A los organismos intermedios nos corresponde algo más que opinar, si actuamos con unidad y firmeza, puede marcar un antes y un después en la relación entre sociedad y gobierno

 

Por Guillermo Moreno Ríos

En Sonora no estamos ante un simple relevo de dirigencias gremiales (quince organizaciones renovaron en lo que va del año), sino frente a un punto de inflexión institucional en la antesala de 2027, cuando se renovará la gubernatura por tres años y se redefinirá el rumbo político, económico y social del estado; quienes hoy asumen la conducción de sus organizaciones no reciben solo una agenda administrativa, sino un tablero político complejo donde desfilarán aspirantes, surgirán nuevas siglas y se reciclarán actores bajo promesas de cambio o continuidad, pero la verdadera pregunta no es qué partido se posicionará mejor, sino qué modelo de estado queremos consolidar y qué papel asumirá la sociedad organizada para influir con carácter en esa definición.

Conviene hacernos preguntas incómodas: ¿qué tan sólida es realmente la fuerza de los partidos?, ¿qué tan creíble es crear nuevas plataformas con los mismos actores y prácticas?, ¿tiene sentido cambiar solo por la narrativa del relevo?

La experiencia demuestra que el cambio no siempre mejora y que la permanencia no garantiza estabilidad; lo que define el rumbo no es el color, sino la capacidad técnica, la ética pública y la visión de largo plazo. En ese contexto, los organismos intermedios no podemos ser espectadores ni instrumentos coyunturales, pero tampoco opositores automáticos; nuestra tarea es incidir, entendiendo que participar no es asistir ni aplaudir, sino influir en la agenda, presentar diagnósticos serios, proponer soluciones viables, impulsar reformas y dar seguimiento real a su cumplimiento.

En INCIDE hemos confirmado que cuando la sociedad organizada actúa con método, coherencia y cohesión estratégica, los resultados llegan: propuestas sólidas se convierten en programas de gobierno, planteamientos técnicos se incorporan a marcos normativos y la articulación gremial logra mover estructuras que parecían intocables, no por cercanías partidistas ni alineamientos automáticos, sino por rigor técnico y claridad institucional.

Por eso debe afirmarse que la pluralidad no es tibieza, sino fortaleza; escuchar no significa claudicar principios, y colaborar con el gobierno no implica subordinación ni comparsa, porque la gobernanza auténtica demanda coordinación con autonomía, interlocución firme y decisiones basadas en evidencia, no en simpatías.

Las organizaciones de la sociedad civil no existen para respaldar ciegamente al poder en turno, sino para representar intereses legítimos, defender el desarrollo del estado y elevar el debate público.

Que un dirigente tenga preferencias personales es natural, pero ello no convierte a toda una organización en extensión partidista, y la verdadera madurez política exige reconocer que la autonomía institucional es saludable, la pluralidad interna es legítima y la interlocución no equivale a alineamiento electoral.

Los actores políticos deben evolucionar y asumir que la sociedad organizada no es botín ni aval automático, y al mismo tiempo la propia sociedad tiene que perder el miedo a disentir, a exigir y a establecer condiciones claras; no se trata de confrontar por inercia, sino de elevar el estándar del debate público, definiendo con precisión qué propuestas son viables, qué políticas necesitan ajustes y qué decisiones impactan el desarrollo integral del estado.

En ese marco, la unión entre organismos no es opcional sino estratégica: divididos somos interlocutores frágiles, articulados nos convertimos en contrapeso técnico; la renovación de liderazgos abre la oportunidad de construir una agenda común que trascienda coyunturas y colores, no para competir entre nosotros sino para fortalecer nuestra incidencia colectiva, porque representamos empleo, productividad y criterio social, y ese capital no puede diluirse en protagonismos aislados ni alineamientos prematuros.

El 2027 no puede reducirse a un calendario electoral; debe asumirse como un punto de inflexión en la madurez pública de Sonora. A los organismos intermedios nos corresponde algo más que opinar, si actuamos con unidad y firmeza, puede marcar un antes y un después en la relación entre sociedad y gobierno. La responsabilidad que asumimos trasciende coyunturas y colores: consiste en aportar inteligencia colectiva, elevar el estándar del debate y contribuir, sin titubeos, al rumbo y la estabilidad del estado.

¡Damos desde este espacio, la bienvenida a las nuevas dirigencias gremiales!

