacia las personas que continúan viviendo con niveles anormales de metales tóxicos en la sangre. 

Cuando la autoridad prioriza la estabilidad fiscal, la recaudación de impuestos, los puestos de trabajo o el entendimiento político por encima de la justicia restaurativa, el mensaje emitido es devastador: las leyes de protección ambiental son opcionales y la salud de los ciudadanos es un costo colateral prescindible.

Es por eso que ahora, cuando las autoridades de Medio Ambiente ponen pie en nuestra tierra y hablan de remediaciones, la desconfianza es el primer filtro con el que se topan. 

Las familias deben destinar ingresos escasos a la compra permanente de agua purificada en garrafón, mientras los agricultores y ganaderos enfrentan la estigmatización y pérdida de mercado para sus productos. 

Es injusto que las poblaciones que no participan de las multimillonarias utilidades corporativas sean quienes paguen con su salud, su patrimonio y su tranquilidad las consecuencias del extractivismo desenfrenado.

Reflexionar sobre lo ocurrido en Sonora exige trascender la indignación pasajera y replantear el marco bajo el cual opera la industria minera en México. No puede continuar operando bajo esquemas regulatorios laxos donde los sonorenses entregan la riqueza de su tierra y también el futuro de sus pueblos. 

El hallazgo ocurrido este sábado en la colonia Guadalupe, a un costado del IMSS en Culiacán, cruza cualquier límite de lo concebible. La alerta comenzó como una denuncia más de descuido cotidiano: personas de la comunidad reportaron a varios perros atrapados en el abandono, sofocados por las altas temperaturas, sin agua ni alimento. Sin embargo, lo que la Fundación Laika encontró al ingresar sobrepasó la negligencia para adentrarse directamente en la barbarie: siete perros con vida rescatados y entre seis y siete bolsas negras con restos desmembrados de otros canes.

La labor de la activista Rebeca Uriarte y su equipo logró arrebatarle a la muerte a siete sobrevivientes que hoy reciben atención médica y refugio. Pero el horror dejado atrás en esas bolsas negras no puede quedarse como una cifra trágica más.

Este macabro escenario nos obliga a plantear preguntas urgentes: ¿Cómo es posible que un sitio con semejante nivel de insalubridad y sadismo operara en plena zona urbana? ¿Quién o quiénes eran los responsables de ese inmueble? Y, sobre todo, ¿habrá consecuencias reales o el caso terminará archivado?

Ignorar la violencia sistemática hacia los animales no solo es una falla moral, es un riesgo directo para la seguridad comunitaria, pues se sabe que la crueldad extrema hacia los animales no ocurre de forma aislada; suele ser el reflejo de patologías severas y un indicador claro de entornos violentos. Quien es capaz de desmembrar a un ser sintiente y apilarlo en bolsas de basura representa un peligro activo para la sociedad.

El llamado urgente de la Fundación Laika hacia el Ayuntamiento de Culiacán, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado debe atenderse con rigor pericial, no con burocracia. Se requiere una investigación profunda, identificar la propiedad y a los perpetradores de estos actos, además de la aplicación de la ley con sanciones ejemplares que sienten un precedente claro contra el maltrato animal en Sinaloa.

Editorial

Un comunicado de la ACJM de Guadalajara nos recuerda que “El día 31 de julio de 1926, el culto público fue suspendido en toda la nación, de acuerdo con la orden dada por el episcopado mejicano en su Segunda Carta Pastoral Colectiva. En los días anteriores a tan drástica medida, el pueblo fiel se volcó en los templos. Miles de matrimonios, bautizos y confirmaciones fueron hechas en todos los rincones de la República. El cumplimiento de tales disposiciones dio origen a que los católicos defendieran sus templos cuando los agentes del Gobierno se presentaron a posesionarse de ellos el mismo 31 de julio, lo que ocasionó los primeros atentados y choques armados en distintos lugares del país: Puebla, Pue., Torreón, Coah., Guadalajara, Jal., y Sahuayo, Mich”.

