A horas de ocurrido el terrible terremoto que sacudió a Colombia, un testimonio relata a “Primera Plana” recuento de los sucesos desde Bogotá; el saldo fatal supera las 200 víctimas
Por Antonio López Moreno
Grietas en edificios, cientos de personas heridas y un saldo de más de 200 fallecidos mantienen a Colombia en alerta tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes al país. El movimiento provocó afectaciones en distintos departamentos y mantiene la atención puesta especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Cali y Antioquia, mientras autoridades y cuerpos de emergencia avanzan en las labores de respuesta.
Desde Bogotá, el líder de la Acción Comunal del Barrio Andes, Miguel Mosquera, relató en entrevista exclusiva para el noticiero De Primera Mano la fuerza con la que se percibió el sismo en la capital y expresó su preocupación por las comunidades ubicadas en la zona del epicentro.
“Las paredes quedaron prácticamente agrietadas, fisuradas y eso que estamos en un segundo piso, prácticamente un edificio, una torre edificio de 21 pisos. Pero como te digo, si se sintió aquí así de fuerte en Bogotá, no quiero imaginar lo que están viviendo ahora mismo las personas en el departamento del Chocó, donde fue el epicentro”.
La emergencia mantiene bajo vigilancia a las zonas afectadas, donde se han reportado daños estructurales y personas afectadas.
El líder comunitario destacó además las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta el Chocó y llamó a fortalecer la respuesta ante la emergencia, pues mantienen bajo vigilancia en las zonas afectadas, donde se han reportado daños estructurales y personas lesionadas.
“Y sabes que de una u otra forma el Chocó es una de las regiones más pobres de Colombia y donde se viven más situaciones de dificultad. Ojalá que esas personas puedan salir en estos momentos airadas con la ayuda de Dios, pero también con el apoyo del Gobierno Nacional que se ha puesto las botas y ha ido al terreno a apoyar no solamente con las acciones estratégicas, con la comunidad internacional, sino con el apoyo de la ciudadanía”.
Mosquera también resaltó la presencia de las autoridades en las zonas afectadas.
“Y qué bien que el presidente electo en funciones él mismo vaya ya y se apersone en el Chocó de lo que está pasando”.
En cuanto al despliegue gubernamental, explicó que distintos funcionarios se trasladaban hacia los departamentos afectados.
“Y como te digo, el vicepresidente está volando hacia Manizales y los ministros están volando hacia el Valle del Cauca, que fueron como los departamentos más afectados por este sismo del día de hoy”.
La respuesta contempla además la recepción de ayuda internacional, de acuerdo con lo informado durante la entrevista.
“El vicepresidente hace unos pocos minutos salió a dar declaraciones que ya a través de la vicepresidencia de la República, a través del doctor José Manuel Restrepo, que es nuestro vicepresidente electo en funciones hace tres días y a través del canciller, el nuevo canciller, el doctor Omar Bula, se iban a hacer la recepción de todas estas ayudas internacionales”.
Finalmente, Mosquera hizo un llamado a la solidaridad internacional, particularmente de los países de la región, ante la magnitud de la emergencia.
“Qué bien que entre las cancillerías de los países hermanos como en México, Colombia y los demás países que han querido solidarizarse, se pueda poner en contacto y se pueda hacer un frente en común por esta nación colombiana que tanto necesita ese apoyo internacional, no solamente los hermanos mexicanos, sino todas las personas que nos escuchan en los diferentes países del mundo”.
La emergencia continúa bajo atención de las autoridades, mientras avanzan las labores de evaluación de daños, atención a las personas afectadas y coordinación de posibles apoyos internacionales.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país y dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la decisión.
En el documento difundido en redes sociales, López Beltrán responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, de haber ordenado la cancelación de su visa.
El también dirigente de Morena calificó la medida como “politiquera y propagandística” y sostuvo que no existen pruebas de que haya cometido delitos o actos inmorales que justifiquen la cancelación.
Además, preguntó a Trump si estaba enterado de la decisión y cuestionó la actuación de sus funcionarios.
Hasta esta noche no se ha informado públicamente una explicación oficial del Departamento de Estado sobre los motivos específicos de la revocación, por lo que las acusaciones de persecución política corresponden a la versión de López Beltrán.
EE.UU. explora nuevas estrategias para combatir al narco de México, ahora también apunta al poder político
Por Ileana Bernal de la R.
