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El peligro de la vocación robada
La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución
Por Armando Vásquez Alegría
Aquel 31 de julio de 1926 inició la Guerra Cristera (finalizada en 1929 mediante acuerdos cupulares), cuando el clero mexicano, ante la promulgación de la «Ley Calles», decidió suspender el culto público antes que someter la fe a las exigencias de un Estado que buscaba subordinar la conciencia popular.
Un siglo después, ante un proceso de asfixia silenciosa y de corrosión interna que avanza hoy aceleradamente, la pregunta histórica resulta inevitable e incómoda: ¿Acaso no sirvieron de nada esas 250 mil muertes?
Sería un error analítico asumir que el cerco a la Iglesia católica es una invención reciente. Sin embargo, las acciones del 2018 para acá no son un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso histórico de neutralización eclesial.
Gobiernos anteriores de distintas siglas atacaron y despojaron a la Iglesia de forma agresiva: desde las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917 —que despojaron a la institución de la propiedad de sus templos para pasarlos a manos del Gobierno Federal—, hasta la persecución silenciosa del régimen postrevolucionario donde centros de catecismo y bienes parroquiales, al no poder estar a nombre de la Iglesia, tuvieron que registrarse a nombre de terceros que terminaron por adueñarse de esas propiedades que es lo más actual.
A esta mutilación patrimonial se sumaron el acorralamiento mediático —con la prohibición legal para transmitir servicios religiosos en medios públicos de televisión y radio— y el control administrativo del Estado. Incluso hay un problema en los municipios pues la federación no quiere pagar los prediales de los templos que están a su nombre.
Y cómo olvidar que, tras las reformas de los noventa, se estableció el padrón obligatorio ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), exigiendo el registro formal de cada asociación religiosa y ministro de culto: un mecanismo institucional diseñado para mantener una fiscalización y un control estatal hermético sobre la estructura eclesial.
La historia de la relación Estado-Iglesia en México ha sido la historia de un despojo sistemático de su patrimonio material, legal, comunicativo y de supervisión operativa.
Los números de aquel 1926, con cerca de 4,500 sacerdotes y los 15 millones de habitantes, nada tienen que ver con los aproximadamente 15 mil sacerdotes diocesanos y religiosos que hoy atienden a más de cien millones de bautizados. Un presbítero por cada seis mil personas: vaya que suena a misión imposible.
Hoy, como antes, las obras de la Iglesia Católica han sido fundamentales para frenar el problema de la pobreza que el propio Estado debería atender. Se calcula que sus acciones de impacto positivo alcanzan anualmente a entre 7 y 9 millones de mexicanos.
Por un lado, las obras socio-caritativas benefician a entre 5 y 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema a través de una sólida arquitectura asistencial:
Son más de 2.5 millones de personas que reciben alimento diario en cientos de comedores parroquiales y a través de la red Cáritas; 1.5 millones de personas sin seguridad social tienen acceso a salud con medicamentos de bajo costo en los mil 200 dispensarios y clínicas de órdenes religiosas.
La Pastoral de la Movilidad Humana sostiene más del 70% de las casas del migrante en el país, atendiendo a cerca de 1 millón de personas en tránsito. A esto se suman cerca de mil 200 asilos de ancianos y centros de rehabilitación de adicciones sostenidos por la fe de los creyentes.
Sume a esto el apoyo que se le brinda a 1.8 millones de estudiantes de todos los niveles, incluyendo universidades, en una red que supera las cuatro mil instituciones educativas.
Pero el movimiento de la 4T busca sustituir este apostolado implementando su propia religiosidad de Estado. Por ello adopta el lenguaje de la justicia, la opción por los pobres y el amparo a los vulnerables. ¿Cómo no celebrar que se hable de los desposeídos si ese ha sido el mandato del Evangelio durante dos milenios?
Sin embargo, la historia de la sociología política nos obliga a pedirle al clero de a pie un minuto de pausa. La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera y la fe se fortalecía en el martirio; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución que opera en tres pasos sutiles, situándose México en estos momentos en pleno reforzamiento de la segunda etapa:
1. El arrebato de la bandera moral y el monopolio del bienestar: La 4T busca apoderarse de la bandera de la caridad para invisibilizar la red asistencial eclesial. Esta estrategia se complementa con la invasión ideológica de los nuevos modelos educativos oficiales, los cuales inculcan desde la infancia una moral laica donde el gobierno es el único redentor social. Al moldear las mentes juveniles desde las aulas públicas, se erosiona la raíz del pensamiento trascendente, secando los seminarios y asfixiando las vocaciones antes de que nazcan.