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Por Guillermo Moreno Ríos

 

Hace algunos años, cuando se abrió la consulta pública para el análisis del Plan y los Programas de Estudio que darían forma a los nuevos Libros de Texto Gratuitos, acudimos en tiempo y forma. Presentamos observaciones, preguntas técnicas, propuestas pedagógicas y planteamientos puntuales sobre educación sexual, lenguaje inclusivo, formación docente y participación de padres de familia. No fue una postura reactiva. Fue una participación responsable, documentada y formal

Lo hicimos convencidos de algo elemental: las políticas públicas no pertenecen a un grupo, ni a una corriente ideológica, ni a un funcionario. Pertenecen a la Nación.

Por eso hoy surge una pregunta inevitable: si un funcionario no acata ni respeta la investidura presidencial —que representa la conducción institucional del Estado mexicano—, ¿qué garantía existe de que respete la voz de los padres de familia, de las organizaciones intermedias o de quienes piensan distinto?

No se trata de simpatías personales. Se trata de orden institucional

 La Presidencia de la República no es una persona; es una institución constitucional. Su autoridad no se sostiene en popularidad, sino en la legitimidad democrática y en la cadena de mando que permite que el Estado funcione. Cuando esa cadena se relativiza por convicción ideológica o protagonismo personal, el problema no es político: es estructural.

 

Sin orden no hay gobernabilidad

 Y la gobernabilidad no es un concepto abstracto: es la condición mínima para que un país pueda educar, invertir, planear y convivir en paz.

Ahora bien, tampoco puede ignorarse el otro pilar fundamental: las organizaciones intermedias. Padres de familia, colegios profesionales, asociaciones civiles, universidades, iglesias, cámaras empresariales. Son el tejido social que equilibra al poder público. No están para aplaudir ni para sabotear. Están para participar, proponer y señalar cuando algo puede mejorarse.

Cuando la socialización de una política pública se sustituye por la imposición ideológica, se erosiona esa base. Y cuando se desacredita a quienes participan formalmente en consultas abiertas, el mensaje es delicado: la convocatoria fue trámite, no diálogo.

La educación no puede convertirse en laboratorio doctrinario. Debe ser espacio de formación integral, plural, científicamente sustentada y respetuosa del desarrollo psicológico y moral de niñas, niños y adolescentes. Eso fue lo que planteamos entonces. No desde el dogma. Desde la responsabilidad.

El riesgo no está en debatir ideas. El riesgo está en que un funcionario —cualquiera— se asuma por encima de la institución que le dio el cargo. Cuando la convicción personal se coloca por encima de la estructura del Estado, se genera una tensión innecesaria que termina debilitando al propio gobierno que se dice defender.

La autoridad presidencial no necesita aduladores. Necesita funcionarios disciplinados al marco institucional.

La sociedad no necesita confrontación permanente. Necesita escucha genuina.

Y el país no necesita cruzadas ideológicas. Necesita educación de calidad.

Defender la investidura presidencial no es defender a una persona. Es defender el principio de autoridad democrática.

Fortalecer a las organizaciones intermedias no es oponerse al gobierno. Es consolidar la República.

Y señalar los excesos ideológicos no es atacar; es prevenir fracturas innecesarias.

México se construye en equilibrio: Estado fuerte, sociedad participativa y funcionarios conscientes de que el poder es encargo, no propiedad.

Cuando cualquiera de esos tres elementos se desborda, el país entero paga el costo.

La educación —precisamente la educación— debería enseñarnos eso.

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En tiempos donde la política social suele quedarse en el discurso, resulta justo reconocer cuando la práctica supera a la retórica 

 

Por Guillermo Moreno Ríos 

La reciente interacción con el Secretario de Bienestar del Estado de Sonora, Fernando Rojo de la Vega Molina, dejó una impresión positiva entre quienes integramos INCIDE, no por frases elocuentes, sino por algo cada vez más escaso en el servicio público: humildad, empatía genuina y conocimiento profundo de la realidad que se atiende.

Durante el conversatorio “Construyendo Bienestar desde el Territorio”, realizado en Hermosillo, quedó claro que el bienestar no puede seguir entendiéndose como una suma de apoyos aislados, sino como un proceso integral que exige planeación urbana, vivienda digna, empleo formal, mejora regulatoria, capital humano, ética pública y corresponsabilidad social.