La nueva ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos no solo está modificando la estrategia de seguridad entre ambos países, sino que también está colocando bajo presión a la clase política mexicana, particularmente a figuras vinculadas al partido en el poder (Morena).
El anuncio del gobierno de los Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con recompensas superiores a los 100 millones de dólares para ubicar a sus principales líderes, llegó acompañado de un mensaje que elevó la tensión diplomática.
El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia abrió cinco acusaciones formales contra altos mandos del CJNG.
Por su parte Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló en un comunicado que las recompensas alcanzan hasta 102 millones de dólares en conjunto y están dirigidas contra ocho líderes y asociados del CJNG, con el objetivo de obtener información que permita su arresto o condena en cualquier país.
Pero Washington fue más allá al asegurar que perseguirá no solamente a integrantes de las organizaciones criminales, sino también a quienes desde “posiciones de poder” faciliten sus operaciones.
Fue el director de la DEA, Terry Cole, quien lanzó el contundente mensaje. Afirmó que la agencia perseguirá a todos los cabecillas de la organización criminal sin importar sus redes de apoyo, esquemas de corrupción o vínculos políticos.
Esa declaración abre, al parecer, un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos.
La discusión dejó de enfocarse en las rutas del narcotráfico, los laboratorios clandestinos o las disputas territoriales entre grupos criminales. Ahora apunta a las redes políticas, económicas e institucionales que permitieron a organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa alcanzar dimensiones internacionales.
La nueva estrategia de EE.UU.
Washington coloca bajo reflectores a gobernadores, senadores y exfuncionarios emanados de Morena, aunque cada caso tiene un nivel distinto: algunos corresponden a investigaciones periodísticas, otros a acusaciones formales y otros permanecen como controversias políticas sin resolución judicial.
Uno de los episodios que mayor impacto político generó fue el reportado por Los Angeles Times, que reveló supuestas investigaciones relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos integrantes de Morena.
El reporte provocó una reacción inmediata porque se trataba de dos mandatarios estatales en funciones.
Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, aclaró que contaba con visa vigente y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Villarreal, gobernador de Tamaulipas y exsenador por Morena,también negó las acusaciones de que le habrían retirado la visa y afirmó que no existe fundamento para relacionarlo con grupos criminales.
Hasta ahora, ambos casos permanecen en el terreno de reportes periodísticos y señalamientos públicos, no en sentencias judiciales.
El caso Rocha
Antes de estos episodios, el caso Sinaloa ya había abierto una grieta. El gobernador Rubén Rocha Moya enfrentó una crisis política luego de que su nombre apareciera en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se recogen declaraciones que lo relacionan con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.
Rocha negó las acusaciones y sostuvo que eran falsas. Sin embargo, el caso generó una presión adicional para Morena porque Sinaloa representa uno de los estados con mayor peso histórico en la discusión sobre narcotráfico y seguridad.
La controversia no paró ahí… llegó hasta la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, al abrirse el debate sobre qué información tiene Washington y qué elementos deben presentar antes de realizar acusaciones contra funcionarios mexicanos.
Adán carga con la Barredora
Otro expediente que golpeó políticamente a Morena fue el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.
Bermúdez fue señalado por autoridades por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como «La Barredora».
Adán Augusto López rechazó cualquier responsabilidad y sostuvo que desconocía actividades ilícitas de su exfuncionario.
A la presión derivada de los señalamientos sobre seguridad se suman casos de corrupción que han erosionado el discurso anticorrupción del partido.
Uno de los casos más relevantes fue Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos financieros del gobierno anterior.
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades millonarias en Seguridad Alimentaria Mexicana.
El caso alcanzó a funcionarios como Ignacio Ovalle Fernández, quien negó responsabilidad directa y afirmó que fue engañado por colaboradores.
Aunque no se trató de un expediente contra Morena como partido, sí representó un golpe político porque ocurrió dentro de una administración emanada del movimiento que llegó al poder con la bandera anticorrupción.
Sheinbaum: cooperación sin crisis política
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura doble frente a la presión estadounidense.
Por un lado, su gobierno ha profundizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos mediante intercambio de información, operativos y acciones contra organizaciones criminales.
Por otro, ha rechazado que Washington pueda realizar acusaciones sin pruebas o intervenir en asuntos internos mexicanos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido una estrategia basada en inteligencia, coordinación y golpes contra las estructuras criminales.
