La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha desechado oficialmente el polémico proyecto turístico-inmobiliario “Santuario del Tío Checo”, ubicado en la zona de Cabo del Este, en el municipio de Los Cabos. Aunque la resolución administrativa representa un freno legal a las intenciones de los desarrolladores en el corto plazo, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciadav) ha lanzado una advertencia clara: no se debe cantar victoria, pues consideran que este proyecto fue solo una “cortina de humo”.

¿Qué hay detrás de esta decisión? Para los activistas y defensores del territorio en Baja California Sur, el descarte del Santuario del Tío Checo podría ser una estrategia de distracción para desviar la atención de intereses más profundos en la zona. La exigencia ciudadana ha subido de tono, escalando ahora a una demanda directa al Gobierno de México: la expropiación inmediata del predio conocido como “Nuestra Señora del Rosario”, para garantizar su protección permanente.

La lucha por la tenencia de la tierra y la preservación ecológica en esta región no es nueva. Los opositores argumentan que mientras el predio permanezca en manos privadas con fines especulativos, el riesgo de nuevos proyectos que atenten contra el equilibrio hídrico y la biodiversidad de Los Cabos seguirá latente. La desconfianza hacia las autoridades ambientales persiste, ya que en el pasado, proyectos rechazados han regresado con nuevos nombres o modificaciones menores en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El enfoque de la resistencia civil se ha trasladado al predio Nuestra Señora del Rosario, una zona que los ambientalistas consideran estratégica para la recarga de acuíferos y la conservación del paisaje natural sudcaliforniano. Históricamente, la presión inmobiliaria en Baja California Sur ha intentado fragmentar estas grandes extensiones de tierra para desarrollos de ultra lujo, lo que ha generado un desplazamiento de las comunidades locales y una privatización de facto de los accesos a la zona federal marítimo-terrestre.

Estadísticas de organismos civiles indican que la zona de Cabo del Este es una de las más asediadas por el capital extranjero y nacional. La exigencia de expropiación se fundamenta en la “utilidad pública”, un concepto legal que permitiría al Estado mexicano tomar control del terreno para convertirlo en una zona de salvaguarda ecológica, evitando así que el fantasma del Tío Checo o cualquier otro desarrollo similar regrese a amenazar el ecosistema.

Mientras la Semarnat archiva el expediente actual, la comunidad de La Paz y Los Cabos se mantiene en alerta máxima. El llamado es a no bajar la guardia ante las instituciones federales, pues la historia de BCS está marcada por victorias temporales que terminan en entregas territoriales años después. La verdadera protección, aseguran, vendrá de un decreto que saque estas tierras del mercado inmobiliario de forma definitiva.

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El cargo Semarnat batea el “Santuario del Tío Checo” pero activistas alertan: es un distractor apareció primero en Tribuna de México.

El futuro de la zona más protegida del estado está en manos de las oficinas federales. En primer lugar, la titular de la Semarnat en Baja California Sur, Cristina González Rubio San Vicente, confirmó que el proyecto “Santuario del Tío Checo” sigue en estudio. Asimismo, la funcionaria señaló que cualquier persona puede ver el avance de los trámites en las páginas de la dependencia. El proceso busca ser transparente ante la mirada de todos los sudcalifornianos.

La inquietud por este desarrollo turístico ya llegó hasta el Congreso del Estado. De hecho, la diputada Karina Olivas pidió a la Semarnat y a la Conanp que se escuche a la gente antes de decidir. El mayor temor es que la obra dañe los pozos de agua en la Sierra de la Laguna, un lugar vital para que ciudades como La Paz y Los Cabos tengan el recurso. Por esta razón, los legisladores exigen que no se den permisos si hay riesgo para la naturaleza.

Por otro lado, varios grupos de ciudadanos se han unido para rechazar este plan. Por ejemplo, advierten que construir en un área protegida podría ensuciar el agua y acabar con plantas y animales únicos. Debido a esto, la Semarnat asegura que el análisis se hace con mucho cuidado desde la Ciudad de México para no dejar fuera la opinión de nuestra comunidad.