Lejos de una actitud distante o protocolaria, sorprendió encontrar a un joven funcionario que escucha, entiende y responde con claridad; que conoce los programas que encabeza, pero también el territorio, las personas y las problemáticas concretas que dan sentido a la política social, que entiende su función como parte de un engranaje gubernamental, siempre en apoyo al trabajo y liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y a la visión de país de la presidenta Claudia Shembaum, pero dejando claro que siempre de cara al bienestar social, entendido desde esa óptica, enseñar a pescar mientras se da el pescado, ya que ambas cosas se requieren.

Su forma de dialogar transmitió compromiso real, sin improvisación, con una alta convicción y una clara institucionalidad.

Desde el Consejo, los diversos liderazgos plantearon preocupaciones centrales:

• La desigualdad del ingreso y la urgencia de fortalecer el empleo formal;
• La necesidad de vivienda con certeza jurídica y servicios;
• La excesiva tramitología y doble tributación como freno a la inversión;
  La falta de seguimiento productivo en becas y programas sociales;
• La obsolescencia hidráulica de las ciudades;
• La importancia del capital humano, la ética institucional y las habilidades blandas;
• Así como la urgencia de modelos comunitarios que eviten el deterioro social de los desarrollos habitacionales.
• El desarrollo urbano con enfoque más hacia los derechos humanos.

En su bloque de respuestas, el Secretario abordó cada tema con franqueza, reconociendo la ineficiencia estructural e histórica del gobierno, como una parte cultural del mexicano, no como disculpa sino con la alta necesidad de transformarlo como facilitador del desarrollo. Habló de fortalecer la mejora regulatoria, impulsar programas de capacitación con ética estricta, avanzar en esquemas de vivienda más flexibles —incluyendo analizar propuestas como renta con opción a compra para estudiantes—, promover la regularización patrimonial y elevar la eficiencia pública como condición indispensable del bienestar, como parte un derecho humano transversal y que como en INCIDE, se hace necesario un enfoque multifactorial.

Más allá del cargo, destacó una sensibilidad humana que entusiasmó al Consejo: la capacidad de reconocer límites, sumar voluntades y entender que el bienestar no se decreta, se construye. Esa actitud —sencilla, directa y respetuosa— es algo que, honestamente, hacía mucho tiempo no veíamos, recordando que en nuestros 26 años de existencia, nos hemos reunido con al menos 400 funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores o candidatos de todas las fuerzas políticas, líderes sociales, académicos o empresariales. 

Sin estridencias ni protagonismos, la participación del Secretario dejó claro que cuando hay empatía auténtica y claridad de propósito, la política social puede volver a generar confianza, diálogo y esperanza. Y eso, en el contexto actual, no es un detalle menor.

El encuentro cerró con el compromiso de dar seguimiento real, a través de mesas de trabajo, a las propuestas presentadas y con un reconocimiento institucional como símbolo de colaboración entre gobierno, sector productivo y academia, solicitando al ponente sea interlocutor del este Consejo ante las demás instancias gubernamentales a las que ya les hemos planteado diversas propuestas o solicitudes.

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Por Guillermo Moreno Ríos

En 2006, en una reunión de INCIDE, Don Faustino Fernández Aguilar, presidente del Grupo Visión 2025 hablaba de Hermosillo en el futuro, no como una fecha, sino como una responsabilidad colectiva. No prometía milagros ni proyectos faraónicos. 

Hablaba de algo mucho más difícil: visión compartida, acuerdos de largo plazo, infraestructura pensada como sistema, agua como eje de desarrollo, capital humano, legalidad, competitividad y confianza entre sectores.

A veinte años después, el calendario se cumplió, apenas el mes pasado. La pregunta incómoda es otra: ¿se cumplió la visión? La respuesta honesta es: a medias… y muy tarde.

 

Lo que Don Faustino veía con claridad (y hoy sigue vigente)

Releer Visión Hermosillo 2025 hoy provoca una mezcla rara de orgullo y frustración. Orgullo, porque el diagnóstico era correcto. Frustración, porque sabíamos lo que había que hacer.

Ahí estaba todo:

-Agua como condición del desarrollo.

-Reúso, saneamiento y recarga.

-Infraestructura urbana y competitividad.

-Educación, investigación y tecnología.

-Estado de derecho.

-Articulación social y económica.

-Gobierno ejemplar y sociedad participativa.