Pero la presión internacional ha abierto una discusión más amplia: La lucha contra el crimen organizado ya no se mide solamente por capturas. Ahora también se mide por la capacidad del Estado para garantizar que sus instituciones no sean utilizadas por organizaciones criminales.
El nuevo escenario político
La ofensiva contra el CJNG puede convertirse en algo más grande que una operación contra un cártel, ahora puede convertirse en una prueba política para México.
Porque mientras Estados Unidos sostiene que los grupos criminales necesitan redes de protección para crecer, el gobierno mexicano insiste en que cualquier acusación debe probarse ante tribunales.
La batalla que viene no será únicamente por capturar líderes criminales, al parecer, será por determinar hasta dónde llegaron las estructuras que permitieron que esos grupos construyeran poder durante décadas.
Con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ya fuera del mapa institucional, el Gobierno federal dio este martes un paso más hacia su nuevo esquema de acceso a la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias públicas, pero el anuncio llegó acompañado de otro tema que volvió a encender el debate: las nuevas reglas para los medios de comunicación y los derechos de las audiencias.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el objetivo del decreto es ampliar la información disponible para la ciudadanía y evitar que quede a criterio de los funcionarios decidir qué documentos pueden reservarse. Entre los cambios, los contratos de Pemex y CFE deberán publicarse cada mes, en lugar de hacerlo trimestralmente, además de reducirse los supuestos para clasificar información como reservada. En los casos relacionados con seguridad nacional o litigios, deberán difundirse versiones públicas cuando la ley lo permita.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad, mientras que la consejera jurídica María Luisa Alcalde aclaró que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no contemplan sanciones por contenidos periodísticos.
Sin embargo, cada medio de comunicación deberá contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para recibir quejas ciudadanas. De no cumplir con estas obligaciones, será la autoridad la que intervenga para exigir su aplicación.
Ante las críticas surgidas en distintos sectores sobre una posible limitación a la libertad de expresión, la presidenta respondió de manera directa: «No estamos limitando nada», al sostener que las nuevas disposiciones buscan regular procedimientos y no el contenido de las publicaciones.
El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, mientras que la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
Más allá del discurso oficial, el nuevo modelo abre una discusión que apenas comienza: cómo garantizar el acceso a la información pública y, al mismo tiempo, preservar la autonomía y la libertad de los medios de comunicación.
Julieta del Río analiza las prácticas recurrentes en la clasificación de datos patrimoniales; además critica que el INE sea «juez y parte» en transparencia
Por Rigo Gutiérrez E.
La ex comisionada presidenta del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, advierte que existe un uso excesivo de la protección de datos personales en las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, práctica que, consideró desvirtúa el objetivo de estos instrumentos, concebidos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
En entrevista para Semanario “Primera Plana”, Del Río sostuvo que el debate no debe limitarse a la cantidad de bienes que reportan los funcionarios, sino a verificar que la información declarada sea veraz.
“La discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene más o quién tiene menos, sino también en la veracidad de lo que ponen en las declaraciones patrimoniales y que las revisiones sean parejas y no por intereses políticos”, señaló.
La ex comisionada explicó que tanto la legislación en materia de transparencia como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas y deben difundirse mediante versiones públicas.
Los límites de la protección de datos personales
Precisó que datos como cuentas bancarias, la CURP o información de terceros sí deben reservarse; sin embargo, sostuvo que otros elementos deben permanecer visibles para la ciudadanía, como el número de propiedades, vehículos, ingresos, percepciones adicionales, participación en empresas y bienes adquiridos durante el año.
«Si yo tengo cinco, seis o siete propiedades, las debo de poner en mi declaración pública. También deben aparecer los vehículos, los ingresos, los honorarios y los bienes adquiridos. Eso no es privado», afirmó.
Del Río recordó que la obligación de publicar estas versiones públicas está prevista en la Ley General de Transparencia y que las declaraciones patrimoniales constituyen información de oficio, por lo que su difusión no depende de criterios discrecionales de las instituciones.
INE es “juez y parte”
La excomisionada también criticó el esquema de transparencia que entró en vigor tras la desaparición del INAI en marzo de 2025, al considerar que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora resuelven recursos relacionados con solicitudes dirigidas contra ellos mismos.
