La Comisión Federal de Electricidad suspenderá de manera temporal el servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento Stanza Solare, en Culiacán, este viernes 6 de marzo.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica en tres municipios del estado de Jalisco durante el mes de marzo de 2026. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura en la red de distribución, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y evitar fallas mayores durante la temporada de mayor demanda.
La suspensión de servicio comenzará a partir de las 08:00 horas y se estima que el suministro se restablezca paulatinamente hacia la tarde del mismo día, afectando tanto a usuarios domésticos como a comercios locales de las zonas señaladas.
Personal técnico de la CFE estará desplegado en los puntos estratégicos para sustituir cableado y realizar la poda de árboles que interfieren con las líneas de alta tensión. Se recomienda a la población desconectar aparatos electrónicos sensibles antes del inicio de las labores para evitar daños por variaciones de voltaje una vez que la CFE restablezca la energía de forma definitiva en los circuitos correspondientes.
Horarios y zonas con suspensión de servicio
La suspensión se realizará este jueves 5 de marzo de 2026. De acuerdo con el boletín emitido por la CFE, las afectaciones se registrarán en zonas de la Región Valles, específicamente en los municipios de:
La paraestatal detalló que será la logística de estos cortes programados busca minimizar el impacto en las actividades cotidianas; sin embargo, es vital que los residentes de Jalisco se mantengan informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier duda sobre si su domicilio específico entrará en la suspensión de servicio, la CFE pone a disposición la línea telefónica 071 y su aplicación móvil para consultas personalizadas por número de servicio.
El cargo La CFE anuncia corte de luz en tres municipios. Conoce las zonas afectadas apareció primero en Tribuna de México.
A partir de este mes de marzo de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado una medida definitiva para avanzar en su estrategia de sustentabilidad y digitalización: la suspensión del envío del recibo de luz impreso a los domicilios particulares en diversas regiones del país. Esta transición busca reducir el uso de papel y optimizar los procesos de facturación mediante el uso de plataformas tecnológicas oficiales.
La dependencia federal informó que los usuarios ya no recibirán el documento físico de manera mensual o bimestral en sus buzones. En su lugar, la CFE insta a los clientes a realizar la consulta de sus estados de cuenta y saldos a través de la aplicación móvil CFE Contigo o mediante el portal oficial de la paraestatal, donde el documento podrá ser descargado en formato PDF para cualquier trámite legal o comprobante de domicilio.
Es importante destacar que esta medida no exime al usuario de su responsabilidad de pago. Para quienes no cuentan con acceso a internet o dispositivos móviles, la CFE mantendrá habilitados los CFEmáticos y las ventanillas de atención en los centros de servicio, donde se podrá consultar el monto a pagar proporcionando el número de servicio de su contrato anterior.
Digitalización y nuevas formas de pago en la CFE
El cambio hacia el formato digital responde a un plan de modernización de la CFE que se ha venido gestando desde años anteriores. Al eliminar la distribución física del recibo de luz, la institución espera un ahorro significativo en logística y papelería, además de agilizar la notificación de adeudos de forma inmediata a través del correo electrónico registrado por el usuario.
Para adaptarse a este nuevo esquema, la CFE recomienda a los ciudadanos verificar que sus datos de contacto estén actualizados en la base de datos de la comisión. Una vez activada la opción de “Recibo Digital”, el cliente recibirá una notificación en su teléfono o bandeja de entrada en cuanto se genere su nueva facturación, permitiendo el pago inmediato mediante tarjetas de débito, crédito o transferencias bancarias.
Estadísticas de la propia CFE indican que la adopción de canales digitales ha crecido un 40% en el último año, lo que facilita el control de consumo eléctrico en tiempo real. Para aquellos usuarios en zonas rurales o de difícil acceso donde la conectividad es limitada, se espera que la paraestatal mantenga brigadas de información para evitar la desconexión del servicio por falta de aviso de pago.
El cargo CFE suspende envío de recibo de luz impreso a domicilios a partir de marzo de 2026 apareció primero en Tribuna de México.
MEXICALI, FEBRERO 25, 2026 .- Ante los crecientes problemas de congestionamiento vial que afectan la movilidad y calidad de vida de miles de personas en Tijuana, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Tijuana, a fin de reforzar las acciones de planeación, gestión y atención del tránsito vehicular, con especial énfasis en la zona de Santa Fe.