No era una ocurrencia y tampoco lo hizo sólo, consultó a los mejores de la época. Era una hoja de ruta. Y no dependía de un partido, ni de un alcalde, ni de un gobernador. Dependía de algo más frágil: voluntad sostenida.

Don Faustino no se equivocó. Nosotros nos cansamos antes de tiempo.

¿Nos quedamos cortos? Sí. Pero no por falta de dinero. No por falta de ideas. No por falta de diagnósticos.

Nos quedamos cortos porque confundimos visión con documento, y planeación con discurso.

Avanzamos en obras, sí. Pero no consolidamos sistemas. Hicimos proyectos, pero no gobernanza. Invertimos, pero sin continuidad.

El agua es el mejor ejemplo: Llevamos 20 años hablando de lo mismo… porque nunca lo resolvimos de fondo. Fugas, ineficiencia, presión política, decisiones postergadas, soluciones temporales. Siempre “aguantando un verano más”.

Y cuando el agua falla, todo lo demás se vuelve frágil: inversión, industria, vivienda, calidad de vida.

¿Falló el gobierno? Sería cómodo decir que sí… pero sería incompleto.

Hubo gobiernos con más visión que otros. Hubo administraciones que empujaron más. Hubo inversión real.

Lo que no hubo fue continuidad institucional blindada al vaivén político. Cada cambio de administración fue, muchas veces, volver a empezar.

La planeación de largo plazo nunca tuvo dientes suficientes para sobrevivir al corto plazo electoral.

¿Falló el empresariado? Aquí duele más mirarnos al espejo.

El empresariado fue clave para imaginar el futuro, pero no siempre estuvo dispuesto a pagar el costo político, económico o social de defenderlo.

Muchas veces preferimos: El proyecto propio al proyecto común; El beneficio inmediato a la solución estructural; La negociación privada al acuerdo público; El silencio cómodo al conflicto necesario; La visión requería liderazgo colectivo. A veces ofrecimos acompañamiento… pero no presión sostenida.

¿Falló la sociedad? También.

Nos acostumbramos a exigir resultados sin involucrarnos en procesos. A indignarnos en la crisis, pero a desentendernos en la planeación. A reclamar agua, servicios y ciudad, sin asumir que eso exige decisiones incómodas.

La participación se volvió reactiva, no estratégica.

Entonces… ¿qué pasó?

No fue una sola cosa. Fue una suma peligrosa de factores conocidos: Cambios políticos constantes, sin acuerdos transexenales reales; Pleitos estériles que desgastaron confianza entre sectores; Falta de decisiones difíciles, sobre todo en agua y orden urbano; Egos, sí. De todos lados; Conformismo: “así ha funcionado siempre”; Burocracia y trámites que frenan al que quiere hacer bien las cosas; Certeza jurídica intermitente; y una verdad incómoda: a veces nos sobra diagnóstico y nos falta carácter.

 

Veinte años después, el eco del padre… y la voz del hijo

Hoy, su hijo, Arturo Fernández Díaz González, presidente de Sonora Global, lo dice fuerte y claro: “Sonora y Hermosillo no pueden seguir improvisando su futuro. El desarrollo no es espontáneo. Se construye. Y si no hay confianza, reglas claras y coordinación, el crecimiento se vuelve frágil”.

No es una ruptura con el pasado. Es una continuidad generacional del mismo mensaje: Sin visión compartida, el potencial se desperdicia.

La pregunta que sí importa ya no es: ¿Qué queremos? eso ya lo dijimos. ¿Qué necesitamos? eso lo sabemos.

La pregunta real es otra: ¿Por qué, sabiendo todo esto, no sucede?

¿Egoísmo? ¿Pereza institucional? ¿Conformismo social? ¿Conveniencia política? ¿Partidismo? ¿Miedo a perder privilegios? ¿Falta de confianza entre nosotros?

Tal vez un poco de todo. El 2025 no es un cierre. Es un espejo.

Hermosillo 2025 no debía ser una meta cumplida, sino una ciudad preparada para decidir su futuro.

Aún estamos a tiempo. Pero solo si aceptamos una verdad incómoda: El problema ya no es técnico. Es ético, político y colectivo. El futuro no va a llegar solo. O lo construimos juntos, con decisiones duras, acuerdos reales y responsabilidad compartida, o seguiremos escribiendo visiones… para que otros, dentro de 20 años, vuelvan a preguntarse lo mismo.

Ahora es cuando.

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