Explicó que el INE funge actualmente como autoridad garante en materia de transparencia para los asuntos de su competencia y que las inconformidades son analizadas por una comisión integrada por consejerías designadas por el propio Consejo General.
«El INE regula a los partidos políticos y también se autorregula. Si un ciudadano presenta una inconformidad por la reserva de información de la presidenta del INE o de cualquier consejero, el propio instituto resuelve esa queja. Es juez y parte», sostuvo.
Añadió que, si una persona no está conforme con la resolución emitida por el instituto, puede promover un medio de impugnación ante el Tribunal especializado en materia de transparencia dentro del plazo legal de 15 días.
Ve un retroceso en Transparencia
Como reflexión final, Del Río aseguró que la desaparición del INAI representó un retroceso para el acceso a la información pública en México.
Argumentó que la nueva legislación incrementó de 13 a 17 las causales para reservar información y eliminó la disposición que impedía clasificar información relacionada con presuntos actos de corrupción, criterio que anteriormente permitió hacer públicos expedientes de casos como Odebrecht y diversas investigaciones sobre Pemex.
Asimismo, advirtió que el nuevo modelo fragmentó el sistema nacional de transparencia al sustituir a los organismos especializados por cientos de autoridades garantes dentro de los propios poderes e instituciones públicas.
«Antes había un organismo nacional y 32 organismos locales especializados. Hoy existen cerca de 300 autoridades responsables. Se complicó la vida al ciudadano y muchas de esas instancias no cuentan con personal especializado para garantizar el derecho de acceso a la información», afirmó.
Finalmente, la ex comisionada dijo que este nuevo esquema favorece que las instituciones resuelvan sus propias controversias en materia de transparencia, situación que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana y facilita una mayor reserva de información pública.
NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.
De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.
Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.
Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.
López Obrador… Los caminos de corrupción e impunidad conducen a Palenque.
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.
El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.
¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.
Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.
¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?
¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?
¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?
Rosario Robles… Víctima de una venganza.
¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?
¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?
Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.
¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.
Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.
Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.
Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.
¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?
Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.
Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan
Terry Cole, director de la DEA… Otra advertencia a la “4-T” de México.
HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?
¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora
COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.
La danza de las “corcholatas sonorenses”
Célida López Cárdenas… Su arrastre será muy bien aprovechado.
EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.
En Sonora hay una élite de la burocracia gubernamental que tiene acceso a un privilegiado sueldo que ronda los 100 mil pesos mensuales —cifra que dista mucho de los 10 mil del salario mínimo— entre estos se encuentran los siete Consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral, órgano desconcertado encargado de organizar las elecciones cada tres años.
“Primera Plana” tuvo acceso a las Declaraciones Patrimoniales de los funcionarios correspondientes a los años 2024 y 2025. Encontramos que hay tres tipos funcionarios: Primero: los que se resisten a transparentar información bajo el argumento de señalar como “reservado” cualquier dato. Por otra parte, hay quienes lo cumplen a medias. Y finalmente una tercera categoría son los cumplidos, tal como indica la Ley.
A través de una solicitud de Transparencia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, proporcionó los expedientes en su versión pública de los seis Consejeros: el presidente Nery Ruiz Arvizu; los consejeros Alma Lorena Alonso Valdivia; Flor Terecita Barceló Noriega; Linda Viridiana Calderón Montaño; Benjamín Hernández Avalos; Wilfredo Román Morales Silva; y Jaime Olea Miranda.
Todos perciben un sueldo mensual bruto de $133,354 pesos, y menos impuestos $98,962 Neto.
Para revisión de las Declaraciones Patrimoniales no enfocamos en tres rubros: Ingreso anual del funcionario; Bienes Inmuebles; y Vehículos.
Alma Lorena Alonso Valdivia
-Ingreso Anual
2024: $1,438,056.
2025: $1,708,064.
-Bienes Inmuebles:
2024: «No tengo información que reportar».
2025: «No tengo información que reportar».
-Vehículos:
2024: Los datos del apartado aparecen como Información clasificada debido a que los vehículos están a nombre de un dependiente económico/pareja.
2025: «No tengo información que reportar».
Benjamín Hernández Ávalos
-Ingreso Anual
2024: $ 1,375,758.
2025: $ 1,813,032.
-Bienes Inmuebles:
2024: Toda la información marcada como clasificada.