La propuesta, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, advierte que el crecimiento acelerado de la ciudad durante las últimas décadas ha generado una presión constante sobre la infraestructura vial, la cual no ha avanzado al mismo ritmo que la expansión urbana ni el incremento del parque vehicular, provocando largos tiempos de traslado y una movilidad cada vez más limitada.
Se expone que el caso de Santa Fe representa uno de los puntos más críticos, debido a que cuenta con pocas vialidades de acceso y salida, lo que ocasiona cuellos de botella permanentes durante las horas pico y afecta tanto a las familias que habitan en la zona como a quienes transitan por estas vialidades hacia otros puntos de la ciudad.
“A esta problemática se suman las afectaciones por el desgaste de la infraestructura vial, que provocan daños como hundimientos, socavones y cierres parciales de calles, factores que agravan el tráfico y evidencian la urgente necesidad de una planeación integral de la movilidad urbana con visión a mediano y largo plazo”, indicó.
En ese contexto, destacó el papel estratégico de la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la circulación, optimizar los flujos vehiculares, mejorar el transporte público y coordinar acciones con otras dependencias municipales para atender los puntos de mayor saturación.
Por ello, el Congreso del Estado exhortó al titular de dicha dependencia a diseñar e implementar estrategias integrales que incluyan obras, reordenamientos viales, gestión del tránsito y alternativas de movilidad, priorizando soluciones estructurales que permitan mejorar de manera sostenida la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes de Tijuana.
Como parte de la conmemoración de los 100 años de la Guerra Cristera en México, a partir del próximo jueves se tendrán las reliquias de San José Sánchez del Ríos y del Beato Anacleto González y compañeros mártires que van a recorrer las parroquias de la Diócesis de Mazatlán, eventos que concluirán en diciembre.
Ante la serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos en diferentes estados de la República Mexicana tras el abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, manifestó que la seguridad es el gran reto en casi todo el país.
Por Redacción
CDMX, 18 de febrero, 2026.- Será el próximo lunes 23 de febrero que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará ante el Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución con el objetivo de terminar con las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza y altos mandos públicos, según anunció desde Palacio Nacional.
“Es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, ex funcionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas y que a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo Federal”, señaló Sheinbaum Pardo.
La propuesta fija como tope máximo el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal, alrededor de 70 mil pesos mensuales, para jubilaciones financiadas con recursos públicos en empresas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos y banca de desarrollo. Quedan excluidas las pensiones derivadas de contratos colectivos y no aplicará de forma retroactiva.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, existen casos en la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde algunos pensionados superan incluso el ingreso presidencial.
Por mencionar alguno, en Petróleos Mexicanos hay 544 pensionados que reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta, por un monto de mil 827 millones de pesos anuales
El gobierno estima que la medida generaría ahorros por hasta 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serían canalizados a programas sociales del Bienestar.
La mandataria subrayó que la reforma se sustenta en los principios de austeridad y responsabilidad financiera, y que no incluye a ministros del Poder Judicial.
La entrada Enviará al Senado reforma constitucional para limitar pensiones “exorbitantes”: Sheinbaum se publicó primero en Primera Plana Digital.
Por Bulmaro Pacheco
La prometida y cacareada reforma política anunciada por el gobierno federal no llega todavía a las manos de quienes, interesados en ella, quisieran opinar y participar en su elaboración.
No será así, porque desde que la anunciaron, el encargado de elaborarla, plancharla y decorarla, Pablo Gómez, recibió indicaciones de que solo consultara a los aliados del gobierno.
Anunciaron foros de consulta y diálogos para recibir propuestas, pero no pasaron de simulaciones entre ellos mismos, lo que dejó al descubierto las inconformidades de sus aliados fundamentales, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.
Esas inconformidades encendieron las alarmas en el gobierno, porque al hacer cálculos sobre el número de votos que ambos partidos representan en el Congreso de la Unión —y tratándose de proyectos de reformas constitucionales—, no les alcanzaba para completar la mayoría calificada que requiere Morena en ambas cámaras, y el proyecto se ha retardado mientras avanzan las negociaciones con ambos partidos.
Desde el gobierno se han esbozado algunos temas que ya están en la opinión pública: la desaparición de legisladores de representación proporcional, la disminución del gasto en los partidos políticos y la centralización de las funciones electorales, metiéndole mano a las autoridades estatales que, en mayor o menor medida, han funcionado en los últimos procesos electorales, agilizando registros y resultados.