Así inició la llamada Guerra Cristera, en donde miles de mexicanos murieron en defensa de sus creencias religiosas. Una etapa que por muchos años ha sido ocultada por el cinismo del sistema oficial en sus diferentes manifestaciones. Una etapa que debe de llenar de vergüenza al gobierno, porque fue una real represión al pueblo católico mexicano. Esto no aparece en los libros de texto, en donde cínicamente destacan otras acciones represivas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Sin embargo, guardan silencio ante los miles –porque eso fueron, miles– de asesinatos en católicos que defendieron su fe y creencias. 

Se cumplen ya 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2029), un conflicto armado en México provocado por las medidas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles y la entrada en vigor de la llamada «Ley Calles» el 31 de julio de 1926, lo que desató la suspensión del culto público y una profunda confrontación social. De acuerdo a las crónicas hay que recordar que todo inició cuando la Constitución de 1917 estableció restricciones a las iglesias y prohibió la participación política del clero. Luego llegó la llamada Ley Calles (1926), que reformó el Código Penal para limitar el número de sacerdotes y prohibir la educación y vestimenta religiosa pública. En respuesta a la agresión del gobierno, el clero decretó una suspensión de cultos y el 31 de julio de 1926, los obispos cerraron los templos y detuvieron los servicios religiosos visibles como protesta. 

Tras estas agresiones a la Iglesia Católica vino la resistencia armada. Campesinos y civiles católicos formaron el bando de los «cristeros» para defender su fe en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Las mujeres organizaron redes de apoyo logístico, aprovisionamiento y defensa de los espacios de culto clandestinos. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y combatientes caídos a lo largo de tres años de lucha. Después de años de violencia y cruel represión del gobierno de Elías Calles, el 21 de junio de 1929 se firmó un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil que permitió reabrir los templos bajo un nuevo entendimiento legal. En Sonora el conflicto religioso no terminó porque en 1931 llegó a la gubernatura Rodolfo Elías Calles, quien continuó con acciones represivas contra católicos.

Por muchos años esta parte de la historia de México trató de ocultarse. Cínicamente los gobiernos no tocaban el tema. Oficialmente la guerra cristera no aparecía en la historia de México. Terminaba la Revolución y de ahí se pasaba en los libros de texto al llamado México Moderno. Y así se archivó esta parte de la historia. Los gobiernos del PRI decidieron no tocar el tema porque, a querer o no, fueron cómplices de los crímenes contra el pueblo católico dado de que su fundador fue Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la izquierda de Lázaro Cárdenas se trató de arreglar el conflicto, pero se archivó para efectos oficiales de la historia oficial. Y así siguió. Incluso cuando llegó el PAN a la presidencia tampoco se puso el tema en los textos oficiales. Para el gobierno mexicano se puede decir que la guerra cristera solo fue una anécdota, y con ello se buscó que la sociedad ignore el sacrificio de miles de mártires por su fe. 

Pero la Iglesia y la sociedad católica ahora buscan recordar el holocausto católico, a cien años del inicio de la guerra cristera. En un mensaje publicado en el Semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio:

“Queremos decirlo con toda claridad, para que nadie se equivoque ni instrumentalice nuestra palabra. No conmemoramos una guerra ni celebramos una victoria; no exaltamos las armas ni idealizamos la violencia, de dondequiera que haya venido. No convocamos a la revancha, no alimentamos el resentimiento y no ponemos esta memoria al servicio de ningún proyecto político ni partidista”.

Pero sí es importante rescatar esa parte de la historia de México que han mantenido oculta por muchos años. Así como piden justicia para los caídos del 68 y los desaparecidos de Ayotzinapa, más justo es reconocer el heroísmo de miles de mexicanos que dieron su vida por su fe. Es momento de rescatar su memoria y que por fin haya monumentos a su sacrificio. Es tiempo de que se haga justicia y les den un lugar en la historia.