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Revisión estricta y técnica

Sin duda, el proyecto todavía no recibe una respuesta final. No obstante, las autoridades tienen el deber de checar cada papel con cuidado. En resumen, la delegada González Rubio San Vicente manifestó que las autoridades deben revisar con rigor técnico y social todas las solicitudes. Se busca que cualquier decisión cuide primero a la Sierra, que es el pulmón y la fuente de vida más importante de nuestra península.

Finalmente, el apoyo de la gente será clave para vigilar lo que pase en las próximas semanas. En conclusión, el caso del “Santuario del Tío Checo” es hoy un símbolo de la lucha por cuidar nuestra tierra. Con estas acciones, la Semarnat intenta dar calma a quienes defienden el medio ambiente en Baja California Sur.

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El cargo Bajo la lupa: Semarnat analiza impacto ambiental del “Santuario del Tío Checo” apareció primero en Tribuna de México.

Legisladores locales visibilizaron la denuncia de ambientalistas por la irrupción de tres proyectos; estas plantas de licuefacción fueron rechazadas en EE.UU., pero avanzaron en nuestra entidad bajo dudosos estudios

 

Por Rigo Gutiérrez E.

Los diputados Juan Pablo Arenivar y Gabriela Félix, lanzaron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para revisar con lupa los proyectos de tres gasoductos en Sonora, debido a que podrían ser una bomba de tiempo para nuestra tierra.

Y es que, de acuerdo a lo expuesto por los legisladores, existe un inminente riesgo tanto ambiental, climático, y para comunidades.

En entrevista para “Primera Plana”, el diputado Arenivar —conocido también como Wasapraka—, abundó que tras escuchar a colectivos y ONGs, determinaron llevar esta preocupación ante el Pleno del Congreso del Estado a través de un Exhorto.

El reclamo es claro: piden a todas las autoridades involucradas examinar exhaustivamente los proyectos de gasoductos y plantas de licuefacción, desde los permisos, estudios de impacto ambiental y verificar, por ejemplo, si las comunidades fueron informadas y consultadas previo al inicio de las obras.

Sin embargo, al votar el Acuerdo, fue rechazado por los diputados de Morena, que conforman la mayoría en el Poder Legislativo.

 

Gasoductos americanos por el “patio trasero”

El legislador sonorense, brindó un poco de contexto sobre la situación. Recordó que, debido al superávit de producción de gas natural en el este de los Estados Unidos, empresas extranjeras comenzaron a buscar exportar el hidrocarburo a mercado asiático.

Primero, lo intentaron por el estado de California, EE.UU., pero fueron rechazados por motivos de salud pública, incumplimiento de metas de transición energética y riesgos ecológicos.

Después de eso, llegaron a instalarse a territorio mexicano, revestidos del discurso del empleo y progreso, dejando de lado el impacto climático.

El plan parece sencillo: extraen el gas en Texas, lo transportan a través de gasoductos que cruzan Sonora, lo procesan en plantas de licuefacción en la costa para enfriarlo, y lo envían en buques cisterna, surcando el mar de Cortés.

Estos son los tres los gasoductos en marcha:

Terminal GNL de Sonora/Saguaro Energía, que promueve la empresa Mexico Pacific Limited, ubicado en Puerto Libertad, con una inversión estimada entre 15,000 mdd.

Otra es American Mexican Integrated Gas Operations (AMIGO), de la compañía LNG Alliance Pte Ltd, ubicado en Guaymas. Aquí la inversión ronda los 7,000 mdd.

También el gasoducto Vista Pacífico LNG (VPLNG) de Sempra Energy, en Topolobampo, Sinaloa, con inversión de 3,000 —para llegar al vecino estado atraviesa nuestra entidad—.