De seguir así, el proyecto de reforma se va a retrasar aún más, y el gobierno tiene en contra el tiempo, porque el artículo 105 constitucional establece que una reforma que no se realice tres meses antes de iniciar el proceso electoral —que comienza en septiembre— no tendría aplicación en el proceso electoral siguiente (2027). Por eso están contra el tiempo.
Por primera vez en la historia de México, las oposiciones (PAN, PRI y MC) no han sido tomadas en cuenta para elaborar la reforma anunciada. Sí, por primera vez desde que en los sesenta del siglo pasado se crearon los llamados “diputados de partido” que tuvieron su aplicación por primera ocasión en la elección de 1964, y que dieron lugar a que entraran como diputados federales Vicente Lombardo Toledano por el PPS, Juan Barragán por el PARM y Adolfo Christlieb Ibarrola por el PAN, entre otros.
Fue en 1977 cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, convocó a las oposiciones y a los intelectuales a una consulta general para elaborar la reforma política, muy necesaria en aquellos años ante la crisis política generada por la alta votación recibida por José López Portillo, candidato único a la Presidencia de la República. Tiempos en que el PAN, en 1976, por conflictos internos, no postuló candidato presidencial.
Tiempos en los que solo había cuatro partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PARM y PPS) y uno en la clandestinidad desde 1919: el Partido Comunista Mexicano.
El sistema político lucía casi agotado y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI enfrentaba serios problemas por la crisis de la representación política y la violencia post electoral en las calles al igual que la guerrilla rural y urbana.
La reforma política de don Jesús Reyes Heroles cuajó con la creación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados (100 diputados) y en los congresos locales, así como con la creación de nuevos partidos políticos como el PDM, el PRT, el PST y el Partido Comunista Mexicano.
Esa reforma llevó el conflicto político de las calles a los órganos de representación política y le dio estabilidad al sistema político, en tiempos en que la violencia política urbana y rural estaba en su máxima expresión mediante enfrentamientos, secuestros y balaceras en algunas regiones. La reforma atenuó esas crisis.
Posteriormente vinieron otras reformas —en la mayoría de las ocasiones a iniciativa de las propias oposiciones—: la ampliación de la Cámara de Diputados con 100 diputados más para completar 500; la creación de los senadores de primera minoría para ampliar la representación de los estados a tres senadores por entidad; y posteriormente la incorporación de los senadores de lista por partido político para sumar 128.
La creación de la credencial para votar con fotografía; la ampliación de las funciones del Tribunal Federal Electoral; la creación de un órgano autónomo del gobierno para organizar las elecciones (el IFE, después el INE); el fortalecimiento de los órganos electorales en las entidades federativas; el financiamiento público a los partidos políticos y la flexibilización de los requisitos para crearlos; la autorización de las candidaturas independientes; y la reforma del “voto por voto, casilla por casilla”, como resultado de la crisis electoral de 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial fue menor a un punto porcentual.
Las alternancias partidistas en los gobiernos, que iniciaron con la gubernatura de Baja California en 1989 y se consolidaron con la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, no detuvieron las reformas políticas, en su mayor parte y casi siempre, siempre impulsadas por las oposiciones.
La autorización para crear, en más de 40 años, más de 30 partidos políticos dio lugar al sistema de partidos —unos más, unos menos— que fueron apareciendo y desapareciendo en función del porcentaje de votos (3 %) señalado en la ley. Ese sistema hoy se concentra en el PAN, PRI, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano.
Después, ya avanzada la primera década del siglo XXI, se dieron reformas —a iniciativa de las oposiciones— para derrumbar prohibiciones históricas como la de la reelección, eliminada en 1933 tras el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, Álvaro Obregón Salido, dando lugar a la reelección (o elección consecutiva) de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores.
La colaboración, vía consensos y negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, dio frutos incluso en la transición política de 2018: paz política y estabilidad social, alternancias civilizadas en los gobiernos (federal, estatal y municipal), crecimiento económico modesto —pero crecimiento real—, disminución de los conflictos postelectorales que ahora se canalizan a través de las leyes y las instituciones, y un sistema político-electoral —no exento de problemas—, pero con credibilidad construida a lo largo de los años (1977-2014).
Ahora, en 2026, el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; el gobierno de Morena ha centralizado el ejercicio de los tres poderes; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno; la mayoría calificada en las cámaras fue alcanzada mediante mecanismos tramposos; y el proyecto de reforma que se dice se aprobará, luce arreglado entre el gobierno y sólo sus aliados, sin participación de las oposiciones, por primera vez en la historia de las reformas políticas que vienen desde 1964.