2. La trampa de la división y la grieta ideológica en pleno reforzamiento («el clero cooptado»): Esta es la fase crítica donde hoy está parado nuestro país. Una de las tácticas más astutas del régimen es halagar desmedidamente al párroco humilde mientras se fustiga a la jerarquía, una fisura que actualmente se profundiza de forma sistemática.
Diversos análisis de la realidad sociorreligiosa en México —respaldados por observatorios del Centro Católico Multimedial (CCM) y otros estudios geopolíticos— advierten sobre un fenómeno inédito: un porcentaje creciente de sacerdotes de base (estimado en diversos sectores entre un 15% y 25%, saque cuentas si son quince mil) son chairos o han sido atrapados en la narrativa del discurso oficialista.
El reforzamiento de esta etapa busca consolidar una masa crítica de presbíteros cooptados por el estatismo para fragmentar la unidad eclesial, dejando al párroco crítico aislado entre las presiones de la burocracia, la seducción ideológica y la amenaza impune del crimen organizado en su territorio.
3. El destino de la irrelevancia y la sustitución: Esta es la tercera y más peligrosa fase que aguarda si no se frena la aceleración de la etapa actual. Si en 1926 las balas generaron mártires que encendieron la fe, el modelo actual busca la muerte por asfixia y mimetismo. 
Los espejos rotos de Nicaragua o Cuba muestran la estación final de este trayecto: cuando el Estado consolidó su propia «fe laica», prescindió de las sotanas. Quienes denunciaron el autoritarismo terminaron en el destierro o el silencio; quienes callaron o aplaudieron, vieron cómo sus templos se vaciaban y sus seminarios morían por desuso.
Las matemáticas vocacionales actuales nos indican que en 1926 se ordenaba un sacerdote por cada 75 mil habitantes; hoy apenas se logra una ordenación por cada 300 mil. La corrosión educativa, la fractura ideológica interna y el intento estatal por adueñarse de la acción social están dejando a las diócesis sin cantera y sin brújula.
Ante este peligro latente, la respuesta institucional no puede ser la resignación ni el repliegue argumentando la otra mejilla si buscan su muerte. Para recuperar su peso moral, la Iglesia Católica debe actuar en cuatro frentes urgentes:
Primero, sanar la brecha entre la cúpula y el clero de base, escuchando los dolores reales del párroco de a pie —que son la mayoría— y dotándolo de una formación teológico-política firme en Doctrina Social para no ser cooptado.
Segundo, mantener una voz profética por la paz y los derechos humanos que trascienda la polarización partidista, sirviendo como refugio de verdad y no como facción política.
Tercero, la jerarquía necesita modernizar su comunicación para traducir el mensaje evangélico a los lenguajes ágiles y digitales de las nuevas generaciones.
Y cuarto, debe empoderar a un laicado ciudadano autónomo que asuma las batallas culturales y democráticas en la esfera pública, evitando que la sotana sea vulnerada. Solo así la institución protegerá su independencia frente al mimetismo estatal.
Aún se puede. Otros países ya vivieron lo que ocurre hoy con la Iglesia católica de México ante la embestida estatista. La Iglesia en Polonia fue el único espacio de libertad real y de ahí nació el movimiento sindical Solidarność con Lech Wałęsa; la Unión Soviética no pudo doblegar al catolicismo clandestino en Lituania, y algo similar ocurrió con el modelo eslovaco por más intentos que hizo el régimen comunista por crear redes de «sacerdotes patriotas».
No es fácil, pero es necesario. Los párrocos mexicanos deben entender que su valor social no proviene de ser ejecutores o aplaudidores de las políticas de un gobierno en turno, sino de ser la conciencia crítica e independiente de la sociedad, el refugio de la verdad frente al poder y el pastor que une a la comunidad en lugar de dividirla. ¿O no son parte de las enseñanzas de Cristo?
Cuando el sacerdote renuncia a su voz profética para alinearse ideológicamente con el poder de la 4T, no está evangelizando la política; está permitiendo que la política desarme el Evangelio. Si no toman conciencia de esta sutil sustitución —ojo, hablamos de la segunda fase—, los sacrificios de hace un siglo habrán sido en vano y el mañana no traerá la justicia anhelada, sino un país donde el Estado sea la única religión permitida y la función del sacerdote corre el riesgo de quedar reducida a un mero recuerdo folclórico como ha ocurrido en otros países ya conocidos.
Es momento para que los sacerdotes realicen una reflexión más profunda.
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