Amenaza a la Biodiversidad

El Golfo de California alberga 25 Áreas Naturales Protegidas, es hogar del 39% de los mamíferos marinos del mundo y contiene especies endémicas en grave peligro, como la vaquita marina y la totoaba.

Ante este panorama, los colectivos ambientalistas, sostienen que hay riesgos en tres áreas clave.

-Contaminación acústica: El ruido de los buques cisterna interfiere con la capacidad de comunicación, apareamiento y alimentación de los cetáceos (ballenas y delfines), quienes dependen del sonido para su supervivencia.

-Especies invasoras: Los buques cisterna deben descargar aguas de lastre (provenientes de otros continentes) en las costas mexicanas para equilibrar su peso, lo que podría introducir patógenos y especies exóticas que alteren drásticamente el ecosistema local.

-Impacto en el lecho marino: Solo el proyecto VPLNG requeriría un dragado equivalente al volumen de tres edificios Empire State, alterando la abundancia de fitoplancton y la biodiversidad marina.

-Colisiones con megafauna: El aumento del tráfico marino incrementa directamente la probabilidad de choques mortales con ballenas, tiburones ballena y tortugas marinas.

 

Una bomba de contaminación

El legislador Juan Pablo Arenivar, explicó que toda producción de gas natural licuado genera volúmenes masivos de gases de efecto invernadero (GEI).

Por ejemplo, para el caso de Saguaro Energía se estima que generará 5.4 MtCO2e, lo que representa el 1% de las emisiones netas totales de México en 2019.

Estos proyectos donde se emplea gas fósil, a todas luces aleja a México de sus compromisos de mitigación de cambio climático para el año 2045.

Finalmente, con el punto de acuerdo presentado ante el Congreso del Estado de Sonora, se solicita acciones inmediatas.

Para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, correspondería revisar las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones otorgadas, considerando impactos acumulativos y sinérgicos en tierra, mar y costas.

Al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, le piden un estudio científico sobre las emisiones directas, indirectas y fugitivas de GEI de toda la infraestructura.

A SEMARNAT solicitan formular una Evaluación Ambiental Estratégica regional.

Para SECTUR piden emitir opiniones técnicas sobre las posibles afectaciones a las actividades turísticas y pesqueras.

Y al INPI, corresponde acompañar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para garantizar el respeto a las etnias originarias.

Cuestionado sobre lo tardío de estas solicitudes, considerando que son proyectos en marcha, el legislador respondió que “no importa cuánto tiempo haya pasado… igual se puede hacer un estudio de impacto ambiental. Lo que queremos es que existan estos estudios de riesgo antes de que ocurra ese riesgo”.

Finalmente dejó claro que no están en contra del progreso, pero hay una exigencia que debe ir más allá: “Todos queremos que progrese Sonora y todos queremos los empleos, pero hay que medir qué estamos sacrificando a futuro por esos empleos de hoy”.

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Por Redacción

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo un muestreo exploratorio en la cuenca del río Sonora para detectar la posible presencia de metales pesados en suelo, sedimentos y agua, como parte de las acciones de remediación ambiental tras el derrame minero ocurrido en 2014 en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea.

Las labores se realizaron los días 11 y 12 de febrero de 2026, con recorridos en comunidades como Cananea, Bacoachi, Unámichi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi y Ures, contando con la participación de los Comités de Cuencas del Río Sonora.

Durante el proceso se tomaron muestras de suelo y sedimentos, además de emplear equipo de fluorescencia de rayos X para medir con mayor precisión la posible presencia de metales pesados.

Esta fase forma parte de un plan integral de remediación ambiental que busca evaluar y atender los efectos ambientales y de salud que persisten desde el derrame, considerado uno de los desastres ambientales más graves en la historia minera del país.

Las acciones abarcan aproximadamente 402 kilómetros de la cuenca y podrían beneficiar directamente a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios.

Hasta el momento, los resultados finales no han sido publicados, ya que esta etapa es de carácter exploratorio y servirá para definir futuras intervenciones de saneamiento.

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