¿Por qué no sale la reforma todavía?
Porque está atorada por los aliados de Morena: el Verde y el partido del Trabajo. ¿Qué piden? Solo ellos lo saben, pero quieren sobrevivir y seguir con las concesiones que les dan desde el poder para mantener las franquicias hasta ahora privilegiadas. Nada más, nada menos.
¿Y Las oposiciones? Fuera del Proyecto, muy al estilo de la autollamada 4T.
¿Regresión o avance? A como lucen las cosas por ahora y en el futuro inmediato, más lo primero que lo segundo.
bulmarop@gmail.com
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Por Manlio Fabio Beltrones R.
Nos encontramos en el preámbulo de una reforma electoral insólita, pues proviene de un poder concentrado que pareciera pensado más para estrechar las veredas de la democracia que para ampliarlas. Discutir cuánto cuesta nuestra democracia, no cuánto vale, distorsiona el objetivo. En el pasado reciente las exigencias de apertura, liberalización y democratización provenían de movimientos civiles y sociales, algunos inclusive armados, para ampliar la participación de las y los mexicanos en la vida política. No fue fácil. Hubo que luchar mucho por tener elecciones libres, creíbles y confiables. Es por ello necesario apelar a la memoria democrática nacional, integrada por la participación de muchos, quienes fuimos, de una u otra manera, espectadores o actores en la política mexicana contemporánea, impulsando la transición para unos, democratización para otros o alternancia para algunos más.
La ampliación y desarrollo de nuestra democracia contemporánea habrá de cumplir cincuenta años en 2027, año en que una reforma política anti-cíclica podría estarse aplicando —en lo que podría ser la primera regresión en cinco décadas de cambio continuo hacia más, y no menos, democracia—. No perdamos nuestros recuerdos y registros porque han sido casi cinco décadas de desarrollo político para construir, entre muchos —actores políticos, académicos y ciudadanos—, una forma de integrar la representación política y de elegir gobernantes de manera pacífica, con legitimidad, certeza y orden público.
Hagamos memoria. El 6 de diciembre de 1977 vio la luz una legislación pionera porque representaba los primeros pasos hacia la apertura política e integración de la pluralidad en un sistema político cerrado que, hasta ese momento, había permanecido casi estático, lo que limitaba las libertades civiles y la participación política. Muchos recordamos aquellas mesas y meses en los que se discutió la manera en que varias opciones políticas podrían salir de la clandestinidad y participar públicamente en la política, inaugurando el tiempo de una democracia moderna y representativa.
La situación venía de un contexto internacional de guerra fría, de confrontación ideológica y temores varios, pero al fin temores de injerencias extranjeras. Había países que apoyaban dictaduras y otros que alentaban y financiaban guerrillas o revoluciones armadas. Pero nuestra decisión como mexicanos, acordada en mesas de diálogo, fue el optar por la apertura y el pluralismo. Es así como se logró, por vez primera, llevar a la Constitución la figura de las diputaciones plurinominales que daría origen a nuestro sistema mixto; se amplió la Comisión Federal Electoral, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en la que se reconocía a todas las opciones políticas, incluidas las que hasta ese momento eran “clandestinas”. Don Jesús Reyes Heroles convocó el esfuerzo para lograr “una mejor representación de las minorías, hacer que la representación abarque cabalmente al país en su diversidad de la mejor manera posible, perfeccionar nuestros métodos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias”.
Personalmente escuché cómo don Fernando Gutiérrez Barrios, encargado de la seguridad nacional por muchos años, le argumentaba a don Jesús que esa reforma política le traía la esperanza de que, en el futuro, se escucharan “muchos gritos en las Cámaras y pocas bombas en las calles o disparos en las montañas”. Aprendimos que podría ser mejor dialogar y debatir que confrontar o reprimir. Eran tiempos en que el Estado y el gobierno se mimetizaban, eran prácticamente uno, y la Presidencia de la República ejercía poderes metaconstitucionales —como los definiría Jorge Carpizo—. Esta conjunción lo abarcaba prácticamente todo: la vida de los partidos y la selección de candidaturas, las asociaciones civiles, la organización de las elecciones, el conteo de los votos, la calificación de los comicios y la integración de los congresos federal y locales. Todo un sistema político bajo la hegemonía de un partido casi único —diría don Daniel Cosío Villegas—.