2025: Información sigue como clasificada.
-Vehículos:
2024:
-Moto Susuki GSX; Año: 2021; Pago: Contado; Valor: 180,000; Fecha de Adquisición 2020.
-Moto BMW F; Año: 2022; Pago: Contado; Valor: 308,400; Fecha de Adquisición 2022.
-Mazda 3 HB; Año: 2020; Pago: Crédito; Valor: 348,900; Fecha de Adquisición 2020.
-Honda HRV; Año: 2022; Pago: Contado; Valor: 533,900; Fecha de Adquisición 2022.
-Honda CRV; Año: 2014; Pago: Crédito; Valor: 324,900; Fecha de Adquisición 2014.
2025:
-Mantiene los vehículos anteriores, excepto la moto Suzuki que reporta como baja por venta.
Flor Terecita Barceló Noriega
-Ingreso Anual
2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).
2025: $1,750,053.
-Bienes Inmuebles:
2024: Casa; Pago: Contado; Valor No especificado. Fecha de Adquisición: 2024.
2025: «No tengo información que reportar».
-Vehículos:
2024: Honda CRV; Año: 2025; Pago: Contado; Valor: 850,900; Fecha de Adquisición 2024.
2025: No reporta variación.
Jaime Olea Miranda
-Ingreso Anual
2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).
2025: $2,194,376.
-Bienes Inmuebles:
2024: Aparece como Información clasificada.
2025: Mantiene como Información clasificada.
-Vehículos:
2024:
-Hyundai Creta; Año: 2018; Pago: Crédito; Valor: 266,595; Fecha de Adquisición 2017.
-Volkswagen Jetta; Año: 2016; Pago: Contado; Valor: 130,000; Fecha de Adquisición 2019.
2025: Mantiene los mismos 2 vehículos.
Linda Viridiana Calderón Montaño
-Ingreso Anual
2024: $1,438,056.
2025: $1,727,383.
-Bienes Inmuebles:
2024: Casa; Pago: Crédito; Valor: $5,100,000; Fecha de Adquisición: 2023.
2025: Mantiene la misma información.
-Vehículos:
2024: «No tengo información que reportar».
2025: «No tengo información que reportar».
Nery Ruiz Arvizu
-Ingreso Anual
2024: $1,748,807.
2025: $2,119,219.
-Bienes Inmuebles:
2024: «No tengo información que reportar».
2025: «No tengo información que reportar».
-Vehículos:
2024: «No tengo información que reportar».
2025: «No tengo información que reportar».
Wilfredo Román Morales Silva
-Ingreso Anual
2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).
2025: $1,709,764
-Bienes Inmuebles:
2024: Aparece como Información clasificada.
2025: Sigue como Información clasificada
-Vehículos:
2024
-RAM Big Horn; Año: 2015; Pago: Contado; Valor: 275,000; Fecha de Adquisición 2023.
-NISSAN X-TRAIL; Año: 2018; Pago: Crédito; Valor: 349,000; Fecha de Adquisición 2022.
-Ford Fusion; Año: 2013; Pago: Contado; Valor: 160,000; Fecha de Adquisición 2021.
2025: Reporta la RAM y X-TRAIL con los mismos datos.
Más allá de lo legal, se trata de confianza
Y es que, según la Ley de responsabilidades y sanciones para el estado de Sonora, en su artículo 33, los funcionarios: “Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos”.
Y aunque cualquier ciudadano podría consultar estos documentos, para vigilar la evolución de los bienes de funcionarios, la misma Ley en el artículo 29 establece “candados”: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos”.
Julieta del Río, consejera del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información, en una reflexión sobre las declaraciones, establecía que más allá de la obligación legal, se trata de una herramienta para brindar confianza a la ciudadanía.
Y es que así se puede documentar que los bienes con que cuenta un servidor público corresponden con los ingresos económicos que recibe. Un instrumento para vigilar su correcto transitar por el servicio público, sin que se desvíen por oscuros caminos.
Conectar
“El vicepresidente hace unos pocos minutos salió a dar declaraciones que ya a través de la vicepresidencia de la República, a través del doctor José Manuel Restrepo, que es nuestro vicepresidente electo en funciones hace tres días y a través del canciller, el nuevo canciller, el doctor Omar Bula, se iban a hacer la recepción de todas estas ayudas internacionales”.