Y la paradoja profunda que casi nadie queremos ver ocurre en el uso de la electricidad, pues se genera un consumo desmedido, que implica no sólo gasto para el usuario, sino que la demanda masiva de energía para mantener temperaturas frías artificialmente sobrecarga las redes eléctricas

El verano suele ser sinónimo de vacaciones, pero al mismo tiempo se ha convertido en una temporada de supervivencia térmica.

Año tras año, los termómetros rompen récords históricos, impulsados por un cambio climático que ha dejado de ser una advertencia futura para convertirse en una realidad abrasadora.

Frente al calor sofocante, la respuesta se ha reducido a un gesto casi automático: presionar el botón del aire acondicionado. Sin embargo, en ese alivio inmediato se esconde una de las paradojas más destructivas de nuestro tiempo.

Resulta que, técnicamente, para enfriar un espacio cerrado, el aire acondicionado no desaparece el calor, simplemente lo traslada hacia afuera, elevando la temperatura de las calles mediante el efecto denominado “isla de calor urbana”.

Y la paradoja profunda que casi nadie queremos ver ocurre en el uso de la electricidad, pues se genera un consumo desmedido, que implica no sólo gasto para el usuario, sino que la demanda masiva de energía para mantener temperaturas frías artificialmente sobrecarga las redes eléctricas.

Sin olvidar que la mayor parte de la electricidad mundial sigue proviniendo de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo).

Esto nos lleva a un círculo vicioso: A más electricidad consumida, mayor cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera, lo que genera olas de calor aún más extremas... exigiendo, de nuevo, encender más aires acondicionados.

Es decir, nos encerramos en cajas de refrigeración artificial mientras, afuera, alimentamos el fuego que está devastando el clima del planeta.

Ciertamente no se trata de negar el aire acondicionado en situaciones extremas donde las olas de calor ponen en riesgo la salud humana, pero el problema radica en la dependencia ciega y el uso desmedido como única respuesta a la crisis ambiental.

Enfriar el espacio privado a costa de sobrecalentar la casa de todos que es la Tierra es una ilusión insostenible. Si no rediseñamos nuestra infraestructura urbana, reforestamos y replanteamos nuestra relación con el consumo energético, la factura más alta no la pagaremos a la compañía eléctrica, sino al propio planeta.

Las ciudades muestran sus fortalezas y vulnerabilidades cuando son expuestas a fenómenos meteorológicos. Sus capacidades resuelven algunos de los problemas pero sus fallas los magnifican.

Lamentablemente, en el caso de Sinaloa, son más las vulnerabilidades que se tienen en las ciudades que sus fortalezas para hacer frente a los problemas que enfrentan.

Y no se trata de una situación reciente, sino que se ha ido agravando a lo largo de los años.

Los problemas de inundaciones han estado presentes en las mismas zonas donde el problema ha prevalecido y lejos de encontrar soluciones y alternativas, el desarrollo urbano se ha ido expandiendo cargando y reproduciendo las mismas deficiencias.

Porque en la administración pública, interesa más destacar que se logró extender los cientos de metros de una avenida que instalar un sistema que permita el desfogue del agua de las lluvias, por ejemplo.

Han encontrado una mayor conveniencia política en autorizar la expansión de nuevos espacios habitacionales antes que resolver la capacidad que la administración municipal tiene para garantizar los servicios básicos.

Y los recursos del presupuesto se destinan para impulsar nuevas obras, mientras que otras que requieren atención y modernización se dejan de lado.

Las ciudades tienen la posibilidad, y la oportunidad, de ofrecer mejores condiciones de vida para quienes la habitan. Pero para alcanzarlo, se requiere de voluntad política para llevarlo a cabo.

Hasta ahora, ocurre en Sinaloa y en otros estados de México, los políticos buscan inscribir sus nombres en las placas de las obras que pueden ser significativas, aunque solo importen por un tiempo limitado.

Cuando se decidan a hacer de lado esa tendencia y apostar por mejorar las ciudades con lo que se tiene, seguro que su trascendencia será mayor, garantizando servicios de largo plazo y no soluciones que tardan más en implementarse que en esfumarse.

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.