Es ahí cuando iniciamos el camino hacia una democracia cada vez más amplia y plural, enfrentando innumerables resistencias dentro y fuera del sistema político, crisis económicas y situaciones autoritarias, pero con la nueva conciencia cívica iría surgiendo la movilización ciudadana y la participación política. Tras los sismos de 1985 y las elecciones en Chihuahua en 1986, se creó el primer Código Federal Electoral y se amplió la Cámara de Diputados con cien diputados adicionales —de representación proporcional—, llegando a 500 legisladores. Se dispuso la cláusula de gobernabilidad en la Constitución para garantizar que una mayoría relativa pudiera ser una fuerza gobernante y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer paso para la jurisdicción estrictamente electoral. Tras ello, vendrían los reclamos de apertura desde dentro del régimen y se gestaría la corriente democrática en el PRI, encabezada por insignes precursores del pluralismo y la democracia como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Podía estarse de acuerdo o no con ellos, pero su aportación al pluralismo y a la democracia resultarían fundamentales en la construcción de las nuevas instituciones políticas representativas.
Lo sabemos: en 1988 tuvieron lugar elecciones federales muy competidas, de gran polémica, en las que se cuestionaba el conteo de los votos, todavía realizado con la participación directa del gobierno y es así como, ante el cuestionamiento de una legitimidad electoral, al amparo del Acuerdo para la Ampliación de la Vida Democrática, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral —si bien aún presidido por el secretario de Gobernación, pero contando ya con cambios en los que tuvo mucho que ver la agudeza democrática de Diego Fernández de Cevallos.
En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE), con mayores derechos y prerrogativas para los partidos políticos y los ciudadanos. En 1993, se otorgó al IFE la capacidad de ratificar las elecciones, se eliminó la cláusula de gobernabilidad, se amplió el Senado a 128 integrantes y se canceló el mecanismo de auto calificación electoral de las cámaras del Congreso al otorgarle al Tribunal Federal Electoral la declaración de validez de la elección.
En 1994 sucederían muchas cosas de enorme trascendencia que marcarían un parteaguas. Se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el cual nuestra economía se transformaría de una manera sustantiva; surgiría una rebelión indígena en Chiapas encabezada por una organización político-militar —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional—, y sucedería el doloroso homicidio de Luis Donaldo Colosio que nos pondría a todos a prueba. Con el dolor y consternación que una situación de esta magnitud siempre trae, el IFE se reformó en pleno proceso electoral para integrarse con consejeros ciudadanos y con la representación de los partidos, para luego, en 1996, ser dotado de autonomía plena. Asimismo, se realizó una auditoría externa del padrón electoral y se establecieron topes de campaña a efecto de transparentar y racionalizar el gasto electoral.
Tras las elecciones presidenciales de 1994 —y no obstante la gran crisis económica iniciada a finales de ese año—, se reformó el Poder Judicial y en 1996 el Tribunal Federal Electoral pasó a ser parte del mismo. En la reforma de ese año se estableció el financiamiento público para partidos y la consecuente fiscalización, se puso límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a un máximo de 8 % y se realizó la reforma política del Distrito Federal. Así, en 1997, por vez primera se elegiría al jefe de Gobierno, siendo Cuauhtémoc Cárdenas el primer jefe de Gobierno democráticamente electo. Con estos cambios, la Cámara de Diputados y el Senado proseguirían la apertura democrática y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos al poder presidencial —previsto en la Constitución—, y que es propio de sistemas de gobierno compartidos.
Como nunca antes en un régimen político hegemónico, fue posible impulsar, mediante el diálogo del propio gobierno con quienes le cuestionaban o enfrentaban, los cambios políticos y económicos necesarios para fortalecer nuestra democracia. Con tales avances, la apertura política y económica del país, la autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, la pluralidad política consolida- da en el Congreso y la reforma política del Distrito Federal, sucedió la primera alternancia política, —la primera gran prueba de fuego como democracia funcional—, en las elecciones federales del año 2000.
Pese a todo lo anterior, al día de hoy (2026) nadie conoce una propuesta formal de las posibles modificaciones electorales que pretende realizar el gobierno y su Comisión Presidencial —integrada sólo por ellos mismos—. Valdría la pena reflexionar sobre el futuro para evitar una contrarreforma electoral en esta difícil hora que vive nuestro país en relación con lo que sucede en el mundo.
*Fue presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Desde 2024 es senador sin partido.
Tomado de la revista Voz y Voto
La entrada Memoria democrática (Parte I) se publicó primero en Primera Plana Digital.
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